Guatemala: Liberación de 7 defensores demuestra el mal uso
del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Publico para
criminalizar personas defensoras del territorio.
El pasado viernes 22 de julio, en horas de la noche, el
Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la Jueza Yassmín Barrios Aguilar,
declaró inocentes por unanimidad a los defensores de derechos humanos Rigoberto
Juárez Mateo – Presidente del Gobierno Plurinacional en el Norte de
Huehuetenango-, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Domingo Baltazar -
indígenas de la etnia Q’anjob’al de Santa Eulalia – y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Bernardo Ermitaño
López y Mynor López –líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas-, de los
delitos de detenciones ilegales, amenazas e instigación a delinquir. Todos son
defensores del agua y el territorio en el norte del Departamento de
Huehuetenango, Guatemala.
Los defensores fueron acusados por hechos relacionados con
distintas manifestaciones pacíficas llevadas a cabo en Santa Cruz Barillas, donde
una presa hidroeléctrica planeaba ser construida, el 22 de abril de 2013, y
otras dos frente al Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa
Eulalia, el 23 de enero de 2014, y el 19 y 20 de enero de 2015. Trabajadores de
la empresa Hidro Santa Cruz y funcionarios públicos del CAJ, así como el ex
alcalde del municipio de Santa Eulalia, interpusieron las denuncias contra los
defensores.
Dos de los jueces del tribunal consideraron que el defensor
Ermitaño López Reyes era culpable del delito de obstrucción de la justicia en
relación con la manifestación del 23 de enero de 2014 que se realizó como
respuesta a una audiencia contra 3 de los defensores en que se les imputó el
delito de secuestro; como resultado de la manifestación fue realizada una segunda
audiencia en el mismo día, en donde se les retiró ese cargo. También
consideraron que el Presidente del Gobierno Plurinacional, Rigoberto Juárez,
era culpable del delito de coacción de los funcionarios públicos del CAJ en la
manifestación de 19 y 20 de enero de 2015. Amnistía Internacional seguirá
monitoreando la situación.
Los siete defensores habían pasado más de un año en prisión
preventiva. Aún están pendientes de ser ejecutadas entre 8 y 20 órdenes de
captura contra otros defensores y defensoras de del territorio.
La sentencia que dejó en libertad a los siete defensores
incluyó un análisis de los modos legítimos de actuar de las autoridades
ancestrales en las comunidades indígenas, así como del rol que las autoridades
indígenas ejercen como mediadores y voceros. La sentencia recalcó que las
autoridades no deben criminalizar conductas legítimas como la organización de
la autoridad indígena o las manifestaciones pacíficas. La Jueza Presidenta
llamó la atención del Ministerio Público y fue contundente en señalar que los
jueces no deben ser instrumentos para la criminalización de defensores y
defensoras de derechos humanos.
Los defensores Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar están a
la espera de otro juicio, programado para abril de 2017, también relacionado
con una manifestación realizada frente a la presa hidroeléctrica San Luis, que
planeaba ser construida en el municipio de Santa Eulalia. Ambos defensores se
encuentran en actualmente libertad.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación en torno
a que esta serie de acusaciones del Ministerio Público en contra de los
defensores de derechos humanos se basan únicamente en su rol como autoridades
comunitarias, considerándolos automáticamente como organizadores de las
manifestaciones y responsables por cualquier daño causado, conducta que se
contrapone a las normas internacionales de derechos humanos.
La organización hace un llamado al Ministerio Público para
que ajuste sus lineamientos internos de modo tal que se inicien investigaciones
contra defensores y defensoras solamente cuando realmente haya mérito y
evidencias para ello. Igualmente, es necesario que se abstenga de imputar
delitos como el secuestro, con el único objetivo de detener a las y los
defensores y evitar que tengan un juicio en libertad, tal como sucedió en el
caso en referencia. Una actuación sin fundamento que privilegia la detención de
las personas que se presumen inocentes, por encima de la garantía de su
libertad es violatoria de los derechos humanos.
https://es.scribd.com/document/319413562/Comunicado-Amnistia-Amr3445552016spanish
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