Por Aroldo Mateo
Después de 14
meses en prisión preventiva como consecuencia de una persecución política que llevo la detención
arbitraria de siete lideres comunitarios y autoridades ancestrales del
departamento de Huehuetenango, Guatemala; Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto Villatoro Hernández,
Arturo Pablo Juan ambos detenidos el 26 de febrero de 2015 sindicados de
detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a la acción
penal; Bernardo Ermitaño López Reyes detenido el 2 de junio de 2015 sindicado
del delito de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a
la acción penal, Mynor Manuel López Barrios detenido el 30 de noviembre de 2013
sindicado de atentado con agravación específica, instigación a delinquir,
detenciones ilegales, amenazas, evasión, robo agravado, Rigoberto Juárez Mateo
y Domingo Baltazar de Santa Eulalia, detenidos el 24 de marzo de 2015
sindicados del delito de detenciones ilegales, coacción e instigación a
delinquir, finalmente la
verdad y a justicia llegó, la
jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, dictó una
sentencia absolutoria para los defensores de la vida y de los recursos
naturales.
Este
acontecimiento puso en claro la
criminalización contra líderes comunitarios que han alzado la voz para defender
sus recursos naturales y hacer valer sus derechos de una forma democrática. El
desconocimiento del funcionamiento del sistema de autoridades ancestrales, la
judicialización del ejercicio de los derechos fundamentales, constituye la
vigencia de la segregación jurídica, el racismo institucional y la aplicación
de la doctrina penal del enemigo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala.
Esta sentencia
absolutoria condenó la utilización del sistema de justicia a favor de los
intereses de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, que desde hace varios
años ha vulnerado la paz de las comunidades del territorio Q´anjob´al del departamento
de Huehuetenango, al querer imponer un modelo de desarrollo sin consultar a las
comunidades, en detrimento de los derechos fundamentales del pueblo y como
consecuencia utilizaron el sistema de justicia para detener a los defensores.
En el proceso
se evidencio los falsos testimonios de los querellantes, la inconsistencia en
sus acusaciones, demostraron que los delitos y acusaciones vertidas en contra
de los líderes comunitarios fueron arbitrarias debidamente montadas para
criminalizar a los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos
autorizados sin consulta ni consentimiento de los pueblos por el Ministerio de
Energía y Minas.
La imposición
del modelo extractivista en las regiones del país constituye una amenaza real, que lejos de impulsar el
desarrollo, propician la voracidad y el carácter criminal de las empresas al
violentar la armonía comunitaria, provocación de crisis y violencia,
persecución de líderes comunitarios, cooptación del Estado y despojo.
La jueza
Yassmín Bariios dijo públicamente creer en la inocencia de los defensores al no
existir fundamentos en las declaraciones de las personas que los acusaban ``las autoridades deben respetar a las
comunidades, su forma de organización para devolver la credibilidad de la
justicia en Guatemala´´.
Esta
sistemática criminalización de las luchas comunitarias incluyó una campaña de
difamación y descalificación de las
luchas legítimas, propiciada por las empresas y el mal gobierno del
expresidente Otto Pérez Molina, ahora
detenido por diversos delitos de corrupción.
Admitieron
desconocer de los derechos indígenas y de la forma de organización para
promover el desarrollo e instaron
a los pueblos a ejercer sus derechos defendiendo el territorio, los recursos
naturales.
Por otro lado,
llaman a la reflexión a los operadores de justicia a no criminalizar a los
pueblos indígenas ya que es necesario fortalecer el estado de derecho en el
país y a los empresarios, no criminalizar as conductas ancestrales de los
pueblos indígenas marginados históricamente, ya que es necesario que prevalezca
la dignidad humana en Guatemala.
Esta situación
perversa provocó desestabilidad social, profundizó la estigmatización en contra
de defensores de derechos humanos, el odio y racismo en contra de los pueblos
indígenas a nivel nacional e internacional.
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