RED NACIONAL DE VICTIMAS
CONSEJO NACIONAL DE VICTIMAS
MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS Q´ANIL TINAMIT
A LOS 158 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE REPÚBLICA.
A 20 años de la firma de los acuerdos
de paz, el Programa Nacional de Resarcimiento no
cuenta con presupuesto y recursos suficientes para atender a las víctimas que
durante el conflicto armado interno sufrieron graves violaciones los derechos
humanos, y provoco grandes daños y pérdidas
materiales que profundizo la pobreza en las victimas.
La Comisión para el
Esclarecimiento Histórico –CEH- estableció que la magnitud del daño y la
gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el
conflicto armado interno en Guatemala, produjo más de 200 mil víctimas fatales,
45 mil personas desaparecidas, un millón y medio de desplazados que para salvar
sus vidas abandonaron sus viviendas, tierras y pertenencias, 669 masacres; el
83% de la población afectada es de origen maya.
El Programa Nacional de Resarcimiento –PNR-
fue creado para resarcir esas violaciones y daños provocados y se estableció
que para poder cumplir con dicho compromiso el presupuesto anual debía ser no
menor a los 300 millones de quetzales.
A trece años de creado el PNR, nuestro balance
del cumplimiento de los Acuerdos de Paz sobre los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno es negativo. Consideramos que el Estado no ha mostrado
suficiente voluntad política ni capacidad para cumplir con los compromisos
adquiridos, ni proteger los derechos de las víctimas y los sobrevivientes del
conflicto. Todos los gobiernos posteriores a la firma de la paz han ido
relegando la agenda de la paz a un segundo plano, y han priorizado su propia agenda
política que ha respondido básicamente a los intereses clientelares de los gobiernos
de turno.
Los pocos avances en materia de
verdad, justicia y reparación se han logrado gracias al compromiso aislado de
algunos funcionarios públicos, a la persistente lucha de las organizaciones de
víctimas y de derechos humanos, y al apoyo de la comunidad internacional.
Lo más preocupante es que el Estado
sigue sin resolver los problemas estructurales que dieron origen al conflicto
armado, entre estos la desigualdad y la pobreza, el racismo y discriminación,
la militarización del Estado y la sociedad, la falta de acceso a la tierra y
vivienda, y en general la falta de políticas de educación, empleo y salud. Mientras
estos problemas no se resuelvan no se garantiza la sostenibilidad de la paz y
la democracia.
Las víctimas y sobrevivientes del
conflicto armado nos hemos acercado muchas veces a los funcionarios del actual
gobierno, pero no vemos un compromiso serio para cumplir con las demandas de
las víctimas, de las mujeres y los Pueblos Indígenas. Nos preocupa el
debilitamiento del Programa Nacional de Resarcimiento, que cuenta con poco
presupuesto y falta de visión estratégica para impulsar una política integral
de reparación para las víctimas.
Ante dicha situación hemos demandado al
Estado ante las cortes nacionales y ante los organismos internacionales de
derechos humanos. Públicamente pedimos
al Procurador de los Derechos Humanos que condene al Estado por la conducta
levisa de los funcionarios de no garantizar el derecho a la reparación digna y
que tutele los derechos a la vedad, la justicia, reparación y no repeticion
La base para resarcir dignamente a las
víctimas es que el Estado (los poderes; ejecutivo, judicial y legislativo)
reconozca y honren los acuerdos de paz; el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario; en particular las
resoluciones y sentencias emanadas de la PDH y la CIDH respectivamente.
Demandamos a los diputados del
Congreso de Republica la Republica aprobar un presupuesto que garantice el
resarcimiento digno. Recuerden señores diputados que somos ciudadanos que votamos
cada cuatro años y que hemos estado en la plaza y en las calles exigiendo
nuestros derechos.
Guatemala, 24 de noviembre de 2016
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