El derecho a la justicia no se le puede ni debe quitar a las víctimas, ni mucho menos el derecho del pueblo a expresarse en la forma que quiera y por cualquier medio.
Como una afrenta a las víctimas, y a sus familiares, los diputados encabezados por el dinosaurio de corbatín, preparan sus baterías para aprobar reformas a la Ley de Reconciliación Nacional porque pretenden que queden en plena libertad, y veinticuatro horas después de aprobarse las reformas, quienes se encuentran en la cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo del conflicto armado interno, y más concretamente, durante los gobiernos dictatoriales de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores.
No hay que olvidar que ya intentaron pasar otras iniciativas para desocupar la cárcel de Mariscal Zavala y Matamoros de quienes han sido acusados de corrupción y de formar estructuras criminales, pero no lo han logrado, ni creo que el pueblo se quede de brazos cruzados ante semejantes propósitos, pues además sigue la amenaza de restringir y penalizar el derecho de libre expresión, las manifestaciones y protestas y hasta el derecho de libre locomoción. Si además de ello, la Comisión de Postulación le deja abierta la puerta al Presidente para que, entre los seis candidatos a Fiscal General, pueda seleccionar a uno que se pliegue a los intereses de los corruptos, estamos fritos, la depuración de las instituciones del Estado se paralizaría, y los miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y el Comisionado, serían perseguidos y expulsados del país. El Ministerio Público quedaría en sus manos, a su servicio, para que la impunidad se mantenga, como sucedió a lo largo de los treinta y seis años de conflicto armado e incluso con los gobiernos posteriores a la mal llamada apertura democrática, tal como lo demuestran las múltiples capturas.
No se necesita romperse los sesos pensando en los puntos que nos pueden unir para una lucha conjunta, pues todo lo que hay que hacer, es dejar atrás las diferencias políticas e ideológicas que nos carcomen, y entrarle con fuerza a la defensa de los derechos fundamentales del pueblo, que pretenden ser pisoteados. Los responsables están en el Congreso y, detrás de ellos, hay militares y gente del poder económico que sienten que el brazo de la justicia les puede alcanzar.
El próximo domingo 25 de febrero, se cumplen 19 años, desde que fue estremecido el Teatro Nacional con la entrega del informe Memorias del Silencio, especialmente cuando Christian Tomuschat dijo que todo indica que hubo genocidio o cuando se mencionó el nombre de Monseñor Juan Gerardi y los gritos de ¡justicia!, ¡justicia! rompieron el silencio y el presidente Álvaro Arzú y los militares presentes no pudieron ocultar su nerviosismo. Ese grito, se sigue escuchando, y el derecho a la justicia no se le puede ni debe quitar a las víctimas, ni mucho menos el derecho del pueblo a expresarse en la forma que quiera y por cualquier medio.
https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/02/22/dia-nacional-de-la-dignidad-de-las-victimas/
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