NO MIENTAN MÁS

Marielos Monzón

Creompaz: Entre los años 2012 y 2015, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) realizó 14 exhumaciones en las instalaciones del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz), en Cobán, Alta Verapaz. Lo que actualmente es una base de entrenamiento para las fuerzas de paz de la ONU funcionó durante la guerra como un centro de detención y ejecución clandestino, la Zona Militar 21. El MP en su acusación señala que ahí se cometieron detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales.

La FAFG encontró 558 osamentas en cuatro fosas. Noventa de los restos encontrados pertenecían a niños y niñas y 128 a personas que fueron detenidas-desaparecidas entre 1981 y 1988. La mayoría de los cuerpos presentaba señales de tortura, contusiones en la cabeza y la garganta; muchos tenían el tiro de gracia y fueron encontrados con vendas en los ojos, lazos o cadenas alrededor de los tobillos y cuellos. Creompaz es considerado el caso más grande de desaparición forzada en América Latina.

Sepur Zarco: es una comunidad q’eqchi’ ubicada entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. En 1982, en uno de los destacamentos militares instalados en el área, el ejército capturó a los hombres de la comunidad que estaban en trámites para la legalización de sus tierras, por considerarlos “insurgentes”. Los desaparecieron a todos. A sus esposas se les consideró “mujeres solas y, por lo tanto, disponibles”, y fueron sometidas a esclavitud doméstica, violencia sexual y esclavitud sexual.

No estamos hablando de acciones de combate del bando contrario, sino de represión indiscriminada.

Durante seis meses consecutivos, las mujeres hicieron turno cada tres días en el destacamento para cocinar, limpiar y lavar uniformes militares; fueron violadas en repetidas ocasiones, individual y colectivamente. Treinta y cuatro años después, en 2016, un tribunal nacional condenó a dos exoficiales del ejército por someter a esclavitud sexual a 11 mujeres de la comunidad y por los delitos de asesinato, deberes contra la humanidad y desaparición forzada. La sentencia fue ratificada en todas las instancias.


Molina Theissen: El 6 de octubre de 1981, Marco Antonio Molina Theissen, un niño guatemalteco de 14 años, fue secuestrado frente a su mamá, Emma Theissen Álvarez. Un comando del ejército se lo llevó luego de que su hermana, Emma Guadalupe, lograra escapar de la base militar Manuel Lizandro Barillas, en Quetzaltenango, donde por nueve días fue golpeada, torturada y violada. Su desaparición fue un acto de venganza que se realizó un día después de que Emma logró escapar del cuartel. Treinta y siete años después, cinco militares en retiro fueron condenados por un tribunal nacional por la desaparición de Marco Antonio y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe. Marco Antonio continúa desaparecido.

En ninguno de estos casos estamos hablando de acciones de combate del bando contrario, sino de represión indiscriminada de fuerzas estatales contra población civil. Eso se llama terrorismo de Estado. Los viejos argumentos que se han utilizado para justificarlo volvieron a aparecer ahora para sustentar la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional y otorgar una amnistía general a los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Insisto: nadie puede sentirse orgulloso de haber ordenado u obedecido una orden ilegal y quienes lo hicieron no son héroes, son criminales y deben ser juzgados.

Dejen de mentir. Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación no son un impedimento para la reconciliación. Todo lo contrario. La impunidad y el olvido sí que lo son.
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