¿Qué solvencia moral tienen los diputados que forman parte o han respaldado el Pacto de Corruptos para juzgar el actuar del Procurador?
No creo que haya alguien capaz de despertarles y decirles a las iglesias evangélicas que ya estamos en el siglo XXI, y que ya han transcurrido muchos años desde que el mundo vio la luz y se encaminó por los senderos del progreso, de los grandes descubrimientos, de la cultura, la educación, el desarrollo sostenible y por el respeto a los seres humanos, haciendo esfuerzos constantes por dejar atrás la discriminación, el racismo y la exclusión. Pero indudablemente el Estado ha sido cooptado por los fundamentalistas, aunque la Constitución es clara al reconocer el carácter laico del Estado de Guatemala, varios de los gobernantes, que hemos tenido en esta última época, han abrazado la religión evangélica, y la han llevado al ámbito de lo público, contradiciendo el espíritu constitucional.
Tiempo atrás, fue la Iglesia católica con Rafael Carrera, al que utilizaron para sus propios fines, y posteriormente con Rosell y Arellano, cuando apoyó la intervención norteamericana para el derrocamiento de Jacobo Arbenz, al que consideraban comunista, pero finalmente la cúpula de la iglesia, y especialmente las organizaciones católicas, comprendieron que ese no era su papel y se unieron a los sectores populares, pero las iglesias pentecostales y neopentecostales han continuado vinculadas al poder desde los años 80, a través de diferentes gobiernos que no han dudado en incorporar sus preceptos fundamentalistas a la vida política, generando una alianza con los sectores más conservadores del país, para justificar desde políticas genocidas hasta la falta de acceso a los derechos más fundamentales para todo ser humano.
En qué cabeza cabe decir en su comunicado que defienden un Estado de Derecho saludable, qué entienden por ello, qué quieren decir con eso, pues todos hablamos de un Estado Democrático de Derecho, es decir, un Estado donde podamos expresarnos libremente sin importar la religión, el partido político o la ideología que cada quien sustente, así como las opciones que cada quien tome en su vida personal, las cuales deben respetarse.
Ahora las iglesias evangélicas, y un grupo de diputados, que forman parte del Pacto de Corruptos, apuntan las baterías contra el Procurador de los Derechos Humanos, en principio fue contra los cuatro magistrados, que resultaban ser un dolor de cabeza para el poder económico y militar, pero ahora lo hacen contra el Procurador porque no se ha unido a los del pacto y que, por el contrario, ha señalado las deficiencias del Estado y la falta de planes concretos para combatir el COVID-19. La pregunta del millón es ¿Qué solvencia moral tienen los diputados que forman parte o han respaldado el Pacto de Corruptos para juzgar el actuar del Procurador? Indudablemente que tienen la facultad de elegir, de sancionar o de cambiar al PDH, pero tendría que ser con razones plenamente fundamentadas y no por intereses políticos.
A estas iglesias y a los diputados de la Comisión que la emprenden contra el PDH, les importa poco la cantidad de infectados, los que están muriendo y van a morir por falta de atención, y les importa poco también la carencia de planes concretos para atender, no solo a los que sufren el contagio, sino a los millares de personas que se quedaron sin empleo o fueron suspendidos sin goce de salario.
https://elperiodico.com.gt/opinion/2020/07/09/el-fundamentalismo-en-un-estado-laico/
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