Indudablemente la situación en que nos encontramos es graves por los miles de personas que han sido contagiadas y por la expansión del virus a muchos departamentos, pero ese es uno de los aspectos peligrosos para la población en general, como también lo es -y pareciera que no queremos darnos cuenta- los peligros de un retroceso en la existencia de derechos constitucionales que fundamentan el Estado democrático de derecho y que hoy en día corren peligro de desaparecer.
La imposición, además de las restricciones ya establecidas, de un Estado de Sitio en los municipios del Estor, Morales y Livingston, en Izabal. En La Tinta y Panzós en Alta Verapaz con el pretexto de combatir el narco, es la continuación de medidas dictatoriales como las que se implementaron al inicio del gobierno de Giammattei en Villa Nueva, Mixco y Sololá con el pretexto de combatir a los grupos delincuenciales y devolver la tranquilidad a esas poblaciones. Estuvieron restringidas las garantías, pero la situación sigue siendo la misma o peor que antes y los líderes comunitarios sufrieron las consecuencias de la intolerancia del Ejército.
Hoy en día y con justa razón las organizaciones sociales se han manifestado en contra del Estado de sitio en esas comunidades y las poblaciones han levantado su voz rechazando la presencia del Ejército que, ni lento ni perezoso se hizo presente de inmediato e inició la intimidación de los comunitarios. Esta acción del gobierno es un espaldarazo a las compañías mineras y una decisión tomada conjuntamente con el CACIF, pues no tardaron las cámaras en pronunciarse en apoyo al Estado de Sitio en esos municipios de Izabal y Alta Verapaz, aun cuando se han opuesto rotundamente a las medidas de cierre y toque de queda implementadas por el gobierno para combatir el COVID-19, porque según lo han manifestado afecta sus intereses. En otras palabras a ellos, los empresarios, no les importa cuántos trabajadores mueran, pues lo importante es la reapertura del comercio, de las carreteras, de las fábricas, es decir de la economía para que ellos sigan acumulando ganancias en medio de la crisis y de la miseria de miles de trabajadores que suspendieron o despidieron.
Las gráficas de la presencia del Ejército en las comunidades hablan por sí sola, no apuntan al narco, apuntan contra la población, llegan en busca de líderes comunitarios y no de narcotraficantes, pues ellos a partir del Estado de Sitio en esos lugares tendrán vía libre y gozarán casi como siempre, con la custodio de policías o militares para que atraviesen el país sin problema alguno.
En medio de la crisis se violentan derechos de comunidades y del pueblo en general. Las bravatas del presidente no son casuales, son el síntoma de lo que acontecerá posteriormente, pues si hoy en día interrumpe a un dirigente indígena cuando plantea los problemas más sentidos, el día de mañana lanzará un muletazo contra quien contradiga sus decisiones o mandará al paredón a quienes considere desestabilizadores y no sería raro que intente un giammatazo para hacerse de todos los poderes del Estado y tengamos al país bajo un nuevo gobierno ubiquista en el que nadie podía hablar y todos tenían que rendirle pleitesía al general porque de lo contrario corrían el riesgo de ir al paredón o ir a parar entre los muros de la Penitenciaría Central.
https://elperiodico.com.gt/opinion/2020/07/23/sintomas-de-retroceso/
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