CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez ordenó el jueves el arresto de más de 10 personas acusadas de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la guerra civil en Guatemala y que quedaron registrados en un documento policial llamado “El Diario Militar”.
El juez Miguel Ángel Gálvez confirmó a The Associated Press las ordenes de detención emitidas por el caso.
Aunque la fiscalía no dio información sobre nombres de detenidos, un trabajador de la parte querellante, que no está autorizado a hablar del caso, dijo que hay por lo menos tres detenidos, entre ellos un general en situación de retiro y civiles.
El 20 de mayo de 1999 se hizo público un documento policial filtrado a defensores de derechos humanos conocido como “El Diario Militar” que detallaba el asesinato, tortura y desaparición forzada de más de 190 personas a mano de las fuerzas de seguridad civiles y militares guatemaltecas en 1984 en el marco del conflicto armado interno ocurrido entre 1960 y 1996.
El documento de 74 páginas comienza con el registro de Teresa Graciela Samayoa Morales, una de las cuatro víctimas que aparecen en la primera página. Su fotografía extraída de lo que parece ser su cédula de vecindad, da cuenta de una joven mujer supuesta militante guerrillera.
Samayoa Morales, alias “Sheny”, era miembro de Frente Urbano de ORPA (Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas) una de las cuatro facciones guerrilleras. “Viajó a Cuba” dice el registro, fue entregada a una entidad militar y no se consignó más su paradero.
Otro de los casos que más impacto provoca es el registrado con el número 52. Se trataba de Prudencio de Jesús Carrera Camey, quien estuvo detenido 15 días y luego fue asesinado. En el registro no aparece una fotografía suya pero se asegura que era miembro de la guerrilla. Tenía sólo 15 años.
El informe, escrito a máquina, da cuenta de casi 100 personas asesinadas. Otras fueron entregadas a zonas militares, otros sobrevivieron, pero de un grupo no se supo nunca más.
“El Diario Militar” está escrito con códigos que fueron descifrados, como el número 300 que aparece escrito en 99 casos y significa 99 personas asesinadas.
En el registro número 166 está el nombre y dos fotografías de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, un catedrático universitario que según el documento fue detenido el 12 de octubre de 1984 y que supuestamente era jefe de una célula guerrillera. En la descripción también hay una anotación a mano que dice “3-12-84= 300 Col. J.R.B. Z-21” que concuerda con el día y lugar donde fue hallado muerto.
Su familia supo que había sido secuestrado. Lo buscó en cárceles, hospitales y centros militares pero nadie les dio respuesta.
“Yo tenía 11 años cuando me dijeron que mi papá fue secuestrado”, relató Rudy Figueroa, hijo de Figueroa Muñoz. El catedrático estuvo detenido por las fuerzas de seguridad durante 52 días sin que su familia supiera su paradero, ni fuera entregado a un juez. Su cuerpo apareció a pocos metros de la casa de sus familiares en diciembre de 1984.
Figueroa dijo que tiene algunos recuerdos borrosos de su padre, pero también tiene otros muy claros de las conversaciones que sostenía con él.
“Una de las cosas que recuerdo fue que me regaló una perrita que llamamos ‘Libertad’”. La mascota se perdió y su papá a modo de aprendizaje le dijo que era su responsabilidad y que para que no lo castigara debía convencerlo de que había aprendido la lección. "Recuerdo que hasta fui a la biblioteca para aprender sobre responsabilidad. Lo convencí, no me castigó”, dijo Figueroa.
“Cuando estuvo detenido nació mi hermano menor, no lo conoció”, agregó.
El documento registraba número, nombre, apellido y pseudónimo de supuestos militantes de grupos guerrilleros, personas organizadas en asociaciones o sindicatos que fueron detenidas, desaparecidas, asesinadas por fuerzas de seguridad civiles y militares o que tras ser liberadas fueron forzadas a trabajar con sus captores.
El documento también incluye el caso de Edgar Fernando García, miembro del Comité Regional de PGT-PG -un órgano de dirección de uno de los grupos guerrilleros- y sindicalista. García es uno de los más de 45.000 desaparecidos que dejó la guerra, según un informe de la verdad auspiciado por Naciones Unidas.
Hasta hoy los familiares de todas las víctimas que aparecen en el diario no han recibido justicia en Guatemala. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Guatemala responsable de la desaparición forzada de 26 personas de “El Diario Militar” así como de la violación de sus derechos a la libertad personal, a la integridad y a la vida.
“El Diario Militar” muestra también los nexos entre las fuerzas de seguridad civiles y militares. Un ejemplo es la detención de Amancio Samuel Villatoro, profesional y presunto miembro de la guerrilla, que según el reporte fue detenido en la capital guatemalteca y tras años desaparecido sus restos fueron localizados en un antiguo destacamento militar.
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/05/27/guatemala-ordenan-arresto-de-sospechosos-de-desapariciones/
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