Foto Archivo HIJOS |
Por: Miguel Ángel Albizures
Hago una pausa en medio de tantos hechos lamentables de la situación del país para hablar del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que es el próximo 30 de agosto, declarado por las Naciones Unidas.
Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad, de esos que no prescriben en el tiempo, que afectan no solo a la persona que es detenida-desaparecida, sino a su familia, su grupo, su entorno y, finalmente, a toda la sociedad. Nos afecta a toda la sociedad, porque la desaparición se produce en contextos de intolerancia y de represión, cuando pretenden silenciar a la oposición política, pero también para mandar un mensaje de terror a las demás personas: si se oponen, si critican, si actúan, van a terminar igual. Durante el conflicto armado, muchas personas aparecieron en las cunetas, terriblemente torturadas; pero también en Guatemala se idearon “desaparecer” los cuerpos, para que esa incertidumbre corroyera a las familias y a los amigos y compañeros. Así como muchos de esos cuerpos se han encontrado en cementerios clandestinos, también se ha sabido que algunos fueron arrojados al mar o al cráter de algunos volcanes. El caso es que quedaron “en ninguna parte”, como dijo el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra.
El 24 de agosto se cumplieron 41 años del secuestro de 17 sindicalistas y estudiantes del Centro de Retiros Espirituales de EMAUS en Escuintla, dos meses después de que el 21 de junio fuera la detención y posterior desaparición de 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores, en su sede de la 9a. avenida y 4a. calle de la capital. Esto, para hablar solo de esos casos de desaparición masiva. Pero, durante esos años, se calcula que hubo alrededor de 5 mil niños y niñas que fueron “desaparecidos”, algunos de ellos robados por oficiales del ejército, vendidos o “dados en adopciones ilegales”. También se calculan alrededor de 45 mil personas, estudiantes, catedráticos, campesinos, obreros, artesanos o periodistas, de quienes hasta el momento no se sabe nada de su paradero, ni del avance de las investigaciones, mientras madres, esposas o hermanas siguen esperando. Por ello, la desaparición forzada es uno de los crímenes más crueles, pues las familias mantienen la esperanza de verlos algún día o, por lo menos, saber en dónde tiraron su cuerpo para darles sepultura y poder cerrar sus duelos.
Pero lo terrible no termina ahí, sino en el hecho de que la práctica continúa vigente. El 3 de agosto se cumplió también un año del secuestro y desaparición del líder comunitario Carlos Enrique Coy, de Nueva Gloria, Purulhá, Baja Verapaz; hasta el momento no se ven verdaderos avances en las investigaciones para dar con los responsables y, mucho menos, esperanzas de castigo a los responsables. Si el hecho no fue cometido por agentes del Estado, como en los años del conflicto, la responsabilidad estatal es incuestionable, al no garantizar justicia para su familia.
Con ocasión de este día, alzamos nuestra voz por el aparecimiento con vida de las personas detenidas desaparecidas, para que se haga justicia por ellas. Exijamos que los mandos responsables de esos hechos de lesa humanidad digan en dónde dejaron los cuerpos y exijamos del Ministerio Público una investigación exhaustiva y persecución penal a los responsables, pues son crímenes que no pueden quedar en el olvido, y en una situación como la que vivimos, donde reina la impunidad y el compadrazgo, pueden volver a repetirse y se necesita sentar precedentes de justicia.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/08/26/dia-de-las-desapariciones-forzadas/
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