LA CRIMINALIZACIÓN SE EXTIENDE A JUECES.
POR: MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES
Por esa lucha en defensa del territorio y del río Cahabón, el profesor Bernardo Caal Xol fue acusado de robo e incitación a delinquir y condenado a siete años y cuatro meses de cárcel, recientemente ratificados injustamente por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin tomar en cuenta los vicios de procedimiento ni las causas por las cuales fue acusado y procesado. Por ello el Consejo de Autoridades Ancestrales Q’eqchi’, así como las Comunidades en Resistencia de Santa María Cahabón, exigen al Ministerio Público una investigación profunda de los hechos y la deducción de responsabilidades a ministros, funcionarios y jueces que, mediante actos de corrupción, autorizaron proyectos de extracción en Alta Verapaz y piden a la Corte Suprema de Justicia anular la injusta sentencia inconmutable que pesa contra el profesor Bernardo Caal.
En esa misma línea se está acusando a la defensora de derechos humanos Cristina Ramírez, en Izabal, y a otras personas. La criminalización se extiende a jueces como Miguel Gálvez y Erika Aifán, contra quienes se promueven diversas acciones. La jueza Aifán es víctima de demandas penales interpuestas por personajes que tienen pendientes cuentas con la justicia, como Wilber Castellanos y Mynor Moto. Por ello, un grupo de columnistas han manifestado su solidaridad con la jueza Aifán, señalando una serie de hechos que se han dado contra ella y demandando de la Corte Suprema de Justicia “que declare sin lugar las dos solicitudes de antejuicio por ser maniobras espurias contra una juez que es independiente en el ejercicio de su función”.
Asimismo, expresan: “Respaldamos a la jueza Erika Lorena Aifán Dávila y le hacemos llegar nuestro reconocimiento y apoyo por su inclaudicable defensa de la ley, de la independencia judicial y del Estado de derecho”. Quienes firmamos ese comunicado consideramos que “la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que revoca el amparo provisional que le había sido otorgado a la jueza Aifán, abre la puerta para la persecución penal que podría apartarla de la judicatura y dejar en la impunidadlos graves delitos cometidos en los casos que actualmente conoce”. Y, por supuesto, favorece a las mafias enquistadas en el poder, que podrán seguir negocios sucios sin que la justicia se les aplique. Con lo que está pasando, entendemos el porqué de tanto cambio en las principales fiscalías del Ministerio Público y la importancia de que la Fiscal General, junto a otros funcionarios, hayan sido incluidos en la Lista Engel en Estados Unidos.
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