HAY QUE SUMARLE LOS RIESGOS A SU INTEGRIDAD FÍSICA Y A LA DE SU FAMILIA.
Por: Miguel Ángel Albizures
A pesar de que ya no queda ninguna duda sobre el carácter dictatorial en la actuación del Gobierno y que los hechos están a la vista de todos, la población no acaba de asumir su responsabilidad en la defensa de sus derechos mentales y continúa impasible ante el cierre de espacios para el ejercicio de derechos tan básicos como la libertad de expresión, o de acceso a la justicia, derechos que, por otra parte, han costado muchas luchas y que nunca hay que dar por sentados, sobre todo en gobiernos tan poco transparentes y alejados de la búsqueda del interés general como el que tenemos actualmente.
El simple hecho de que se mantengan tomados el Congreso, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad y se mantenga al frente del Ministerio Público a una persona señalada de actos que favorecen al Pacto de Corruptos debería ser suficiente para lograr la unidad de los sectores disconformes con esta dictadura. En otros gobiernos, por lo menos en las altas cortes, los magistrados dignos han sido mayoría y se han manifestado contra de los abusos de poder, garantizando espacios democráticos, hoy no es así.
En el caso de las y los jueces, además de los graves riesgos a la salud a los que estamos expuestos todos por la nefasta gestión de la pandemia, hay que sumarle los riesgos a su integridad física y a la de su familia, con el resurgimiento de viejas prácticas como el uso de vehículos o paneles blancas con hombres armados para intimidarlos o amenazarlos. Estrategia que se complementa con la criminalización de la que son objeto por sus sentencias o decisiones judiciales, con el objetivo de que abandonen los procesos contra una serie de funcionarios corruptos. Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul son algunos de los jueces dignos que están en la mira de grupos criminales, en los cuales están comprometidos altos funcionarios de gobierno, pues no es la primera vez que utilizan el aparato estatalpara enriquecerse y tratar de silenciar a sus opositores.
Por otro lado, se criminaliza a medios y periodistas y se atenta contra el derecho de reserva de las fuentes de información, lo cual es una violación del derecho a la información y a la libertad de prensa. Todo para cubrir los actos de corrupción de altos funcionarios y evitar cualquier crítica a la gestión del presidente, diputados, magistrados o fiscales que utilizan los recursos del Estado, no solo económicos, sino materiales, para mantener el control ciudadano y penalizar sus acciones.
Indudablemente, esta estrategia no se podría llevar a cabo sin el visto bueno del Ministerio de Gobernación y sin el consentimiento del Presidente de la República, sin olvidar la participación de los altos funcionarios del Ejército. Como lo dijimos al principio, la situación que estamos viviendo, que se parece mucho a otras épocas oscuras que ha vivido nuestro país, como la dictadura de Ubico y de los regímenes militares que destruyeron los logros de la Revolución de Octubre y que arrasaron aldeas y desaparecieron a miles de guatemaltecos, amerita una acción contundente del pueblo o de lo contrario solo podemos esperar mayor persecución, desaparición, cárcel y muerte.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/10/07/amenazan-y-criminalizan-a-jueces-y-periodistas/
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