GUATEMALA: EL AGUA ES UN BIEN COMÚN, NO UNA MERCANCÍA

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, la Coordinación de ONG y Cooperativas CONGCOOP, enfatiza que el  agronegocio de palma aceitera, caña de azúcar y los proyectos extractivos en general,  generan “graves” problemas ambientales y afectan la salud de la población. Los beneficios económicos se logran a través de la contaminación de fuentes de agua, la deforestación y la impunidad ambiental. 

Además,  año tras año la población en general ha exigido respuestas del gobierno ante  los  abusos  que día a día cometen las  agroindustrias y demás industrias que explotan, desvían y contaminan el agua, destruyendo los sistemas de vida comunitaria y limitando  cualquier  posibilidad de acceso al agua en poblaciones rurales y urbanas. 

Como consecuencia de la  actual crisis sanitaria generada por el COVID-19, el  agua  es  un  elemento  indispensable  para  las  familias a nivel  comunitario y  urbano  para  sobrellevar  crisis. 

            Según resolución de la Asamblea General de la ONU, el derecho humano al agua y el saneamiento es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Ante esa realidad DEMANDAMOS:           

Que  el gobierno  guatemalteco impulse las  medidas necesarias    para  garantizar  el acceso de  agua  potable  a todas las  familias  guatemaltecas a nivel  nacional, dando respuestas a las permanentes demandas de las  comunidades que  han  sido  afectadas por la explotación excesiva, contaminación, desvió de los ríos por la  agroindustria palmera y demás  industrias  extractivas.

Que  las  municipalidades  promuevan  acciones  inmediatas  de  coordinación  que conlleve proveer de  agua a las comunidades para que puedan tomar las respectivas  medidas  sanitarias especialmente frente al  COVID-19. 

Que el Estado de Guatemala garantice el derecho humano al agua, adecuando sus normativas legales, administrativas y judiciales, así como las prácticas y los procedimientos de las instituciones, al cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos colectivos, especialmente de los pueblos indígenas, mujeres. Además, que el Estado no interfiera ni criminalice la administración y usos tradicionales y comunitarios del agua que realizan las comunidades indígenas, respetando su visión como sujeto/a de derecho.           

Que el Estado de Guatemala, evite el uso indebido del derecho penal para perseguir a defensoras y defensores ambientales por el ejercicio de sus derechos.

Los derechos humanos conllevan una serie de obligaciones que el Estado debe cumplir. Los derechos económicos, sociales y culturales buscan el bienestar de las personas y crear las condiciones de igualdad en el acceso a los servicios y bienes básicos.