ESTADO DE SITUACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2022 – PRIMER TRIMESTRE
En conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG presenta su informe “Estado de Situación de la Libertad de Expresión – Primer Trimestre 2022”.
Durante el primer trimestre de este año, el Observatorio de los Periodistas registró 29 denuncias de periodistas y agresiones contra miembros de la prensa; en 16 de estas están involucradas fuerzas de seguridad pública y autoridades de distintos niveles estatales. De enero de 2020 a marzo de 2022, el Observatorio de los Periodistas ha registrado 313 ataques en contra de comunicadores y medios de comunicación, lo que convierte al gobierno de Alejandro Giammattei en la gestión con más represiones, persecución e intolerancia hacia la prensa.
Los principales patrones observados durante los primeros meses de 2022 fueron las limitaciones para acceder a las fuentes informativas y las campañas de difamación, acoso y desprestigio en redes sociales. En el primero de los casos, los responsables directos son miembros del Estado, mientras que, en el segundo, se sospecha fuertemente del involucramiento, directo o indirecto, de empleados y autoridades públicas, principalmente de la Presidencia y el Ministerio Público (MP).
Entre las autoridades identificadas en estos actos, destacan las del Organismo Judicial (OJ), relacionadas en al menos seis casos de restricciones para acceder y cubrir audiencias judiciales, un caso de amenazas con iniciar procedimientos penales contra periodistas y uno más de acoso, que estaría motivado por el interés de violar el secreto de las fuentes periodísticas.
Funcionarios y empleados de los demás organismos estatales también estuvieron vinculados con restricciones hacia la prensa. Destacan el interés que mostró la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, de atender y brindar información a los reporteros únicamente dos veces por semana y en un espacio en específico, así como las acciones de miembros del Ejército y de la seguridad presidencial para limitar la labor de reporteros.
Las campañas de desprestigio y acoso en redes sociales es uno de los patrones de ataque que más se ha repetido en los últimos años y que destacó durante los primeros meses del 2022. Estas campañas, sumadas al discurso confrontativo de la Presidencia y otros funcionarios estatales, no solo buscan menoscabar la imagen de sus víctimas, dañar su credibilidad y crear zozobra para generar censura y autocensura, sino pretende imponer en el imaginario colectivo que los periodistas críticos al poder son enemigos de la democracia, divulgadores de falsas noticias u opositores al régimen por cuestiones políticas e ideológicas, queriendo hacer ver que sus publicaciones y críticas son infundadas y la única versión verídica e irrefutable es la oficial.
Estas agresiones afectan particularmente a las mujeres periodistas, quienes son víctimas de acoso sexual, ataques por su condición de género, discriminación racial y burlas sexistas. Pese a la gravedad de estos actos, el Estado y el sistema judicial permiten que estos netcenters y personas actúen con impunidad.
Como lo denunciamos desde los últimos años, las acciones del Estado hacia la prensa no son actos aislados, responden a una campaña estructurada desde las altas esferas del poder político para criminalizar, perseguir y atacar a las voces críticas y actores vinculados o que apoyan la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la fiscalización hacia las instituciones públicas.
Prueba de esta campaña de persecución es la aprobación, con el beneplácito de Giammattei, de los cambios a la Ley de ONGs, la cual brinda al gobierno una facultad autoritaria para cancelar, impedir el registro y sancionar severamente a miembros de las organizaciones sociales. Esta normativa restringiría derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de asociación, y sus repercusiones alcanzarían también a las organizaciones de prensa. No sería extraño que en un futuro el Estado inicie una cacería contra estas organizaciones, como lo ha hecho la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Los casos de desplazamiento forzado o exilio de comunicadores en los últimos meses, debido a la criminalización de actores vinculados con el Estado y el apoyo que reciben por parte de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, hacen temer que los actos de persecución penal infundados se eleven durante el resto de este gobierno. Aunque existen antecedentes de comunicadores arrestados de forma arbitraria, podrían registrarse casos de largos periodos en prisión, sentencias de cárcel o la imposición de multas económicas exorbitantes, que podrían afectar también a propietarios de medios.
Estos temores se elevan con la posibilidad que Giammattei elija nuevamente a Porras Argueta para la Fiscalía General o elija cualquier otro alfil, como el actual Procurador General de la Nación (PGN), Luis Donado, quien podría continuar o endurecer la cacería del MP en contra de miembros de la prensa.
En este escenario complicado, observamos con preocupación también que la elección del próximo(a) Procurador(a) de Derechos Humanos (PDH) sea aprovechada por el presidente y sus aliados en el Congreso para elegir a un funcionario dócil a sus intereses, lo que socavaría el último bastión en el Estado para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
La cooptación de todas las instituciones públicas, particularmente del sistema de justicia, por parte de Giammattei y sus aliados, el interés de amordazar las críticas hacia el actual régimen y de venganza hacia sus opositores por parte de Porras Argueta, terminarían de sucumbir a Guatemala en un Estado autoritario en que no exista respeto hacia los derechos humanos, que impongan una censura autoritaria y los críticos deban elegir entre el silencio, la prisión, la muerte o el exilio.
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG
Guatemala, 3 de mayo de 2022
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