“Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido.” (2 Pe. 2,19)
El presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, después de un proceso de selección plagado de fallos, arbitrariedades y manifiestas manipulaciones de parte de tribunales de justicia, incluyendo en las mismas las efectuadas por la Corte de Constitucionalidad; reitera el nombramiento de María Consuelo Porras Argueta como Fiscal General y jefa del Ministerio Público para un período de cuatro años 2022-2026.
Los graves señalamientos nacionales e internacionales de diversos sectores, instituciones, organizaciones y población en general, en contra de la continuidad de la Señora Porras Argueta en el desempeño del cargo, no fueron tomados en cuenta, es más, fueron despectivamente obviados por el presidente Giammattei para la decisión que finalmente tomó.
Las graves consecuencias que tendrá la decisión presidencial para el sistema de administración de justicia: el predominio de la impunidad, la corrupción y la restricción del ejercicio de libertad de los habitantes del país, nos obliga, como deber ético fundamental, a manifestar nuestro rechazo a dicho nombramiento.
La dirección del Ministerio Público es ejercida por una funcionaria seriamente cuestionada por la Comunidad Internacional. Basta mencionar la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, a pocas horas del nombramiento, señalando a la señora Porras como “un actor corrupto” y de “estar envuelta en significante corrupción”. Además, en septiembre de 2021 fue incluida en la lista de actores antidemocráticos y de corrupción presentados al Congreso de los EE. UU., bajo la Sección 353 o Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, lo que presupone aislar al país en momentos críticos para la sobrevivencia democrática del mismo.
Es preocupante la posibilidad de ingobernabilidad que este tipo de decisiones tienen para Guatemala. A esto se suma el desmantelamiento de la independencia judicial, la imposición fraudulenta y delictiva del Rector Magnífico de la Universidad (pública y autónoma) de San Carlos de Guatemala, la pérdida de confianza en las instituciones públicas y la percepción de eventual fraude electoral en las elecciones generales de 2023.
Ante esta situación, somos las guatemaltecas y los guatemaltecos, quienes de forma organizada, pacífica y digna, debemos preparar los caminos, procesos y medios, para recuperar nuestro país y encaminarlo hacia una situación de justicia, equidad, libertad y compromiso fraternal en la vida pública y las relaciones entre los diferentes pueblos, religiones y diversidades múltiples que componemos Guatemala.
Por ello, les invitamos a manifestarnos en los parques principales, en las redes sociales, utilizando el color morado intenso en una cinta en la muñeca, en un botón o cinta en el pecho o en una pañoleta o playera, y con un trozo de tela o de cualquier otro material al frente de nuestras casas, lugares de trabajo y en los vehículos, y, por supuesto, a seguir organizándonos con vecinas y vecinos, generando nuevas formas de mostrar la indignación y el desacuerdo al Pacto de Corruptos.
Guatemala, 18 de mayo de 2022
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