Por: Miguel Ángel Albizures
Ya lo habíamos señalado en artículo anterior, son tiempos difíciles para los periodistas y medios y tenemos que cuidarnos bien para poder seguir denunciando las arbitrariedades y enriquecimiento ilícito de funcionarios que encontraron su botín en el Estado y consideran que la prensa y los periodistas somos sus enemigos, porque alertamos al pueblo de lo que sucede en el país. Hoy se trata de criminalizar a Édgar Gutiérrez, Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Velix, Alexander Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar”, pero es una amenaza a todo el gremio y especialmente a quienes opinamos sobre la situación que vivimos.
Iba a escribir sobre el encarcelamiento injusto y las condiciones inhumanas en que se encuentra la Fiscal Anticorrupción Virginia Laparra, que ponen en riesgo incluso su salud y su vida, después de varios meses de cárcel. También iba a hablar de la prisión también injusta de José Rubén Zamora, que ya lleva largos siete meses en las mazmorras carcelarias y la fiscal general se empeña en mantenerlo encerrado y tratar de lograr su objetivo de la desaparición total de elPeriodico, un medio que le ha dicho la verdad al pueblo y que ha planteado con pelos y señales lo que acontece en el país, que ha caído en manos gánsteriles.
Resulta que ahora se criminaliza a ocho periodistas, y nada más y nada menos que lo hace una fiscal; y le da trámite un juez que ha dejado mucho que desear en la aplicación de la justicia. Ninguno de los dos "operadores" de justicia parece que conocen la Constitución Política de la República, la Ley de Emisión del Pensamiento, y no digamos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Porque, si así fuera, la fiscal no hubiera tenido el desatino de mandar perseguir la libertad de expresión y de prensa y el juez la hubiera mandado a recurrir a tribunales de imprenta.
Así las cosas, en el curso de este año, el camino para periodistas y medios está lleno de obstáculos, se tratará de impedir realizar su labor, lo que redundará en la violación al derecho de informar y el derecho de la ciudadanía a ser informados, que garantiza la Constitución de la República.
El pasado martes un grupo de periodistas hicimos circular un comunicado en el que denunciamos lo que está sucediendo señalando que: “manifestamos nuestro repudio a las acciones dictatoriales del juez Jimi Bremer, del Juzgado Décimo Penal, y la fiscal Cinthia Monterroso, de la FECI, destinadas a criminalizar a personal de elPeriódico e investigar a periodistas, columnistas y medios que informan o se pronuncian en contra del proceso espurio que afronta José Rubén Zamora… Esta decisión representa una afrenta al Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, y muestra la decisión del presidente Alejandro Giammattei y su Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, de amordazar a la prensa crítica y las voces que no se pliegan a la narrativa oficial."
Hoy por hoy, si el gremio no responde unitariamente y se manifiesta en contra de los abusos de poder y violación a artículos constitucionales esenciales como el 35, así como la ley de Emisión del Pensamiento, otros derechos serán pisoteados y muchos de quienes opinenemos públicamente, criminalizados. La idea es callar las voces de protesta, de denuncia, cualquier voz que se levante para defender la democracia y la paz. En las manos de la ciudadanía está impedir que estas mafias terminen de destruir nuestro país.
https://elperiodico.com.gt/opiniones/opinion/2023/03/02/elementor-803341/
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