Violencia social y política. Silencio cómplice de la sociedad que pierde sensibilidad humana.

MIGUE ANGEL ALBIZURES

“Hablar de violencia, no es solo la violencia física, sexual, psicológica o patrimonial, muerte y asesinatos, es hablar de la violencia laboral, la violación del derecho humano al trabajo”, señaló en su comunicado la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (Atrahdom), el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, pues ciertamente las condiciones de semiesclavitud y salariales en que realizan millares de mujeres su trabajo, en casas particulares o fábricas de maquila, es violento sin que las autoridades hagan nada por hacer cumplir a los empresarios las leyes laborales del país.

Por ello señalan también que: “Sufrimos la discriminación por demandar el cumplimiento y respeto a nuestros derechos laborales, y hemos sido sujetas a engaños por parte de las propias autoridades de los gobiernos de turno. Nos toca que vivir a diario la persecución, la violencia, la pobreza, el hambre, la discriminación, el abuso, el acoso, el hostigamiento y la muerte”, pues según las estadísticas 535 mujeres fueron bestialmente asesinadas entre enero y septiembre de este año, y solo en octubre pasado 67 perdieron la vida, entre ellas, muchas niñas y adolescentes que han carecido de la protección del Estado, pues de las 57 mil denuncias presentadas, dos mil han llegado a proceso, y de ellas menos de 500 a sentencia y condena de los responsables de estos hechos.

El silencio de la sociedad también es violento, cuando no se escuchan las voces de protesta ante el asesinato de más de dos mujeres diariamente, o cuando no se denuncia la violencia intrafamiliar que ocurre en su vecindad o en su misma casa. Hace falta tomar conciencia que estos hechos siguen sucediendo, no solo por la falta de persecución penal y la no aplicación drástica de la justicia, sino por el silencio cómplice de una sociedad que ha ido perdiendo la sensibilidad humana y que no pasa de repetir lo que dicen las autoridades: “era o tenía relación con las pandillas”, “a saber qué hizo”, o “quién sabe en qué andaba metida”, pues nada justifica los golpes, la violencia psicológica ni mucho menos la muerte de tantas niñas, jóvenes y mujeres adultas.

Agregado a ello, la criminalización de los conflictos sociales ha llevado a la tumba y a la cárcel a varias mujeres por ejercer su derecho de petición y de protesta, tal el caso de Bárbara Díaz Surín, capturada el 29 de octubre por un grupo de 40 agentes, acusada supuestamente de un homicidio cometido en abril, y quien el 30 prestó declaración sin traductor, permaneciendo detenida hasta la próxima audiencia que será en febrero de 2015, mientras sus siete hijos quedan en el abandono, pues se le negó la prisión domiciliaria que sí se le aplica a responsables de genocidio.