Las organizaciones indígenas y campesinas, de mujeres, Pueblos y distintos sectores sociales, rechazamos el desproporcionado y excesivo uso de la fuerza, este 15 y 16 de noviembre de 2023, cuando fueron movilizados 2,300 efectivos de la PNC en los alrededores del Congreso, ante manifestantes, en su mayoría mujeres, que protestaban pacíficamente contra las acciones de los diputados corrutos que, con el acelerado posible antejuicio contra los magistrados del TSE, buscan destituirlos, que otros anulen las elecciones y crear condiciones para impedir la toma de posesión del presidente electo. Adicionalmente, los congresistas cómplices quieren aprobar una ley Monsanto que privatizará nuestras semillas, la ampliación para que la empresa PERENCO siga destruyendo el Parque Nacional Laguna del Tigre, impunidad para violadores de derechos humanos y un presupuesto 2024 que beneficia a ONGs de diputados corruptos.
Para hacer posible ese despliegue desproporcionado de efectivos policíacos, en contra de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y los estándares internacionales, miles de policías fueron trasladados desde los departamentos hacia los alrededores del Congreso, dejando distintos territorios a merced de los delincuentes, con el fin de proteger los intereses particulares de las y los diputados que se han dedicado a enriquecerse y votar en contra del pueblo de Guatemala. Cercaron los alrededores del congreso y violentando el derecho a manifestación, no dejaban pasar ni siquiera a personas a pie. Todas estas acciones desesperadas también tienen el objetivo de meter miedo en la población para evitar que se manifieste ante los abusos de quienes integran el pacto de corruptos, pero se equivocan rotundamente, porque lo único que logran es que la indignación se acumule en el Pueblo de Guatemala
Llamamos a las y los ciudadanos para que, donde quiera que los encuentren, les exijan cuentas a aquellos diputados que han actuado en contra de los derechos y garantías constitucionales y para beneficiar a un grupito de corruptos.
Igualmente rechazamos la criminalización que ha realizado el Ministerio Público. en contra de quienes se opusieron a la imposición ilegal, fraudulenta y violenta de un usurpador como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En lugar de investigar las ilegalidades e irregularidades que le permitieron a Walter Mazariegos y sus cómplices hacerse del control de la rectoría de la USAC y de los millones de quetzales que vienen de los impuestos que pagamos, ahora persiguen a quienes de forma digna y valiente se opusieron a estas acciones.
Pero lo peor es que el Ministerio Público, de nuevo pretende pasar encima de la voluntad popular expresada en las urnas y buscan que se les quite la inmunidad e impedir la toma de posesión del presidente y vicepresidenta constitucionalmente electos, involucrándolos de forma retorcida en una acusación falsa que busca el mismo objetivo que pretenden lograr con el robo de las actas electorales y demás maniobras que desde el 25 de junio han realizado: para pasar encima del derecho a elegir que tenemos las guatemaltecas y guatemaltecos integrantes de los cuatro pueblos: maya, xinca, garífuna y mestizo, e imponer ilegalmente a otra persona en la presidencia y vicepresidencia de la República, acción que rechazamos tajantemente.
Llamamos a la población guatemalteca a defender nuestros derechos, a impedir que anulen los resultados electorales ya que según el artículo 45 de la Constitución, “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.
Iximulew, Belejeb’ Aq’ab’al (17 de noviembre de 2023).
No hay comentarios :
Publicar un comentario