Las autoridades de los Pueblos Mayas del Occidente de Guatemala reunidos en Consejo manifestamos:
La apropiación de nuestras tierras y territorios, sigue siendo el método de dominación y racismo en Guatemala.
Una vez
firmada la Paz, mientras la sociedad civil se ocupaba en promover los
Acuerdos de Paz, y las organizaciones Revolucionarias se encargaban del
proceso de desmovilización y reinserción social de sus bases; los
sectores de poder durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999),
legislaban y abrían al país a los tratados de libre comercio y
enmarcados dentro de las políticas de ajuste estructural.
El
Congreso de la República decretó y promulgó en ese entonces con clara
desventaja para el país varias leyes y reglamentos orientados a vender y
privatizar los bienes, empresas y recursos del Estado: Ley de minería,
la telefonía -GUATEL-, la electricidad -El INDE y la EMPRESA ELÉCTRICA-,
los Puertos marítimos y aéreos. Los más afectados en todo este proceso
hemos sido las comunidades y pueblos indígenas y mestizo pobre, por la
forma en que se han concesionado sin nuestro consentimiento y sin
beneficios propios, nuestros territorios y patrimonio natural.
Actualmente
el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas,
desde 1997 hasta la fecha, ha autorizado 107 licencias de exploración y
cinco de explotación minera de metales, sin consulta previa libre e
informada. Igualmente existen licencias para hidroeléctricas y
explotación del petróleo, re-negociada nuevamente a través de la empresa
Perenco (francesa), con 25 años de derecho de concesión, con clara
desventaja para el país. Todas estas licencias violentan
sistemáticamente nuestros derechos colectivos como: Libre determinación,
identidad cultural, participación en la formulación, aplicación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional, propiedad
colectiva de la tierra, consentimiento previo, libre e informado,
derecho al agua y vivir en un ambiente sano, regulados en Convenios
Internacionales de derechos de pueblos indígenas,
ratificados por el gobierno de Guatemala.
Nuestra
oposición, se manifiesta a través de la organización, movilización,
consultas comunitarias y acciones políticas, jurídicas; frente a la
acción de los consorcios multinacionales y el Estado (expresión de la
oligarquía nacional) sumiso o cómplice de las mismas.
Varios
líderes y lideresas de este movimiento social y de pueblos han
nuevamente regado con su sangre la oposición al sistema: Raúl Castro,
Sololá, en la defensa del territorio; Víctor Gálvez, catequista de la
parroquia de Malacatán, en San Marcos; las muertes de Antonio Beb Ac,
Oscar Reyes y Margarita Chub Che, líder comunitaria que participaba en
el Consejo de Comunidades del Polochic, tras el desalojo violento de 14
comunidades en el Ingenio ChabilUtzaj - Valle del Polochic- en marzo de
2011, en el marco de la exigencia del movimiento campesino de la
aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral número
4084; El asesinato del Sr. Andrés Francisco Miguel, q´anjob´al, líder
de la resistencia en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, perpetrado por
guardias de la empresa Hidro Santa Cruz, el pasado uno de Mayo; José
Tavico, autoridad comunitaria del
Consejo de Pueblo K’iche; y, las muertes de José Eusebio Puac Barreno,
Santos Nicolas Hernández Menchú, Rafael Nicolas Batz Menchú, Jesús
Baltazar Caxaj Puac, Arturo Félix Sapón Yax, Jesús Francisco Puac
Ordoñez, Hermanos nuestros del Pueblo Maya K’iche en Totonicapán a manos
del Ejército durante la masacre del 4 de Octubre de 2012.
El
mecanismo de movilización social a través de marchas y plantones ha sido
un medio para manifestar nuestra inconformidad y/o plantear nuestras
propuestas al Estado, cuando aplica acciones inconsultas. De igual
manera hemos participado en Foros Sociales en los diversos ámbitos,
nacional, internacional; en congresos, reuniones preparatorias para las
Audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todos
estos espacios hemos informado, concientizado y organizado acciones a
favor de nuestros pueblos.
Todas
estas acciones las consideramos una expresión de la voluntad política
para hacer que se respeten y garanticen nuestros derechos colectivos,
buscando solucionar los conflictos y establecer una sociedad
democrática, incluyente y participativa.
La
masacre del 4 de octubre y la repercusión que produjo en nuestros
pueblos nos obligan a auto convocarnos para dialogar y consensuar sobre
nuestro presente y futuro; y exigir al gobierno de Guatemala, una
actuación ética y políticamente responsable, y que ajuste su actuación
en las normas y principios constitucionales y del derecho internacional
de los derechos humanos.
Las
reformas a la Constitución Política de la República, Ley de Minería y al
Magisterio son políticas para consolidar el modelo de acumulación
basado en los agro negocios: explotación minera, petrolera,
hidroeléctricas que solo contribuye al crecimiento económico de
determinados sectores de la sociedad; mientras que las consecuencias
como el despojo de nuestras tierras, los desalojos, el costo elevado de
la energía eléctrica, la contaminación, la privatización de la educación
las vivimos nosotros y nosotras, por lo tanto en el contexto del fin
del OxlajuB´aqtun, y la llegada y establecimiento de una nueva era,
recurrimos a nuestros principios y procedimientos ancestrales de toma de
decisión, y, en Consejo acordamos lo siguiente:
1. Exigimos
la implementación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en toda la
legislación Nacional; instando a las Naciones Unidas velar por el
cumplimiento de estos compromisos internacionales que el Gobierno de
Guatemala asumió voluntariamente;
2. Rechazo a las reformas constitucionales principalmente por negar nuestras nacionalidades, territorios y autoridades ancestrales;
3. Rechazo
a las reformas a la Ley de Minería porque no respeta el derecho de
consulta y en consecuencia exigimos a la Corte de Constitucionalidad
declare inconstitucional la Ley de minería Vigente; y, anule todas las
licencias mineras vigentes en nuestros territorios;
4. 4. Rechazo a las reformas a la Carrera del Magisterio, por privilegiar la privatización de dicho servicio
gratuita, bilingüe intercultural;
5. Rechazo
a la Ley General de Electrificación Nacional por privilegiar los
intereses transnacionales sobre el bienestar de los pueblos que
conformamos el Estado guatemalteco; y
6. El Oxlajuj B’aktun es nuestro tiempo, no permitiremos que sea comercializado y folklorizado por el gobierno de Guatemala.
Finalmente, reafirmamos que dentro y fuera de
Guatemala, continuaremos los pasos y voces de nuestros abuelos y
abuelas del Gran Consejo Maya, nuestros héroes: Atanasio Tzul,
TekumUman, Kaib’ilB’alum, Kaji´ Imox, Juan Matalbatz, , Manuel Tot,
Micaela Guarchaj, Mamá Maquín, ante la inoperancia de un Estado
excluyente y racista.
El Consejo de Pueblos Mayas de Occidente
Representaciones legitimas de las institucionalidades del Pueblo Maya
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