Jorge Vinicio Sosa Orantes niega cualquier participación en la masacre de 250 campesinos en la aldea Las Dos Erres, municipio de La Libertad, Petén, en 1982. Los investigadores dicen que escondió su pasado militar y manipuló el sistema.
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El libro del Registro de cédulas de vencindad en la página
donde aparece Jorge Vinicio Sosa Orantes, uno de los presuntos autores
materiales de la matanza de Las Dos Erres.
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En
mayo de 1985, el teniente del Ejército Jorge Vinicio Sosa Orantes
desertó, voló a San Francisco, California, y pidió asilo político.
Alegaba que guerrilleros de izquierda en su país querían matarlo. 
Funcionarios de inmigración rechazaron su pedido. Entonces realizó el mismo trámite en Canadá, de donde se hizo ciudadano. Posteriormente volvió a Estados Unidos y también consiguió la ciudadanía estadounidense.
Recientemente, la odisea de Sosa tomó un giro extraordinario: el autoproclamado refugiado es acusado de haber cometido asesinatos múltiples cuando era militar. El mes pasado, Canadá le extraditó a Los Ángeles para ser juzgado por cargos relacionados con uno de los peores crímenes de guerra en la historia reciente de América: su supuesta participación en la matanza de más de 250 personas en la aldea Las Dos Erres, en 1982.
Sosa, de 54 años, actualmente es instructor de karate. Evitó ser detectado durante años debido a los descuidos y a la falta de escrutinio por parte de los Gobiernos canadiense y estadounidense, según documentos judiciales, entrevistas con Sosa, sus parientes, funcionarios y otros.
Vida de lujo
Durante una época en la que muchos refugiados sufrían apuros en las penumbras, Sosa vivió cómodamente en América del Norte. Compró una casa, operó escuelas de karate y viajó por el mundo.“Imagínate cómo pueden ser las cosas de distintas para una y otra persona”, dijo Óscar Ramírez Castañeda, un sobreviviente de Las Dos Erres.
Ramírez vivió 14 años como inmigrante ilegal cerca de Boston, con 2 empleos de tiempo completo para mantener a 4 hijos. Su madre y 8 hermanos murieron en la masacre, pero él, con apenas 3 años de edad, fue secuestrado por un comando y criado por una familias de oficiales. Las autoridades estadounidenses recientemente le otorgaron asilo a Ramírez como testigo de la matanza. Aceptó declarar contra Sosa en el juicio.
Sosa, encarcelado en el sur de California, insiste en su inocencia. Niega las declaraciones de testigos presenciales que lo señalan de liderar los asesinatos de hombres, mujeres y niños, y de lanzar una granada a un pozo lleno de víctimas. Sosa sostiene que se trata de una conspiración izquierdista para incriminarle. “Es un juego que hace la guerrilla”, dijo durante una breve entrevista telefónica el mes pasado, aún preso en Calgary, Canadá.
Sosa insiste en que el día de la masacre trabajó en un proyecto de ayuda civil en otro pueblo. Sus omisiones en formularios de inmigración estadounidenses fueron lapsos inocentes, dice, enfatizando en que no mantuvo en secreto su pasado al solicitar asilo. “Ambos gobiernos sabían de mi servicio militar guatemalteco y mis acciones en guerra”, escribió Sosa en una carta dada a ProPublica por medio de su hermano Hugo Sosa. (…)
Aunque no hay indicios de que los funcionarios de inmigración supieran de sus supuestos crímenes, el Gobierno canadiense tenía conocimiento de acusaciones serias contra las fuerzas armadas guatemaltecas: un diplomático canadiense participó en una investigación estadounidense que concluyó que el Ejército guatemalteco cometió la masacre de Las Dos Erres.
Treinta años después, las cortes han condenado a 5 soldados en los últimos 14 meses. La fiscalía también ha acusado al exjefe de Estado Efraín Ríos Montt por el caso, alegando que fue el cerebro de la estrategia detrás de la masacre.
(...) Siete sospechosos, incluyendo los dos oficiales de la unidad de Sosa, siguen prófugos en una nación en donde las fuerzas de seguridad, frecuentemente entrelazadas con mafias, retienen gran poder. Investigadores guatemaltecos creen que algunos fugitivos han sido cobijados por las fuerzas armadas y otros se mueven a través de la porosa frontera con Belice.
Las autoridades estadounidenses han detenido a otros 3 fugitivos que emigraron a Estados Unidos. Gilberto Jordán, un exsargento residente en Florida, admitió culpabilidad de cargos similares a los emitidos contra Sosa; cumple una sentencia de 10 años en una prisión federal. Otro exsargento detenido por cargos de inmigración ilegal ha aceptado declarar contra Sosa en el juicio federal previsto para el 27 de noviembre en Riverside, California.
Experto en artes marciales
Nacido en la ciudad de Guatemala en 1958, Sosa es el tercero de 6 hijos de una familia de militares. Su difunto padre fue maestro de karate internacionalmente conocido y dirigió el entrenamiento de artes marciales del Ejército, dijo el hermano de Sosa, Hugo, un capitán retirado del Ejército de Guatemala que vive en Sacramento, California.
Jorge Vinicio Sosa Orantes, un hombre bajo y fornido, se graduó de la academia de oficiales como subteniente en 1979. Hizo entrenamiento como paracaidista y sirvió como comandante al mando de 40 soldados, según archivos del Ejército y su propia versión. Ganó cierta reputación por su destreza en las artes marciales. Un antiguo compañero militar lo recuerda cuando se enfrentó en combates de karate a soldados taiwanenses que estaban de visita. “Tenía una habilidad tremenda”, dijo el soldado, quien pidió el anonimato para proteger su seguridad. Describió a Sosa como “caballeroso y amigable.”
Sosa cumplió un severo programa de preparación para entrar en los comandos kaibiles, una de las organizaciones de fuerzas especiales más duras de Latinoamérica. En julio de 1981 inició como instructor de autodefensa en la escuela de entrenamiento de comandos en la región del Petén, según archivos militares y su propia versión.
“Este grupo de instructores y subinstructores reciben [sic] sus órdenes directamente del Director del Centro de Estudios Militares”, escribió Sosa en su carta enviada a ProPublica. “Nuestra misión fue brindar entrenamiento de contrainsurgencia a personal militar selecto por medio de una prueba física. Este curso preparó a soldados regulares para ser más eficaces en combate contra las fuerzas de la guerrilla”. (…)
En 1982, cuando Ríos Montt llegó al poder después de un golpe de Estado, aumentaron las matanzas. (…). Sosa fue uno de los cuatro tenientes que comandaron esta patrulla especial; era el más joven, según expedientes judiciales guatemaltecos y archivos militares. El comandante fue el teniente Roberto Aníbal Rivera Martínez, prófugo, según expedientes judiciales y archivos.
La causa de la masacre
En octubre de 1982, una emboscada de la guerrilla causó la muerte de alrededor de 20 soldados y la pérdida de sus rifles. Datos de inteligencia indicaron un tiempo después que los rifles podían estar en la zona de Las Dos Erres, una aldea de granjas con 60 familias en la selva profunda, cerca de la frontera mexicana. Altos mandos del Ejército desplegaron la patrulla especial para recuperar los rifles y darles una lección a los aldeanos.
Disfrazados de guerrilleros, la unidad de 20 hombres asaltó Las Dos Erres el 7 de diciembre, respaldada por una fuerza de apoyo de 40 comandos uniformados. Las tropas no encontraron ni los rifles ni evidencia de actividad guerrillera. El operativo se descompuso en un frenesí de violaciones, torturas y asesinatos que aniquiló a casi toda la población, según expedientes judiciales guatemaltecos y estadounidenses.
La investigación empezó 14 años después, pero produjo pruebas únicas. Rompiendo el código de silencio, 2 soldados se convirtieron en testigos protegidos en los noventa y rindieron sus testimonios sobre la matanza. Además, los fiscales conectaron la masacre con la unidad de Sosa, por medio de exámenes de ADN realizados a 2 niños secuestrados en Las Dos Erres en 1982 y que crecieron en hogares de militares: Óscar Ramírez Ramos y Ramiro Osorio Cristales, de 3 y 5 años. (…)
Sosa el día de la masacre
Las investigaciones guatemaltecas y estadounidenses ubican a Sosa en una escena macabra en el centro de la aldea, según los exsoldados. Los comandos trajeron a un grupo de campesinos con los ojos vendados, uno por uno, junto al pozo del pueblo. Allí fueron interrogados, golpeados en la cabeza con un martillo y arrojados al pozo. Los soldados también tiraron a bebés y niños.
El antiguo comando César Ibáñez identificó a Sosa como uno de 7 Tenientes y Sargentos que ejecutaron a pobladores, según una trascripción de su testimonio en 2000. Sosa y los otros les “pegaban [con un martillo] en la cabeza y luego les tiraban granadas de fragmentación para que murieran”, declaró Ibáñez. “Los oficiales comentaron que nadie había visto nada y que el que abriera la boca que tomara en cuenta que la iba a cerrar para siempre.”
Sosa se enfureció cuando un campesino lo maldijo desde el pozo, dijo Favio Pinzón, un excocinero de la patrulla. El herido logró quitarse la venda de los ojos y se encontró encima de un montón de cuerpos vivos y muertos, aseguró a los fiscales en 1996.
“Dijo al oficial [Sosa] Orantes: Matame”, declaró Pinzón. “El oficial contestó Tu madre, y el señor contestó La tuya, hijo de la gran puta. Cuando el oficial Orantes lo vio le disparó con su fusil, pero eso no bastó y tiró una granada al pozo”. (Pinzón e Ibáñez repitieron sus historias durante entrevistas recientes para Buscando a Óscar: Masacre, Memoria y Justicia en Guatemala, un recuento de la masacre y el descubrimiento por Ramírez de su verdadera identidad –hecho por ‘ProPublica’, This American Life y Fundacion MEPI en México.)
(…) Sosa niega las acusaciones. Asevera que Pinzón e Ibáñez no pertenecieron a su patrulla y que esta no participó en combates. “No estuve en ‘Las Dos Erres’”, escribió (las letras en negrita y subrayadas en su carta). “Trabajábamos entrenando tropas selectas. No éramos tropas combativas”.
En el día de la masacre, Sosa dice que trabajó en un programa de ayuda civil en Melchor de Mencos, un pueblo a unas cien millas de distancia. Dice que participó en el programa desde octubre de 1982 hasta marzo de 1983. “Yo sé que hay testigos, la cuestión es encontrarlos”, dijo su hermano en una entrevista telefónica.
(…) “Es mentira”, dijo en una entrevista telefónica la fiscal guatemalteca Sara Romero, quien ha pasado 16 años investigando el caso. Ella rechaza sus declaraciones. “Tenemos testigos que lo vieron tirar una granada al pozo. Era uno de los jefes de la patrulla. Estaba allí”.
El juicio de Sosa contará con una declaración sin precedentes de un nuevo testigo: Santos López Alonzo, el exsargento que crió al niño de 5 años de Las Dos Erres. En 2010, agentes federales en Texas detuvieron a Alonzo por entrar ilegalmente en Estados Unidos. Fue condenado al tiempo que ya había cumplido esperando sentencia y aceptó dar testimonio para la fiscalía. Guarda prisión en el sur de California como testigo material.
Atentados fallidos
Sosa permaneció en el Ejército durante 2 años y medio después de la masacre, según archivos militares. En 1984 comenzó una nueva asignación entrenando cadetes en la academia militar en la Ciudad de Guatemala. En julio de aquel año, dice, pasó una semana de vacaciones en Florida con otros oficiales, entrando con pasaportes militares oficiales. Menciona esa visita como una razón por la que el Gobierno de Estados Unidos tendría que haber sabido de su servicio militar.
Un año más tarde, sin embargo, su carrera llegó a un final abrupto. Las razones de su partida a California a principios de mayo de 1985 son oscuras. Sosa entregó a las cortes canadienses y a ProPublica páginas de su solicitud de asilo de 1985, en las que explica que hizo sus misiones de combate siguiendo “órdenes de las altas esferas de las fuerzas armadas” y que había sido “condenado a muerte”.
“Causó tantas bajas en la guerrilla que ellos lo querían matar”, dijo su hermano Hugo en la entrevista. Pero Sosa y sus parientes ahora hacen una aseveración que no consta en las páginas de la solicitud de asilo a Estados Unidos: que él se había desencantado con la guerra y estaba huyendo de los militares también. “Me escapé de Guatemala el 10 de mayo de 1985 porque no estaba contento con el Ejército y la forma en que estaba manejando la guerra”, escribió Sosa recientemente en una carta a Amnistía Internacional. “Y también por las constantes amenazas y ataques de las fuerzas de la guerrilla hacia mi familia y mi persona”.
Sosa sobrevivió a tres intentos de asesinato, según su hermano. Compañeros militares intentaron matar al teniente y a su padre, motivados por venganzas personales internas, afirmó.
“Se fue porque había amenazas contra la familia. Los autores eran tanto cuerpos de la guerrilla como del Ejército. Algunos de los atentados eran de la G-2, (inteligencia militar).
Muchos no nos querían por envidia, él tenía muchos logros, medallas, buenos puestos. Esto creó envidia”. (…)
El antiguo compañero militar de Sosa dijo que él había escuchado que agentes de inteligencia querían matar a Sosa. En vez de la envidia, sin embargo, citó un móvil diferente: dijo que la inteligencia militar puso a Sosa en la mira por una disputa relacionada con su vida privada. (…) La hoja de vida militar de Sosa dice que fue dado de baja por el delito de deserción el 20 de mayo de 1985.
Recibido en Canadá
Sosa llegó a California con su mujer y una hija pequeña, según su versión y archivos de Estados Unidos. Sus padres y una hermana también vinieron a San Francisco. Los recién llegados vivieron con Hugo Sosa, asentado allí después de casarse con una ciudadana estadounidense.
Los Sosa eran parte de un éxodo de centroamericanos huyendo de guerras. Los militares eran una minoría comparados con los refugiados por la persecución de las fuerzas armadas guatemaltecas, que tenían el apoyo histórico del Gobierno de Estados Unidos. Aunque exsoldados también consiguieron asilo.
En agosto de 1985, tres meses después de que Sosa solicitara asilo, el Departamento de Estado envió una carta al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) federal en la que concluía que el guatemalteco no había probado un temor bien fundado de persecución.
Sosa se quedó en San Francisco tres años, mientras él y su familia solicitaban asilo político en el consulado canadiense. Canadá tenía una política de asilo más generosa que la de Estados Unidos en aquella época.
El pasado de Sosa invitaba al escrutinio. Dice que describió su servicio militar en su pedido de asilo a Canadá y que funcionarios estadounidenses se comunicaron con sus contrapartes canadienses acerca de su caso. Si es cierto, quiere decir que dejó claro que era un oficial y un veterano de combate de una unidad de elite en un Ejército que era internacionalmente conocido por masacres, tortura y corrupción. (…)
Sosa y su hermano dicen que Canadá le dio asilo político. No obstante, funcionarios de justicia e inmigración de ese país se negaron a comentar sobre el tipo de estatus que recibió y si su pasado militar fue una consideración, citando restricciones por privacidad. De todas maneras, Sosa y su familia se mudaron a Canadá como inmigrantes legales en 1988 y él se convirtió en ciudadano en 1992, según documentos y su propia versión.
Francisco Rico Martínez, un veterano defensor de refugiados centroamericanos en Canadá, dijo que Canadá ha aceptado otros antiguos soldados centroamericanos con pasado dudoso. “La tasa de aceptación era muy alta en aquella época”, aseguro Rico. “Había muchas deficiencias en el sistema, que se han corregido. No me sorprende que entrara”.
Los Sosa se mudaron a Lethbridge, en la provincia de Alberta. El padre y el hijo establecieron una escuela de karate. Pero pronto Sosa se divorció de su mujer, con quien tenía dos hijos, y se fue a Nueva York a enseñar karate. “Vino a Estados Unidos porque se divorció”, confirmó su hermano. (…)
En los noventa Sosa conoció a una mujer guatemalteca en Nueva York, una ciudadana estadounidense que era la madre de uno de sus alumnos de karate, según archivos públicos y la versión de ella misma. Comenzaron una relación. Sosa se estableció en la ciudad y se casaron. Hoy, ella cree que él la manipuló para obtener papeles de inmigración.
“Me enredó”, dijo quien pidió ser identificada solo por su primer nombre, Sonia, por la seguridad de su familia. “No es una persona honesta. Se casó conmigo para conseguir la residencia. (…) El es muy raro”.
Sosa no mantuvo en secreto su pasado militar, aunque nunca mencionó la masacre de Las Dos Erres, dijo Sonia. Él le explicó que había dejado Guatemala huyendo de la guerrilla y el Ejército, según la versión de ella. “Nunca entendí porqué los militares lo perseguían”, dijo. Sonia cree que las experiencias bélicas de Sosa tuvieron un efecto psicológico dañino en él. “Ser un Kaibil es algo bien fuerte”, dijo. “Tienes que ser muy centrado para que no afecte tu ser. Él tenía como una doble personalidad”.
Gracias a su matrimonio con Sonia, Sosa solicitó la tarjeta verde.
Pistas no detectadas
Fiscales federales alegan que Sosa mintió en su solicitud de residencia permanente y durante una entrevista con un oficial de inmigración estadounidense el 30 de noviembre de 1998. Le preguntaron si había cumplido servicio militar extranjero; Sosa contestó “ninguno”, según el expediente.
Trece años antes, no obstante, había descrito su experiencia militar como la base de su fallido pedido de asilo en California. En 1998, oficiales de inmigración de Estados Unidos ya tenían un número de archivo existente para él como consecuencia de aquel pedido de asilo, como muestran los documentos.
¿Por qué no detectaron los oficiales en Nueva York la contradicción con los documentos anteriores de California? La respuesta tiene que ver con un cambio por parte del INS de archivos de papel a registros digitales a principios de los noventa, según 2 funcionarios del Department of Homeland Security (DHS). Los oficiales del INS que revisaron el caso de Sosa habrían visto en su expediente que había solicitado asilo político anteriormente, explicaron los funcionarios. Pero, para ver detalles como su pasado militar, tendrían que haber pedido el expediente de 1985 de los archivos de papel donde se guardan los casos de antes de 1990, afirmó un funcionario del DHS.
“Cuando alguien solicita una tarjeta verde, el individuo pasa por una rigurosa investigación de antecedentes”, dijo el funcionario de DHS. “Pero de forma rutinaria no llegan al nivel de escrutinio de pedir el viejo expediente. Se basan en las investigaciones de antecedentes, las huellas digitales del FBI y esas cosas”.
La omisión de Sosa pasó inadvertida. Recibió su tarjeta verde en 1998. Dejó a su mujer y se mudó a California, en donde se estableció en Riverside County, al este de Los Ángeles, según su hermano, su exesposa y archivos públicos.
En 2000, mientras una democracia incipiente se fortalecía en Guatemala, la fiscalía guatemalteca puso cargos contra Sosa y el resto de la unidad de comandos por la masacre de Las Dos Erres. El poder del Ejército y una ráfaga de apelaciones por abogados de la defensa mantuvieron el caso en el limbo, impidiendo detenciones durante una década. Los medios guatemaltecos reportaron el caso y Sosa estaba al tanto de las acusaciones, según su hermano.
Durante la última década a Sosa le fue bien. Trabajó como gerente de oficina, pero se enfocó más en enseñar karate, estableciendo cuatro escuelas en el sur de California, según su hermano. Sosa impartía seminarios de karate en el extranjero, viajó al menos una vez al año a otros países, incluyendo Argentina, Brasil, Costa Rica, Japón y México.
Se divorció de Sonia en 2006 y se casó de nuevo en California, según su hermano y archivos públicos. En 2007 solicitó la ciudadanía estadounidense en San Bernardino, California, según muestran los expedientes judiciales. Fiscales federales lo acusan de haber cometido 3 crímenes durante el proceso de solicitud y una entrevista con un oficial de inmigración el 18 de marzo de 2008.
En su formulario de ciudadanía, Sosa respondió negativamente a una pregunta acerca de si había cometido algún crimen por el cual no había sido arrestado, cuando de hecho, según la acusación, “había cometido crímenes, incluyendo, sin limitarse a ellos, los asesinatos en Las Dos Erres”. Preguntado por pertenencia a organizaciones en el pasado, no mencionó al Ejército guatemalteco, detalla la acusación. Sosa niega haber dado información falsa en el pasado, a pesar de haber escondido su servicio militar en su solicitud para la tarjeta verde en 1998.
Se defiende insistiendo en que los oficiales tendrían que haber sabido de su servicio militar por sus archivos. Cita su respuesta a la pregunta número 27 en su solicitud de ciudadanía que menciona su pedido de asilo, la cual describía su experiencia en combate.
“La primera vez que mi familia y yo entramos en los Estados Unidos fue el 10 de mayo de 1985”, escribió Sosa, según una página del formulario de ciudadanía. “Entregué una solicitud de asilo político en San Francisco, California. Fue en un tiempo posterior que entregué mi caso a la embajada canadiense”.
La respuesta escrita de Sosa explica también que oficiales de Estados Unidos rechazaron su pedido de asilo y ordenaron su deportación, pero anularon la orden cuando supieron que Canadá le aceptó como inmigrante en 1988. La respuesta a la pregunta no menciona específicamente su servicio militar.
Si los oficiales federales hubieran preguntado a Sosa acerca de sus razones para pedir asilo político en Estados Unidos y Canadá, parece lógico que esa línea de interrogación probablemente habría logrado que admitiera su pasado militar.
Ya en 2008, el intento de juzgar el caso de Las Dos Erres había recibido cobertura mediática en Guatemala y más allá. Sosa dijo en su carta que también había revelado su servicio en el Ejército cuando declaró a favor de un conciudadano guatemalteco en una corte de inmigración de San Francisco, en 1986 y 1987.
Los inmigrantes rutinariamente se topan con problemas en el sistema, por desaciertos u omisiones en sus formularios y entrevistas. Pero como había ocurrido en 1998, en 2008 Sosa aparentemente no despertó suficiente interés como para pedir el expediente de asilo rechazado o al menos preguntarle acerca del tema. Además, los funcionarios notaron que ya había pasado un proceso de escrutinio anterior para obtener la tarjeta verde.
El Gobierno de Estados Unidos otorgó la ciudadanía a Sosa en septiembre de 2008. El presunto criminal de guerra había evitado ser detectado una vez más.
Tres meses después, sin embargo, un investigador del Department of Homeland Security abrió una investigación de Sosa vinculada con Las Dos Erres, según expedientes judiciales federales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado recientemente en contra de Guatemala por no proceder con el juicio de la masacre. La corte, que está basada en Costa Rica y es un árbitro regional de disputas mayores de derechos humanos, publicó la lista de los sospechosos. La unidad de crímenes de guerra delDepartment of Homeland Security tomó interés en la lista e identificó a Sosa y tres fugitivos más que habían venido a Estados Unidos como inmigrantes.
Después de una larga investigación en Florida, Texas, California y otros lugares, federales registraron la casa de Sosa en Moreno Valley, al este de Los Ángeles, en mayo de 2010. Sosa se fue a México al poco tiempo. En enero del año pasado viajó de México a Canadá. La policía le ubicó en Lethbridge, donde todavía vivían sus padres.
Como las cortes canadienses tienen jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad, Canadá podía haber juzgado a Sosa por la masacre. Las autoridades podían también haberlo extraditado a Guatemala para un juicio.
En vez de eso, Canadá decidió extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado por los crímenes de inmigración, que implican una condena máxima de diez años. Funcionarios canadienses declinaron comentar sobre esa decisión.
La fiscal guatemalteca Sara Romero dijo estar decepcionada porque un pedido de extradición guatemalteco a Canadá reclamando a Sosa pasó desatendido. “Los Estados Unidos lo están juzgando por una ofensa menor, que es inmigración”, dijo. “Eso pospone nuestro caso.”
Oficiales federales de Estados Unidos dicen que la extradición es parte de una ofensiva contra abusadores de los derechos humanos que buscan refugio aquí. Dicen que el caso también fortalece los procesos guatemaltecos. Algunas de las pruebas usadas para condenar a los comandos en Guatemala el año pasado surgieron de investigaciones en Estados Unidos. Si es condenado, Sosa se enfrenta a la eventual pérdida de su ciudadanía y deportación a Guatemala.
“Creo que es un caso muy importante”, dijo Claude Arnold, el agente especial al mando de Immigration and Customs Enforcement en Los Ángeles y un antiguo jefe de la unidad contra crímenes de guerra. “Es siempre bueno detener a alguien que tuvo un rol de liderazgo. Aunque es un caso de inmigración, juntamos todas la evidencias como si estuviéramos juzgándolo por crímenes de guerra. Nuestra meta es ayudar a nuestros socios internacionales”.
Política y castigo
Los Sosa dicen que el proceso tiene motivaciones políticas. Culpan a activistas guatemaltecos de derechos humanos que buscan saldar viejas venganzas.
“Los famosos derechos humanos; como no han logrado acusar a los cerebros, ellos buscan a alguien para que pague”, dijo Hugo Sosa. “Son gente de la guerrilla. El Gobierno de Estados Unidos no sabe lo que pasó en la guerra. Se basan en lo que dicen los exguerrilleros. Los que ahora hacen los derechos humanos”.
Jorge Sosa insiste en que está protegido por una ley de amnistía en Guatemala para partícipes en la guerra civil, y que los cargos contra él en su patria han sido anulados. Dice que su prontuario es limpio. (…)
Los fiscales guatemaltecos subrayan que la ley de amnistía tiene una excepción específica para crímenes contra la humanidad, que ha permitido las condenas en el caso de Las Dos Erres. La fiscal Romero dijo que los cargos contra Sosa no han sido anulados, si pusiera un pie en Guatemala sería detenido y juzgado.
Osorio, el sobreviviente raptado en Las Dos Erres de niño, quedó alarmado el año pasado cuando la policía le informó que Sosa había sido capturado en Canadá y que era un conciudadano canadiense. Si los cargos contra Sosa son ciertos, fue un comandante de las tropas que asaltaron la casa de Osorio y exterminaron a su familia.
Osorio ha seguido el caso con incredulidad. Encuentra preocupante el hecho de que Sosa pudo haber manipulado el sistema en dos países y evadió la captura durante años.
“Es una injusticia”, dijo Osorio. “Cuando vine a Canadá como refugiado me preguntaron si había participado en una masacre. Yo era sobreviviente de una. Este señor tenía tres nacionalidades. Iba y venía como quería. El Estado le da poder a gente como él para matar. Esta prepotencia nunca los deja. Pero después, cuando les llega la hora en la que tienen que pagar lo que hicieron, lo niegan”.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20121021/domingo/219484/
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