¿Victoria en Guatemala? Todavía no

  El 13 de mayo fue publicada la siguiente columna de opinión firmada por Victoria Sandford, profesora de Antropología y directora del Centro de Derechos Humanos y Estudios para la Paz en el Colegio Lehman, Universidad de Nueva York, autora de Buried Secrets:  Truth and Human Righs in Guatemala.

Victoria Sanford > “The New York Times”

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130515/pais/228302/

La clase de columnas denominadas Opposite Editorial Page se utiliza para invitar a escritores renombrados que no forman parte del Consejo Editorial de The New York Times, para que escriban sobre algún tema en específico:

La condena del viernes pasado contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, por genocidio y crímenes contra la humanidad, tiene un significado monumental. Fue la primera vez en la historia que un exjefe de Estado fue acusado por un tribunal nacional por el delito de genocidio. Este juicio inyecta esperanza para aquellos que persiguen la justicia en casos similares en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Pero es muy temprano para cantar victoria en Guatemala. Existen importantes evidencias de que el presidente actual, el excomandante militar Otto Pérez Molina, quien asumió su cargo en enero de 2012, haya estado involucrado en los mismos asesinatos en masa por los cuales el general Ríos Montt fue condenado.

Durante los 17 meses que duró la dictadura del general Ríos Montt, de abril de 1982 a julio de 1983, el 5.5 por ciento de la población maya ixil fue asesinada, según las pruebas presentadas en la corte.

En septiembre de 1982 durante la dictadura, el señor Pérez Molina, quien fungía como mayor en el Ejército de Guatemala, fue filmado por un documentalista finlandés, Mikael Wahlforss, de pie a la par de hombres muertos, mientras soldados pateaban los cuerpos en un área maya, conocida como Nebaj. Un militar dice en el documental que los soldados habían llevado a los hombres para que los interrogara Pérez Molina, pero no dieron información. Los castrenses no explican cómo murieron.

Pérez Molina admitió que fueron cometidas atrocidades durante la guerra civil, que duró de 1960 a 1996 y que dejó más de 200 mil muertos o desaparecidos. Sin embargo, ha negado haberlas cometido. Él ganó la elección de 2011 con el ofrecimiento de combatir la violencia generada por las pandillas y el narcotráfico.

Por muchos años, el general Ríos Montt, que fue un miembro del Congreso de Guatemala después de ser dictador, se escondió detrás de la inmunidad legal. Él dejó el Congreso en enero de 2012 y ese mismo mes fue acusado por un tribunal. Pérez Molina está escondiéndose de una manera parecida, detrás de la inmunidad que le otorga su cargo como presidente.

La administración de Obama debiera pedir la renuncia de Pérez Molina y conseguir apoyo entre otros miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se adhieran a esta solicitud. Este tipo de acciones tienen precedentes. En junio de 1979, con el apoyo del gobierno de Carter, la OEA exitosamente demandó la renuncia del dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle.

Lo que hizo posible la condena de Ríos Montt no fue solo la presión de la comunidad internacional, que ha ayudado a aumentar la posibilidad de un tribunal independiente, acompañando a los jueces de crímenes de guerra como en Ruanda y en la ex Yugoslavia, sino el ascenso de una nueva generación de guatemaltecos comprometidos con el Estado de Derecho.

Mientras el proceso contra Ríos Montt avanzó a paso lento por 17 meses, estuvo cerca de suspenderse por las amenazas a testigos, objeciones de los abogados de la defensa y por las críticas de Pérez Molina, quien negó que se hubiera cometido genocidio. Los fiscales y los jueces repetidamente retrotrajeron el caso. En un punto, cuando el juicio estaba entrampado, Stephen J. Rapp, el embajador del Gobierno de Estados Unidos en  Asuntos de Crímenes de Guerra, confirmó el apoyo de ese Gobierno al juicio, mediante su cuenta de Twitter: “La identificación de los responsables permitirá la paz”.

Cuando se condenó al general Ríos Montt a 80 años de prisión, Jazmín Barrios, presidenta del tribunal, declaró: “Debe existir justicia antes de que haya paz”. Después, convocó al tribunal para considerar las reparaciones a las víctimas. También le ordenó a la Fiscalía que investigue a otros individuos que pudieran haber participado en el genocidio.

El problema que conlleva juzgar a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad no es la falta de evidencia. El tema, en Centroamérica, es cómo llevar a los criminales de guerra a la justicia cuando siguen ostentando un significativo poder político.

En Guatemala, Pérez Molina no es el único exgeneral al que le puede corresponder la rendición de cuentas. Otro candidato es el exgeneral José Luis Quilo Ayuso, cuyo peritaje en favor de la defensa terminó otorgando evidencias de la “cadena de mando” donde se comprobó la responsabilidad del general Ríos Montt en el genocidio. (En la doctrina de la “cadena de mando” un comandante militar es responsable si no puede prevenir o castigar crímenes de guerra cometidos por sus subordinados).

Juicios similares podrían resultar contra los exmilitares salvadoreños Inocente Orlando Montana y Guillermo Alfredo Benavides. En Honduras, Juan Carlos Bonilla podría también ser candidato para ser juzgado, así como Alesio Gutiérrez, en Nicaragua.

Ninguno de estos procesos debe restarle importancia a la condena del general Ríos Montt. El lunes, el tribunal ordenó que el 23 de marzo –el día que él asumió el poder por medio de un Golpe de Estado– sea conmemorado como el Día Nacional contra el Genocidio. Reafirmando las recomendaciones de la Comisión para la Verdad de 1999, el tribunal también ordenó la construcción de centros educativos y monumentos en la Región Ixil, así como,  ceremonias para recordar a las víctimas. También le ordenó al Gobierno que se disculpe formalmente con las mujeres maya ixiles, sobrevivientes de la violencia sexual.

Este juicio ha abierto la posibilidad de que la sociedad guatemalteca se reconcilie con su propia historia de exclusión y genocidio.  Ha fortalecido la democracia en Guatemala haciendo que este tipo de crímenes sean preferiblemente juzgados en tribunales locales que en cortes internacionales o en los modelos híbridos, que desconocen las raíces profundas de los países donde se establecen. Aún así, la lección de Guatemala puede ser que la única manera de lograr que se juzgue  a los generales en una corte local sea tratar de enjuiciarlos en todos los demás lugares posibles. El caso de Ríos Montt se pudo juzgar solamente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció, en 2004, que el genocidio ocurrió en Guatemala y que el régimen de Ríos Montt fue responsable, y después de que una orden de arresto internacional fue tramitada por un juez español, en 2006. Sin duda, es la incansable dedicación de los sobrevivientes la que lleva a los criminales de guerra a enfrentar la justicia.

Las apelaciones en el caso de Ríos Montt serán inevitables, y habrá muchas disputas sobre la inmunidad presidencial de Pérez Molina, si se presentan cargos en su contra.

Además de la visita a Guatemala del embajador Rapp, durante el juicio en abril, la administración de Obama ha cambiado un poco la política de Bush en Centroamérica, apoyando el libre comercio y el desarrollo, dando ayuda financiera para fortalecer el sistema judicial y equipando y entrenando a unidades de la Policía y del Ejército para reducir el flujo de drogas y migrantes que viajan a Estados Unidos.

Pérez Molina ha estado haciendo presión en Estados Unidos con el fin de recibir ayuda militar para combatir la guerra contra los narcotraficantes –a quienes siempre se refiere cuando encuentra oposición a sus políticas. Este mes, él declaró un Estado de Sitio y suspendió las libertades civiles en respuesta a una protesta ecológica en cuatro municipios mineros. ¿Cómo podría la administración de Obama justificar el envío de ayuda militar a un presidente que hace esto, no digamos a uno que puede ser culpable de genocidio?