Estamos frente a un régimen autoritario.
Las declaraciones del Ministro de Gobernación, respaldadas por Antonio Arenales Forno, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, son cínicas, pues un cambio de guardia con despliegue de fuerza policial, e intentos de allanar nuevamente la casa de Zamora, representa una clara amenaza a él, a su familia y a quienes en una u otra forma hacemos uso de nuestro derecho de opinar y expresar lo que investigamos, vemos, sentimos y sufrimos por la intolerancia, el nepotismo, la imposición y corrupción de este Gobierno.
Queda claro, por boca del propio Ministro, que sí fueron las fuerzas bajo su mando las que llegaron acompañadas de falsos periodistas que documentarían la acción, y de supuestos miembros del Ministerio Público que nada tienen que ver en la aplicación de las medidas cautelares dictas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y menos aún en un simple cambio de guardias de “protección” que ante la incapacidad del Estado de garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos, impone dicha comisión a los gobiernos de turno.
Entendemos que es una reacción ante las investigaciones que hace elPeriódico y la posición de denuncia que ha mantenido Jose Rubén Zamora, que no son del agrado del Presidente, la Vicepresidenta y el equipo de funcionarios que comparten las mieles del poder y pasan, descaradamente, a formar parte de los nuevos ricos, pues para nadie es un secreto la corrupción galopante que perciben hasta las personas menos informadas.
Y no se trata solo de ese tipo de amenazas, sino de la vigilancia, los controles telefónicos, las dificultades para acceder en Internet a las páginas de elPeriódico y la constante difamación contra quienes ejercen el derecho a la libre opinión y expresión.
Tenemos que tomar conciencia que estamos frente a un régimen autoritario, con funcionarios cínicos, que quieren medios de comunicación a su servicio, un pueblo obediente y no deliberante, una juventud sumisa y no rebelde y contestataria, y que cada día que pasa, si no ponemos el pie en la puerta, los espacios políticos de expresión se irán cerrando, pues los hechos están a la vista con la criminalización de los conflictos sociales, con las reglas de comportamiento impuestas a los estudiantes, con las capturas y órdenes de captura y hasta con las denuncias y los juicios contra defensores de derechos humanos y periodistas que ya están en los tribunales o investiga el Ministerio Público, y que tienen como objetivo callarnos.
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