En los últimos días, diferentes municipios de Guatemala han sido afectados por la represión que ejerce el Gobierno en respaldo a las empresas nacionales y transnacionales hidroeléctricas.
Uspantan
En el Municipio de San Miguel Uspantan el alcalde Víctor Hugo Figueroa, está impulsando un proyecto de una subestación eléctrica, el cual ha sido rechazado por parte de las comunidades de este municipio, quienes consideran que ésta no traerá beneficios ya que la energía no es para distribución de las comunidades.
El 29 de octubre del 2010, en consulta comunitaria las comunidades han rechazado los megaproyectos hidroeléctricos porque solo han traído represión y muerte, un ejemplo de esto es la represión que desde la mañana del martes 27 de agosto están sufriendo las comunidades de esta región del Occidente del país, donde han llegado Antimotines de la Policía Nacional Civil –PNC- coordinado con el Alcalde Figueroa, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos –COPREDEH- y la empresa Trecsa, los cuales a fuerza de bombas lacrimógenas, golpes, violencia, han desalojado a las comunidades que están defendiendo su territorio.
La llegada de las fuerzas especiales de la PNC ha sido con el único fin de proteger la maquinaria para poder realizar la construcción de dicha subestación de energía eléctrica. Durante la represión ejercida al libre derecho que tienen las comunidades de protestar y rechazar este tipo de proyectos. Los comunitarios fueron objeto de amenazas, de violencia y ataques, utilizando una fuerza desproporcionada.
En entrevista con Magdalena Sarat miembro del Consejo de Pueblos de Uspantan, nos relata los hechos ocurridos durante la jornada de violencia y represión, en la que golpearon y detuvieron a varios comunitarios, dentro de ellos se encuentra el dirigente Máximo Aguilar quien es Guía Espiritual y que cuenta con un gran reconocimiento por parte de las comunidades por su entrega a la defensa de su territorio, así mismo informa que, posterior a la agresión cometida por las fuerzas de seguridad nacional, no se les brindo atención médica sino hasta un día después que los ingresarana la cárcel de Nebaj.
Según estadísticas de La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala -UDEFEGUA-, el incremento de agresiones contra defensores/as de derechos humanos a junio de este año ya ha superado por mucho los resultados del año pasado.
La tarde del viernes 23 de agosto un sicario que trabajaba como guardia de seguridad en la Empresa Santa Rita, la cual pretende instalar una Hidroeléctrica en el Río Dolores en la Comunidad de Monte Olivo, desfundo un arma y atacó a los niños Daniel Estuardo Pacay y Hageo Guitz de 11 y 13 años de edad respectivamente, los cuales fallecieron a principios de esta semana.
Durante la lucha que el pueblo Q’ajobal de Santa Cruz Barillas ha mantenido por la defensa de su territorio de la instalación de la hidroeléctrica propiedad de la empresa española Hidralia S.A., este pueblo ha sido criminalizado y reprimido, violentándole sus derechos humanos.
El mismo 27 de agosto 8 líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, se presentaron a la Torre de tribunales para presentarse a su audiencia donde se pretendía poder cerrar el caso del que se les acusa y por el cual estuvieron presos injustamente por 8 meses. Sin embargo, cuando ingresaban a la Torre de Tribunales fueron detenidos Rogelio Velásquez y Saúl Méndez por agentes de la Unidad de Capturas de la división Especializada en investigación Criminal (DEIC) quienes llevaban una orden de aprehensión firmada por el Juez de Primera instancia penal de Sana Eulalia, Huehuetenango, con fecha 30 de mayo acusándolos de aparentemente de un asesinato ocurrido en el año 2011.
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