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| Foto: Marcha Indígena, Campesina y Popular |
Por Andrés Cabanas
La indiferencia de medios de
comunicación y actores político-económicos
ante el asesinato de dos niños en Monte Olivo,
Alta Verapaz, revela la estrecha connivencia
entre poderes empresariales, gobernantes y
mediadores de opinión, tanto nacionales
como internacionales. Al mismo tiempo,
los silencios institucionales alientan
la impunidad y facilitan que hechos similares,
incluso de mayor gravedad, vuelvan a repetirse.
En el análisis de los asesinatos de Monte Olivo
es necesario tener en cuenta al menos
cuatro elementos estructurales,
querebasan una visión local e
individualizada (agresor en estado ebrio quien, de forma casual, comete
un hecho condenable, sin que la empresa y gobernantes
tengan responsabilidades).
El primer elemento contextual ubica los asesinatos como consecuencia de
una permanente y cada vez más agresiva campaña de persecución de las
luchas y de los movimientos en defensa del territorio (en general, de todos
los movimientos sociales), a los que sistemáticamente se acusa de
criminales, terroristas, aliados con actores espurios (narcotráfico y otros),
o se deslegitima al pretender que actúan con desinformación y están
cooptados, manipulados, asesorados y financiados por organizaciones
de fuera (de la capital e internacionales). En el marco de una dictadura
de facto (hipercentralización del poder y gobierno sin apoyo de la ley)
se niegan derechos reconocidos constitucionalmente, entre otros la libertad
de acción (hacer lo que la ley no prohíbe, artículo 5); los derechos de
reunión y manifestación, que no pueden ser restringidos, disminuidos o
coartados (artículo 33); el derecho de asociación (artículo 34); el derecho
de libre emisión del pensamiento (artículo 35); la legitimidad de la resistencia
para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados por
la Constitución (artículo 45); el derecho a la consulta.
Al estar alentada desde el gobierno y las empresas, al ser replicada por
importantes columnistas y medios de comunicación, la campaña genera
un ambiente favorable a la persecución (física) de líderes comunitarios.
Si en algunos momentos de los muy violentos pronunciamientos promovidos
entre otros por la Fundación contra el Terrorismo (nunca rebatidos por
autoridades) nos preguntamos cuándo se pasaría de las declaraciones a
los hechos, la respuesta es que ya estamos en esa fase, y que parecen
no existir límites en la espiral de agresión.
El segundo elemento analiza los asesinatos en el marco de la violencia
estructural utilizada por las empresas para la implantación de su modelo.
Este modelo, construido al margen de las voluntades comunitarias, de su
identidad, historia y cultura, de su comprensión de la naturaleza como ser
vivo y por tanto sujeto (no objeto a explotar), rompe dinámicas históricas
y resquebraja las cohesiones (ya de por sí amenazadas) comunitarias y
territoriales, así como lleva al límite la capacidad de sobrevivencia de la
naturaleza.
A pesar de que empresas y gobierno insisten en que este modelo
supone desarrollo para todos, se convierte en la práctica en impositivo,
excluyente y violento. Al operar en contextos comunitarios muy adversos,
hace imprescindible el uso de la fuerza, al tiempo que utiliza el diálogo de
forma táctica y complementaria.
El Estado neoliberal extractivista, oligarca, racista,
patriarcal y militar, presente en Monte Olivo
Tercer elemento: la democracia guatemalteca (siempre en construcción)
y la lógica de la paz (debilitada-extenuada) se resienten ante el empuje
de las empresas, especialmente desde la llegada al poder de los
operadores del proyecto oligárquico-militarista: el equipo de
Otto Pérez Molina y el Partido Patriota.
Las dinámicas colectivas se pliegan ante la pulsión de intereses
individuales y mercantiles, tanto de empresas extranjeras como de
negocios nacionales o, en la mayoría de los casos, interconectados.
Los derechos individuales, sobre todo la propiedad privada y la libre
locomoción (en general todos los derechos y leyes favorables a la
inversión privada inconsulta) dominan sobre los derechos sociales y
colectivos.
Sobre este esquema neoliberal extractivista se superponen en
Monte Olivo (y en la mayoría de los conflictos alrededor de empresas
extractivas) las agendas oligarca y racista con sus correspondientes
Estados (Estado neoliberal extractivista, Estado oligarca y Estado
racista, siguiendo al intelectual ecuatoriano Alberto Acosta).
El Estado neoliberal promueve la mercantilización incondicional de los
territorios. El Estado oligarca considera Guatemala su finca, por lo que
no necesita disponer de permisos para actuar en ella. El Estado
racista acepta, asume y relativiza la agresión sobre poblaciones
indígenas (a las que apenas se otorga actoría social y política).
Añadimos que el Estado patriarcal legitima las violencias sobre
los cuerpos de las personas (como instrumento de dominación) y,
en la Guatemala de hoy, se fortalece el componente militarista como
medio y como espacio de acumulación y poder en sí mismo.
¿Y la indignación?
En este clima de mercantilización versus derechos sociales y de los
pueblos no tiene cabida la indignación colectiva. “La lógica de mercado
y la política extractivista que se aplica en Guatemala, llevan implícita
la naturalización de una cultura de muerte. Como sociedad estamos
insensibles ante los asesinatos de Hageo Isaac de 13 años y
David Estuardo de 1 años”, afirma la escritora feminista Paula Irene del Cid Vargas.
Se pregunta el periodista y escritor Miguel Ángel Sandoval: “la muerte
por asesinato de dos niños de la comunidad Monte Olivo, hijos
de un líder comunitario, debería ser motivo para un duelo nacional.
Pero también, para ver con lupa el trabajo de las empresas privadas
de seguridad en los llamados mega-proyectos. ¿Es el reino de la
impunidad tolerado?”
Aparente contradicción: el Estado que busca homogeneizarnos, que
nos recuerda que todas y todos somos guatemaltecos y nos cobija
bajo una misma bandera, se olvida en Monte Olivo de plegar esta
bandera en señal de duelo, como mínimo gesto simbólico.
Lo visible es la indiferencia institucional y de todos los actores de poder.
Sin esperar otras respuestas oficiales, el reto debe ser la deducción
de responsabilidades en los asesinatos, las materiales
y las estructurales-intelectuales, independientemente de si se puede
demostrar o no que la empresa dio la orden de disparar. Sobre esta
cadena de responsabilidades (unas directas, otras indirectas, unas
presentes en el momento de los hechos, otras latentes) debe ejercerse
el seguimiento político y jurídico a los asesinatos de Monte Olivo,
al tiempo que se fortalece la solidaridad entre personas y comunidades,
la exigencia de justicia y la solicitud de resarcimiento a las familias afectadas.
Además, es fundamental convertir el dolor y la indignación en
“unidad de las luchas”, como propone el dirigente q´eqchi´Melvin Picón,
lo que implica la incorporación de ciudadanía pasiva sin derechos a los
procesos de concientización y movilización.
La lectura final (cuarto elemento) de lo sucedido en Monte Olivo debe
tomar en cuenta la extrema polarización social (manifestada también en el
ejercicio de la justicia por mano propia contra el agresor). La polarización
deriva de la ofensiva económica violenta de las empresas (falsamente
denominada desarrollo y apoyada en los poderes del estado), que no
guarda relación con los intereses y demandas de las comunidades.
La reconstrucción, construcción y fortalecimiento de articulaciones
entre organizaciones, comunidades, pueblos y personas en lo individual,
alrededor de la defensa del territorio, la naturaleza y las personas; la
defensa en definitiva de la vida contra todas las formas de violencia
y agresiones (sobre la tierra, los cuerpos, la cultura, la memoria, la historia…)
es la garantía para detener esta ofensiva depredadora y evitar que la
conflictividad –y la historia- se desborden de nuevo.
Nota
El título del articulo se inspira en el documental Todo el dolor de Monte Olivo,
elaborado por Marcha Indigena, Campesina y Popular.
Relato del asesinato
El día 14 de agosto tres personas particulares, identificándose como supuestos
Policías, llegan al local donde trabaja el líder comunitario David Chen,
indicándole que tienen que capturarlo para presentarlo en el juzgado de Cobán.
Sin embargo, al requerirles la orden judicial, no la muestran e ingresan a la fuerza
al local para someter al líder comunitario y llevárselo secuestrado. Por la intervención
de líderes que en ese momento se percatan de la presencia de dichas personas no logran
su cometido y huyen del lugar.
El viernes 23 de agosto el señor Guillermo Pacay Bol llega a la casa de habitación
del líder comunitario David Chen preguntando por él. Al darse cuenta que no se
encuentra, intimida al padre y hermano de David Chen con el arma de fuego, luego
acciona el arma y en ese momento causa heridas de gravedad a los niños Hageo
Isaac Maas Guitz quien sufre una herida de bala en la tráquea y al niño
David Estuardo Pacay Maas herido en el cráneo, en estado grave, es
trasladado a la capital al hospital San Juan de Dios. Fallecen los días 27 y 26 de
agosto, respectivamente.
Texto completo: http://es.scribd.com/doc/163776547/Historia-Monte-Olivo
Referencias
Todo el dolor de Monte Olivo: http://www.youtube.com/watch?v=aS0depYI7oc
Historia de Monte Olivo, elaborada por organizaciones sociales:
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej:
Marcha Indígena Campesina y Popular:
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