Con fotografía de: Jhonathan F. Gómez.
e información de: cpo.comunicacion
Ayer
varios cientos de personas se dieron cita en Salcaja, Quetzaltenango
para denunciar la actual iniciativa de moratoria que el gobierno
Patriota falsamente ofrece a las comunidades en medio de una creciente
resistencia.
Los
manifestantes denunciaron, que a tras de la supuesta moratoria, esta el
Proyecto de Electrificación Territorial -PET- que tiene como objetivo
interconectar a los grandes proyectos que actualmente operan en el país.
El comunicado circulado ayer manifiesta:
La empresa responsable de construir la primera licitación del PET
(PET-1-2009) es la Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A.
(TRECSA), subsidiaria de la Empresa de Energía de Bogotá (95.23%) y de
Edemtec, S.A con una participación del 4.77% de las acciones al 31 de
diciembre de 2012.
la Mina Marlin de
Montana Exploradora, S.A., subsidiaria de la corporación transnacional
canadiense GoldCorp, Inc, fue la tercera industria con mayor demanda
firme proyectada para el año 2012 con 16,113 KW de consumo de
electricidad. Es decir, casi 5 veces más que la demanda firme
proyectada por la Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos, para el
mismo año (3,777 KW).
Que los intereses depositados en la
expansión de la industria extractiva, manufacturera y de complejos
hoteleros y comerciales que pronostican su apertura a partir del
reordenamiento territorial que se avecina con la construcción de los
Megaproyectos: Corredor Turístico del Caribe (Izabal y Petén), Franja
Transversal del Norte (Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango) y
el Corredor Interoceánico de Guatemala (Izabal, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y
Santa Rosa); contraviene el principio constitucional de buscar siempre
el bienestar de la sociedad.
Por lo tanto, el Consejo del
Pueblo Maya K’ich’e hizo un llamado a las comunidades y pueblos a la
legítima resistencia para proteger y defender derechos
fundamentales como el de la participación, la consulta y consentimiento previo,
libre e informado reconocidos en la Constitución Política de la
República y Convenios internacionales de derechos humanos, ante la
construcción de los anillos eléctricos en nuestros territorios.
Exigen al Gobierno actual sujetar su actuación en ejercicio del poder
público a la Constitución Política de la República de Guatemala,
condición necesaria para restablecer el Estado Constitucional de
Derecho.
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