Las asociaciones de las víctimas viajarán la primera semana de noviembre a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, EE. UU.
Álvaro Montenegro > amontenegro@elperiodico.com.gt
Esta resolución fue vista por Héctor Reyes, abogado de los querellantes, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), como una manera de retrasar el proceso. “Se suma a los fallos que la CC ha emitido para evitar resolver de fondo el tema de la amnistía”, añadió Reyes, quien anunció que en la primera semana de noviembre viajará un grupo de juristas a Washington, EE. UU., para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda que aduce que la anulación de la condena a 80 años de prisión contra Ríos Montt, del 20 de mayo 2013, fue una denegación de justicia a las víctimas ixiles, “parte de la impunidad estructural que impera en el país”.
Entre las pruebas se encuentra el voto razonado emitido por la magistrada de la CC, Gloria Porras, quien argumentó que el recurso de reposición (que fue la base de la anulación de la sentencia) que interpuso el defensor de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, contra el rechazo a la recusación presentada contra la jueza Yassmín Barrios, nunca existió.
Los querellantes buscarán que la Comisión envíe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Costa Rica) una petición para abrir un proceso y así dejar sin vigencia la resolución de la CC, que regresó el juicio al 18 de abril, porque se adujo violación al derecho de defensa cuando se expulsó a García Gudiel, al intentar recusar a Barrios.
García Gudiel restó importancia a la acción anunciada. “Se basan en un voto razonado de la minoría. Tres son superiores a dos. No me voy a fijar en dos que votaron en contra”, declaró.
Otra anomalía que aduce Reyes es que la jueza Carol Flores regresó el proceso al 23 de noviembre de 2011, cuando la orden que tenía era la de incorporar unas pruebas de la defensa durante el juicio.
Denuncian Estrategia
En un video del 19 de marzo, el primer día del juicio, un defensor, Danilo Rodríguez, en un programa de televisión dijo que García Gudiel había asumido la defensa de Ríos Montt para obligar a la jueza Yassmín Barrios (ya que existía enemistad entre ambos) a salirse del caso.
Sobre esto, García Gudiel aseguró que los acusadores debieron haber hecho valer esto durante el debate, y que se hizo cargo del caso porque los defensores anteriores ya estaban muy cansados. Negó que se buscó la anulación desde un principio. También opinó que las dos instituciones realizan estas demandas “para conseguir un cheque de los países nórdicos”.
Los querellantes aducen que los defensores alegaron violaciones al debido proceso, porque la jueza Barrios les había ordenado a los abogados Saúl Calderón y Moisés Galindo aceptar la defensa de Ríos Montt (siendo ellos defensores de José Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia de Ríos Montt, quien fue absuelto) cuando García Gudiel fue expulsado de la Sala. Sin embargo, comentó el abogado querellante Reyes, que el 14 de mayo, nueve defensores (en cuenta Galindo y Calderón) le agradecen a Ríos Montt, en un campo pagado, por permitirles ser sus abogados.
Versión oficial
El secretario de la Paz, Antonio Arenales, opinó que esta demanda no tiene fundamento, ya que la CIDH no tiene jurisdicción sobre los procesos que están por resolverse a lo interno del país.
Según Arenales, la CIDH solo puede conocer los casos cuyos hechos ocurrieron después de 1987, debido a que en ese año se firmó la adhesión. Sin embargo, Reyes aseguró que pueden iniciarse los casos abiertos después de 1987, aunque los crímenes hayan ocurrido antes.
Semana crucial
Según Edgar Pérez, querellante de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), a partir del 4 de abril se iniciaron las presiones para efectuar la anulación. Ese día, fue el peritaje de Marta Casaús, quien vinculó a las elites nacionales en impulsar una cultura y economía racista. Ese mismo día, el testigo Hugo responsabilizó al presidente Otto Pérez por las masacres cometidas en Nebaj; y el 12 de mayo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitó la anulación de la sentencia.
El proceso podría tardar varios años, aseguran las partes, pero lo que deberá determinar la CIDH es si acepta la admisibilidad del caso.
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Los abogados de los querellantes aseguran que no se ha impartido justicia en el caso Ríos Montt.
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Ríos Montt lucía desconcertado luego de que oyó la condena de 80 años de prisión por el delito de genocidio.
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Los magistrados, de la CC han dictado resoluciones que cambiaron el destino del proceso que se sigue contra el ex jefe de Estado.
Comunidad internacional pide agilizar juicio a Ríos Montt
La Federación Interamericana de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, Francia, solicitó a la Unión Europea condicionar los acuerdos a solventarse próximamente con Guatemala, si no se reanuda el juicio contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt. Asimismo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado que consigna: “El Estado de Guatemala debe asegurar que la Ley de Amnistía (Decreto 8-86) no represente un obstáculo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos”.
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Familiares de las víctimas claman por justicia.
Artículos
8 y 25
De la Convención Americana de Derechos Humanos son los que aducen los querellantes que se violaron.
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