Apelarán resolución que beneficia a Ríos Montt La Sala Primera de Apelaciones rechazó dos amparos que buscaban que se reiniciara el juicio en 2015.

"Esto sucede como una amnistía de facto, porque no les ha resultado la amnistía sobre los hechos del conflicto”.

Edgar Pérez, abogado de AJR.

80

Años fue la condena anulada en contra de Efraín Ríos Montt. 

Álvaro Montenegro > amontenegro@elperiodico.com.gt

Edgar Pérez, abogado querellante de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), anunció que mañana presentará una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de la decisión de la Sala Primera de Apelaciones, que confirma el regreso del proceso en contra del exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, al 23 de noviembre de 2011. 

“Esto sucede como una amnistía de facto, porque no les ha resultado la amnistía sobre los hechos del conflicto”, declaró Pérez, quien agrega que estos casos se dificultan porque después de los conflictos armados, en todos los países, los que participaron en los gobiernos todavía mantienen su poder político. 

Franc Martínez, magistrado presidente de la Sala Primera de Apelaciones, opinó que “no cabía amparo sobre amparo” y por lo tanto, queda en vigencia la decisión del 18 de abril de 2013 de la jueza de Mayor Riesgo A, Carol Patricia Flores, donde regresó el caso a 2011, a la fecha que fue separada del proceso a petición de los querellantes. 

El abogado de Ríos Montt, Moisés Galindo, se sintió complacido por la decisión de la Sala de Apelaciones, ya que al regresar el caso a esta fecha, Ríos Montt queda libre porque en ese momento aún no había sido ligado a proceso.

Con la resolución de la Sala Primera, se termina la duda sobre en qué fase procesal se encuentra el caso, indicó Galindo. 

El Tribunal de Mayor Riesgo B había fijado el 15 de enero de 2015 como fecha para la reanudación del juicio contra Ríos Montt y el exjefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, el cual fue anulado por la CC el 10 de mayo del año pasado. 

En ese juicio, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y deberes contra la humanidad, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto de las acusaciones. La fiscalía y los querellantes los acusaban de haber planeado un exterminio de la población ixil durante el gobierno de Ríos Montt, de marzo de 1982 a agosto de 1983. 

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