Publicado por mujeresixchel
Cristina Chiquin
Las comunidades en resistencia de San
Juan Sacatepéquez, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, San Rafael
Las Flores y Mataquescuintla, el Parlamento Xinca, Comunidades de Monte
Olivo, La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waquib´Kej y la
Marcha indígena Campesina y Popular denunciaron la represión y
criminalización de las que son objeto por parte del actual gobierno
presidido por Otto Pérez Molina para defender intereses económicos y
sociales de la oligarquía y empresas trasnacionales.
Durante esta gestión de gobierno se ha
incrementado la violencia con hechos de terror, represión y
criminalización contra las comunidades que se mantienen en resistencia
contra megaproyectos como la minería, hidroeléctricas y cementera. A
menos de dos años de gobierno que quedan, la amenaza crece para las
comunidades, ya que el proyecto político , económico y social de las
empresas sigue avanzando.
Las comunidades y las organizaciones
denuncian que la violencia que ejerce el Estado contra el pueblo es
comparada con la violencia ejercida durante la guerra. La lucha por el
territorio y la vida se está llevando a cabo en todo el país, y las
formas de represión son las mismas: acciones de violencia directa como
asesinatos contra líderes y lideresas comunitarias, amenazas,
intimidaciones y persecución. Parte de la estrategia del Estado es la
criminalización de la lucha al imponer estados de sitio, persecuciones
jurídicas y detenciones ilegales y también el uso de los medios de
comunicación y la deslegitimación de la lucha a través de la difamación
de las luchas sociales y de representantes de organizaciones sociales.
Según los datos ofrecidos por la Unidad
de defensores de derechos humanos UDEFEGUA, en el año 2011 hubieron 480
ataques contra defensores de derechos humanos; mientras en 2013 fueron
alrededor de 600 ataques en su mayoría contra defensores que están
luchando por el territorio.
La resistencia de las comunidades:
- Flores en resistencia
Las 12 Comunidades de San Juan
Sacatepéquez denunciaron las agresiones sufridas durante su lucha que
inicio en el año 2006 contra la instalación de la empresa Cementos
Progreso. Las agresiones que han vivido las comunidades van desde la
persecución judicial y las amenazas hasta el asesinato y la expropiación
de tierra.
La empresa pretende construir una
carretera denominada Anillo Regional, en el territorio de las
comunidades, que tiene como objetivo servir exclusivamente a la empresa
cementera. Ante esto, las comunidades han solicitado una consulta libre e
informada al Ministerio de Comunicaciones y piden al Ministerio de
Ambiente información sobre el impacto ambiental que la carretera va
ocasionar.
“Nosotros estamos luchando
por nuestra madre Tierra pero también estamos luchando en contra de la
implementación de una extensión de carretera denominada anillo
regional, la cual como consecuencia tiene la expropiación de nuestro
territorio, de las parcelas pequeñas de las y los habitantes de las 12
comunidades”
El 22 de Mayo del 2013 el Presidente
Otto Pérez Molina, los Ministros de Gobernación y Comunicaciones, junto
con la empresa Cementos progreso inauguraron el proyecto en el km38.05
de la carretera interamericana. Este proyecto afecta los terrenos de
las y los habitantes de las 12 comunidades por lo cual rechazan su
instalación ante esto la represión es cada vez más fuerte.
“No es que nosotros no
querríamos un desarrollo, estamos a favor de un desarrollo pero que
esté acorde a nuestras costumbres a nuestras comunidades, un desarrollo
que nos lleve a vivir libremente y en armonía con la naturaleza, más no
un desarrollo como el que ellos están ofreciendo que es la destrucción
del territorio y la madre naturaleza”
Ante la lucha de las comunidades ha sido
a favor de su territorio, se han encontrado con el desconocimiento de
sus derechos por parte del Gobierno y con la violencia ejercida por las
empresas a través del Estado
“Ante esta resistencia
estamos viviendo una represión muy fuerte, lo cual representa para
nosotros criminalización, persecución, también ordenes de captura y
diferentes tipos de violaciones a nuestros derechos, tanto individuales
como colectivos… El pasado fin de semana hubieron hecho violentos en una
comunidad, donde fue asesinada una persona de la que se sospecha fue
por personas que laboran con la cementera.”
Por otra parte, se denunciaba la
persecución de las y los lideres, de comunidades como cruz Blanca, lo
que ha hecho que no puedan vivir en sus comunidades tratando de
resguardar su integridad física de sí mismos y de su familia.
“Tenemos una fuerte
preocupación ante la persecución, ya que no es únicamente a los lideres,
sino que a todas y todos los voceros de las 12 Comunidades. Por
ejemplo, el día lunes 7 de abril se presentaron un contingente de
soldados que supuestamente iban a resguardar las comunidades, sin
embargo en horas de la tarde se retiraron. Estamos hablando de soldados y
con esto vemos nuevamente la militarización, y esto es una fuerte
preocupación para nosotros porque sabemos que estamos perseguidos por el
Estado y ver a soldados en nuestro territorio representa para nosotros
nuevamente la persecución”
Según la vocera de las 12 Comunidades,
la represión ha aumentado por la necesidad de la empresa del uso de este
nuevo proyecto vial, ya que esta necesita la carretera para poder
realizar todas sus operaciones.
- La Resistencia Pacífica “La Puya”
Las comunidades de San José el Golfo y
San Pedro Ayampuc llevan dos años de Resistencia Racífica “La Puya”
contra el proyecto minero “El Tambor Progreso VII Derivada” que es
propiedad de la empresa Radius Gold y Kappes Kassiday & Asociates
-KCA- con la subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala S.A
EXMINGUA. Durante su lucha las mujeres y hombres que resisten ante este
proyecto se han tenido que enfrentar a las amenazas, intimidaciones,
persecuciones jurídicas, atentados contra su vida, y con personas que
han sido contratadas por la empresa –conocidos como “los mineros”- y que
en varias ocasiones han intentado romper con la resistencia.
El pasado 9 de abril nuevamente la
empresa intentó romper la Resistencia al querer ingresar maquinaria bajo
la protección de la Policía Nacional Civil. A pesar de que las
autoridades negaron tener alguna orden de desalojo contra la gente, la
actuación de la policía Nacional Civil -en especial de mujeres fue
una forma de intimidación y de provocación a la Resistencia. Julio
Alvarado denunciaba
“Nosotros denunciamos hoy al
gobierno porque con él y con el Sistema Nacional de Dialogo hemos
tenido platicas y les habíamos exigido que cumpliera en que no hubieran
más incursiones policiales, cosa que volvió a pasar el pasado miércoles 9
de abril cuando nuevamente se volvió a mandar un contingente de policía
alrededor de 300 policías a la resistencia “
La resistencia Pacífica de la Puya
denuncia que a pesar de estar en platicas con el sistema Nacional de
dialogo, el gobierno está defendiendo la seguridad y los intereses de la
empresa y no los derechos de la gente. La Resistencia se caracteriza
sobre todo por la permanencia y lucha de las mujeres, que son las que en
diversas ocasiones han puesto su cuerpo y su vida delante de las
agresiones o de las intimidaciones de la empresa.
- Mataquescuintla: la minera cobra vidas
La lucha contra la minería ha cobrado en
el país muchas vidas y esto es lo que denunciaron las comunidades de
Mataquescuintla, quienes se ven afectados por la Mina San Rafael de la
empresa canadiense Tahoe Resources, proyecto minero “El Escobal”.
Al igual que en los otros casos, las
comunidades han sufrido criminalización, persecución y amenazas contra
su vida. La amenaza más grande es la instalación minera que se ha
impuesto a pesar del rechazo de la población, manifestado en la consulta
realizada el 11 de noviembre del 2012.
Mediante un estado de sitio, como en
el caso de Barillas (Huehuetenango), el gobierno mostró cómo se plegaba
a los intereses empresariales. En este caso no se logró mantener el
estado de sitio al no haber pasado en el congreso de la República.
Armando González, comunitario comenta sobre la lucha que llevan:
“Estamos llevando una lucha
en contra de la actividad minera porque nos vemos afectados, vemos la
escasez de agua, los bosques, nos provocan que hayan enfermedades.
Estamos a escasos tres kilómetros de donde está la mina San Rafael, la
lucha es por eso”
Los últimos sucesos denunciados son el asesinato de Topacio Reynoso de 16 años, joven que luchaba por la vida, coordinaba la Red de Jóvenes contra la Minería y Alex Reynoso,
padre de la joven y líder comunitario, que se encuentra gravemente
herido tras el ataque con arma de fuego que sufrieron ambos al salir de
su vivienda en Mataquescuintla (Jalapa) el día 13 de abril.
Ante estos hechos ,se pide que se
aclare el crimen y que se pueda hacer justicia, y se denuncia los
constantes ataques que la población ha sufrido a manos de la empresa
minera. En el pasado, el señor Alberto Rotonda ordenó que hirieran a 11
comunitarios pertenecientes a la resistencia.
Roberto González Ucelo , presidente del
Parlamento pueblo Xinca y presidente de la comunidad indígena Santa
María Xalapan en Jalapa, también denunció la criminalización de la cual
han sido objeto por parte del gobierno y de la empresa minera de San
Rafael.
“La criminalización, cuando
quisieron imponer el estado de sitio y que no fue legal porque no lo
aprobó el congreso, fuimos perseguidos, encarcelados varios compañeros
Xincas, con órdenes de captura. Yo pasé siete meses con orden de
captura, al final no fue probado nada de los delitos que me acusaban.
Abiertamente lo dijo el Ministro de Gobernación: que Roberto González
Úcelo era terrorista, era sicario, narcotraficante, y al final a los
siete meses en audiencia me presenté y no tenían ninguna prueba y de eso
salí libre por falta de mérito”
El aumento de la represión y la criminalización es debido a la ambición desmedida del gobierno y de las empresas.
“Cada día se siente más la
represión, porque cada día hay muertos. Pusieron tres destacamentos en
el oriente y cuando más hay presencia militar es cuando más problemas
tenemos: no sólo nos intimidan si no que hay más robo, más asesinato.
Entonces ¿de qué nos sirve tener el ejercito si la gente sigue
muriendo?…si los asesinatos están aumentando ¿cuál es el sentido de
tener al ejército?”
El 23 de abril, el Parlamento Xinca
tendrá una mesa de diálogo en Jalapa, en donde se va pedir al Ministro
de Gobernación Mauricio López Bonilla que retire el ejército, y que
quite el destacamento ya que la gente rechaza su presencia.
Por otro lado la comunidad Nueve de
Febrero, Monte Olivo (Cobán) , denunció que el 8 de abril fueron
atacados líderes comunitarios por parte del finquero Sandino Ponce y sus
guardaespaldas, quienes hirieron a 5 comunitarios, un niño y una mujer
en estado de gestación. La agresión se debe a la oposición y resistencia
a la instalación de una hidroeléctrica por parte de Hidro Santa Rita.
El Comité de Unidad Campesina CUC
también denunció que entre el año 2000 y el año 2014, 44 personas de sus
estructuras y miembros base han sido asesinadas. También denunció la
criminalización y la persecución judicial de su coordinador Daniel
Pascual.
La resistencia y la represión
La lucha y la resistencia son
constantes, y los pueblos se enfrentan a la represión, criminalización y
el uso de la difamación y calumnias, que incrementan el racismo, la
polarización y el terror. El incremento de la represión va de la mano
del avance de la implementación de los proyectos extractivos.Yuri Melini, de CALAS lo ve así:
“El tema de fondo es que en
la medida en la cual las poblaciones se hacen actores y propietarios de
su destino y ejercen sus derechos y ejercen políticamente, el orden
establecido, las élites, los empresarios, las trasnacionales, los
políticos oportunistas se ven amenazados y como consecuencia de eso hay
más organización y más participación. La población se ve en una posición
emancipadora, y cuando los pueblos -Mayas, Xincas- empiezan a exigir
sus derechos, la reacción de quienes ostentan el poder es agredir,
criminalizar , denigrar, y hacer resurgir brotes de violencia que
generen temor para que la población no participe”
A esta lucha se le suma la demanda
agraria y la regulación de tierras. Esta problemática sigue desatendida y
incrementa la problemática cuando el Estado favorece a las empresas
trasnacionales y oligarcas y no a las demandas de la población. No sólo
es la minería, también la implementación de monocultivos como la palma
africana, la caña, son parte de las amenaza y vulnera los derechos
humanos. Leocadio Juracan del Comité Campesino del Altiplano CCDA
comentaba
“Es necesario que el Estado
revise y reoriente el modelo de desarrollo que está tratando de
respaldar un modelo de desarrollo que busca criminalizar, reprimir y
sobre todo genera violencia y dolor, en las comunidades”
El despojo ha sido una constante en la
historia del país, el modelo de desarrollo de quienes ostentan el poder
se ha mantenido mediante la explotación de la población.
“Nos parece que la población
indígena y campesina ha sido despojada de sus tierras y se ha sometido a
la esclavitud y entonces el Estado, los empresarios y las
transnacionales pretenden mantener ese estatus quo, para que la
población siga siendo explotada y generar riqueza solo para un reducido
grupo. Esto es lo que ha ocasionado tanta violencia, porque reprimiendo
a la población que está defendiendo su territorio pretenden quedarse
con sus tierras y los bienes naturales”
Sin embargo, la resistencia de las
comunidades y del pueblo se mantiene firme y ante la represión se busca
mantener mayor organización y de esta manera denunciar lo que sucede en
el país. La defensa de la vida, del agua, de la tierra será una
constante hasta que no prevalezcan los derechos de los pueblos y hasta
que el proyecto político, económico y social tenga como base fundamental
las necesidades del pueblo y no de la oligarquía trasnacional y
nacional.
http://comunitariapress.wordpress.com/2014/04/16/la-resistencia-por-la-vida-y-el-terror-de-estado/
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