Han transcurrido 30 años de vivir bajo un débil e incompleto régimen democrático. Este sistema político generó grandes expectativas en todos los habitantes, que se pueden resumir en la idea de eliminar las exclusiones y los privilegios, idea que fue refrendada luego con la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el Estado democrático que supone el ejercicio de la soberanía popular y mayoritaria no se ha logrado construir en Guatemala. Lo que se alcanzó es un Estado que ignora a las mayorías, sujeto al control de elites o minorías económicas o corporativas, y que está inmerso en una espiral de deterioro ante la corrupción y la incapacidad para gobernar.
Es cierto que hemos dejado atrás las cruentas dictaduras militares y su cauda trágica de irreparables pérdidas humanas, pero hoy, frente a nosotros, fuerzas regresivas se han ido fortaleciendo y somos testigos de la falta de dirección y del rumbo incierto de los tres poderes del Estado guatemalteco. Frente a nuestros ojos pareciera estarse desvaneciendo la posibilidad del cambio social. Ello genera un pesimismo y una desesperanza que paraliza. Pero esto no puede seguir así. Queremos que nuestro país salga de este caos.
La democracia guatemalteca se desfigura con el retorno de rasgos autoritarios que amenazan la legitimidad del proceso electoral, como lo representa la grave violación de la Ley Electoral resultante de la campaña electoral anticipada, y que tuvo su máximo agravio por parte del partido oficial al anunciar a su candidato presidencial. La política partidista no evoluciona hacia formas que fortalezcan la democratización, y adopta formas populistas y demagógicas faltas de propuestas sustanciales, que se prestan a manipular a la población desinformada. Los partidos políticos se han prestado a ser el vehículo para deteriorar la ya débil institucionalidad del Estado, dependiendo claramente de financiamientos oscuros u opacos, debilitadores del sistema político crecientemente en lo local, y tradicionalmente en lo nacional.
La debilidad estatal es mayor ante el aumento del desorden en la gestión del Ejecutivo, y se materializa en el desgobierno y el aumento de la ilegalidad en los asuntos públicos más comunes. También es evidente la resistencia de grupos privilegiados para impedir que el Estado obtenga los recursos necesarios para cumplir una mínima agenda nacional que erradique la vergonzosa inequidad y la pobreza extrema que nos ata más a la colonia que a la democracia. No olvidemos que los recursos más importantes, pero además el acceso al poder, están fuertemente concentrados en pocas manos. La sociedad no está suficientemente organizada y las grandes mayorías están excluidas de la toma de decisiones en provecho de mejorar su calidad de vida. Los privilegios, a los que se suman los altos niveles de evasión y elusión de impuestos, aunados a la corrupción y la puesta en marcha de políticas públicas poco efectivas para impulsar el desarrollo económico y social, están hipotecando cada vez más el futuro de todos.
El uso de métodos represivos para frenar demandas colectivas por deudas sociales históricas refuerza lo anterior. El Estado ha allanado el camino a inversiones ampliamente cuestionadas por el daño ambiental que producen, y que se planifican y ejecutan sin consultar a las comunidades donde se llevan a cabo estos proyectos. Nos golpea una imparable violencia social y política dirigida contra quienes defienden los derechos humanos y se manifiestan abiertamente; a veces velada y en ocasiones abierta, muchas veces fraguada con el acuerdo de sectores del Gobierno que privilegian intereses particulares sobre el interés público. Esto permite que entren en escena miembros del mundo civil y militar que favorecen el ejercicio violento del poder para mantenerse en él.
La persistencia de grandes rezagos sociales y económicos, a costa del bienestar de la mayoría de la población, es parte de este panorama. ¡Casi un millón de niños y adolescentes no están inscritos en el sistema educativo, que además de baja cobertura ofrece mala calidad y poca pertinencia cultural! El trabajo infantil se incrementa cada año, y uno de cada dos niños guatemaltecos padece desnutrición crónica. Con un primer nivel de atención de la salud con capacidad para atender a la población que Guatemala tenía en 1950, el acceso a la salud es posible solo para algunos, en las cabeceras departamentales. Accidentes graves y enfermedades crónicas o degenerativas se pueden atender solo en la capital. En Guatemala mueren más mujeres por razones del embarazo que en cualquier país de América Latina, y cuatro de cada diez han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Los jóvenes son víctimas de una de las tasas de homicidio más altas del mundo.
Mientras uno de cada dos guatemaltecos vive en condiciones de pobreza, siete de cada diez trabajadores laboran en el sector informal, sin prestaciones ni contratos. La matriz productiva ha cambiado paulatinamente pero aún hay condiciones coloniales que sostienen a la economía, y la mayoría de indígenas vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La mayoría de mujeres, niños, ancianos y hombres indígenas cargan con las desigualdades que les impone el racismo estructural, la discriminación étnica y de género. Ante ese panorama, no extraña que la principal exportación del país sea la mano de obra de personas que arriesgan sus vidas por conseguir mejores oportunidades en el norte. Uno de cada diez guatemaltecos ha salido del país. Las causas de estas salidas son la pobreza, la violencia creciente y la oferta de un mundo interconectado que muestra un sistema económico global que les está vedado a los pobres.
A la inoperancia del poder Ejecutivo para enfrentar estos problemas hay que agregar la del poder Legislativo. El Congreso hoy combina incapacidad técnica y política, junto con la ausencia de principios ideológicos y éticos. Este espacio, tan necesario en las democracias para debatir, defender y construir ideas, se ha convertido en una instancia para defender negocios y empresas privadas y para buscar cargos públicos. La corrupción en este Organismo se manifiesta en la aprobación de leyes que promueven los intereses de elites y que se diseñan y negocian a la medida del mejor postor. Refleja la absoluta incapacidad en legislar a favor de la mayoría de la población. El Congreso no cumple su función de representar al pueblo.
A ello se suma un sistema judicial y de fiscalización amenazado por un proceso de selección de jueces que se ha vuelto rehén de las elites económicas tradicionales y emergentes y de las camarillas políticas, todos con la ambición de garantizarse tanto privilegios especiales como la impunidad. Esta realidad está muy distante del principio de independencia judicial y de criterios que respeten y legitimen la carrera judicial. A pesar de contar con algunos avances desde hace algunas décadas, el Organismo Judicial queda aún lejano de la gente, y es incapaz de articularse con otros conocimientos consuetudinarios o no occidentales para impartir la justicia.
Ante la erosión de las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales la Corte de Constitucionalidad ha invadido espacios legales que corresponden a otras jurisdicciones del sistema y, al judicializar las decisiones políticas, ha favorecido la confrontación al cerrar la posibilidad de encontrar soluciones intermedias basadas en procesos de negociación. Es un pequeño grupo de personas que ostenta un poder superior al de las propias leyes que tienen como mandato garantizar. Responde a una visión de Estado al servicio de las elites, y no al Estado democrático que los guatemaltecos creímos fundar luego del cruento conflicto armado interno que cobró ya demasiadas víctimas y dejó múltiples heridas en el tejido social y político.
Un Estado que responda a la Mayoría Alternativa
A pesar del actual descalabro, aún contamos con grupos humanos con ética y principios morales que impulsan acciones para la cimentación de un Estado democrático, republicano y plural. Los pueblos y sus organizaciones sociales, los movimientos populares y comunitarios que con gran desventaja y sometidos a una permanente represión y criminalización hoy defienden sus derechos, son parte orgánica del caudal de dignidad con el que Guatemala aún cuenta.
Este es un país de gente vibrante. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, ancianos; campesinos, profesionales, pequeños productores, comerciantes, empresarios, artesanos y un sinfín de trabajadores del sector formal e informal también se encuentran cansados de la debacle del país y son potencialmente una fuerza transformadora. Todos ellos son parte de la Mayoría Alternativa. Alternativa al poder tradicional. Es una mayoría que aglutina a hombres y mujeres de todas las edades, de distintas procedencias, que han sufrido exclusión de uno y otro tipo, o que la comprenden y la quieren eliminar.
¡Otra Guatemala es posible! La Mayoría Alternativa constituye una gran fuerza potenciadora de un cambio radical para nuestras sociedades, para la transformación del Estado hacia uno democrático y plural, que ponga a las personas –y al combate a sus principales preocupaciones– por encima de intereses económicos. Debe estar sujeto al imperio del derecho pero sin que este sirva para justificar un régimen legal que proteja los intereses de las elites que han saqueado al país.
Es posible construir un Estado democrático con equidad, al tiempo en que se transforma la producción y se fortalece lo público como garantía del desarrollo y de la universalidad de los derechos. Un Estado que asegure el ejercicio de la soberanía popular como contrapeso a la capacidad de veto a las elites económicas tradicionales o emergentes asociadas a la corrupción o al crimen organizado. Un Estado donde todos puedan ejercer una verdadera ciudadanía política y social.
Necesitamos que el Estado democrático sea también plural, que a la vez reconozca la diversidad inherente a nuestra historia, pueblos y territorios, y que comprenda lo que implica respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el Estado plural, los pueblos indígenas deben estar representados junto a los pueblos ladinos y mestizos. Debiera también asegurarse el pluralismo jurídico, que refleje la multiculturalidad, el derecho consuetudinario, la propiedad colectiva y asegure la educación bilingüe.
Este esfuerzo requiere de convergencias en torno a problemas puntales y locales, pero su fuerza debe potenciarse también en convergencias mayores a nivel nacional. Insistimos en que las organizaciones sociales y comunitarias son el origen del cambio que los partidos políticos no han sido capaces de impulsar a pesar la millonaria inversión en reformas y actualización que han recibido desde la firma de los Acuerdos de Paz.
No estamos proclamando la enemistad de lo social con lo político. Solo señalamos la fuerza irreversible que tendría la unidad de las organizaciones sociales y de otros grupos que se quieran sumar. Para esto, es básico que converjan las propuestas que se articulen en lo local y sectorial; solo así se podrá tener una incidencia nacional y convertirse en un movimiento político capaz de aliarse con nuevos partidos políticos e impulsar una refundación del Estado guatemalteco.
Como Semilla somos parte responsable de una mayoría democrática que surge
Advertimos que los grupos sociales que forman esta sociedad estamos hartos de tanto engaño oficial, tanta incapacidad funcionaria y de los excesos de corrupción pública por todos lados. Estamos en los límites de la tolerancia de un régimen que naufraga; el descontento aún no toma forma porque para ello es preciso organizarse. Hay que continuar organizándose en todos los sitios donde haya descontento El análisis que nos hace actuar se apoya en la realidad de un régimen político que se frustra cotidianamente, con problemas e incapacidades que tienen muchos años. De pronto, pareciera no haber solución y pareciera solo quedar la queja. Pero no es así. Como mujeres y hombres que reflejamos la heterogeneidad nacional sabemos que este régimen, como los que lo precedieron, es frágil en la medida que como oposición nos organicemos y nos unamos.
Como un grupo plural buscamos sumar nuestros esfuerzos a los que se realizan en otras partes, para ir estableciendo las bases de una Mayoría Alternativa en donde haya espacio para todos los sectores democráticos que de buena fe y sin esperar retribución alguna luchamos por una agenda de cambios dirigida a lograr un progreso real sin exclusiones. Llamamos a todos a organizarse, que haya iniciativas por todos lados, que se multipliquen las organizaciones. Existen numerosas voluntades y expresiones agrupándose por mejorar y cambiar nuestras vidas, nuestro futuro y el de nuestras hijas e hijos. Somos parte de esa mayoría, aún no evidente pero cada vez más vibrante e inquieta.
En el Grupo Semilla nos convoca el sueño, la convicción y la obligación de contribuir a la creación de una fuerza social que equilibre y se incline por la expresión democrática que privilegie a las mayorías sobre el poder de las minorías. Por ello hacemos un llamado a otras fuerzas que con objetivos similares se han reunido ya, para abonar a la refundación del Estado, para cambiar radicalmente los pactos sobre los que estará fundada nuestra democracia.
Para que articulemos nuestras voces y nos apoyemos en la fuerza colectiva de nuestros ideales, empecemos a caminar. Esta es una proclama que denuncia para actuar: una alegría recorre nuestro ánimo y la convicción de que juntos lo haremos mejor, mujeres y hombres, ladinos e indígenas, trabajadores, profesionales, campesinos, empresarios y estudiantes. Estamos asumiendo un compromiso de tan largo plazo como sea necesario.
A pesar de la aguda crisis nacional asumimos este momento propositivamente y con optimismo, y si bien pareciera que estamos arrinconados en un callejón, estamos convencidos de que este tiene salida. Apostamos a la lucha por construir la democracia alrededor de la unidad de los diversos sectores sociales. Apostamos al estudio serio que utilizaremos como instrumento para transformar nuestro país y ponerlo al servicio del bien común. Hay mucho por hacer, y hemos empezado.
Guatemala, 30 de septiembre de 2014
Grupo Semilla:
Bernardo Arévalo de León
Alejandro Balsells Conde
Verónica Barillas
Elena Díez
Julio Donis
Juan Alberto Fuentes Knight
Anabella Giracca
Carlos Mendoza
Jonathan Menkos
Javier Monterroso Castillo
Ricardo Sáenz de Tejada
Karin Slowing Umaña
Gerson Sotomayor
Edelberto Torres-Rivas
Fernando Valdez
Irma Velásquez N.
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