Documental realizado por Rosanda Pacay
Esta es una de las historias de todas las víctimas de la Masacre del 2 de diciembre de 1990.
José y Francisco de 16 y 14 años presenciaron el acto inhumano; 20 años después descubren que uno le salvó la vida del otro.
Caso
ilustrativo No. 6 ( CEH, Guatemala memoria del silencio.)
Masacre de
Santiago Atitlán
“Ese día
fue de gozo, de gozo hasta llorar. Todas las iglesias se unieron, nos unimos
como hermanos mayas. No hubo diferencias, todos nos unimos sin hacer reclamos.
Fue algo maravilloso. Todos lloramos por el acuerdo de la retirada del
Ejército”.
I.
ANTECEDENTES
Santiago
Atitlán, formado por tres aldeas y dos cantones rurales, es uno de los 19
municipios del departamento de Sololá. La mayoría de la población es maya
tz’utujil y conserva un fuerte sentimiento comunitario, así como una profunda
tradición espiritual.
En otro
tiempo los alguaciles, vinculados a las cofradías, realizaban rondas nocturnas
para velar por la seguridad de los habitantes. Las influencias que ejercieron
factores externos a las comunidades, como la Iglesia Católica a través de los
catequistas y el Ejército, por mediación de los comisionados militares y las
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), incidieron para que poco a poco los
alguaciles perdieran su autoridad.
Santiago
Atitlán tiene antecedentes de organización social y política. En los años
setenta se puede mencionar la Asociación de Estudiantes Indígenas Santiago
Atitlán (ADEISA), que inició campañas de alfabetización y otras actividades
culturales.
Por
influencia de los misioneros de Oklahoma se formaron catequistas que
adquirieron conocimientos sobre la doctrina social de la Iglesia y la Teología
de la Liberación, se organizaron cooperativas de desarrollo agrícola y se
pusieron en marcha proyectos de asistencia a viudas, huérfanos y
discapacitados. Los catequistas administraron la radioemisora La Voz de
Atitlán, que tenía fines pedagógicos y difundía programas de sensibilización
social. En este sentido, se destacan los mensajes que emitía en tz’utujil
Gaspar Culán Yatás, quien más tarde fue desaparecido. Un estudiante de Teología
fue el primero en recibir amenazas por los mensajes que emitía por radio. Los
catequistas, además de realizar su trabajo de concienciación utilizando la
radio, se distribuían en grupos para predicar en todos los cantones y aldeas
del municipio.
En 1976 el
Comité de Unidad Campesina (CUC) realizó tareas de carácter organizativo en la
población, trasmitiendo mensajes con relación a la propiedad de la tierra y
otras reivindicaciones: sus postulados coincidían con las prédicas de los
catequistas.
En 1978
llegó a la zona la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que pronto
estableció redes de apoyo logístico en Santiago Atitlán.
Paralelamente,
en 1978 el Ejército organizó en la región un sistema de colaboradores e
informantes. Se formó un cuerpo de comisionados militares, integrado por un
jefe y dos ayudantes, dependientes de la zona militar de Quiché. Su trabajo
consistía en reclutar jóvenes para que realizarán el servicio militar. Sin
embargo, según un declarante, su labor y actitud cambiaron al cabo del tiempo,
y “se volvieron malos”.
A partir de
1979 los catequistas y líderes comunitarios comenzaron a ser identificados con
la guerrilla; circularon listas con sus nombres y sus vidas fueron amenazadas.
En 1980 el Ejército se estableció de forma permanente en el municipio. Comenzó
a vivirse un clima de temor e inseguridad: “Si hay alguno que camina en las
calles a las siete o a las ocho, pueden agarrarlo y meterlo en el destacamento
del Ejército”. Esta situación motivó dos reacciones diferentes entre la
población. Una parte ella se desplazó a otras regiones, para escapar a la
represión. Otra, a instancia de dirigentes populares, estaba integrada por los
vecinos que habían decidido permanecer en la comunidad y se organizaron porque,
al decir de un poblador, “con la unión nos vamos a defender”. Esta organización
pretendía concienciar de estos valores a la población, al mismo tiempo que
difundían un mensaje religioso.
El 7 de
enero de 1981, en la finca San Isidro Chacayá, del mismo municipio, 22 civiles
fueron torturados y ejecutados arbitrariamente por efectivos del Ejército.
La época de
mayor represión duró hasta 1983, en años posteriores hubo también severas
violaciones de derechos humanos y la población se mantuvo bajo el control del
destacamento militar. Sin embargo, la estrategia militar de organizar a la
población en las PAC no tuvo el éxito esperado. Según un declarante, dicha
organización fracasó “por la reiterada negativa de los atitecos a seguir
instrucciones de los comandantes y comisionados”.
En 1981
cientos de jóvenes se resistieron a prestar el servicio militar y se encerraron
en la iglesia, poniéndose bajo la protección del padre Francisco Stanley
Rother. En esa oportunidad ningún joven fue reclutado. Cuatro días después, el
28 de julio de 1981, el padre Rother fue ejecutado.
Durante los
años ochenta la ORPA realizó actividades políticas, de propaganda y
hostigamientos esporádicos.
En 1985
gana las elecciones municipales un poblador indígena. Por esa época, la
presencia militar, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales de
personas supuestamente vinculadas con la guerrilla continúan. La CEH registró
casos de este tipo hasta 1990.
En relación
a la presencia guerrillera en el área, un testigo relata: “En el mes de
diciembre de 1989 la fuerza operativa del Frente Javier Tambriz desalojó
completamente Santiago Atitlán y el volcán Atitlán y[dejó] el contacto
sistemático con la población, desplazándose, por razones militares, a los
volcanes Acatenango, Fuego y Agua”.
En 1990
tienen presencia en la región la Iglesia Católica y múltiples iglesias
protestantes. Un miembro de la Iglesia Católica comenta: “Teníamos la meta
única de expulsar a los militares de nuestro suelo, con lo que esperábamos
demostrar que ellos eran los causantes de la violencia y las matanzas de
nuestro pueblo … Así, hasta que llegó el 2 de diciembre de 1990 que nos despertamos”.
II. LOS
HECHOS
El 1 de
diciembre de 1990, sobre las seis de la tarde, cuatro militares ingresaron a la
cantina Doña Elba, situada en la calle principal del cantón Xechivoy. Allí
consumieron por espacio de una hora bebidas alcohólicas, para dirigirse después
a la Cevichería Lucky, donde permanecieron alrededor de media hora. Luego,
caminaron por las calles del cantón molestando a la gente que encontraban en su
camino. Más tarde, alrededor de las nueve y media de la noche, regresaron a la cevichería,
que se encontraba cerrada. Golpearon la puerta y exigieron que les abrieran. La
gente que se encontraba en el interior del local se negó a abrirles,
escuchándose a partir de ese momento un fuerte intercambio de palabras y
generalizándose un escándalo en la calle, coronado por disparos al aire
realizados por el teniente José Antonio Ortiz Rodríguez. Al no poder entrar en
el local, los soldados se dirigieron al domicilio de Andrés Sapalú Ajuchán, que
al percibir la presencia de los
militares
comenzó a gritar pidiendo auxilio. Ante el escándalo, uno de los militares
quien estuvo presente en los hechos declara: “La gente se alarmó y salió a la
calle”.Los militares huyeron.
Durante su
huida se cruzaron con varios vecinos. Uno de los militares, el teniente de
infantería José Antonio Ortiz Rodríguez, al verse perseguido, disparó su arma.
Uno de los disparos alcanzó a Diego Ixbalán Reanda, de 19 años, quien sufrió
heridas en la pierna derecha y en la mano izquierda. El subteniente encargado
de la compañía de asuntos civiles del destacamento número 2, al escuchar los
disparos y los gritos de la gente, envió primero una patrulla y más tarde otra.
Los militares fueron encontrados por las patrullas y regresaron al
destacamento. Como cuenta uno de los implicados en el tiroteo: “La gente no nos
dejaba pasar y empezaron a tirarnos piedras … los soldados dispararon al aire y
pudimos regresar al destacamento”. A las cero horas quince minutos del 2 de
diciembre, las dos patrullas ingresaron en el destacamento llevando a los
cuatro soldados, que presentaban síntomás de embriaguez.
Mientras
tanto, la población de Santiago se estaba organizando para dialogar sobre estos
hechos con el comandante del destacamento militar. Las campanas de la iglesia
comenzaron a sonar. Los pobladores despertaron y salieron a la calle. Todos
conocían el significado de las campanadas: “La gente está atenta al llamado de
emergencia, al toque de campana. Se acordó cuando hay toque de campana, estar
siempre alerta y se juntó la gente”.
Poco a poco
se fueron reuniendo en la plaza, hasta que se llenó. En la plaza, como declara
una persona que participó en los hechos:
“Muchos
comenzaron a contar sus sueños. Los que vieron el hecho hablaron para toda la
población. Esto pasó, no es justo, ya estamos cansados de ver lo que hacen los
soldados. Queremos actuar, hoy es el momento”. Decidieron dirigirse hacia el
destacamento,“porque [explica otro poblador de Santiago] sino así se queda y
ellos no reconocen lo que pasó”. Pidieron al alcalde en funciones y al alcalde
que acababa de ser elegido, Salvador Ramírez, que los acompañara.
Se
impartieron instrucciones sobre cómo comportarse. Se dijo, por ejemplo: “Que
los jóvenes no tiren piedras, no griten, vayan con orden. Busquen pedazos de
naylon blanco porque significa la paz, que se adelanten quince hombres con las
banderas. Y al llegar primero vamos a entrar los alcaldes para decir lo que
pasó”.
Mientras
tanto, un soldado que estaba reforzando la subestación de la Policía Nacional
en Santiago Atitlán informó por radio al destacamento militar que la gente se
estaba aglomerando y que convocaban a todos los vecinos haciendo sonar las
campanas. El encargado del destacamento número 2 llamó a la Policía Nacional y,
según su versión, que consta en el expediente judicial, “indicaron que toda la
gente se dirigía hacia el destacamento militar para atacarlo”. Entonces, ordenó
que todo el personal reforzara los puestos de servicio.
Cientos de
personas que portaban banderas blancas se dirigieron al destacamento militar
número 2, ubicado en el caserío Panabaj, mientras otro grupo permanecía en la
plaza. Poco antes de que los pobladores llegaran al destacamento, un
especialista de asuntos civiles del Ejército exhortó a aquéllos, por medio de
un altoparlante, para que regresaran a sus casas, y que tan sólo un líder se
acercara al destacamento a plantear su inquietud. Mientras, unos niños tiraban
piedras y algunas personas gritaban:“Queremos paz, que el Ejército salga de
nuestro pueblo”. El alcalde electo intervino para que los niños dejaran de
tirar piedras y para que la gente no gritara.
A eso de la
una de la mañana, un grupo de soldados armados salió del destacamento, en tanto
que otros soldados iluminaban con linternas a la gente desde lo alto de los
muros de piedra que rodeaban la instalación militar. La aparición de los
militares no intimidó a los vecinos, que continuaron gritando y acercándose más
al destacamento. El alcalde electo de Santiago Atitlán, Salvador Ramírez,
solicitó hablar con el comandante. Un cabo de tropa le comunicó esta solicitud
al encargado del destacamento. Al mismo tiempo, en la puerta, un soldado habría
manifestado:“Prepárense, muchachos, porque ahí vienen los guerrilleros que nos
vienen a atacar”.
Fue
entonces cuando comenzaron los disparos. Dos soldados habrían disparado al
aire, para asustar y dispersar a los manifestantes. Cuando el cabo Eleodoro
Ortiz Guzmán salió a los puestos de servicio se encontró “con que el sargento
mayor García González que estaba en posición de fuego apuntando a la gente”.
Otros abrieron fuego directamente contra los pobladores. Los disparos duraron
entre tres y cinco minutos. Se desconoce el número total de soldados que
abrieron fuego contra los manifestantes.
Los
pobladores, gritando, corrieron o se lanzaron al suelo. Como resultado de los
disparos, 13 personas resultaron muertas, entre ellas tres menores de edad. Por
su parte la CEH logró identificar a 22 heridos.Minutos más tarde, los soldados
salieron con linternas, para ver sobre el terreno el resultado de lo que habían
hecho.
El retiro
del destacamento militar de Panabaj
El mismo
día en que se produjeron los hechos, los pobladores formaron un Comité de
Emergencia y redactaron un memorial dirigido al Presidente de la República, con
firmas y huellas dactilares de cientos de vecinos. En el memorial se acusó
directamente al Ejército como responsable de la masacre y se solicitó la
retirada del destacamento. A cambio, se comprometía ante el Gobierno a
organizar un Comité Proseguridad y Desarrollo.
El
procurador de los Derechos Humanos (PDH) acudió a Santiago Atitlán ese mismo
día, para verificar lo sucedido. Días más tarde emitió su resolución, en la que
declaró comprobadas las violaciones por parte del Ejército a los derechos
humanos, calificando el caso como genocidio y ordenando que los responsables
fueran juzgados por los tribunales de justicia. Además, con una censura pública
de la actuación del Ejército, recomendó que se modificaran los comportamientos
de este tipo y solicitó por último que el destacamento fuese retirado de Santiago
Atitlán.
El ministro
de la Defensa Nacional anunció, en una declaración de prensa dada el 6 de
diciembre: “De acuerdo a las instrucciones específicas del Señor Presidente … y
como una muestra de buena voluntad de la Institución Armada, sin que esto evidencie
debilidad o tibieza se efectuará el traslado del Destacamento Militar de
Panabaj al lugar que oportunamente se seleccione dentro de la jurisdicción de
la Zona Militar 14 Sololá, dado que se mantiene latente la molestia de la
delincuencia terrorista en los lugares aledaños”, aceptando el compromiso
contraído por la población: hacerse cargo de su propia seguridad.
La decisión
gubernamental causó algarabía en la población. Un declarante cuenta: “Ese día
fue de gozo, de gozo hasta llorar. Todas las iglesias se unieron, nos unimos
como hermanos mayas. No hubo diferencias, todos nos unimos sin hacer reclamos.
Fue algo maravilloso. Todos lloramos por el acuerdo de la retirada del
Ejército”.
Los
habitantes de Santiago explicaron la retirada del destacamento militar desde la
perspectiva del culto a Maximón y desde la cosmovisión maya. Por un lado, “la
mayoría de gente tiene una fe increíble en Maximón, pedían por la paz, por la
liberación de los desaparecidos … Dios escuchó lo que veníamos desde hace años rezando
… Maximón quitó el miedo…” Por otro, “la caída de Santiago fue el 18 de abril
de 1524, que según el calendario maya fue un día Batz que coincide con la
salida del Ejército. En esa fecha fuimos conquistados y en esa fecha Santiago
conquistó. No hemos sido vencidos, sólo estábamos esperando ese momento”.
Cuenta un
habitante de Santiago que, una vez que se fueron los militares,
“voluntariamente comenzaron las rondas. Dimos nosotros la seguridad, pero eso
viene de antes, por eso no somos PAC”.Emergió un nuevo sistema de seguridad,
sustentado en la propia comunidad. Hubo cientos de voluntarios para cuidar, día
y noche, de la población y preparar comida para los vigilantes. Alrededor de 18
personas en cada cantón realizaban rondas cada noche, portando como única arma
un palo además de un silbato para avisar. Cuando se trataba de un caso muy
grave, se tañía la campana. Este fue el método utilizado cada vez que el
Ejército intentó penetrar de nuevo en la comunidad. La Policía Nacional,
reducida en número y en funciones, se convirtió en “una institución subordinada
a la población”.
Comenzaron
a utilizarse procedimientos conciliatorios para llegar a la resolución pacífica
de los conflictos. No hubo violencia institucional. La vida social y comercial,
que antes se hallaba restringida, se extendió hasta altas horas de la noche.
La justicia
militar
Los hechos
dieron lugar a la iniciación de dos procesos ante la justicia penal militar. En
el primero se juzgó a un militar, a quien se responsabilizó por la masacre. En
el segundo se juzgó a otro, por los hechos inmediatamente anteriores a la
misma.
(1) El 2 de diciembre de 1990,
encabezado por un informe policial, se inició un proceso en el juzgado de paz
comarcal de San Lucas Tolimán, del departamento de Sololá, por la muerte de
varias personas en Santiago de Atitlán. El juez de paz realizó el
reconocimiento judicial de los cadáveres que se encontraban frente al
destacamento militar. En la misma fecha el citado juez se declaró incompetente
y remitió el expediente a la fiscalía militar.
El 6 de
diciembre, el comandante de la zona militar número 14 manifestó: “Según la
investigación realizada en ese comando se estableció que la única persona o
elemento que disparó en el destacamento militar de Santiago de Atitlán fue el
sargento mayor Efraín García González”. El 7 de diciembre, se dictó auto de
prisión preventiva contra el militar referido y se le procesó por los delitos
de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Se recibieron múltiples
declaraciones testimoniales de militares ofendidos y la declaración indagatoria
del acusado; se aportaron también varios informes periciales y pruebas
documentales.
El Tribunal
Militar llegó a la conclusión de que el sindicado ejecutó personal y
directamente los trece homicidios, las ocho lesiones graves y los cinco delitos
de lesiones leves y le condenó a 16 años de prisión inconmutables. La sala
novena de la Corte de Apelaciones, constituida en Corte Marcial, confirmó la
sentencia el 7 de enero de 1992 y reformó la pena impuesta al elevar la misma a
20 años de prisión inconmutables.
(2) El 6 de
diciembre de 1990 se inició el juicio en el Tribunal Militar número 20, contra
el teniente de infantería, José Antonio Ortiz Rodríguez, por disparo de arma de
fuego. Diego Ixbalán, la víctima que fue herida por el teniente, intentó ser
acusador particular, pero se desestimó tanto su petición como su testimonio. El
Ministerio Público intentó ampliar los cargos en contra del sindicado a
múltiples homicidios y lesiones; pero el Tribunal Militar denegó tal petición.
Después de escuchar varios testimonios, el Tribunal resolvió condenar al
teniente Ortiz por los delitos de disparo de arma de fuego e intimidación
pública, a cuatro años de prisión, conmutables a razón de cinco quetzales por
día. El condenado, libre bajo fianza, apeló el fallo. La sala de apelaciones,
constituida en Corte Marcial, confirmó la sentencia el 22 de diciembre de 1993.
III.
CONCLUSIONES
Luego de
analizar todos los antecedentes, la CEH llegó a la plena convicción de que
efectivos del Ejército de Guatemala ejecutaron arbitrariamente a 13 habitantes
de Santiago de Atitlán y ocasionaron heridas a otros 23, todos ellos pobladores
civiles e indefensos. Dichos actos constituyen graves violaciones de derechos
humanos.
La leve
alteración del orden público que pudo suponer el ejercicio legítimo de los
derechos de reunión y de petición por el pueblo de Santiago Atitlán, no
justifica, sino hace aún más reprochable la reacción de los soldados.
El análisis
de los hechos que culminaron en la masacre del 1 diciembre de 1990, lleva a la
CEH a considerarlos como un ejemplo de las consecuencias que puede acarrear la
asignación a la fuerza armada de tareas de resguardo del orden y la seguridad
ciudadanas.
La CEH,
luego de ponderar los hechos acaecidos en la época anterior a la masacre,
considera que este caso ilustra el profundo sentimiento antimilitar que las
violaciones de derechos humanos y los abusos de poder cometidos por efectivos
del Ejército generaron en la población civil afectada. Dicho sentimiento es el
extremo opuesto al respeto ciudadano que cualquier ejército nacional requiere
para cumplir sus funciones.
El caso
ilustra, asimismo, la capacidad de la población de Santiago Atitlán para
imponer su voluntad cívica y desmilitarizar la vida comunal, especialmente en
cuanto procedió a civilizar la función de seguridad ciudadana, situación
inédita en el enfrentamiento armado interno.
Analizados
los antecedentes del caso, la CEH concluye que si bien los tribunales
militares, obligados por los acontecimientos, realizaron procedimientos
judiciales que concluyeron con dos sentencias condenatorias, dichos
procedimientos no culminaron en el esclarecimiento pleno de la verdad y la
aplicación de sanciones a todos los responsables.
La CEH
destaca la intervención del procurador de los Derechos Humanos, que ilustra la
trascendencia que, en la resolución de graves conflictos, puede tener el
ejercicio oportuno e inteligente de tan delicada función.
LISTADO DE
LAS VÍCTIMAS
Ejecución
arbritaria
Felipe
Quiejú Culan
Gaspar Coo
Sicay
Gerónimo
Sojuel Sisay
Juan Carlos
Pablo Sosof
Juan
Ajuchan Mesía
Manuel
Chiquitá González
Nicolás
Ajtujal Sosof
Pedro Catú
Mendoza
Pedro
Cristal Mendoza
Pedro
Damián Vásquez
Pedro
Mendoza Pablo
Salvador
Alvarado Sosof
Salvador
Damián Yaqui
Herido en
atentado
Antonio
Chiviliu Quiejú
Antonio
Pablo Toj
Antonio
Reanda Coché
Cristobal
Tacaxoy Tacaxoy
Diego
Ajchomajay Coché
Diego
Ixbalán Reanda
Diego Pablo
Petzey
Diego Yaquí
Coché
Esteban
Damián Coo
Francisco
Mendoza Teney
Gaspar
Mendoza Mendoza
Gaspar
Tzina Tinay
Gaspar
Mendoza Chiquival
José Sosof
Coo
Juan
Ixbalán Tziná
Mariano
Tacaxoy Rodríguez
Nicolás
Ratzan Sapalú
Nicolás
Tzina Esquina
Pascual
Mendoza Coché
Pedro
Abraham Damián González
Pedro Culan
Sosof
Pedro Sicay
Sapalú
Salvador
Sisay Pablo
Fuente:
CEH, Guatemala memoria del silencio.
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