Ante las capturas a militares sindicados de cometer desaparición forzada y crímenes de #LesaHumanidad en el #casoDiarioMilitar; las víctimas, sobrevivientes, querellantes del caso CREOMPAZ y organizaciones que les acompañamos
¡EXIGIMOS JUSTICIA!
Para las víctimas y familiares del caso Diario Militar.
Estos hechos, tipificados como uno de los crímenes más abominables, fueron ejecutados por agentes del Estado de Guatemala durante el gobierno del militar de facto Oscar Humberto, Mejía Víctores en el periodo 1983 a 1985.
Los familiares de víctimas de la política de Estado durante el conflicto armado interno, del caso Diario Militar Ante la opinión pública, hacemos saber:
Durante más de 37 años los familiares hemos luchado, en primer lugar, por esclarecer y conocer la verdad de los hechos. Sobre los autores materiales e intelectuales. Desde el momento de las detenciones ilegales de nuestros familiares denunciamos ante el sistema de justicia nacional, después, ante la denegación de justicia, en el año 2005 acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, en diciembre del año 2012 la Corte IDH, dictó sentencia, en la que dentro de las medidas de garantía de no repetición mandata al Estado de Guatemala a investigar para conocer que pasó y que los criminales paguen por los hechos y sean reparados.
El Estado de Guatemala, tiene que adoptar las medidas que se requieran para desmantelar las estructuras ligadas al crimen, la corrupción y la impunidad que han operado durante décadas y modificar procedimientos que garantice la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos, ante todo en un contexto, en el que nuevamente se criminaliza la defensa de los derechos humanos, la organización y la oposición.
Con alta expectativa y confianza en que la justicia prevalecerá e impedirá que la impunidad continúe en este caso, saludamos al sistema de justicia, en especial, a la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, por lo accionado contra altos mandos del ejército de Guatemala.
Sobre todo, porque la justicia transicional, sobre delitos de lesa humanidad, es una cuenta pendiente en Guatemala. Reafirmamos nuestro compromiso con la demanda de justicia, para que grupos de poder enquistados en el sistema guatemalteco, ligados además a delitos de corrupción e impunidad, sean juzgados y condenados en juicio, en el marco del debido proceso, derechos que hombres, mujeres y niños incluidos en dicho Dossier, no tuvieron.
Demandamos al Estado, garantizar la integridad de los familiares de las víctimas y sobrevivientes que son atacados continuamente por miembros del pacto de corruptos e impunidad, por medio de listas y ataques en redes sociales por su trabajo en favor de los derechos humanos.
A la comunidad internacional pedimos observe para garantizar el debido proceso judicial y acompañe a las familias y sobrevivientes en nuestra demanda de justicia y del paradero de nuestros familiares, así como estar atenta a lo que sucede en nuestro país, pues nos encontramos al borde de regresar abiertamente a los años de la década de 1980.
Esclarecer los hechos y condenar a los responsables permitirá alcanzar la justicia anhelada durante décadas y aproximará al Estado de Guatemala a dar ese paso hacia el avance y garantía de los derechos humanos y ante todo, a la no repetición. Pensar distinto y disentir no es delito, por eso continuaremos reivindicando la militancia de nuestros familiares. Nuestra lucha y compromiso por la búsqueda de memoria, verdad, justicia y la aparición de nuestros familiares es hoy más firme que nunca,
PORQUE A ESTOS DESAPARECIDOS YA NADIE LOS CALLA, HASTA ENCONTRAR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Guatemala, 28 de mayo de 2021
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez ordenó el jueves el arresto de más de 10 personas acusadas de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la guerra civil en Guatemala y que quedaron registrados en un documento policial llamado “El Diario Militar”.
El juez Miguel Ángel Gálvez confirmó a The Associated Press las ordenes de detención emitidas por el caso.
Aunque la fiscalía no dio información sobre nombres de detenidos, un trabajador de la parte querellante, que no está autorizado a hablar del caso, dijo que hay por lo menos tres detenidos, entre ellos un general en situación de retiro y civiles.
El 20 de mayo de 1999 se hizo público un documento policial filtrado a defensores de derechos humanos conocido como “El Diario Militar” que detallaba el asesinato, tortura y desaparición forzada de más de 190 personas a mano de las fuerzas de seguridad civiles y militares guatemaltecas en 1984 en el marco del conflicto armado interno ocurrido entre 1960 y 1996.
El documento de 74 páginas comienza con el registro de Teresa Graciela Samayoa Morales, una de las cuatro víctimas que aparecen en la primera página. Su fotografía extraída de lo que parece ser su cédula de vecindad, da cuenta de una joven mujer supuesta militante guerrillera.
Samayoa Morales, alias “Sheny”, era miembro de Frente Urbano de ORPA (Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas) una de las cuatro facciones guerrilleras. “Viajó a Cuba” dice el registro, fue entregada a una entidad militar y no se consignó más su paradero.
Otro de los casos que más impacto provoca es el registrado con el número 52. Se trataba de Prudencio de Jesús Carrera Camey, quien estuvo detenido 15 días y luego fue asesinado. En el registro no aparece una fotografía suya pero se asegura que era miembro de la guerrilla. Tenía sólo 15 años.
El informe, escrito a máquina, da cuenta de casi 100 personas asesinadas. Otras fueron entregadas a zonas militares, otros sobrevivieron, pero de un grupo no se supo nunca más.
“El Diario Militar” está escrito con códigos que fueron descifrados, como el número 300 que aparece escrito en 99 casos y significa 99 personas asesinadas.
En el registro número 166 está el nombre y dos fotografías de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, un catedrático universitario que según el documento fue detenido el 12 de octubre de 1984 y que supuestamente era jefe de una célula guerrillera. En la descripción también hay una anotación a mano que dice “3-12-84= 300 Col. J.R.B. Z-21” que concuerda con el día y lugar donde fue hallado muerto.
Su familia supo que había sido secuestrado. Lo buscó en cárceles, hospitales y centros militares pero nadie les dio respuesta.
“Yo tenía 11 años cuando me dijeron que mi papá fue secuestrado”, relató Rudy Figueroa, hijo de Figueroa Muñoz. El catedrático estuvo detenido por las fuerzas de seguridad durante 52 días sin que su familia supiera su paradero, ni fuera entregado a un juez. Su cuerpo apareció a pocos metros de la casa de sus familiares en diciembre de 1984.
Figueroa dijo que tiene algunos recuerdos borrosos de su padre, pero también tiene otros muy claros de las conversaciones que sostenía con él.
“Una de las cosas que recuerdo fue que me regaló una perrita que llamamos ‘Libertad’”. La mascota se perdió y su papá a modo de aprendizaje le dijo que era su responsabilidad y que para que no lo castigara debía convencerlo de que había aprendido la lección. "Recuerdo que hasta fui a la biblioteca para aprender sobre responsabilidad. Lo convencí, no me castigó”, dijo Figueroa.
“Cuando estuvo detenido nació mi hermano menor, no lo conoció”, agregó.
El documento registraba número, nombre, apellido y pseudónimo de supuestos militantes de grupos guerrilleros, personas organizadas en asociaciones o sindicatos que fueron detenidas, desaparecidas, asesinadas por fuerzas de seguridad civiles y militares o que tras ser liberadas fueron forzadas a trabajar con sus captores.
El documento también incluye el caso de Edgar Fernando García, miembro del Comité Regional de PGT-PG -un órgano de dirección de uno de los grupos guerrilleros- y sindicalista. García es uno de los más de 45.000 desaparecidos que dejó la guerra, según un informe de la verdad auspiciado por Naciones Unidas.
Hasta hoy los familiares de todas las víctimas que aparecen en el diario no han recibido justicia en Guatemala. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Guatemala responsable de la desaparición forzada de 26 personas de “El Diario Militar” así como de la violación de sus derechos a la libertad personal, a la integridad y a la vida.
“El Diario Militar” muestra también los nexos entre las fuerzas de seguridad civiles y militares. Un ejemplo es la detención de Amancio Samuel Villatoro, profesional y presunto miembro de la guerrilla, que según el reporte fue detenido en la capital guatemalteca y tras años desaparecido sus restos fueron localizados en un antiguo destacamento militar.
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/05/27/guatemala-ordenan-arresto-de-sospechosos-de-desapariciones/
Por: Miguel Ángel Albizures
Si no tenemos memoria, volveremos a sufrir los mismos problemas, actualmente estamos al borde del abismo, donde ya los gobiernos militares hundieron a Guatemala con sus políticas y acciones represivas, pero frente a eso nunca dejó de existir una respuesta constante del pueblo en las calles exigiendo sus derechos, lo cual hoy no vemos porque la gran mayoría del pueblo sigue recibiendo atol con el dedo y con ello se conforma, mientras los espacios se cierran aceleradamente y se impone el terror para disuadir a los que no están de acuerdo con este nuevo clima de represión, recorte de libertades y corrupción generalizada, una estrategia que fue usada por las dictaduras militares, y que continúa practicándose no solo en la ciudad, sino también en los departamentos, como vemos con los ataques a defensores, periodistas y funcionarios públicos comprometidos con la lucha anticorrupción. Y mientras el presidente Giammattei se muestra como una mansa paloma, pero que sigue bailando al son que toquen los que de verdad manejan los hilos del poder, los mismos que antes conformaron organizaciones criminales y que se apropiaron del Estado para su beneficio y solo saben gobernar a golpe de represión y terror.
A la par de ello, se promulgan leyes que les permitan actuar “legalmente” contra las oenegés, fiscalizar su trabajo y sus ingresos, y no sería raro el allanamiento a sus sedes, con cualquier pretexto, la detención de sus dirigentes o su cancelación porque no les convienen a los intereses de quienes detentan el poder, fortalecidos y respaldados con una Corte de Constitucionalidad a su medida y un Congreso donde la mayoría responde a los intereses de este Pacto de Corruptos, del que no nos libraremos a menos que el pueblo despierte y vuelva a manifestarse en su contra, como en el 2015, pues el próximo año será demasiado tarde, pues ya cuentan con instrumentos legales, con las armas y con la demagogia para silenciar a amplios sectores que antes estuvieron en la plaza. Ya se empezó a retorcer la ley y han procedido a capturas. Fiscales como Curruchiche hay varios preparándose para actuar y no faltan jueces que se plieguen a esos intereses.
Lo que hace falta, es recordar nuestro pasado y aprender de la historia, recordar el papel que ha tenido el pueblo cuando está comprometido con su país y la defensa de sus derechos, como la insurrección de 1920 contra la dictadura cabrerista, la revolución del cuarenta y cuatro contra el ubiquismo, las grandes gestas de marzo y abril del sesenta y dos, la fuerza del movimiento social en los años setenta, aún con la existencia de organizaciones criminales que circulaban listas de amenazados a muerte y un ejército siempre fiel a los poderes ocultos, y protegiendo los intereses de la oligarquía que aún nos gobierna. Por ello, la construcción del nuevo país debe hacerse desde las lecciones aprendidas, y retomando el papel que como ciudadanos nos corresponde para evitar un fatal retroceso a las épocas oscuras que vivió el país.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/05/27/recordado-el-pasado-enfrentemos-el-presente/
Cierro los ojos
en esta hora incierta,
tan llena de tormentos,
y oscuramente siento,
alejada y misteriosa,
la existencia
de no sé qué dicha futura:
una promesa
que florecerá un día
bajo el dorado sol
de una mañana
más clara que las otras.”
Alaíde Foppa
Quienes adherimos a esta carta demandamos al gobierno guatemalteco la inmediata liberación de Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Argüello Mayen y demás presos políticos, así como el cese de las acciones de venganza, acoso, intimidación y persecución en contra de defensores de derechos humanos y luchadores sociales, acciones que ponen en peligro la democracia y la paz en Guatemala.
A partir de la Firma de la Paz en Guatemala, en diciembre de 1996, tras casi cuarenta años de guerra y cientos de miles de víctimas, la sociedad guatemalteca empezó a dar grandes pasos dirigidos a la construcción de los andamiajes básicos para la transformación de sistema de justicia y el combate a la impunidad y la corrupción.
En una década y media Guatemala ha sido referente a nivel global, de la aplicación de la justicia en delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, marcando importantes precedentes para la jurisprudencia internacional. Lo anterior gestó un cambio obligatorio dentro del sistema de justicia guatemalteco, en el cual durante décadas operaba limpunidad institucionalizada, con prácticas y mecanismos legales e ilegales, impuestos y respaldados por una política de Estado que no tenía otro objetivo que el de garantizar que los responsables por graves violaciones de los derechos humanos se mantuvieran impunes.
Así mismo, la labor realizada por víctimas, antropólogos forenses, defensores, abogados, peritos y jueces guatemaltecos en aras de la recuperación de la memoria histórica para garantizar la no repetición de los hechos delictivos del pasado, el resarcimiento a las víctimas y el respeto a los derechos humanos responde al anhelo colectivo y al derecho legitimo de objetar las acciones de quienes intentan acallar las voces que piden el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes. Esta lucha ha sido el aporte de Guatemala a la universalización de los derechos humanos.
A partir de 2019, -todo indicaría que como respuesta al avance civilizatorio emprendido por la sociedad guatemalteca-, diversos sectores estrechamente vinculados con los ejes de la corrupción y la violenta represión que enlutó a ese país por cerca de cuarenta años, han emprendido una ofensiva regresiva de grandes proporciones.
Una de las acciones más visibles sin duda ha sido el desmantelamiento y la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acto que fue seguido con la cooptación y el debilitamiento del Ministerio Público (MP), hostigamientos y amenazas contra: el jefe Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el Procurador de Derechos Humanos (PDH), así como contra ex fiscales, magistrados, jueces y abogados, comprometidos en su función y en la aplicación de la justicia en ese país centroamericano.
Por otra parte, el régimen guatemalteco ha emprendido una tenaz campaña de persecución, criminalización y encarcelamiento contra luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en ese país, campaña que no tiene parangón desde la finalización del conflicto armado interno.
El 19 de mayo del año en curso, el ex director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, nieto de la escritora y periodista Alaíde Foppa y destacado luchador contra la corrupción y la impunidad, junto al ex analista de la CICIG, Aníbal Argüello Mayen, fueron detenidos en Ciudad de Guatemala, aduciendo supuestos delitos electorales. Su detención se realizó haciendo uso de métodos que se pensaban hechos del pasado, como por ejemplo el uso de los tristemente célebres vehículos sin placas, al mismo tiempo de que en el país han vuelto a circular listados anónimos señalando y criminalizando a líderes y lideresas sociales, profesionistas y defensores de los derechos humanos. Hechos todos que a la postre, evidencian la clara intención política e intimidatoria gubernamental hacia las personas a quienes van dirigidas estas amenazas e intimidaciones, a sus familias y a la sociedad guatemalteca en general.
A las pocas horas de la aprehensión de Juan Francisco Solórzano Foppa y Aníbal Argüello Mayen, han sido detenidas otras personas con argumentaciones coincidentes al modus operandi utilizado en los últimos meses, semanas y días en contra de un número notorio de defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como de periodistas y comunicadores, sobre todo de los pueblos indígenas guatemaltecos.
Ante estas acciones que a todas luces amenazan la incipiente estabilidad democrática de Guatemala, ponen en peligro el ejercicio pleno de los derechos y las libertades fundamentales de todo ciudadano, así como la integridad física, moral y psicológica de hombres y mujeres plenamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción y la impunidad, demandamos al gobierno guatemalteco el respeto a la integridad física y el respeto de sus derechos fundamentales, así como la inmediata liberación de Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Argüello Mayen y los demás presos políticos, así como el cese de las acciones intimidatorias y represivas que ponen en peligro la democracia y la paz en Guatemala.
De la misma manera, reiteramos nuestra solidaridad a las mujeres y hombres que, comprometidos con los derechos humanos, resisten estos violentos golpes contra la democracia, y caminan en aras de la plena transformación y consolidación del sistema de justicia, así como a sus familias en estos momentos difíciles.
“Entonces, como río sonoro y transparente,
fluirá libremente
el canto encarcelado.”
Alaíde Foppa
Guatemala, estamos con vos
Atentamente:
Mario Roberto Morales.
La primera es abiertamente fascista y anticomunista, y la segunda lo es veladamente, por lo cual se las ingenió para asimilar a lo que fue la izquierda local, que de ser roja pasó a ser rosada, políticamente correcta y muy bien sufragada por su otrora enemigo estratégico, el capital especulativo global, representado por sus pródigas fuentes de financiamiento: la OSF, la USAID, el NED y otras agencias ligadas a los servicios de inteligencia occidentales. Por alusión a sus propietarios, a la primera la he denominado derecha arzuista y a la segunda derecha dionisista. La política interna actual de mi país acusa, pues, una pugna intraderechista e intraoligárquica sin oposición estratégica. ¿La izquierda? Bien, gracias, al fondo a la derecha.
El arzuismo se cobija bajo el ala más derechista del Partido Republicano (Kissinger-Bush-Rumsfeld-Brzezinski et al), mientras el dionisismo lo hace bajo el ala más derechista del Partido Demócrata (Clinton-Obama-Biden-Soros et al). Por eso es que, ante la actual ausencia de un padrino progre como lo fue Todd Robinson, los dionisistas claman ahora por la llegada de Santa Kamala Harris a fin de que derrame sobre su feligresía oenegista progre y culturalista una millonada de dólares para mantener funcionando el simulacro de sociedad civil que es el oenegismo y así no cambiar nada, sino seguir con el guion de la lucha contra la corrupción, fomentando la pugna intraderechista por medio de la lawfare o guerra legalista, cuyo desenlace, sea cual sea, no cambiará nada estructuralmente en este país de ciudadanía azonzada por las redes sociales y por el entretenido relativismo posmoderno, el cual trata del mismo modo una victoria deportiva que otra por terrorismo de Estado.
Da grima ver las arremolinadas pasiones con que los fascistas declarados le hacen la guerra mediática y legalista a quienes ellos perciben como “comunistas terroristas”, es decir, a cualquier progre de tercera o cuarta y a uno que otro digno revolucionario de antaño, y cómo los izquierdoderechistas rosados claman por la llegada de la diosa Kamala para que arrase con “los malos” de esta insulsa serie netflixera.
¡Cuánta falta hace un instrumento político de clase que se torne en interlocutor alternativo a la oligarquía y sus facciones ante la tripolaridad global, y que parta las aguas de la pugna intraoligárquica para echar a andar un proyecto político de mayorías ―según un interés nacional interclasista, interétnico, autónomo y democrático― que separe del Estado al interés económico oligárquico como único método para acabar con la corrupción pública! Lo demás se agota en este ya gastado circo de derechas de derecha y derechas de izquierda.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/05/26/al-fondo-a-la/
Por: Miguel Ángel Sandoval
Pero más allá de su compromiso revolucionario y su calidad de sobreviviente de la primera época, se dice poco sobre su inmersión en la vida y las luchas históricas de los indígenas, especialmente del pueblo kaqchikel, en donde rescata, para que todos lo sepamos, la figura emblemática de Kaji’ Imox, verdadero líder de la insurrección en contra de la invasión española en la época de la conquista, que se extiende unos diez años. Es un trabajo histórico que rescata la figura de este gran capitán y que lo hace retomando los hilos del libro que se conoce como Anales de los Kaqchikeles.
Se habla poco de su importantísima obra ‘Chuwa Nima’ab’aj’, en donde como un historiador de las grandes batallas de otros periodos y otras civilizaciones, narra casi con precisión quirúrgica, al reconstruir utilizando los escasos textos sobrevivientes, las batallas en ese centro ceremonial que en ese momento era una fortaleza militar de los kaqchikeles. Con ello rescata para la memoria y la historia de nuestro país, una de las facetas menos conocidas, como son las batallas memorables contra la invasión peninsular.
Como el mismo ‘Patojo’ Paz refiere, hubo una intensa polémica cuando se conoció su libro ‘La máscara de Tekún’. Pues al héroe nacional, ‘el Patojo’ le restaba credibilidad y con ello se abría un terreno que no explicaba la ferocidad de la resistencia que se opuso al invasor español. De ese debate supe de primera mano, por las conversaciones mantenidas con los dos principales polemistas. ‘El Patojo’ y Paz Cárcamo y Sam Colop. Más allá de ese debate puntual, la obra del ‘Patojo Paz’ tiene una mirada abarcadora del pueblo kaqchikel y, diría, de los pueblos indígenas de lo que llamamos Guatemala. Por esas razones merece ser conocida y estudiada.
Quiero finalmente dejar constancia que, si existe hoy para la memoria nacional el sitio ceremonial Chuwa Nima’ab’aj, es por un trabajo de hormiga paciente del ‘Patojo’, que consiguió que Mixco Viejo cambiara y recuperara su nombre original Chuwa Nima’ab’aj. Por ello y por la obra publicada en donde aparecen las vetas más claras de la historia y lucha de los kaqchikeles y de su principal jefe y líder Kaji’ Imox, Paz Cárcamo fue reconocido por las autoridades de ese pueblo en distintos momentos y ceremonias. Mi homenaje al esfuerzo intelectual del ‘Patojo’, que hizo de su compromiso con los pueblos indígenas una divisa en su vida.
https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/07/Kaji-Imox-Paz.pdf
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/05/26/guillermo-paz-carcamo-in-memoriam/
Por: Marielos Monzón
El objetivo central pasaba por sacar del país a la Cicig y debilitar al Ministerio Público (MP). Y lo consiguieron cuando Jimmy Morales nombró a Consuelo Porras Argueta en la Fiscalía General y negoció con la Casa Blanca de Donald Trump la firma del vergonzoso acuerdo de tercer país seguro a cambio de su complicidad y silencio ante el desmantelamiento de la comisión internacional. A partir de ahí se inició el imparable retroceso, que se ha ido profundizando en la medida en que han recuperado el control de los espacios clave que habían perdido.
Cuando el bloque de poder sintió en peligro su hegemonía, lanzaron —como lo han hecho históricamente— una ofensiva para terminar con la disidencia. Los blancos primarios fueron Claudia Paz y Paz y, más tarde, Iván Velásquez y Thelma Aldana. Deshacerse de las cabezas más visibles para avanzar con la agenda regresiva y colocar a sus alfiles en los espacios clave del tablero les ha permitido seguir con la siguiente etapa del plan: la revancha.
Se sienten lo suficientemente fuertes como para emprender una cacería judicial en contra de aquellas personas que entienden fueron determinantes para que avanzaran las investigaciones y casos que les involucran. Eso es lo que está detrás de las capturas de Juan Francisco Solórzano Foppa y Aníbal Argüello.
Solórzano Foppa fue jefe de la Dirección de Análisis Criminal (DAC) del MP en tiempo de Claudia Paz, espacio clave para fortalecer la investigación penal estratégica contra narcotraficantes, jefes de clicas, políticos y empresarios corruptos, militares violadores de derechos humanos y un largo etcétera. Además, como jefe de la SAT, la emprendió contra los grandes e intocables evasores de impuestos. Argüello trabajó como analista de la Cicig en casos clave como La Línea y en 2022 participaría como testigo del juicio oral y público que involucra, entre otros, a la dupla Pérez Molina-Baldetti. Suficientes credenciales como para declararlos enemigos del bloque de poder.
Sus capturas son además un mensaje inequívoco de los tiempos que se vienen. En el listado de “la purga” seguramente están incluidos fiscales y jueces independientes, como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios y Juan Francisco Sandoval, sobre los que pesan sendas solicitudes de retiro de inmunidad que, de concretarse, abrirían la puerta para su persecución penal. También el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, acosado sistemáticamente por la aplanadora oficialista del Congreso que, como no ha logrado destituirlo, busca la asfixia financiera de la institución que dirige. Y, por supuesto, las y los defensores de derechos humanos y periodistas “incómodos”, blancos favoritos de las campañas de desinformación y desprestigio.
No hay duda que utilizarán el derecho penal para criminalizar la disidencia, como consuetudinariamente lo vienen haciendo contra líderes de comunidades y pueblos indígenas de los movimientos de resistencia contra proyectos extractivos. Estamos frente a una embestida brutal del poder que requiere inequívocamente la construcción de alternativas políticas y sociales unitarias y de amplia participación popular.
https://www.prensalibre.com/opinion/columnasdiarias/la-venganza-2/
