Derivado de nuestra labor de monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, hemos documentado y denunciado el uso indebido del derecho penal y de otros mecanismos legales en contra personas defensoras de derechos humanos, fiscales, ex fiscales, juezas, jueces, magistrados y magistradas, ex trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), y abogados defensores, que han tenido a su cargo procesos que demuestran avances significativos para la justicia y la garantía de los derechos humanos.
Observamos con preocupación que estas prácticas parecen constituir un patrón en el cual el Ministerio Público da tramite sin más a denuncias penales y administrativas manifiestamente infundadas o improcedentes, y las mantiene abiertas por tiempo indefinido. Estas denuncias generalmente son precedidas o acompañadas de intensas campañas de desprestigio y de estigmatización en redes sociales y en ciertos medios de comunicación. Ello, con el fin de presentar ante la opinión pública a las personas señaladas como “enemigas”, “peligrosas”, “criminales” o “terroristas” y justificar la persecución penal en su contra. En ocasiones también se han sumado declaraciones de funcionarias y funcionarios públicos contra la labor que realizan estas personas o las instituciones que representan.
Este patrón de criminalización se ha observado con mayor frecuencia en los últimos años, utilizándose especialmente contra integrantes de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), contra jueces y juezas de juzgados y tribunales de mayor riesgo que han conocido de casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos vinculados al conflicto armado interno o de la época más reciente; e investigaciones de corrupción a gran escala, como los impulsados por la extinta CICIG, así como contra una magistrada y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, algunas de estas denuncias son impulsadas por las mismas autoridades estatales.
Recientemente, el 19 de mayo de 2021, un ex analista de la CICIG que ha trabajado en investigaciones de relevancia -como el caso La Línea, contra el expresidente Otto Pérez Molina- fue detenido junto con el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estas personas permanecen en detención preventiva y, dado su perfil, se encuentran en una situación de alto riesgo, habiendo recibido ya amenazas en el centro penitenciario, al haber investigado a muchas de las personas que están actualmente en prisión preventiva o condenadas.
Recordamos que la CIDH ha reiterado que “corresponde el Estado proteger a las personas operadoras de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente. Si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones, incluyendo las represalias directamente dirigidas a atacar su persona y familia, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia efectivo.”
Estas estrategias abusivas de criminalización se enmarcan en un contexto de retrocesos y obstaculización por parte de algunos sectores opuestos a la lucha contra la impunidad en el país, que han expresado su aversión hacia quienes han contribuido en destacadas investigaciones judiciales, participando incluso en la difusión de mensajes e imágenes que constituyen discriminación racial, de género o por orientación sexual.
Recordamos que las autoridades estatales deben velar porque los procedimientos disciplinarios y penales a los cuales se puedan ver sometidas las personas por presuntas faltas o delitos no sean instrumentalizados y usados de manera abusiva hasta el punto de convertirse en herramientas de hostigamiento para obstaculizar las labores de estos funcionarios. En este sentido, el Relator de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y magistrados en repetidas ocasiones ha manifestado su preocupación por el uso indebido de medidas legales que interfieren con las labores de operadores de justicia y que menoscaban la independencia judicial en el país.
En virtud de lo anterior, las organizaciones firmantes urgimos a las autoridades guatemaltecas a que tomen acción para garantizar la independencia de las personas funcionarias de justicia, el derecho al debido proceso y garantizar en general el derecho a defender los derechos humanos. En particular, consideramos esencial que la fiscal general tome medidas urgentes para desestimar las denuncias penales aún pendientes de resolución que sean infundadas y que genere lineamientos claros para impedir el uso del sistema penal como herramienta para hostigar a quienes se oponen a la impunidad en Guatemala.
Guatemala no puede retroceder hacia la impunidad. La labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y funcionarias de justicia es esencial para sostener y consolidar los avances que han tenido lugar en materia de acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Firmantes:
Amnistía Internacional
Latin America Working Group (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Protection International
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Jewish World Service (AJWS)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Impunity Watch
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