En rueda de prensa anunciando el paro, las autoridades indígenas destacaron el fracaso del diálogo en el proceso hasta el momento. “No buscamos iniciar un diálogo en nuestras demandas, ni lo aceptaremos. Queremos que el gobierno derogue su acuerdo sobre la creación del estado de sitio y la suspensión de la preconsulta ”. Las autoridades indígenas exigieron la inmediata nulidad del decreto gubernamental que promulga el estado de sitio, la nulidad del proceso de preconsulta - que, según Autoridades Indígenas está siendo manipulado por personal de la empresa minera - y la inclusión de las 94 delegaciones legítimas. de las comunidades de El Estor.
El 31 de octubre, Convergencia por los Derechos Humanos presentó su informe sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas dentro de los primeros siete días del estado de sitio, denunciando un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil, militares y agentes del Ministerio Público contra la comunidad y periodistas. El informe documenta el uso de gases lacrimógenos contra mujeres, niños y ancianos; violación de la libertad de prensa, incluidos ataques físicos y destrucción de equipo; 14 allanamientos documentados de viviendas de defensores de derechos humanos, incluidos Juan Bautista Xol y Carlos Choc; intimidación de las autoridades indígenas, ataques deliberados contra jóvenes durante las redadas, con intimidación, amenazas y abuso físico; y la detención ilegal del defensor Eduardo Bin.
Al denunciar las violaciones como parte de una estrategia de terror psicológico, la Convergencia condenó el estado de sitio que aún se mantiene. Según Jorge Santos , Director de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), la violencia que se ha producido en la última semana: “Como una especie de espiral o bucle sin fin, la perversidad, violencia, pillaje, explotación de recursos naturales, muerte y terror azota a la población que habita El Estor, particularmente al pueblo q'eqchi '”.
El Consejo Coordinador Latinoamericano de Cine y Medios Indígenas (CLACPI) denunció los “hechos violentos en Guatemala por parte del Estado guatemalteco y sus fuerzas policiales, que en defensa de los intereses extractivos multinacionales han reprimido y violado sistemáticamente los derechos colectivos e individuales de el pueblo Q'eqchi ".
El 29 de octubre, el Relator Especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado de Guatemala a respetar y garantizar el trabajo de los periodistas, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, señalando que “es el deber de los Estados a brindar a la prensa las máximas garantías para el desempeño de su labor con libertad, seguridad e independencia, ya que son los periodistas quienes mantienen informada a la sociedad y contribuyen a la consolidación y fortalecimiento del estado de derecho ”.
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