Sigue la criminalización El silencio no evita la represión.

Rigoberto Lima Líder Comunitario

MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES

Hace ocho días, decía que teníamos que estar “Ojo al Cristo”, por el asesinato del Principal de Principales de Cotzal, Sebastián Sic y el allanamiento de las oficinas de la organización Mamá Maquín. Hoy tenemos que lamentar y repudiar el asesinato del profesor Rigoberto Lima Choc, líder comunitario de Sayaxché, Petén, quien fue uno de los primeros que denunció a la empresa Reforestadora de Palma de Petén (REPSA) como responsable de cometer el ecocidio en el río la Pasión.

Irónicamente, fue asesinado en pleno día, frente al Juzgado de Paz de Sayaxché. Dos sicarios que se conducían en una moto lo atacaron a balazos. El viernes 18 de septiembre por la mañana, tres defensores de derechos humanos fueron retenidos por trabajadores de la empresa REPSA, siendo ellos Hermelindo Asij, Lorenzo Mendoza y Manuel Pérez, los bajaron del vehículo, los agredieron y secuestraron. Estos hechos de represión contra los líderes comunitarios se dan en el marco de la resolución de la jueza Karla Hernández, que ordenó el cierre temporal de operaciones de la empresa REPSA, mientras se investiga la contaminación y el ecocidio en el río la Pasión. Ese mismo día, la jueza fue hostigada por personas que indudablemente fueron enviadas por la empresa, según lo denunció la Asociación de Comunidades Campesinas Indígenas para el Desarrollo Integral de Petén (ACDIP).

El pasado lunes, en San Juan Sacatepéquez, Rigoberto Patzán, uno de los líderes opositores a la empresa cementera, fue interceptado por un carro particular y rodeado por un grupo de diez policías. Sus captores no mostraron orden de captura, lo golpearon repetidas veces y fue conducido al juzgado de Mixco, donde dio testimonio de la bestialidad con que actuaron los policías. Por la oposición a la cementera ya hay muertos y otros líderes guardan prisión, uno de ellos, Abelardo Curup fue condenado a 150 años por “terrorismo”, y doña Bárbara Díaz Surín pasó varios meses en prisión.

Como si estos hechos fueran poco, en este mes están cumpliendo 36 meses de estar encarcelados, Antonio Rogelio Velásquez López y Saúl Aurelio Méndez Muñoz, ambos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, que fueron condenados a 33 años de prisión por su lucha en defensa del territorio y en contra de la rapacidad de las transnacionales. Más de 12 defensores del territorio guardan prisión y 58 tienen orden de captura. Para decirlo con palabras María Victoria Pedro Mateo, cuyo padre fue asesinado en el 2013 por su oposición a la actividad de las empresas hidroeléctricas: “No son delincuentes, no son terroristas, ni secuestradores, no han cometido algún acto delictivo. Están encarcelados por defender ideales, principios de vida, valores, ideas que no son solo personales, sino la expresión de todo un pueblo”. Cerrar filas, denunciar, protestar, exigir justicia y cese a la criminalización, es el camino. El silencio no evita la represión.

http://elperiodico.com.gt/2015/09/24/opinion/sigue-la-criminalizacion/