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Buenos días. Gracias a todas y todos por su presencia hoy, día en que
concluye mi visita a Guatemala.
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Quiero agradecer al Gobierno por su hospitalidad,
así como por su disponibilidad al diálogo. Durante mi visita, me reuní con el
Presidente Otto Pérez Molina, los Ministros de Relaciones Exteriores y
Gobernación, así como con el Presidente de la Comisión Presidencial para los
Derechos Humanos. Tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente del
Congreso y el Procurador de los Derechos Humanos. Al finalizar esta conferencia, me reuniré con la Fiscal
General.
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Igualmente importantes fueron las
reuniones que tuve con víctimas de violaciones de derechos humanos,
defensoras y defensores de los derechos humanos, autoridades, organizaciones, lideresas y mujeres
indígenas, así como organizaciones de la sociedad civil. Agradezco a todas y todos por
su tiempo y apertura para compartir conmigo sus dificultades y aspiraciones
en el respeto y disfrute de los derechos humanos.
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Al final de mi misión, quiero compartir algunas de las
conclusiones derivadas de estas
fructíferas reuniones. En términos generales, quisiera empezar
reconociendo avances importantes en temas centrales para la población del
país, como la lucha contra los altos índices de desnutrición a través del
Programa Hambre Cero, a pesar de las múltiples dificultades que se están
registrando, la promoción de la economía campesina a partir de la
implementación del Plan de Acción de la Política de Desarrollo Rural, y el
fortalecimiento de la justicia especializada para la atención de la violencia
en contra de las mujeres. Igualmente saludo el compromiso del Estado para
mantener su política de puertas abiertas a las visitas de los relatores
especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas, en particular las
solicitudes en curso de los Relatores Especiales contra la Tortura, Libertad
de Asociación y del Derecho a la Verdad, Justicia y Reparación, así como el Grupo de Trabajo sobre
Mercenarios. A continuación abordaré algunos temas más específicos que fueron
objeto de particular atención durante mi visita.
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Lucha contra la impunidad
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Como se ha reconocido en el último
informe de la Alta Comisionada, durante los últimos años Guatemala dio pasos
sin precedente en la lucha contra la impunidad, en casos relacionados con el
crimen organizado, tráfico de drogas, corrupción y graves violaciones a los
derechos humanos. El compromiso del personal del Ministerio Público,
particularmente bajo el liderazgo de Claudia Paz y Paz, y la efectiva
coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, el Ministerio de
Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Ciencias Forenses
–INACIF- han sido
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claves
en dichos avances. Preservar y dar continuidad a estos logros es una
prioridad y confiamos en que el Estado en su conjunto así lo asuma.
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Sigue siendo preocupante la violencia
contra las mujeres en sus diversas manifestaciones. En este sentido, saludo
la iniciativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la
creación de los juzgados y tribunales contra el femicidio y otras formas de
violencia contra las mujeres, y reitero la importancia de continuar con la
expansión de los mismos, para asegurar el acceso a la justicia de todas las
mujeres víctimas de violencia.
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Tuve la oportunidad de reunirme con
víctimas de violaciones graves cometidas durante el conflicto, así como con
víctimas de violaciones de derechos humanos recientes. Me ha afectado mucho su sufrimiento,
pero también me inspira su ánimo y su valor para buscar justicia. Guatemala
no puede permitirse dar un paso atrás en la lucha contra la impunidad, tanto
en casos del pasado como del
presente. Ante el reciente nombramiento de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, resalto
la importancia de continuar avanzando en la lucha contra la impunidad. En particular, destaco la necesidad
de fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos con el fin de que se
esclarezcan los casos de violaciones a derechos humanos, incluyendo las
agresiones a defensores. Asimismo enfatizo la necesidad de mantener un
control estricto de los casos seguidos y del personal que trabaja en la
Unidad de Métodos Especiales de Investigación con el propósito de que no se
vulneren las garantías judiciales del debido proceso. Reitero nuestra
voluntad de continuar trabajando lado a lado con el Ministerio Público, en el
marco del mandato de la Oficina, en la persecución de este objetivo.
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La lucha contra la impunidad abarca
muchos aspectos y es una responsabilidad del Estado en su conjunto. En este
sentido, me complace constatar
el compromiso del Congreso de la República para aprobar este año las
reformas a la Ley de la Carrera Judicial y de la Ley Orgánica del Ministerio
Público. Llamo también a que se
priorice la discusión de iniciativas de reformas a la Ley de Amparo y de
Antejuicio, así como reformas a la Ley de Orden Público. Otras medidas esenciales para acabar
con la impunidad incluyen: continuar con el fortalecimiento de los Tribunales
con competencia en casos de mayor riesgo; ampliar la cobertura de los
tribunales especializados de femicidio y otras formas de violencia contra la
mujer, y fortalecer al Instituto
Nacional de Ciencias Forenses y dotarlo con los recursos adecuados.
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Quisiera igualmente saludar la reciente
elección por el Congreso de los Relatores del Mecanismo Nacional de
Prevención de Tortura, que constituye un aporte muy valioso para contribuir a
que las personas privadas de libertad puedan vivir libres de tortura y malos
tratos. Es necesario aprobar su presupuesto, para que pueda comenzar sus
labores a la brevedad. Asimismo saludo que se haya emitido dictamen favorable
a la iniciativa para reformar la
Ley de la Carrera Judicial, que se espera sea aprobada próximamente por el
pleno del Congreso.
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Es preciso resaltar la importancia del rol que tiene el
Congreso, desde su ámbito de competencia, para garantizar que el marco
jurídico nacional esté en armonía con las obligaciones internacionales del
Estado en materia de derechos humanos;
en particular en lo que respecta a la investigación, juzgamiento y
sanción de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado,
así como el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición en estos casos.
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Me permito también recordar que el
Congreso tendrá un papel fundamental en el proceso final de elección, como
órgano competente para elegir a los magistrados y magistradas, con base en
las
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nóminas
de candidatos que le presenten las comisiones de postulación. En este
contexto, como le comenté al Presidente del Congreso, preocupa que las
exhortaciones al Organismo Judicial que recientemente hizo el Poder Legislativo,
sobre el tema de la “consolidación de la paz”, a través del Punto Resolutivo
3-2014, afecten el principio de independencia e imparcialidad judicial y
puedan incidir en dicho proceso. Igualmente quisiera subrayar que esta
resolución puede incidir en la plena independencia de poderes, que constituye
el pilar de un Estado democrático.
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En el contexto de la lucha contra la
impunidad por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, tuve la
oportunidad de escuchar las
voces de mujeres indígenas que fueron víctimas de violencia sexual en el
destacamento militar de Sepur Zarco. Su valentía sin duda es un ejemplo para
todos. En este sentido, aliento y animo a las organizaciones que las apoyan a
que continúen con su labor; y exhorto al Ministerio Público y al sistema
judicial, a continuar los esfuerzos para esclarecer estos hechos, y reparar
el daño causado.
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Es importante recordar que el Estado
tiene la obligación de garantizar a las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, los derechos
a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Quisiera
destacar que la reconciliación no debe concebirse como una alternativa a la
justicia. No se puede construir la paz y el desarrollo en el país con base en
la impunidad. Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha reiterado que son inadmisibles las disposiciones de
amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad que pretendan impedir la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las
violaciones graves de los derechos humanos.
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Quiero reiterar el compromiso de la
Oficina de la Alta Comisionada de seguir apoyando a todos aquellos que buscan
justicia. Guatemala tiene un sistema judicial que ha demostrado tener
capacidad para hacer justicia; como lo dijo la Alta Comisionada en su visita
a Guatemala en 2012, sólo se necesita de suficiente voluntad política para
hacerla realidad.
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Comisiones de postulación
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Las comisiones de postulación tienen la
responsabilidad primordial de garantizar que profesionales de indiscutible
idoneidad, capacidad e integridad sean seleccionados para integrar la nómina
final de candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la
Corte de Apelaciones. Para cumplir con esta importante misión, reitero las
recomendaciones de la Alta Comisionada en procesos anteriores respecto a la
necesidad de asegurar una discusión y valoración con base en criterios
objetivos, en forma razonada y pública, incluyendo el requisito de la
reconocida honorabilidad. Igualmente, insto a las Comisiones que se
integrarán próximamente a asegurar la inclusión equitativa de aspirantes
mujeres e indígenas.
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Saludo los esfuerzos de la sociedad civil
en su participación activa en el monitoreo y seguimiento de estos procesos y
confío en que sus observaciones sean consideradas por las Comisiones de
Postulación.
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Pueblos indígenas
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Coincidimos con el
Presidente en que la superación de la discriminación estructural y el racismo
es uno de los principales desafíos para Guatemala. A pesar que los pueblos
indígenas constituyen
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la
mayoría de la población, ser indígena en Guatemala continúa implicando una
negación de sus derechos en varios ámbitos, incluido el acceso a servicios
básicos, a la propiedad de la tierra, a la educación, salud, justicia,
participación y a condiciones de trabajo decentes.
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Las autoridades indígenas de Chichicastenango, Nebaj
(Quiché), Sololá, los 48 Cantones de Totonicapán, entre otros, describieron
en detalle el gran desafío que enfrentan en el fortalecimiento de su
autonomía en el marco del ejercicio de sus funciones. Hago un llamado al
Estado en su conjunto para que se reconozca su contribución al mantenimiento
de la paz, la seguridad y gobernabilidad en el país. La necesidad de
fortalecer los mecanismos tradicionales de diálogo y toma de decisiones comunitarias es urgente, como también
lo es el fortalecer una mayor participación de las mujeres indígenas dentro
de estas estructuras.
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En mi visita a Izabal, pude conocer los
esfuerzos de las comunidades indígenas para reivindicar sus derechos de
acceso a la tierra, reconocimiento de la propiedad colectiva y participación
en la toma de decisiones de políticas públicas a través de demandas
judiciales. Llamo a que se adopte el marco legal adecuado al derecho
internacional que reconozca las formas tradicionales de tenencia, posesión y
propiedad colectiva de la tierra por parte de las comunidades indígenas.
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Me preocupa sobremanera constatar que el
otorgamiento de licencias para proyectos extractivos y energéticos sigue
generando tensión social. El respeto por parte del Estado de su deber de
consultar a los pueblos indígenas, así como la construcción de espacios de
diálogo con base en los principios de buena fe, constituyen el camino para
prevenir y responder efectivamente a los desafíos en este país. El
procedimiento de consulta previa debe desarrollarse de acuerdo a los
estándares internacionales e incorporar las formas tradicionales de consulta
y toma de decisión utilizados por las comunidades indígenas. En este marco,
hago un llamado a un modelo de desarrollo incluyente, en el que los pueblos
indígenas tengan la oportunidad de ser socios legítimos, participando en los
procesos de toma de decisión y reparto de beneficios.
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Defensores de los derechos humanos
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A través de los
testimonios que pude recibir por parte de un amplio grupo de defensoras y
defensores que trabajan a favor de la justicia, de los derechos de los
pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y del medio ambiente, pude
comprender el difícil contexto en el que desempeñan su labor y los enormes
riesgos a los que están expuestos. Con preocupación recibí información sobre
casos de amenazas, ataques y campañas de desprestigio a que están sujetos.
Incluso, según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), durante 2013 se habrían registrado
18 asesinatos de defensores y defensoras.
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También pude conocer casos en los que
parece haber un patrón en el cual, frente a la defensa de los derechos
humanos en el contexto de explotación de recursos naturales, se accionan
procesos penales ante las fiscalías locales. Se utilizan tipos penales
desproporcionados a los hechos denunciados, tales como asociación ilícita,
terrorismo o secuestro, los cuales corresponden a la lógica del combate al
crimen organizado, y no al abordaje de la demanda de los movimientos
sociales.
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Otro elemento de preocupación son las acciones y campañas
de desprestigio y estigmatización en contra de las y los defensores, que se
articulan utilizando como plataforma diversos medios de
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comunicación. Para contrarrestar esta tendencia es
necesario que las autoridades eleven aún más el reconocimiento público sobre
la legitimidad de la labor que desempeñan las y los defensores de derechos
humanos.
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En este sentido, el Gobierno me compartió
información sobre importantes iniciativas y espacios que están en proceso de
fortalecimiento para garantizar la protección de defensores y defensoras de
derechos humanos en riesgo. Quisiera destacar, particularmente, los esfuerzos
para concretar un mecanismo de protección para periodistas. Es importante que
se cree un mecanismo similar para proteger a las y los defensores de derechos
humanos, así como realizar las investigaciones relativas a los ataques que
han recibido. Acabar con la impunidad es la mejor forma de brindarles
protección.
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Seguridad
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Soy consciente de los esfuerzos que el
Gobierno de Guatemala ha realizado para reducir el número de muertes
violentas, aunque sigue siendo preocupante el alto número de éstas,
incluyendo mujeres, niñas y niños. Valoro el lanzamiento de la Política
Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, así como el aumento en el
número de agentes de policía que a finales de año se ha proyectado a 35.000
efectivos. Confío en que este aumento de las fuerzas policiales permitirá,
como conversado con el Presidente Otto Pérez Molina, el retiro gradual de las
fuerzas armadas de las tareas de seguridad ciudadana.
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Procurador de los Derechos Humanos
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Cuando la Alta
Comisionada visitó Guatemala en 2012, el Congreso estaba próximo a
seleccionar un nuevo Procurador de Derechos Humanos. Me complace ahora
reconocer los notables esfuerzos liderados por el Dr. Jorge De León Duque en
el fortalecimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y,
particularmente, de las 36 auxiliaturas que cubren los 22 departamentos del
país. La PDH sigue siendo la institución de referencia para las y los
ciudadanos que sienten que sus derechos humanos han sido vulnerados. La
confianza de la gente en la institución es el primer paso para garantizar la
protección de sus derechos humanos. La labor de promoción de una cultura de
derechos humanos y de fiscalización de la función de la administración
pública son aspectos centrales en el fortalecimiento de espacios democráticos
tanto a nivel local, como en el nivel nacional. Reitero la disposición de
nuestra Oficina para seguir
acompañando y brindando asistencia técnica a la PDH.
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Finalmente, quiero agradecer al Gobierno por la renovación
del Acuerdo para que la Oficina siga presente en Guatemala por tres años más.
Esto nos anima, y quiero reiterar y reafirmar nuestro compromiso de continuar
en el país y de apoyar los esfuerzos para asegurar el pleno disfrute de los
derechos humanos de todas las guatemaltecas y guatemaltecos.
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Muchas gracias.
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