1. La propiedad privada es un derecho con rango constitucional. Sin embargo, no es el único derecho, ni puede considerarse por encima de otros derechos constitucionales de toda la ciudadanía guatemalteca, entre otros: el derecho a gozar de una vida digna y a los medios necesarios para la subsistencia y el derecho a la igualdad de trato y consideración por parte del Estado y sus instituciones, sin privilegios ni discriminación por condición económica, social, ubicación geográfica, origen étnico, de género o cualquier otra condición.2. El derecho a la propiedad, uso y tenencia de la tierra en sus diversas formas debe respetarse y protegerse, independientemente de la extensión o condiciones específicas de quien sea portador de dichos derechos, y bajo todas sus formas, ya se trate de tierras en propiedad privada o de tierras ancestrales, comunales, de comunidades indígenas, en copropiedad, en cooperativa u otras formas.
3. La producción agrícola a pequeña, mediana y gran escala son igualmente fundamentales para la economía y la subsistencia del conjunto de la sociedad guatemalteca. La crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 nos ha evidenciado, especialmente, la importancia de los productores de alimentos; son ellos –hombres y mujeres agricultores— quienes han garantizado nuestra alimentación aún en las peores condiciones y circunstancias. Por lo tanto, tienen derechos que deben ser igualmente tutelados y protegidos por el Estado.
4. En tal sentido, la defensa de la propiedad sobre la tierra y la promoción de la seguridad y certeza jurídica sobre la misma, deben incluir la investigación y las evidencias de soporte de la legitimidad, la legalidad y la “regularidad” de las propiedades. La seguridad y certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra sólo puede ser garantizada cuando se puede demostrar su legitimidad (es decir, que fue obtenida sin afectar los derechos de otros), su legalidad (que no presenta ningún tipo de anomalía en su registro, medidas y tracto sucesorio, entre otros aspectos importantes) y regularidad (que lo que está registrado en documentos se corresponde con la extensión y derechos en campo). Es por ello que la propiedad no puede ser nunca producto del despojo, la violencia, la corrupción o cualquier otro acto de mala fe en provecho privado, porque implica que se están violando derechos de otros, incluso cometiendo actos que pueden constituirse en delitos.
5. La legalidad sobre la propiedad de la tierra no puede circunscribirse a lo que consta en registros oficiales, pues muchos títulos fueron otorgados en fechas anteriores a la creación del Registro de la Propiedad bajo el régimen liberal, en 1877. Los derechos respecto a la tierra tienen antecedentes históricos que pueden y deben ser investigados y documentados, como ya ha sido demostrado y reconocido en algunos casos. Estos antecedentes legitiman los reclamos de los distintos interesados y sus descendientes, tanto individuales como colectivos.
6. Pese a haber sido un compromiso establecido en los Acuerdos de Paz, el país no cuenta a la fecha con jurisdicción ni institucionalidad agraria. A pesar de los esfuerzos empeñados por distintos sectores de la sociedad, Guatemala no ha avanzado en la promulgación de un Código Agrario ni en la instalación de Tribunales Agrarios y de una Procuraduría Agraria, que permitirían resolver la conflictividad agraria tomando en cuenta los derechos de todos los sujetos involucrados sin su judicialización. Este vacío ha dado como resultado, en muchos casos, la criminalización de pequeños propietarios y de comunidades indígenas y campesinas empobrecidas, el otorgamiento de privilegios a empresas y grandes terratenientes, y la parcialización de la institucionalidad del Estado.
7. La creación de un Observatorio por parte de las cámaras empresariales, que busca articular a éstas últimas con la institucionalidad del Estado en defensa de la propiedad privada de la tierra, es contraria al espíritu y los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz. Después de la firma de la Paz, se creó la Secretaría de Asuntos Agrarios como la estructura del Estado que debía abordar y resolver los conflictos agrarios, investigando y documentando técnicamente los casos, y mediante mecanismos de diálogo y concertación entre las partes en conflicto, en igualdad de condiciones.
8. Junto a la desarticulación de la institucionalidad de la paz y su traslado a la denominada Comisión por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), el gobierno del Presidente Giammattei canceló la Secretaría de Asuntos Agrarios, sin que exista a la fecha claridad sobre el destino de los expedientes de los casos de conflictos agrarios, los estudios técnicos realizados en apoyo a los mismos y los archivos propios de esta dependencia; como tampoco sobre los procedimientos para su seguimiento, avance y resolución. Nos preocupa, sobre todo, que se garantice el debido resguardo de los registros de propiedad, cuya vulnerabilidad ante alteraciones y sustracciones, ha sido evidente en el pasado reciente.
Por todo lo anterior, EXIGIMOS:
Al gobierno del Presidente Giammattei:
1. Que respete los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz en materia agraria y la institucionalidad derivada de los mismos, a la vez que transparente el destino de los expedientes, estudios técnicos y archivos de la Secretaría de Asuntos Agrarios, así como el diseño, estructura, procedimientos y plan operativo de la recién creada COPADEH.
2. Que asegure la imparcialidad, independencia y profesionalismo de las instituciones del Estado encargadas de garantizar para todos las y los guatemaltecos el acceso, registro y administración de tierras, como lo son: el Fondo de Tierras, el Registro de Información Catastral y el Registro General de la Propiedad.
3. Que establezca e impulse el proceso para la discusión y aprobación de un Código Agrario y la instalación de Tribunales Agrarios.
4. Que se cumpla con el compromiso de regularizar las tierras adjudicadas a comunidades indígenas y campesinas, cuyos derechos han sido plenamente documentados y sobre las cuales el Estado debe otorgar los títulos de propiedad correspondientes.
Al Ministerio Público y Sistema de Justicia:
1. Que detengan los desalojos y persiga los casos de desalojos extrajudiciales de comunidades y grupos campesinos que han venido posesionando, habitando y trabajando las tierras en litigio.
2. Que al dictar instrucciones específicas garantice el debido proceso y la observancia y pleno cumplimiento de los protocolos y estándares internacionales en materia de derechos humanos tanto individuales como colectivos.
3. Que destine personal y recursos suficientes para la investigación de fondo que requieren los reclamos campesinos y de comunidades indígenas sobre sus tierras.
4. Que desarrolle una investigación del allanamiento sufrido en fecha reciente por el Bufete de Pueblos Indígenas, que permita llevar a la justicia a los responsables intelectuales y autores materiales.
ActionAid Guatemala, Alianza Campesina, Alianza Política Sector de Mujeres, American Friends Service Committee - Latinoamérica y El Caribe (AFSC-LAC), Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Guatemala, Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad (ACCI), Asociación Comunicarte, Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Asociación de Mujeres de Petén Ixqik (AMPI), Asociación Maya Uk’ux B’e, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), Asociación Pop No’j, Asociación Q’anil, Asociación Serjus, B’o’q’ol Q’esal Tenam Ixil K’usal-Alcaldía Indígena Ancestral Ixil de Cotzal, Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Bufete para Pueblos Indígenas, Campaña Guatemala Sin Hambre, Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, Colectivo Clavel Rojo, Colectivo Iniciativa de Memoria Histórica, Colectivo Lucha y Resistencia, Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Unidad Campesina (CUC), Consejo de Autoridades Comunitarias y Ancestrales de Momostenango, Consejo de Mujeres Cristianas, Consejo Departamental de Autoridades Comunitarias y Ancestrales de Totonicapán, Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día, Festivales Solidarios, Fundación Guillermo Toriello, Fundación Maya (FUNDAMAYA), Fundación ProPetén, Fundación Tierra Nuestra, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Instituto DEMOS, Instituto Mesoamericano de Permacultura (IMAP), Jóvenes Políticos en Acción, Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán, Mujeres con Valor Construyendo un Futuro Mejor, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Organización de Mujeres Mamá Maquín, Organización de Mujeres Tierra Viva, Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio – ENI Guatemala, Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción, Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala, Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado, Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Paz (SITRASEPAZ), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNISTRAGUA Histórica), Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Voces de Mujeres.
Álvaro Cardenal Ramazzini, Alba Estela Maldonado Guevara, Aldo Dávila, Alejandro Bolaños, Alejandro Aguirre, Alfonso Huet, Ana Braconnier De León, Ana Lucía Ramazzini, Ana Patricia Orantes Thomas, Ana Paula López, Ana Silvia Monzón, Anne Bordatto, Arturo Albizures, Arturo Taracena Arriola, Brent Metz, Carlos Barrios, Carlos Enrique Moreira, Carlos Gerardo González Orellana, Carlos Vassaux, Carmen Rosa de Leon-Escribano, Carolina Rendon, Claudia Dary, Claudia Virginia Samayoa, Dalila Vásquez, Daniel Pascual, Diana García Romero, Edgar Pérez, Edelberto Torres Escobar, Edi López Santiago, Elena Ducoudray, Elena Hurtado Paz y Paz, Eva Vanneste, Febronio Tún López, Fernando Vásquez Taracena, Francisco Lucas, Francisco Vásquez, Gerardo Valdizán, Gladis Chau Díaz, Héctor Nuila Ericastilla, Helmer Velásquez, Humberto Rivera Santiago, Ivonne Solórzano, Jorge Fernando Campo, Jorge Mario Salazar, Jorge Santos, Jorge Solares, José Alfredo Calderón E, José Chic, Jose Hernandez, Juan A. de León D, Juan Antonio Fernández, Juan Castro, Juan León, Julieta Hernández, Julio Chacón, Julio Marcelo Sabuc, Katjia Winkler, Laura Hurtado Paz y Paz, Leonor Hurtado Paz y Paz, Ligia González Martínez, Ligia Lemus, Lin Valenzuela, Lisseth Castro, Lucia Corral Hurtado, Lucrecia Ardón, Luis Armando Ruiz Morales, Luis H. Mijangos Juárez, Luis Taracena, Marco Tulio Álvarez, Margarita Castillo, María Dolores Yoc, María Eugenia Díaz, María Eugenia Solís García, María Luisa Rosal, María Pilar Hoyos, María Villagrán, Mariel Aguilar, Mario A. Castillo, Maritza Urrutia, Mateo Herrera, Mirna Ramírez Pérez, Mónica Salas, Nora González, Olga Reiche, Oscar Humberto Calderón Escobar, Oswaldo Juarez, Pablo Ceto, Patricia Castillo, Patricia Hernandez García, Patricia Melgar Orozco, Pedro Antonio Boche Coronado, Percy Méndez, Ramón Cadena, Rodolfo Alfaro, Rodrigo Vásquez Bianchi, Rolando Sequec Sulugui, Ronel Estrada, Rosa Hidania Morales Reynoso, Rosa Irene García, Rosa Torras, Rosa Wantland, Rosina Cazali, Ruth Tánchez, Sandra Morán, Santiago Bastos, Sergio Beltetón De León, Simona Violetta Yagenova, Telma Muralles, Úrsula Roldán, W. George Lovell, Xiomara Bedoya, Yolanda Pérez Ruiz, Yvonne Aguilar, Zoel Franco.
Guatemala, 24 de abril 2021.
Publicado el domingo 25 de abril de 2021 en El Periódico (Pag. 9).
