Masacre de Santiago Atitlán
“Ese día fue de gozo, de gozo hasta llorar. Todas las iglesias se unieron, nos unimos como hermanos mayas. No hubo diferencias, todos nos unimos sin hacer reclamos. Fue algo maravilloso. Todos lloramos por el acuerdo de la retirada del Ejército”.
Fotos obtenidas del video.
I. ANTECEDENTES
Santiago Atitlán, formado por tres aldeas y dos cantones rurales, es uno de los 19 municipios del departamento de Sololá. La mayoría de la población es maya tz’utujil y conserva un fuerte sentimiento comunitario, así como una profunda tradición espiritual.
En otro tiempo los alguaciles, vinculados a las cofradías, realizaban rondas nocturnas para velar por la seguridad de los habitantes. Las influencias que ejercieron factores externos a las comunidades, como la Iglesia Católica a través de los catequistas y el Ejército, por mediación de los comisionados militares y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), incidieron para que poco a poco los alguaciles perdieran su autoridad.
Por influencia de los misioneros de Oklahoma se formaron catequistas que adquirieron conocimientos sobre la doctrina social de la Iglesia y la Teología de la Liberación, se organizaron cooperativas de desarrollo agrícola y se pusieron en marcha proyectos de asistencia a viudas, huérfanos y discapacitados. Los catequistas administraron la radioemisora La Voz de Atitlán, que tenía fines pedagógicos y difundía programas de sensibilización social. En este sentido, se destacan los mensajes que emitía en tz’utujil Gaspar Culán Yatás, quien más tarde fue desaparecido. Un estudiante de Teología fue el primero en recibir amenazas por los mensajes que emitía por radio. Los catequistas, además de realizar su trabajo de concienciación utilizando la radio, se distribuían en grupos para predicar en todos los cantones y aldeas del municipio.
En 1976 el Comité de Unidad Campesina (CUC) realizó tareas de carácter organizativo en la población, trasmitiendo mensajes con relación a la propiedad de la tierra y otras reivindicaciones: sus postulados coincidían con las prédicas de los catequistas
En 1978 llegó a la zona la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que pronto estableció redes de apoyo logístico en Santiago Atitlán.
Paralelamente, en 1978 el Ejército organizó en la región un sistema de colaboradores e informantes. Se formó un cuerpo de comisionados militares, integrado por un jefe y dos ayudantes, dependientes de la zona militar de Quiché. Su trabajo consistía en reclutar jóvenes para que realizarán el servicio militar. Sin embargo, según un declarante, su labor y actitud cambiaron al cabo del tiempo, y “se volvieron malos”.
A partir de 1979 los catequistas y líderes comunitarios comenzaron a ser identificados con la guerrilla; circularon listas con sus nombres y sus vidas fueron amenazadas. En 1980 el Ejército se estableció de forma permanente en el municipio. Comenzó a vivirse un clima de temor e inseguridad: “Si hay alguno que camina en las calles a las siete o a las ocho, pueden agarrarlo y meterlo en el destacamento del Ejército”. Esta situación motivó dos reacciones diferentes entre la población. Una parte ella se desplazó a otras regiones, para escapar a la represión. Otra, a instancia de dirigentes populares, estaba integrada por los vecinos que habían decidido permanecer en la comunidad y se organizaron porque, al decir de un poblador, “con la unión nos vamos a defender”. Esta organización pretendía concienciar de estos valores a la población, al mismo tiempo que difundían un mensaje religioso.
El 7 de enero de 1981, en la finca San Isidro Chacayá, del mismo municipio, 22 civiles fueron torturados y ejecutados arbitrariamente por efectivos del Ejército.
La época de mayor represión duró hasta 1983, en años posteriores hubo también severas violaciones de derechos humanos y la población se mantuvo bajo el control del destacamento militar. Sin embargo, la estrategia militar de organizar a la población en las PAC no tuvo el éxito esperado. Según un declarante, dicha organización fracasó “por la reiterada negativa de los atitecos a seguir instrucciones de los comandantes y comisionados”.
En 1981 cientos de jóvenes se resistieron a prestar el servicio militar y se encerraron en la iglesia, poniéndose bajo la protección del padre Francisco Stanley Rother. En esa oportunidad ningún joven fue reclutado. Cuatro días después, el 28 de julio de 1981, el padre Rother fue ejecutado.
Durante los años ochenta la ORPA realizó actividades políticas, de propaganda y hostigamientos esporádicos.
En 1985 gana las elecciones municipales un poblador indígena. Por esa época, la presencia militar, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales de personas supuestamente vinculadas con la guerrilla continúan. La CEH registró casos de este tipo hasta 1990.
En relación a la presencia guerrillera en el área, un testigo relata: “En el mes de diciembre de 1989 la fuerza operativa del Frente Javier Tambriz desalojó completamente Santiago Atitlán y el volcán Atitlán y[dejó] el contacto sistemático con la población, desplazándose, por razones militares, a los volcanes Acatenango, Fuego y Agua”.
En 1990 tienen presencia en la región la Iglesia Católica y múltiples iglesias protestantes. Un miembro de la Iglesia Católica comenta: “Teníamos la meta única de expulsar a los militares de nuestro suelo, con lo que esperábamos demostrar que ellos eran los causantes de la violencia y las matanzas de nuestro pueblo … Así, hasta que llegó el 2 de diciembre de 1990 que nos despertamos”.
II. LOS HECHOS
El 1 de diciembre de 1990, sobre las seis de la tarde, cuatro militares ingresaron a la cantina Doña Elba, situada en la calle principal del cantón Xechivoy. Allí consumieron por espacio de una hora bebidas alcohólicas, para dirigirse después a la Cevichería Lucky, donde permanecieron alrededor de media hora. Luego, caminaron por las calles del cantón molestando a la gente que encontraban en su camino. Más tarde, alrededor de las nueve y media de la noche, regresaron a la cevichería, que se encontraba cerrada. Golpearon la puerta y exigieron que les abrieran. La gente que se encontraba en el interior del local se negó a abrirles, escuchándose a partir de ese momento un fuerte intercambio de palabras y generalizándose un escándalo en la calle, coronado por disparos al aire realizados por el teniente José Antonio Ortiz Rodríguez. Al no poder entrar en el local, los soldados se dirigieron al domicilio de Andrés Sapalú Ajuchán, que al percibir la presencia de los militares comenzó a gritar pidiendo auxilio. Ante el escándalo, uno de los militares quien estuvo presente en los hechos declara: “La gente se alarmó y salió a la calle”. Los militares huyeron.
Mientras tanto, la población de Santiago se estaba organizando para dialogar sobre estos hechos con el comandante del destacamento militar. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Los pobladores despertaron y salieron a la calle. Todos conocían el significado de las campanadas: “La gente está atenta al llamado de emergencia, al toque de campana. Se acordó cuando hay toque de campana, estar siempre alerta y se juntó la gente”.
Poco a poco se fueron reuniendo en la plaza, hasta que se llenó. En la plaza, como declara una persona que participó en los hechos:
“Muchos comenzaron a contar sus sueños. Los que vieron el hecho hablaron para toda la población. Esto pasó, no es justo, ya estamos cansados de ver lo que hacen los soldados. Queremos actuar, hoy es el momento”. Decidieron dirigirse hacia el destacamento,“porque [explica otro poblador de Santiago] sino así se queda y ellos no reconocen lo que pasó”. Pidieron al alcalde en funciones y al alcalde que acababa de ser elegido, Salvador Ramírez, que los acompañara.
Se impartieron instrucciones sobre cómo comportarse. Se dijo, por ejemplo: “Que los jóvenes no tiren piedras, no griten, vayan con orden. Busquen pedazos de naylon blanco porque significa la paz, que se adelanten quince hombres con las banderas. Y al llegar primero vamos a entrar los alcaldes para decir lo que pasó”.
Mientras tanto, un soldado que estaba reforzando la subestación de la Policía Nacional en Santiago Atitlán informó por radio al destacamento militar que la gente se estaba aglomerando y que convocaban a todos los vecinos haciendo sonar las campanas. El encargado del destacamento número 2 llamó a la Policía Nacional y, según su versión, que consta en el expediente judicial, “indicaron que toda la gente se dirigía hacia el destacamento militar para atacarlo”. Entonces, ordenó que todo el personal reforzara los puestos de servicio.
Cientos de personas que portaban banderas blancas se dirigieron al destacamento militar número 2, ubicado en el caserío Panabaj, mientras otro grupo permanecía en la plaza. Poco antes de que los pobladores llegaran al destacamento, un especialista de asuntos civiles del Ejército exhortó a aquéllos, por medio de un altoparlante, para que regresaran a sus casas, y que tan sólo un líder se acercara al destacamento a plantear su inquietud. Mientras, unos niños tiraban piedras y algunas personas gritaban:“Queremos paz, que el Ejército salga de nuestro pueblo”. El alcalde electo intervino para que los niños dejaran de tirar piedras y para que la gente no gritara.
A eso de la una de la mañana, un grupo de soldados armados salió del destacamento, en tanto que otros soldados iluminaban con linternas a la gente desde lo alto de los muros de piedra que rodeaban la instalación militar. La aparición de los militares no intimidó a los vecinos, que continuaron gritando y acercándose más al destacamento. El alcalde electo de Santiago Atitlán, Salvador Ramírez, solicitó hablar con el comandante. Un cabo de tropa le comunicó esta solicitud al encargado del destacamento. Al mismo tiempo, en la puerta, un soldado habría manifestado:“Prepárense, muchachos, porque ahí vienen los guerrilleros que nos vienen a atacar”.
Fue entonces cuando comenzaron los disparos. Dos soldados habrían disparado al aire, para asustar y dispersar a los manifestantes. Cuando el cabo Eleodoro Ortiz Guzmán salió a los puestos de servicio se encontró “con que el sargento mayor García González que estaba en posición de fuego apuntando a la gente”. Otros abrieron fuego directamente contra los pobladores. Los disparos duraron entre tres y cinco minutos. Se desconoce el número total de soldados que abrieron fuego contra los manifestantes.
Los pobladores, gritando, corrieron o se lanzaron al suelo. Como resultado de los disparos, 13 personas resultaron muertas, entre ellas tres menores de edad. Por su parte la CEH logró identificar a 22 heridos.Minutos más tarde, los soldados salieron con linternas, para ver sobre el terreno el resultado de lo que habían hecho.
El retiro del destacamento militar de Panabaj
El mismo día en que se produjeron los hechos, los pobladores formaron un Comité de Emergencia y redactaron un memorial dirigido al Presidente de la República, con firmas y huellas dactilares de cientos de vecinos. En el memorial se acusó directamente al Ejército como responsable de la masacre y se solicitó la retirada del destacamento. A cambio, se comprometía ante el Gobierno a organizar un Comité Proseguridad y Desarrollo.
El procurador de los Derechos Humanos (PDH) acudió a Santiago Atitlán ese mismo día, para verificar lo sucedido. Días más tarde emitió su resolución, en la que declaró comprobadas las violaciones por parte del Ejército a los derechos humanos, calificando el caso como genocidio y ordenando que los responsables fueran juzgados por los tribunales de justicia. Además, con una censura pública de la actuación del Ejército, recomendó que se modificaran los comportamientos de este tipo y solicitó por último que el destacamento fuese retirado de Santiago Atitlán.
El ministro de la Defensa Nacional anunció, en una declaración de prensa dada el 6 de diciembre: “De acuerdo a las instrucciones específicas del Señor Presidente … y como una muestra de buena voluntad de la Institución Armada, sin que esto evidencie debilidad o tibieza se efectuará el traslado del Destacamento Militar de Panabaj al lugar que oportunamente se seleccione dentro de la jurisdicción de la Zona Militar 14 Sololá, dado que se mantiene latente la molestia de la delincuencia terrorista en los lugares aledaños”, aceptando el compromiso contraído por la población: hacerse cargo de su propia seguridad.
La decisión gubernamental causó algarabía en la población. Un declarante cuenta: “Ese día fue de gozo, de gozo hasta llorar. Todas las iglesias se unieron, nos unimos como hermanos mayas. No hubo diferencias, todos nos unimos sin hacer reclamos. Fue algo maravilloso. Todos lloramos por el acuerdo de la retirada del Ejército”.
Los habitantes de Santiago explicaron la retirada del destacamento militar desde la perspectiva del culto a Maximón y desde la cosmovisión maya. Por un lado, “la mayoría de gente tiene una fe increíble en Maximón, pedían por la paz, por la liberación de los desaparecidos … Dios escuchó lo que veníamos desde hace años rezando … Maximón quitó el miedo…” Por otro, “la caída de Santiago fue el 18 de abril de 1524, que según el calendario maya fue un día Batz que coincide con la salida del Ejército. En esa fecha fuimos conquistados y en esa fecha Santiago conquistó. No hemos sido vencidos, sólo estábamos esperando ese momento”.
Cuenta un habitante de Santiago que, una vez que se fueron los militares, “voluntariamente comenzaron las rondas. Dimos nosotros la seguridad, pero eso viene de antes, por eso no somos PAC”.Emergió un nuevo sistema de seguridad, sustentado en la propia comunidad. Hubo cientos de voluntarios para cuidar, día y noche, de la población y preparar comida para los vigilantes. Alrededor de 18 personas en cada cantón realizaban rondas cada noche, portando como única arma un palo además de un silbato para avisar. Cuando se trataba de un caso muy grave, se tañía la campana. Este fue el método utilizado cada vez que el Ejército intentó penetrar de nuevo en la comunidad. La Policía Nacional, reducida en número y en funciones, se convirtió en “una institución subordinada a la población”.
Comenzaron a utilizarse procedimientos conciliatorios para llegar a la resolución pacífica de los conflictos. No hubo violencia institucional. La vida social y comercial, que antes se hallaba restringida, se extendió hasta altas horas de la noche.
La justicia militar
Los hechos dieron lugar a la iniciación de dos procesos ante la justicia penal militar. En el primero se juzgó a un militar, a quien se responsabilizó por la masacre. En el segundo se juzgó a otro, por los hechos inmediatamente anteriores a la misma.
(1) El 2 de diciembre de 1990, encabezado por un informe policial, se inició un proceso en el juzgado de paz comarcal de San Lucas Tolimán, del departamento de Sololá, por la muerte de varias personas en Santiago de Atitlán. El juez de paz realizó el reconocimiento judicial de los cadáveres que se encontraban frente al destacamento militar. En la misma fecha el citado juez se declaró incompetente y remitió el expediente a la fiscalía militar
El 6 de diciembre, el comandante de la zona militar número 14 manifestó: “Según la investigación realizada en ese comando se estableció que la única persona o elemento que disparó en el destacamento militar de Santiago de Atitlán fue el sargento mayor Efraín García González”. El 7 de diciembre, se dictó auto de prisión preventiva contra el militar referido y se le procesó por los delitos de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Se recibieron múltiples declaraciones testimoniales de militares ofendidos y la declaración indagatoria del acusado; se aportaron también varios informes periciales y pruebas documentales.
El Tribunal Militar llegó a la conclusión de que el sindicado ejecutó personal y directamente los trece homicidios, las ocho lesiones graves y los cinco delitos de lesiones leves y le condenó a 16 años de prisión inconmutables. La sala novena de la Corte de Apelaciones, constituida en Corte Marcial, confirmó la sentencia el 7 de enero de 1992 y reformó la pena impuesta al elevar la misma a 20 años de prisión inconmutables.
(2) El 6 de diciembre de 1990 se inició el juicio en el Tribunal Militar número 20, contra el teniente de infantería, José Antonio Ortiz Rodríguez, por disparo de arma de fuego. Diego Ixbalán, la víctima que fue herida por el teniente, intentó ser acusador particular, pero se desestimó tanto su petición como su testimonio.
El Ministerio Público intentó ampliar los cargos en contra del sindicado a múltiples homicidios y lesiones; pero el Tribunal Militar denegó tal petición. Después de escuchar varios testimonios, el Tribunal resolvió condenar al teniente Ortiz por los delitos de disparo de arma de fuego e intimidación pública, a cuatro años de prisión, conmutables a razón de cinco quetzales por día. El condenado, libre bajo fianza, apeló el fallo. La sala de apelaciones, constituida en Corte Marcial, confirmó la sentencia el 22 de diciembre de 1993.
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III. CONCLUSIONES
Luego de analizar todos los antecedentes, la CEH llegó a la plena convicción de que efectivos del Ejército de Guatemala ejecutaron arbitrariamente a 13 habitantes de Santiago de Atitlán y ocasionaron heridas a otros 23, todos ellos pobladores civiles e indefensos. Dichos actos constituyen graves violaciones de derechos humanos.
La leve alteración del orden público que pudo suponer el ejercicio legítimo de los derechos de reunión y de petición por el pueblo de Santiago Atitlán, no justifica, sino hace aún más reprochable la reacción de los soldados.
El análisis de los hechos que culminaron en la masacre del 1 diciembre de 1990, lleva a la CEH a considerarlos como un ejemplo de las consecuencias que puede acarrear la asignación a la fuerza armada de tareas de resguardo del orden y la seguridad ciudadanas.
La CEH, luego de ponderar los hechos acaecidos en la época anterior a la masacre, considera que este caso ilustra el profundo sentimiento antimilitar que las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder cometidos por efectivos del Ejército generaron en la población civil afectada. Dicho sentimiento es el extremo opuesto al respeto ciudadano que cualquier ejército nacional requiere para cumplir sus funciones.
El caso ilustra, asimismo, la capacidad de la población de Santiago Atitlán para imponer su voluntad cívica y desmilitarizar la vida comunal, especialmente en cuanto procedió a civilizar la función de seguridad ciudadana, situación inédita en el enfrentamiento armado interno.
Analizados los antecedentes del caso, la CEH concluye que si bien los tribunales militares, obligados por los acontecimientos, realizaron procedimientos judiciales que concluyeron con dos sentencias condenatorias, dichos procedimientos no culminaron en el esclarecimiento pleno de la verdad y la aplicación de sanciones a todos los responsables.
La CEH destaca la intervención del procurador de los Derechos Humanos, que ilustra la trascendencia que, en la resolución de graves conflictos, puede tener el ejercicio oportuno e inteligente de tan delicada función.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbritaria
Felipe Quiejú Culan
Gaspar Coo Sicay
Gerónimo Sojuel Sisay
Juan Carlos Pablo Sosof
Juan Ajuchan Mesía
Manuel Chiquitá González
Nicolás Ajtujal Sosof
Pedro Catú Mendoza
Pedro Cristal Mendoza
Pedro Damián Vásquez
Pedro Mendoza Pablo
Salvador Alvarado Sosof
Salvador Damián Yaqui
Herido en atentado
Antonio Chiviliu Quiejú
Antonio Pablo Toj
Antonio Reanda Coché
Cristobal Tacaxoy Tacaxoy
Diego Ajchomajay Coché
Diego Ixbalán Reanda
Diego Pablo Petzey
Diego Yaquí Coché
Esteban Damián Coo
Francisco Mendoza Teney
Gaspar Mendoza Mendoza
Gaspar Tzina Tinay
Gaspar Mendoza Chiquival
José Sosof Coo
Juan Ixbalán Tziná
Mariano Tacaxoy Rodríguez
Nicolás Ratzan Sapalú
Nicolás Tzina Esquina
Pascual Mendoza Coché
Pedro Abraham Damián González
Pedro Culan Sosof
Pedro Sicay Sapalú
Salvador Sisay Pablo
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| Foto: Cabildo Abierto en Santiago Atitlán días después de la masacre, COMUNICARTE acompañando a organizaciones sociales y de derechos humanos |
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