Walter Alejandro González Gramajo
Área de Estudios de Historia Local
Con la denuncia de la corrupción existente en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hecha por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público se generó una crisis política aún irresuelta. Hasta ahora, es claro que las “autoridades gubernativas” no quieren darse por enteradas de la misma. Este caso destapó la pestilencia de una armazón político-mafiosa que evidencia la profundidad de la corrupción e impunidad existentes a tan altos niveles.
La actual crisis, sobre la que podemos continuar discutiendo en cuanto a sus rasgos, implicados y consecuencias, está siendo vista por muchos como una oportunidad para iniciar o impulsar iniciativas que puedan traducirse, en un futuro no muy definido, en la base para cambiar lo que hasta ahora no ha funcionado bien en el país. Pero, ¿se trata de “purificar” el sistema de tributación?, ¿el sistema político?, o ¿entender que lo que la CICIG nos está diciendo es que el caso concreto de la SAT es apenas una muestra de lo corrupto que es todo nuestro sistema político y económico? En tal sentido, ¿con las renuncias que se piden a viva voz se resolverán esos problemas estructurales?, ¿luego de que renuncien se acaba la corrupción? O si ¿pueden ser consideradas esas manifestaciones como el punto de partida para promover algo nuevo y diferente?
Varios analistas políticos, al abordar las recientes protestas, destacan su carácter capitalino y, en algunos casos incluso, las identifican como expresión de un “sentir nacional”. En este caso, se trata de conglomerados provenientes de diferentes estratos sociales urbanos que, no hay que olvidar, al menos en dos de los últimos eventos electorales, han sido determinantes en el triunfo de los binomios presidenciales, entre ellos el actualmente señalado como corrupto y manipulador. En tal sentido, ante estas manifestaciones de descontento, me pregunto: ¿Estamos frente a una expresión “general” de desencanto ante la burla, el engaño y la traición? ¿Esas manifestaciones nos dicen que ya estamos viendo más allá y cuestionando la pertinencia del sistema político, tal y como hasta ahora ha funcionado?
Es oportuno recordar que, en el interior del país –casi– siempre se han generado diversidad de manifestaciones y protestas por parte de comunidades y organizaciones indígenas y campesinas relacionadas con problemas específicos que allí viven y que son resultado de ese mismo sistema y modelo económico y político que ahora se cuestiona a nivel capitalino. Cuando protestan por ser desalojados de sus tierras, por oponerse a la presencia arbitraria e invasiva de proyectos extractivos en sus territorios, por citar los escenarios más recurrentes en los últimos años, tienen que venir a la ciudad capital donde, casi siempre, se les minusvalora y, en muchos casos, se les criminaliza. Además de ser señalados como obstructores de la libre locomoción y del desarrollo económico “nacional”. Es pertinente mencionar la reciente movilización convocada por los 48 cantones de Totonicapán con reivindicaciones similares a las de las marchas realizadas en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo serán analizadas estas movilizaciones, dado que quienes las protagonizan son sujetos considerados como “subordinados” y que –una vez más- han acudido a los bloqueos carreteros para hacerse escuchar?
En tal sentido ¿Qué es más importante? ¿Que los “gobernantes” renuncien? ¿Qué el proceso electoral se lleve a cabo sin tomar en cuenta estos escenarios recientes y las preguntas que de ellos surgen? O ¿Establecer una agenda concreta y consensuada para encontrar soluciones estructurales a la multiplicidad de problemas que marcan las vidas de los sectores de población más excluidos y explotados, sobre todo indígenas y campesinos? ¿Son escenarios diferentes? ¿Cuál de ellos se debe atender primero? O bien, ¿todos están estructuralmente interconectados pero no interesa que se articulen?
El caso de la SAT nos está develando que la corrupción no es solo consecuencia de un sistema político y económico disímil e injusto; o de la tramposa habilidad de algunos funcionarios para quedarse con lo que no les pertenece; o que solo se están beneficiando los poderes políticos y económicos dominantes. Más bien, considero que evidencia una política largamente sustentada desde el Estado y fortalecida por esos múltiples y diversos sectores de poder económico –algunos de los cuales ahora se están rasgando las vestiduras– mediante la cual se han asegurado el arrebato de los derechos colectivos y el saqueo permanente de los recursos naturales de este país.
Las muestras de irritación social que hemos visto en estos días –urbanas, capitalinas y más recientemente en el Altiplano – podrían ser consideradas como un indicador positivo de que, como decía uno de los carteles que pudimos ver en la marcha del 25 de abril: “nos robaron tanto que nos robaron hasta el miedo”. Ahora bien, las múltiples marchas campesinas que hemos visto desfilar por las calles de la ciudad de Guatemala durante los últimos años nos dicen que esas mujeres y hombres que vienen a manifestar su desacuerdo por no ser tomados en cuenta cuando se decide el futuro de sus territorios y, en última instancia, de sus vidas y las de sus hijos, no han tenido miedo de hacerlo aun cuando tampoco han tenido certezas sobre los resultados de esas acciones. ¿Qué hace falta para que ambos descontentos coincidan y articulen fuerzas en la búsqueda de soluciones profundas, de largo plazo para todos, sin ningún tipo de exclusión?
Guatemala, 5 de mayo del 2015.
http://avancso.codigosur.net/article/la-crisis-de-la-sat-punto-de-partida-para-cambios-/
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