“Es un hecho novedoso la criminalización de las radios comunitarias, con detención de periodistas indígenas y cierres de radios, que son muy importantes en la comunicación de los pueblos indígenas”, precisó el estadounidense Carlos Manuel Vazquez, uno de los 18 expertos independientes de este Comité, quien ofició de Relator en el examen de Guatemala, celebrado a fines de abril pasado, cuyas recomendaciones se hicieron publicas hoy.
“Siguen existiendo en los medios de comunicación, manifestaciones de discriminación racial … y (hay) intervenciones del Estado para cerrar radios comunitarias y la ausencia de un marco jurídico”, dice el informe del Comité, que pidió al Estado reserve “frecuencias para radios comunitarias”.
La ofensiva contra periodistas comunitarios se da en el marco de ataques contra “defensores de los derechos humanos”, particularmente “activistas”, que han intervenido en “conflictos vinculados a la explotación de recursos naturales”, relacionados con los pueblos indígenas, siempre según el Comité.
Al propio tiempo los expertos reclamaron la “consulta previa, libre e informada” de los pueblos indígenas en Guatemala, al constatar “conflictividad” en la “concesión de licencias o autorizaciones para proyectos hidroeléctricos, de explotación de recursos naturales, o de monocultivo, en las tierras y territorios que pertenecen a los pueblos indígenas o que han sido tradicionalmente ocupadas por ellos”.
“Tales concesiones han sido otorgadas sin que se respete el derecho a la consulta de los pueblos indígenas”, afirmó el Comité en su informe.
“Existen proyectos de leyes para mejorar la situación de los pueblos indígenas que están atrancados en el Parlamento desde hace 18 años, y en los Acuerdos de Paz (que pusieron fin al conflicto interno de 1960 a 1996) se indicaba que debían crearse nuevas radios comunitarias”, recordó Carlos Manuel Vazquez.
El Comité enumeró leyes pendientes de adopción, que apuntan a “reconocer formalmente a los pueblos indígenas, sus lenguas, espiritualidad, justicia”, como la “jurisdicción indígena”, “el desarrollo rural integral”, “los lugares sagrados”, “la educación bilingüe, multicultural e intercultural”, y las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y la Ley de Minería.
El Comité deploró “la anulación de la sentencia en contra de Efraín Ríos Montt”, el presidente guatemalteco 1982-1983, condenado en 2013 a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes contra la humanidad, principalmente en perjuicio de indígenas, una represión que se cobró alrededor de 200 mil víctimas, en su mayoría de la etnia maya.
Las recomendaciones del Comité también apuntaron a que el Estado redoble esfuerzos para afrontar “las condiciones de pobreza y exclusión social” y la “desnutrición crónica”, que padecen los indígenas, para luego manifestar que “el acceso a la salud sigue siendo restringido en las zonas de mayor población indígena”.
Y solicitó “la adopción de medidas especiales o de acción afirmativa para romper el vínculo entre pobreza y racismo”, haciendo extensiva la protección de la cual carecen los indígenas afrodescendientes.
http://panorama.ridh.org/la-onu-denuncia-la-criminalizacion-de-radios-comunitarias-indigenas-en-guatemala/
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