MARIO ROBERTO MORALES*
Después de que se destaparan las cloacas del sistema dse justicia y del IGSS, y para impedir que la CICIG diera a conocer lo que yace en el sumidero del Ministerio de Gobernación, a Pérez se le concedió sustituir a su ministro estrella, López Bonilla. A la CICIG empero no debería bastarle este escamoteo y bien haría en divulgar lo que sabe sobre la asociación de personeros de ese ministerio con Marllory Chacón y con La Línea. No lo hará, sin embargo. Porque su atadura de manos le viene de las acciones de “control de daños” emprendidas por el Gobierno, la oligarquía, los neoliberales y el Ejército, bajo la vigilante mirada de Estados Unidos. Se busca con ellas contener el desborde del descontento ciudadano que blande en las calles una férrea voluntad de cambio estructural del sistema, expresada en sus colosales movilizaciones y en sus ya conceptuosas demandas.
El “control de daños” también se manifiesta en la desorientadora cobertura de este descontento que los medios pro-oligárquicos empezaron a evidenciar después de la grandiosa manifestación del 16 de mayo, y tiene que ver con las propuestas legalistas del CACIF y de los neoliberales, las cuales no rebasan lo jurídico-formal, pues las anima el perverso criterio de que los cambios en la ley se traducen automáticamente en cambios en la práctica política. A este “control de daños” obedece asimismo la vana tentativa de Pérez de encabezar la depuración de su gobierno y la fallida acción del Congreso al nombrar a un vicepresidente fascista (ex miembro del “partido de la violencia organizada”), el cual no ha sido capaz de escoger a un secretario privado decente, pues, por lo que se ve, el “probo jurista” no conoce a gente honrada, ya que su primer candidato resultó ser un notorio ladrón, y el segundo, además de acreditado sexo-procurador, se reveló como acosador de mujeres, impostor y farsante. Todo lo cual deja claro que la Banda de los Pepes está formada por delincuentes y criminales, y que no tiene (no puede tener) miembros ni allegados mínimamente presentables.
Esto lo sabe la creciente movilización ciudadana que desde el 16 de mayo dejó de ser de clase media, para tornarse un movimiento interclasista e interét-nico que pasó de exigir sólo la renuncia de los corruptos, a proponer cambios estructurales en el Estado y en el sistema económico. Esto lo obliga a que la manifestación del próximo 30 de mayo deba ir más allá de las propuestas jurídico-formales de cambio a ciertas leyes, y eso pasa por proponer un mecanismo para refundar el Estado sin que sean los mismos corruptos los que lo hagan. Lo cual nos lleva a que las elecciones, tal como están programadas, carecen de la legitimidad que el pueblo reclama, aunque sean legales. En esto, el movimiento debe formular un procedimiento que asegure que el sistema corrupto no se reproduzca bajo el socorrido mantra de “preservar el orden constitucional”, como si ese orden no fuera el de los mismos cacos contra los que el pueblo lucha en las calles. Al contrario, hay que superar ese orden. Por eso, la manifestación del 30 debe ser un avance respecto de las anteriores, no un retroceso; y no deberá consentir sólo a cambios formales en la ley, pues el pueblo no quiere legalidad a secas, sino sobre todo legitimidad moral de la legalidad. En tal sentido, su accionar deberá partir de la base de que para fundar la legitimidad, es inevitable acabar por completo con el sistema corrupto.
*www.afuegolento.mexico.com
http://elperiodico.com.gt/es/20150527/opinion/12950/Para-la-manifestaci%C3%B3n-del-30-de-mayo.ht
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