La historia del imperialismo yanqui en Guatemala y
Nuestra América, está marcada por invasiones, la instigación y planificación de
golpes de Estado, el apoyo financiero y militar para derrocar gobiernos
elegidos democráticamente y el apoyo a dictaduras militares y gobiernos
autoritarios. No hay que olvidar la intervención de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) en Guatemala para derrocar el gobierno de Jacobo Árbenz, y
defender los intereses de la United Fruit Company, cuya consecuencia fue la
política contrainsurgente, apoyada por EE.UU., que dejó 245 mil muertos y
desaparecidos y más de dos millones de personas desplazadas.
La participación del Estado guatemalteco en los
planes, proyectos y tratados impulsados e impuestos por EE.UU. para promover el
libre comercio y las inversiones, y su concepto de seguridad nacional y
hemisférica, tales como la Iniciativa de las Américas, el Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA,
por sus siglas en inglés), el Plan Mérida, el Proyecto Mesoamérica y, más
recientemente, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte,
ha sido posible por la existencia de una clase dominante sumisa, un ejército
entreguista y una casta de políticos corruptos, mafiosos y oportunistas.
Recientemente, EE.UU., como imperio que busca
mantener su dominio y hegemonía a nivel mundial, ha puesto su mirada más fuerte
en el istmo centroamericano, y ha encontrado un incondicional aliado en el ex
general Otto Pérez Molina, destacado oficial de la política contrainsurgente
durante la guerra interna, y presidente de Guatemala desde 2012. Esto se puede
constatar a través de:
1) La ocupación e intervención militar
estadounidense en Guatemala y en la región, a través de tres bases militares
permanentes, la operación de unidades móviles de acción rápida, y un incremento
exponencial de la ayuda, entrenamiento y asesoría militar y de inteligencia, lo
que en el caso de Guatemala ha supuesto una remilitarización del Estado, los
territorios y las fronteras, en contraposición a los Acuerdos Paz.
2) La intervención directa de Estados Unidos en los
asuntos internos de los países de la región, como lo muestra su apoyo al golpe
del Estado en Honduras en el año 2009 y al gobierno de Otto Pérez Molina, a pesar
el involucramiento de éste en actos de corrupción, hechos que fueron dados a
conocer públicamente por la Comisión Internacional contra Impunidad en
Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en el caso de "La
Línea". A través de su embajada y Agencias (como la USAID, la NSA, el FBI,
o la DEA), EE.UU. dicta muchas de las políticas internas en materia de defensa,
gobernación, educación e inteligencia estratégica del Estado. Este tutelaje, en
el caso de Guatemala se extiende a la Superintendencia de Asuntos
Administrativos de Seguridad, el Ministerio Público, y con la actual crisis
política, a los Ministerios de Finanzas Públicas, de Economía y la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
3) La alianza entre los capitales regionales-nacionales
de origen lícito e ilícito, los Estados de la región y EE.UU., como lo
evidencia el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Este
plan, concomitante con la política de seguridad estadounidense, al igual que la
Alianza para la Prosperidad y Seguridad del Norte (ASPAN), entre México, Canadá
y EE.UU., tiene como propósito garantizar el control geoeconómico y
geoestratégico estadounidense en la región: las rutas comerciales, la
apropiación y despojo de los recursos y bienes naturales comunes, frenar la
oposición de las comunidades y pueblos a las inversiones del capital
transnacional, mediante la represión y criminalización de las luchas sociales.
El propósito de EE.UU. es seguir impulsando el Plan
Mérida, para mantener una infructuosa guerra contra el narcotráfico, el crimen
organizado y las comunidades y poblaciones que se oponen a los proyectos de
inversión y a sus intereses geoestratégicos. A través de esta iniciativa se ha
militarizado la lucha antinarcótica, siendo sus resultados: el fortalecimiento
de los cárteles de la droga, el incremento del tráfico de armas y el aumento de
las violaciones a los derechos humanos, con decenas de miles de personas
asesinadas violentamente, secuestros y desapariciones forzadas, violaciones
contra mujeres y niños y desplazamientos de comunidades, tal como lo muestra
los casos de México y Colombia.
La remilitarización de la región, la ocupación e
injerencia en los asuntos internos de nuestros países, están orientados a
consolidar la hegemonía estadounidense sobre la región y contrarrestar la
presencia cada vez mayor de otros capitales, como el ruso y el chino,
garantizar el monopolio comercial y el desarrollo de megaproyectos.
En el contexto de la actual crisis política e
institucional por la que atraviesa nuestro país, la intervención e injerencia
estadounidense se ponen de manifiesto en la imposición de una "salida
controlada" de la crisis, que no ponga en riesgo el modelo económico
neoliberal, la expansión del capital transnacional y las nuevas formas de
acumulación de capital mediante el despojo, el extractivismo y los
monocultivos; en connivencia con el CACIF, grupos corporativos, Corte de
Constitucionalidad (CC) y partidos políticos de derecha.
Parte de la "salida controlada" a la
crisis es el nombramiento, por el Congreso de la República, del actual
vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre en sustitución de la ex vice
mandataria Roxana Baldetti, y el apoyo al presidente Otto Pérez Molina,
frenando y obstaculizando las acciones que buscan quitarle la inmunidad y
procesarlo penalmente por su responsabilidad en los casos de "La
Línea" y del IGSS. Para ello, la Embajada de Estados Unidos ha
desarrollado una intensa campaña de "cabildeo" que le ha permitido
imponer decisiones políticas con las que trata de evitar una solución orientada
a transformar profundamente al Estado y su institucionalidad, tal como lo
demandan diversas fuerzas sociales y políticas a través de amplias
movilizaciones ciudadanas. No obstante, la injerencia de Estados Unidos solo ha
contribuido a profundizar y prolongar la crisis política actual.
Ante ello, manifestamos nuestra lucha
antiimperialista y exigimos:
· El cese de la injerencia estadounidense, a través
de su Embajada y organismos de "cooperación", en la vida política e
institucional de nuestro país y de la región. Únicamente al pueblo
guatemalteco, en el ejercicio de su libre determinación y soberanía, le
corresponde decidir el rumbo y la solución a la profunda crisis política del
Estado.
· El cese inmediato del financiamiento y asesoría
militar y de inteligencia al actual gobierno, cuyo presidente está implicado en
actos de corrupción.
· El cese de las operaciones de inteligencia y el
retiro inmediato de todas las bases y fuerzas de tarea estadounidenses: bases
militares de "Soto Cano" o Palmerola y de la Mosquitia en Honduras,
base militar de Comalapa en El Salvador; Comando Sur (U.S. Southern
Command-USSOUTHCOM), y Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de
Marines-Sur, que empezó a operar el 9 de junio, desde la Base de Palmerola en
Comayagua, Honduras.
· El cese de las operaciones y el retiro de las
fuerzas de tarea Tecún Umán, en San Marcos, y Maya Chortí, en Zacapa; dejar sin
efecto la instalación de las fuerzas de tarea Xinca, en Jutiapa, y Balam, en
Petén; así como la suspensión de operaciones de la fuerza binacional
Guatemala/Honduras, Fuerza Especial de Seguridad en la Frontera.
Finalmente, debido al papel que juega el embajador
Todd D. Robinson en la crisis actual del país, lo consideramos persona non
grata.
¡Contra la injerencia de Estados Unidos en Guatemala
y Centroamérica,
la lucha antiimperialista!
¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!
Partido Guatemalteco del Trabajo - PGT -
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