Ramírez volvió a Guatemala y se unió a una unidad de artillería. Herido y condecorado en noviembre de 1981, comenzó a participar en operaciones encubiertas contra la guerrilla, muchas veces vestido de civil. Se creó una reputación por su crueldad. Un compañero suyo lo consideraba “un criminal uniformado”. Otros veteranos, en cambio, admiraban su habilidad en el campo de batalla y la lealtad a sus tropas.
Cocorico era también un hijo entregado: le enviaba mensualmente dinero a su madre, quien se quejaba frecuentemente de que el teniente seguía SOLTERO y no le había dado un nieto.
Ramírez se convirtió en instructor en la escuela de entrenamiento Kaibil, en Petén. En 1982, el régimen de Ríos Montt cerró la escuela y creó una patrulla itinerante de instructores: tenientes, sargentos y cabos, todos hábiles combatientes. Ramírez era el subcomandante de la unidad, la cual podía desplegarse rápidamente como una fuerza de ataque en las zonas de control guerrillero.
El escuadrón invadió Dos Erres a las 2:00.
Los comandos derribaron puertas y sacaron a las familias de sus casas. Aunque los soldados estaban preparados para un enfrentamiento, no hubo resistencia. No encontraron ninguno de los rifles robados.
Llevaron a los hombres a la escuela, y a las mujeres y a los niños a una iglesia. La violencia comenzó antes del amanecer. César Ibáñez, uno de los soldados, escuchó los gritos de las niñas pidiendo ayuda. Varios soldados vieron al teniente César Adán Rosales Batres violar a una niña de 10 años frente a su familia. Imitando a su superior, otros militares empezaron a violar a mujeres y niñas.
Al mediodía, los Kaibiles ordenaron a las mujeres violentadas que prepararan comida en una pequeña casa de rancho. Los soldados comieron en turnos de cinco. Las jóvenes lloraban mientras servían comida a Ibáñez y a los demás. De regreso a su puesto, Ibáñez vio cómo un sargento llevaba a una niña por un callejón.
El sargento le dijo que habían empezado “a vacunar”.
Los militares llevaron a las personas una por una al centro de la aldea, cerca de un pozo sin agua de 12 metros de profundidad. Favio Pinzón Jerez, el cocinero del escuadrón, y otros soldados les aseguraron que todo estaría bien. Serían vacunados. Se trataba de una medida de salud preventiva. No era nada para preocuparse.
Gilberto Jordán fue el primero en derramar sangre. Cargó a un bebé, lo llevó hasta el pozo y lo arrojó hacia su muerte. Jordán lloró cuando mató al niño. Sin embargo, con la ayuda de Manuel Pop Sun, otro soldado, siguió arrojando niños al pozo.
A los adultos les vendaron los ojos y los hicieron arrodillarse, uno a uno. Los interrogaban acerca de los rifles y los nombres de los líderes guerrilleros. Cuando los habitantes protestaban que no sabían nada, los soldados les golpeaban en la cabeza con un mazo, un martillo de metal. Luego, los arrojaban al pozo.
“¡Malditos!”, gritaban las víctimas a sus ejecutores.
Ibáñez tiró a una mujer al pozo. Pinzón, el cocinero, siguió llevando allí a las victimas, junto al sub-teniente Jorge Vinicio Sosa Orantes. Cuando el pozo estaba medio lleno, un hombre que cayó encima de la pila de cadáveres pero seguía vivo, logró quitarse la venda de los ojos:
-¡Mátenme! -les dijo a los militares.
-¡Tu madre! -contestó Sosa.
-¡La tuya, hijo de la gran puta! -gritó el hombre en respuesta.
Pinzón observaba. Sosa se enfureció, le disparó al hombre y para asegurarse, lanzó una granada al interior del pozo. Unas horas más tarde, los cuerpos se desbordaban.
La masacre continuó en otras partes del pueblo. Salomé Armando Gómez Hernández, de 11 años, vivía en otra aldea cerca de Dos Erres. Esa mañana temprano, había viajado a caballo con su hermano de 22 años para comprar medicina en Las Cruces. Cuando llegaron a Dos Erres alrededor de las 10:00 para visitar a un tío, los militares metieron a Gómez Hernández a la iglesia junto a las mujeres y los niños. A través de los tablones, vio cómo los soldados golpeaban y disparaban a la gente. Su hermano y su tío fueron asesinados.
Por la tarde, los asaltantes juntaron alrededor de cincuenta mujeres y niños y los llevaron caminando hacia las montañas. Gómez Hernández se puso al frente de la fila, sabiendo que se dirigían a su muerte. Los demás también lo sabían.
“No somos perros para que nos maten en el monte. Sabemos que nos van a matar, ¿por qué no lo hacen aquí mismo?”, dijo una mujer.
Un soldado se abrió paso violentamente entre los prisioneros hasta llegar a la mujer y jalarla del cabello. Gómez Hernández vio la oportunidad de escapar y huyó. El eco de los disparos sonaba tras él. Se escondió entre la maleza y escuchó.
Uno a uno los soldados mataron a los prisioneros. Gómez Hernández escuchó los gemidos de la gente agonizando. Un niño llamaba a su mama. Los militares ejecutaron a los pequeños con los rifles. A cada uno, un tiro. Fueron entre cuarenta y cincuenta disparos en total.
Al caer la noche, en el pueblo sólo quedaban cadáveres, animales y soldados. El escuadrón se resguardó esa noche en las casas abandonadas. Llovía. Gómez Hernández pudo volver al pueblo, con trabajo, tropezándose entre la oscuridad y el lodo. Pasó entre los cuerpos de sus vecinos esparcidos por las calles y caminos. Escondido entre el pasto alto, escuchó risas.
“Ya los terminamos, muchá. Y vamos a seguir buscando”, dijo un militar.
Gómez Hernández finalmente regresó a Las Cruces.
Cinco prisioneros más sobrevivieron a la matanza de los Kaibiles. Tres mujeres adolescentes y dos niños pequeños aparentemente habían logrado esconderse en algún lugar. Al ponerse el sol, fueron hacia el centro de la aldea. Los soldados los llevaron a una casa que habían convertido en el puesto de mando. Los tenientes decidieron no matar inmediatamente a los recién llegados.
La mañana del 8 de diciembre, el escuadrón se dirigió hacia las montañas selváticas con los nuevos prisioneros. Vistieron con uniformes militares a las adolescentes. El teniente Ramírez se hizo cargo del pequeño de tres años. El panadero del escuadrón, Santos López Alonzo, se llevó al niño de cinco años. Esa noche, tres oficiales arrastraron a las jóvenes entre la maleza y las violaron. A la mañana siguiente las estrangularon y las fusilaron.
Perdonaron las vidas de ambos niños porque tenían piel blanca y ojos verdes, atributos bien valorados en una sociedad estratificada por divisiones raciales.
El teniente Ramírez le dijo a Pinzón y al resto que llevaría al niño más pequeño a su pueblo, Zacapa, situado al este del país. Lo vestiría al estilo de la región: “Como un vaquero: botas vaqueras, pantalones y una camisa”.
Días después, un helicóptero aterrizó en una llanura. Estaba ahí para recoger a Pedro Pimentel Ríos para su siguiente misión. Iba rumbo a Panamá para servir como instructor en la Escuela de las Américas, la base militar de los Estados Unidos donde se entrenaron a muchos militares latinoamericanos implicados en atrocidades. Los niños fueron subidos al helicóptero y llevados a la base Kaibil.
En la selva la patrulla iba a pie. Seguían las indicaciones del guerrillero guía que estaba atado a una larga cuerda. Las provisiones ya escaseaban. Mientras se encontraban sentados alrededor de una fogata, el teniente Ramírez le dijo a un subordinado, Fredy Samayoa Tobar, que tenía ganas de comer carne.
-¿De dónde se supone que voy a sacar la carne? -preguntó Samayoa.
-Corta un pedazo de ese guía y tráemelo -contestó Ramírez.
Samayoa tomó su bayoneta y le cortó unos treinta centímetros de la espalda al guía. Y le llevó el pedazo al teniente.
-Oh no, no, no, tienes que ejecutarlo, está sufriendo -le dijo Ramírez.
El soldado mató al guía. El teniente no se comió la carne.
El comando llegó cerca del pueblo de Bethel, donde encontraron una tienda y robaron cerveza, cigarrillos y agua. Se encontraron también con unos campesinos, a los que decapitaron.
Cuando el escuadrón regresó a la base, más de 250 personas habían muerto. Los Kaibiles llamaron a la misión “Operación Chapeadora”. Habían “podado” a todo aquél que se había puesto en su camino.
Cuatro días después de la masacre, el teniente Carías, comandante en Las Cruces, llevó tropas en camiones y tractores a Dos Erres. Saquearon los vehículos, propiedades y robaron a los animales. Luego quemaron la aldea.
Carías se encontró con los aterrorizados familiares de los desaparecidos. Algunos estuvieron lejos de Dos Erres ese día, otros vivían en pueblos cercanos. Acusó a la guerrilla del incidente.
Quién hiciera demasiadas preguntas, amenazó Carías, moriría.
PRUEBA VIVIENTE
Tras unas pocas semanas, la embajada estadounidense en Guatemala se había enterado de lo sucedido en Dos Erres.
Una “fuente confiable” les había dicho a los oficiales de la embajada que soldados disfrazados de rebeldes habían asesinado a más de 200 personas. Era el último de una serie de reportes recibidos en los que se culpaba a los militares por las masacres al interior del país. El 30 de diciembre tres oficiales estadounidenses fueron a Las Cruces, y las entrevistas realizadas a los locales levantaron más sospechas.
El equipo sobrevoló Dos Erres en helicóptero. El piloto de la Fuerza Aérea de Guatemala se negó a aterrizar, pero las casas quemadas y los campos abandonados eran una evidencia suficientemente clara de que se habían cometido atrocidades. En un cable diplomático excepcionalmente sincero enviado a Washington, los diplomáticos aseguraron que “lo más probable es que la entidad responsable de este incidente sea el Ejército de Guatemala”.
El gobierno estadounidense mantuvo el secreto hasta 1998. No se tomó ninguna medida contra el Ejército ni el escuadrón Kaibil. Los Estados Unidos continuaron apoyando a los gobiernos represores pero anti-comunistas de Centroamérica.
Tendrían que pasar catorce años hasta que alguien intentara hacer justicia por Dos Erres. En 1996, después de más de tres décadas de guerra civil, las hostilidades cesaron con un tratado de paz entre los rebeldes y militares de Guatemala. Ambos bandos acordaron una amnistía que exculpaba a los combatientes, pero permitía juzgar las atrocidades.
Existía, sin embargo, una duda considerable sobre si el nuevo gobierno sería capaz de llevar a juicio esos casos. Los perpetradores de algunos de los peores crímenes de guerra mantenían su poder en las Fuerzas Armadas o en mafias del crimen organizado que crecieron rápidamente. Los cárteles de droga reclutaron ex Kaibiles como sicarios e instructores.
La investigadora que se enfrentó a este peligroso encargo fue Sara Romero.
Romero era una mujer pequeña y tranquila al expresarse. Parecía más una oficinista o una profesora que una luchadora contra el crimen de primera línea. A sus 35 años era una fiscal novata. Se había graduado en la escuela de leyes el año anterior y había sido asignada a una comisión especial de derechos humanos en la Ciudad de Guatemala. Aunque los crímenes de guerra habían quedado sin resolver durante años, estaba decidida a continuar las investigaciones sin importarle los obstáculos. De otra forma, pensaba, la impunidad seguiría enquistada en la sociedad guatemalteca.
Se le asignó el caso de Dos Erres. Hubo cientos de masacres durante el conflicto y Naciones Unidas concluyó que el Ejército fue responsable de al menos el 93 % de las muertes. Además la ONU declaró que los asesinatos sistemáticos de indígenas podrían llegar a ser un genocidio.
Romero tenía poca información. Los militares insistían que el caso de Dos Erres había sido obra de la guerrilla. Gracias a la declaración de Gómez Hernández (vea la declaración), el sobreviviente que tenía 11 años durante la masacre, la fiscal supo que el Ejército había tenido algo que ver. Pero aún necesitaba más pruebas.
Después de un trayecto de ocho horas en autobús a la región en el norte del país, Sara Romero llegó a la escena del crimen. Un manto de silencio cubría las ruinas. Entrevistó a sobrevivientes que estuvieron fuera de la aldea el día de la masacre. La mayoría tenía miedo de hablar. Susurraban que temían la ira del teniente Carías, quien todavía seguía como comandante en Las Cruces. Sospechaban que él había orquestado el ataque al haberse enfrentado con los habitantes de Dos Erres.
Romero se dio cuenta que era difícil reconstruir hasta los hechos más elementales, como la identificación de las víctimas. Para realizar un censo, pidió a la que fue maestra de la escuela de Dos Erres, una lista de todos los niños y familiares que pudiera recordar.
Sin víctimas confirmadas ni testigos sólidos, Romero nunca podría resolver el caso. Pero encontró a una aliada: Aura Elena Farfán.
De aspecto digno, Farfán tenía el pelo gris y un carácter tan dulce como inflexible. Lideraba una asociación de derechos humanos en Ciudad de Guatemala para víctimas del conflicto. A pesar de las amenazas, había interpuesto una demanda criminal responsabilizando al Ejército de la masacre en Dos Erres. En 1994, había llevado con ella a un equipo voluntario de antropólogos forenses argentinos para exhumar los restos. (Ver acta de defunción de N.N.)
Los argentinos –con habilidades afinadas investigando su propia “guerra sucia”—trabajaron rápidamente y en condiciones riesgosas. El batallón en Las Cruces los acosó siguiéndoles y tocando música militar a muy alto volumen. La exhumación extrajo e identificó los restos de cerca de 62 personas, muchos de ellos bebes y niños.
Farfán pudo conseguir un gran logro para la fiscalía. A menudo daba entrevistas en la radio del Petén, donde invitaba a que los testigos se involucraran en el caso. Después de una de esas transmisiones, representantes de Naciones Unidas le avisaron que un ex soldado quería hablar sobre Dos Erres. Viajó a la casa del hombre, donde se presentó disfrazada con lentes oscuros, un sombrero rojo y un chal. Una representante española de la ONU seguía sus pasos para protegerla.
La puerta se abrió. Allí estaba Favio Pinzón Jerez, el ex cocinero robusto y con bigote del escuadrón Kaibil, desayunando con sus hijos. Después de su sorpresa inicial, recibió a Farfán.
Pinzón le contó que había dejado el Ejército y ahora trabajaba como chofer en un hospital. Nunca logró ser Kaibil de verdad. No aguantó el duro proceso de entrenamiento. Por ser un humilde cocinero fue maltratado por el resto de soldados de la patrulla Kaibil. Era el eslabón débil en el código de silencio de los guerreros. Dos Erres era un fantasma que le perseguía.
-Quería hablar con usted porque esto que tengo aquí en el corazón, ya no lo aguanto más -le dijo Pinzón a Farfán.
Le contó la historia de la masacre y le dio los nombres de cada miembro del escuadrón. La conversación duró horas. Farfán se sintió abrumada, con una mezcla de disgusto y gratitud. Fue incapaz de estrechar la mano del soldado, aunque vio que su arrepentimiento parecía sincero.
Poco después, Pinzón le presentó a Farfán otro veterano: César Ibáñez. La activista convenció a los dos hombres de testificar ante Sara Romero. Contaron sus historias fríamente, sin asomo de emoción. Habría sido imposible conocer los detalles de la masacre si los dos hombres no hubieran hablado, por lo que se les concedió inmunidad y fueron reubicados como testigos protegidos.
Los investigadores habían encontrado obstáculos y amenazas por parte del Ejército desde un principio. Ahora contaban con testimonios de primera mano que implicaban a la patrulla Kaibil en el crimen.
Había una nueva línea de investigación: el robo de los dos niños por el teniente Ramírez y Santos López Alonzo, el ex panadero de la unidad.
Romero pensó que encontrar a los dos muchachos era un punto crítico, un milagro. Debían conocer la verdad: vivían con las personas que habían asesinado a sus padres. Ninguna otra atrocidad de derechos humanos registrada contaba con este tipo de evidencia.
En 1999, Sara Romero y otro fiscal fueron a casa del panadero López Alonzo, cerca de la ciudad de Retalhuleu. Su oficina contaba con tan pocos recursos que no había apoyo policiaco ni armas. Romero tenía sus reservas por tener que enfrentarse a este militar con acusaciones tan graves. Sabía que los Kaibiles se jactaban de ser considerados máquinas de matar.
Cuando vio al soldado sentado en la entrada de su modesta casa, todos sus miedos desaparecieron. “Se le ve un hombre sencillo, un campesino humilde”, pensó.
Las fotos familiares en casa de López Alonzo confirmaron sus sospechas de que estaba en el lugar indicado. Era un maya de piel oscura y cinco de sus hijos se parecían a él. El sexto chico, llamado Ramiro, tenía piel blanca y ojos verdes.
-Mi hijo mayor tiene una historia muy triste -le dijo López Alonzo a la fiscal.
Confesó que tras la masacre se había quedado con Ramiro y lo había tenido viviendo en la escuela militar por tres meses. Trajo el niño a casa y a su esposa le contó que había sido abandonado (vea partida falsa de nacimiento de Ramiro). López Alonzo dijo que había enlistado a Ramiro, ya con 22 años, en el Ejército. Se negó a revelar la ubicación del chico. Cuando la oficina de la fiscal empezó a indagar, el Ministerio de Defensa le preguntó a Ramiro si tenía algún problema con la ley. En vez de cooperar, el Ministerio le movió de una base a otra.
Los investigadores estaban preocupados de que Ramiro se encontrara en un grave peligro si los militares se enteraban de queera prueba viviente de una atrocidad. Eventualmente, los fiscales lo encontraron y se lo llevaron. Ramiro les contó que tenía recuerdos de la masacre y del asesinato de su familia.
La familia Alonzo lo había tratado mal, declaró, lo golpeaban y lo usaban casi como su esclavo. Durante un episodio de ira, López Alonzo, borracho, le disparó con un rifle. Las autoridades le convencieron de que abandonara las Fuerzas Armadas y le ofrecieron asilo político en Canadá.
La búsqueda del otro joven fracasó.
Los fiscales averiguaron que el nombre del chico era Óscar Alfredo Ramírez Castañeda. Su presunto raptor, el teniente Óscar Ovidio Ramírez Ramos, había muerto ocho meses después de la masacre cuando dormía sobre un camión que transportaba madera para construir una casa. Murió instantáneamente cuando el camión volcó.
Una hermana del teniente fue interrogada en Zacapa en 1999 y confesó que Ramírez había traído el niño a casa a principios de 1983, alegando que Óscar era el hijo que había tenido con una mujer fuera del matrimonio. Los fiscales encontraron un acta de nacimiento pero ninguna evidencia de que la madre realmente hubiera existido. La hermana admitió que había oído que el niño era de Dos Erres.
Óscar había dejado el país para ir a Estados Unidos. Como su familia no quería ayudar en la investigación, Sara Romero se vio obligada a cancelar la búsqueda.
En el intertanto, los investigadores avanzaron en otras pistas. Habían identificado a varios ejecutores del escuadrón Kaibil. En el 2000, un juez decretó órdenes de arresto para 17 sospechosos de la masacre.
En medio de la realidad sofocante de Guatemala, los resultados eran decepcionantes. La policía no lograba llevar a cabo los arrestos. Los abogados de la defensa bombardearon al tribunal con documentos y apelaron a la Corte Suprema. El alegato de la contraparte fue que sus clientes estaban protegidos por leyes de amnistía, argumentos inexactos que estancaban las investigaciones.
Sara Romero se estrelló con el poder del Ejército. Parecía que la justicia se le escapaba, como lo había hecho Óscar.
(*) Con reportes por Habiba Nosheen, especial para ProPublica, y Brian Reed, This American Life
(*)Un reportaje de Fundacion MEPI y Propublica
