Otros cuatro
exmiembros del Ejército son sindicados por la desaparición del niño José
Antonio Molina Theissen.
La instalación
militar en Cobán, Alta Verapaz, donde hoy en día se entrenan las fuerzas de
apoyo para el mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, fue un centro de
detención y ejecución clandestino durante el conflicto armado interno; una
conclusión a la que arribó el Ministerio Público luego de tres años de
investigación y de exhumaciones a cargo de la Fundación de Antropología Forense
de Guatemala (FAFG).
Las osamentas extraídas
de cuatro fosas en los terrenos que ocupó la Base Militar 21 confirman las
historias de horror que vivieron mujeres, jóvenes niños y ancianos –población
civil no combatiente– que fueron sacados de su entorno de forma violenta por
miembros del Ejército. Pese a que permanecieron bajo la tierra casi tres
décadas, algunos cráneos aún conservaban vendas sobre las cuencas oculares,
mordazas, sogas o cadenas en los puños o el cuello, explicó ayer el jefe de la
fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López. Una pantalla proyectaba
fotografías que coincidían con la descripción de López, durante la conferencia
de prensa que presidió la Fiscal General para informar sobre la captura de 14
militares retirados, señalados como responsables por la desaparición forzada y
delitos contra los deberes de la humanidad contra las 558 víctimas inhumadas en
dicha base militar.
Uno de los detenidos
fue el exjefe del Estado Mayor General del Ejército Benedicto Lucas García,
quien salió de su casa en San Juan Chamelco, en Alta Verapaz, con dos maletas,
escoltado por policías. Llegó engrilletado a la Torre de Tribunales y subió por
las escaleras hasta el piso 14, sin jadear.
Lucas García junto a
los otros 13 sindicados por el Ministerio Público escucharon los motivos de su
captura en el Juzgado de Mayor Riesgo A. La audiencia para su primera
declaración se programó para mañana viernes a las 8:00 horas.
El General retirado
se desempeñó como Jefe del Estado Mayor durante la época en que ocurrieron los
hechos, por lo que tenía el mando sobre los distintos comandantes de las
distintas zonas militares. “Por cadena de mando, tiene responsabilidad”,
precisó López.
ANTEJUICIO CONTRA DIPUTADO OVALLE
La acreditación de
diputado electo impidió la captura de Edgar Justino Ovalle Maldonado, también
señalado como responsable en el caso conocido como Creompaz, por el nombre del
Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz que actualmente ocupa
las instalaciones en Cobán.
La fiscal general, Thelma Aldana, indicó que se
presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de antejuicio con base
en un peritaje que establece que Ovalle desempeñó un puesto en la Base Militar
21 en el periodo en el que ocurrieron los hechos.
Heinz Heimann,
vocero del presidente electo Jimmy Morales, indicó que este se mantendrá al
margen de las sindicaciones contra Ovalle, secretario general del partido
FCN-Nación, que lo llevó a la jefatura del Ejecutivo. El portavoz se negó a dar
detalles sobre la relación entre Ovalle y Morales y las acciones que tomará el
partido ante la acción planteada contra su secretario.
Aldana explicó que
la investigación atiende a lo ordenado en la sentencia contra los responsables
por la masacre denominada Plan de Sánchez, en Baja Verapaz. Durante el juicio
por esa matanza salieron a luz testimonios que orientaron la investigación de
la fiscalía.
Además de los
peritajes militares, antropológicos, de identificación genética, entre otros,
la fiscalía cuenta con declaración en anticipo de prueba de un sobreviviente de
los 75 hombres jóvenes de la aldea Pambach, en Santa Cruz Verapaz, Cobán,
desaparecido por un comando militar.
El coronel Ricardo
Méndez Ruiz Rohrmoser, cuyo deceso fue anunciado por su familia el pasado 31 de
diciembre, fue uno de los oficiales de alta en la Base Militar 21 durante el
periodo de investigación en Creompaz. Aldana indicó que no se discutirá si
tenía o no alguna responsabilidad en el caso debido a que ya falleció. La
cadena de mando podría alcanzar a Romeo Lucas García, también fallecido, así
como al exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, inimputable por su estado de
demencia senil, concluyó la fiscalía.
http://elperiodico.com.gt/2016/01/07/pais/cae-el-capo-de-capos/
Otros cuatro
exmiembros del Ejército son sindicados por la desaparición del niño José
Antonio Molina Theissen.
La instalación
militar en Cobán, Alta Verapaz, donde hoy en día se entrenan las fuerzas de
apoyo para el mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, fue un centro de
detención y ejecución clandestino durante el conflicto armado interno; una
conclusión a la que arribó el Ministerio Público luego de tres años de
investigación y de exhumaciones a cargo de la Fundación de Antropología Forense
de Guatemala (FAFG).
Las osamentas extraídas
de cuatro fosas en los terrenos que ocupó la Base Militar 21 confirman las
historias de horror que vivieron mujeres, jóvenes niños y ancianos –población
civil no combatiente– que fueron sacados de su entorno de forma violenta por
miembros del Ejército. Pese a que permanecieron bajo la tierra casi tres
décadas, algunos cráneos aún conservaban vendas sobre las cuencas oculares,
mordazas, sogas o cadenas en los puños o el cuello, explicó ayer el jefe de la
fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López. Una pantalla proyectaba
fotografías que coincidían con la descripción de López, durante la conferencia
de prensa que presidió la Fiscal General para informar sobre la captura de 14
militares retirados, señalados como responsables por la desaparición forzada y
delitos contra los deberes de la humanidad contra las 558 víctimas inhumadas en
dicha base militar.
Uno de los detenidos
fue el exjefe del Estado Mayor General del Ejército Benedicto Lucas García,
quien salió de su casa en San Juan Chamelco, en Alta Verapaz, con dos maletas,
escoltado por policías. Llegó engrilletado a la Torre de Tribunales y subió por
las escaleras hasta el piso 14, sin jadear.
Lucas García junto a
los otros 13 sindicados por el Ministerio Público escucharon los motivos de su
captura en el Juzgado de Mayor Riesgo A. La audiencia para su primera
declaración se programó para mañana viernes a las 8:00 horas.
El General retirado
se desempeñó como Jefe del Estado Mayor durante la época en que ocurrieron los
hechos, por lo que tenía el mando sobre los distintos comandantes de las
distintas zonas militares. “Por cadena de mando, tiene responsabilidad”,
precisó López.
ANTEJUICIO CONTRA DIPUTADO OVALLE
La acreditación de
diputado electo impidió la captura de Edgar Justino Ovalle Maldonado, también
señalado como responsable en el caso conocido como Creompaz, por el nombre del
Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz que actualmente ocupa
las instalaciones en Cobán.
La fiscal general, Thelma Aldana, indicó que se
presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de antejuicio con base
en un peritaje que establece que Ovalle desempeñó un puesto en la Base Militar
21 en el periodo en el que ocurrieron los hechos.
Heinz Heimann,
vocero del presidente electo Jimmy Morales, indicó que este se mantendrá al
margen de las sindicaciones contra Ovalle, secretario general del partido
FCN-Nación, que lo llevó a la jefatura del Ejecutivo. El portavoz se negó a dar
detalles sobre la relación entre Ovalle y Morales y las acciones que tomará el
partido ante la acción planteada contra su secretario.
Aldana explicó que
la investigación atiende a lo ordenado en la sentencia contra los responsables
por la masacre denominada Plan de Sánchez, en Baja Verapaz. Durante el juicio
por esa matanza salieron a luz testimonios que orientaron la investigación de
la fiscalía.
Además de los
peritajes militares, antropológicos, de identificación genética, entre otros,
la fiscalía cuenta con declaración en anticipo de prueba de un sobreviviente de
los 75 hombres jóvenes de la aldea Pambach, en Santa Cruz Verapaz, Cobán,
desaparecido por un comando militar.
El coronel Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, cuyo deceso fue anunciado por su familia el pasado 31 de diciembre, fue uno de los oficiales de alta en la Base Militar 21 durante el periodo de investigación en Creompaz. Aldana indicó que no se discutirá si tenía o no alguna responsabilidad en el caso debido a que ya falleció. La cadena de mando podría alcanzar a Romeo Lucas García, también fallecido, así como al exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, inimputable por su estado de demencia senil, concluyó la fiscalía.
http://elperiodico.com.gt/2016/01/07/pais/cae-el-capo-de-capos/
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