El 14 y 15 de enero asumirá el nuevo gobierno, otra legislatura y las autoridades municipales que resultaron electos en las elecciones ilegítimas del 2015. Con ello, la clase dominante y otros grupos de poder esperan cerrar la crisis política iniciada en abril de 2015, al desvelar la CICIG y el MP la estructura criminal conocida como “la línea”, la red de corrupción en el IGSS e iniciar antejuicio contra varios diputados al Congreso de la República y funcionarios públicos involucrados en una serie de ilícitos.
Las renuncias y encarcelamiento de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina junto a varios de los implicados en esas estructuras, luego de una serie de concentraciones y movilizaciones ciudadanas a nivel nacional, fue el comienzo de la “salida controlada” a la crisis. Esta fue la apuesta de la embajada estadounidense, la clase dominante y los grupos de poder que se benefician del estado actual en que se encuentra el país, para evitar que la crisis desembocara en cambios que afectaran sus intereses.
La designación de un gobierno de “transición” encabezado por Alejandro Maldonado Aguirre, como parte de esa “salida controlada”, tiene el propósito de dar estabilidad y continuidad al proyecto neoliberal-mafioso de los grandes negocios, el despojo de bienes y recursos públicos y de las comunidades. Los acuerdos gubernativos de diciembre para establecer un salario mínimo diferenciado en cuatro municipios (dejado provisionalmente sin efecto por la Corte de Constitucionalidad), ilustran cómo el gobierno de “transición” está alineado y favorece el desarrollo de ese proyecto que, en sólo nueve años, ha elevado la pobreza a casi tres quintos de la población y la extrema pobreza a una cuarta parte.
Las elecciones y asunción de quienes resultaron electos pretenden ser el “punto de cierre” de la “salida controlada” dirigida desde la embajada de Estados Unidos, que impone el plan “Alianza para prosperidad del triángulo norte de América Central”, en connivencia con el CACIF y grupos corporativos. Sin embargo, la crisis política aún no ha sido resuelta, es profunda. Deviene del modelo de Estado y del proyecto político-económico de la clase dominante y el capital transnacional. Es una crisis estructural que solamente se resuelve con la fundación de un Estado popular, democrático y plurinacional, no patriarcal, no racista ni excluyente; con un modelo económico dirigido a elevar el nivel y la calidad de vida de la clase trabajadora.
El gobierno encabezado por Jimmy Morales es ilegítimo. Es producto de elecciones desarrolladas en un contexto de muchas ilegalidades e irregularidades. Representa la continuidad del proyecto de dominación de la burguesía criolla y de las grandes corporaciones transnacionales. Será un gobierno que se sostendrá en una trilogía de poder: la embajada de Estados Unidos, el CACIF y grupos corporativos y el sector del ejército que planificó y ejecutó la contrainsurgencia hoy aglutinado en AVEMILGUA. A este sector pertenecen los 14 militares capturados recientemente, responsables de desapariciones forzadas, masacres, violaciones sexuales y delitos contra los deberes de humanidad.
El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), alerta sobre la probabilidad de que el gobierno de Jimmy Morales profundice la persecución y represión contra dirigentes, comunidades, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos de la clase trabajadora, de las mujeres y de los pueblos indígenas que enfrentan este modelo económico de despojo y expolio.
El PGT insta a desenmascarar las maniobras provenientes de sectores que desde dentro o fuera del sistema de justicia pretenden que los delitos de lesa humanidad queden impunes. Llama a la población a organizarse, movilizarse y luchar por la defensa de los derechos humanos y la fundación de un Estado popular, democrático y plurinacional.
Guatemala, enero de 2016.
http://partidocomunistadeguatemala.blogspot.com/2016/01/pronunciamiento-del-partido.html
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