martes, 3 de septiembre de 2013

Pérez Molina en Barillas, por una hidroeléctrica española

Publicado en 

Quimy De León. – Prensa Comunitaria.
otto
Fotografía: Simone Dalmasso. Plaza Pública*
Martes 3 de septiembre:  desde muy temprano la  población de Barillas está a la expectativa de la llegada del presidente Otto Pérez Molina, el pueblo un día antes se entero de la visita del mandatario, según la población esta visita tiene por objetivo “tratar asuntos sobre la hidroeléctrica”, se llevará a cabo una actividad en el salón Vicente Ferrer en la cabecera municipal, en la que habrá presencia de representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES de segundo nivel y representantes de la Sociedad Civil, y la municipalidad de este municipio.
Desde hace dos días que en Barillas muchas personas dicen haber sido convocadas por las asociaciones microrregionales y otras personas, ofreciéndoles la alimentación y el pasaje. Casualmente éstas asociaciones y sus representantes han actuado a favor de la hidroeléctrica desde hace algún tiempo y han suplantado ilegitimamente  el papel de los COCODES y el movimiento comunitario, en su representación.
Los organizadores de esta actividad con el presidente Otto Pérez Molina le negaron  el ingreso a comunicadores comunitarios y Radios Comunitarias de Barillas, tambien la población esta cuestionando que existe un listado para el ingreso de personas seleccionadas para tratar un conflicto social y comunitario, que por varios años a afectado directamente al pueblo de Barillas.
Una y otra vez: La población ha solicitado la intervención gubernamental
A los representantes de la Sociedad Civil, voceros de la mayoría de la población que rechaza este proyecto hidroeléctrico les avisaron de última hora. Desde hace ya años, las comunidades a través de sus representantes han estado solicitando, pidiendo la intervención de las autoridades, incluyendo al presidente, en relación con el conflicto generado por esta empresa, y que actúe a favor de la población.
De hecho se han entregado memoriales y solicitudes en diferentes momentos a diferentes instancias gubernamentales en la ciudad capital, que no han sido respondidos favorablemente.
La población organizada para defender el agua, la vida y los derechos humanos sigue perseguida, criminalizada y está siendo víctima de crímenes en relación a la llegada de las empresas. Esto es preocupante pues este momento político es de mucha gravedad para la población organizada que ha estado criminalizada en todo el país, precisamente por conflictos con mineras y últimamente con hidroeléctricas.
Criminalidad vinculada a proyectos hidroeléctricos
Queremos aquí  hacer mención de algunos hechos del contexto importantes a tomar en cuenta respecto del conflicto en Barillas e hidroeléctricas en los últimos meses y que nos hacen pensar en el sentido de la visita del presidente a Barillas, puesto que hasta la fecha han ocurrido diferentes actos violentos en todo el país y poco se ha hecho comparado con la persecución que son objeto, quienes denuncian
7 de abril de 2013: Asesinato en Santa Eulalia, Huehuetenango, éste día fue desaparecido Daniel Pedro Mateo líder q´anjob´al de Santa Eulalia que defendía el agua y el territorio, posteriormente fue asesinado. En este lugar empieza a operar la empresa Maderas San Luis y la Hidroeléctrica San Luis S.A. La finca en donde se encuentra Maderas San Luis, son propiedad de Ivan Ovalle Altuve, quien está asociado con Pedro Pablo Luna Sagastume, propietarios de la empresa 5 M Sociedad Anónima tiene fuertes vínculos con el Grupo Magdalena, uno de los principales grupos económicos en la generación de energía del país, producción de azucar para exportación y de biocombustibles en la region Centroamericana propiedad de la familia Leal.[1]
7 de abril de 2013: Resistencia Pacífica en Barillas hasta la fecha, la población se encuentra en resistencia en un plantón pacífico afuera de las instalaciones de la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A. en el lugar conocido como Poza Verde. Se han mantenido de manera continua pese a las amenazas, denuncias judiciales, intimidaciones e incluso un intento de secuestro a una persona que participaba de este movimiento.
23 de agosto de 2013: Asesinato en Cobán, Alta Verapaz, en la comunidad Monte Olivo, Aunque en es un lugar lejano de Huehuetenango, a las 14:30 horas, “Keke” Hageo Isaac Güitz de 13 años y “Esthu” David Estuardo Pacay fueron asesinados a quema ropa por Guillermo Pacay Bol conocido por trabajar para la Empresa Hidroeléctrica Hidro Santa Rita propiedad de la empresa Energía Limpia de Guatemala (ELG), parte del Grupo Finco de Guatemala,[2] que también cuenta con la hidroeléctrica Las Brisas en Nebaj (Quiché) y está asociada está asociada con el Grupo Terra de Honduras, propietaria de la hidroeléctrica HidroXacbal”.[3]
27 de agosto de 2013: Judialización de la lucha social, Barillas fueron detenidos Saul Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velásquez López cuando se dirigían a la audiencia del caso 92/2012, por el que estuvieron presos durante ocho meses y habían sido detenidos illegal e injustamente, acusados de haber participado en una serie de hechos ocurridos el 1 de mayo que aún no han podido esclarecerse. Esta audiencia era para suspender la pena y poder cerrar el caso.
Ellos fueron criminalizados por ser defensores de derechos humanos y del agua, autoridades comunitarios y organizados en el comité de defensa de los recursos naturales. Ahora les vinculan con dos hechos de linchamiento ocurridos en el 2010 y 2011. El día de mañana ellos probablemente tendrán su audiencia de primera declaración en Santa Eulalia.
A raíz de esa detención se ha  pospuesto uno de los procesos de judicialización de la protesta: el caso 92/2012. La audiencia para el cierre de este caso se realizará esta semana.
28 de agosto de 2013: Provocaciones en San Mateo Ixtatán municipio también del norte de Huehuetenango, el gobernador departamental José Antonio López llegó al lugar denominado Yalan Witz “a solicitud de los empresarios de la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico – PDH…con el fin de autorizar de manera prepotente la ejecución del proyecto hidroeléctrico.” La población se hizo presente de manera pacífica y quienes estaban en esa reunión “personeros de la institución y los líderes manipularos y extraños a la comunidad, reaccionaron de manera violenta golpeando a mujeres, niños y demás vecinos creando de esta manera zozobra, conflictividad social, perturbación grave de la paz ofendiendo la dignidad de la población.
Promociones y Desarrollos Hídricos S.A. PDHSA “adjudicó a Hidralia Energía la elaboración de estudios de factibilidad y diseño de dos proyectos hidroeléctricos en el río Jolom. Y en este mismo municipio está en trámites para la aprobación de la hidroeléctrica Pojom I de 10 MW de potencia por la empresa Generadora del Río S.A. y Pojom II, de 23 MW, por Generadora San Mateo S.A[4].”
En San Mateo también en los proyectos Pojom I y II está la empresa guatemalteca “Generadora San Mateo, S.A, en ambas el representante legal es Otto Manfredo Armas Oliveros.[5]” Estas empresas están vinculadas a Puntos Fríos y Financieros de Centroamérica, S.A. siendo su dueño Carlos Eduardo Rodas Marzano[6], hermano de Rodrigo Rosemberg[7].
También hay intereses de la empresa guatemalteca Generadora San Andrés, en isquisis, que utilizará el río Primavera, Varsovia y Palmira, vinculada al proyecto San Mateo.
2 de septiembre: Juicio por un asesinato en Barillas se presentarían las conclusiones del debate por el proceso en contra de dos guardias de seguridad de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz a quienes se les juzgó por el delito de asesinato en contra de Andrés Pedro Miguel y herir de gravedad a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Mateo.
Por la mañana no se presentó uno de los testigos a declarar, por lo que la audiencia se pospuso para horas de la tarde. Sin embargo el perito del INACIF no se presentó, quien daría su declaración pues fue quien hizo la necropsia de Andrés Pedro Miguel. La audiencia se realizará el viernes 6 de septiembre.
Linchamientos: casualmente en todo el país, se han suscitado una serie de hechos violentos, que han terminado en linchamientos. La falta de atención a los conflictos sociales  y la ineficiencia de las autoridades, han terminado en linchamientos. Casualmente en Huehuetenango y Alta Verapaz, los medios únicamente han hecho énfasis en la acción de la población, se está además reafirmando la idea de que ésta es bárbara, salvaje, violenta e ingobernable. Un discurso adecuado, para la justificación del militarismo y el uso de la violencia estatal.
Reflexiones y preocupaciones
Por todo lo anterior, pareciera ser que en muy pocos meses, se han intensificado las acciones de terror relacionadas con empresas hidroeléctricas, dirigidas hacia la población que resiste pacíficamente ante éstas que evidentemente no están llevando ni ofreciendo ningún desarrollo sino todo lo contrario.
Hay un mensaje que se está enviando con mucha claridad, “iremos por las buenas o por las malas.” Esto se constató con la implementación del Estado de sitio en esta localidad, que duró 18 días desde el 4 de mayo de 2012, a partir de los hechos no esclarecidos del 1 de mayo que detonaron con el asesinato de un campesino. Esta apuesta violenta e invasora está llevándose a cabo gracias a la impunidad que campea en el país, al respaldo gubernamental y de los medios corporativos. Todos estos hechos, parecieran estar conectados unos con otros, toda una operación estratégica, como si viviéramos en una guerra sin cuartel. Y que todo está llevándose al límite.
Un ejemplo claro de esto, fue el respaldo que dio el ejecutivo con la presencia del presidente en la inauguración de la construcción de la cementera de Cementos Progreso, junto a embajadores, ministros, alcaldes y miembros del sector privado.
Representantes de la Sociedad Civil en entrevista dijeron esperar que que esta visita a Barillas del presidente, sea de beneficio para la población, pues éste país no aguanta más sangre y represión. Y que sea para responder a las solicitudes de resolver la conflictividad social que genera la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A.
1] El Observador. Luis Solano Frente a los Megaproyectos: lucha y resistencia social. Septiembre 2008.
[2] El  representante legal del Grupo Finco  es Roberto Carlos Antonio López Roesch, hijo de la ambientalista y columnista de Prensa Libre Rita María Roesch (Consejo de Juventudes Indígenas)
[3] “Los intereses detrás de la hidroeléctrica Santa Rita y el asesinato de los niños David Estuardo y Ageo Isaac”. Ana G. Aupi y Gustavo Illescas, Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G), 28 de agosto de 2013.
[4] Guereña, Arantxa y Zepeda, Ricardo. El desarrollo que no queremos. El conflicto en torno al proyecto hidroeléctrico de Hidralia Energía en Guatemala. Informes de investigación de INTERMON OXFAM. Diciembre 2012.
[5] García Aupi, Ana y Ávila Gálvez, Rubén. Enfoque No. 26, 11 de enero de 2013.
[6] Con información de Luis Solano.
[7] Sobre el caso de Rodrigo Rosemberg, puede consultar el Observador 17 y 18, en el ensayo de Luis Solano ¿Quién urdió el crimen?http://es.scribd.com/doc/17437022/Observador-17-y-18- y el boletin de inforpress el texto de Luis Solanohttp://www.albedrio.org/htm/articulos/l/InforpressCentroamericanaCasoRosenberg.pdf
*La fotografía fue publicada el 10 de mayo de 2012 en el texto Santa Cruz Barillas: El Pasado en el Presente. Crónica de Oswaldo J. Hernández. http://www.plazapublica.com.gt/content/santa-cruz-barillas-el-pasado-en-el-presente

A 23 años del Asesinato de Myrna Mack


domingo, 1 de septiembre de 2013

Continua represión en Guatemala por la Industria Hidroeléctrica

En los últimos días,  diferentes municipios de Guatemala han sido afectados por la represión que ejerce el Gobierno en respaldo a las empresas nacionales y transnacionales hidroeléctricas.

Uspantan
En el Municipio de San Miguel Uspantan el alcalde Víctor Hugo Figueroa, está impulsando un proyecto de una subestación eléctrica,  el cual ha sido rechazado por parte de las comunidades de este municipio, quienes consideran que ésta no traerá beneficios ya que la energía no es para distribución de las comunidades.
El 29 de octubre del 2010, en consulta comunitaria las comunidades han rechazado los megaproyectos hidroeléctricos porque  solo han traído represión y  muerte, un ejemplo de esto es la represión que desde la mañana del martes 27 de agosto  están sufriendo las comunidades de esta región del Occidente del país, donde han llegado Antimotines de la  Policía Nacional Civil –PNC- coordinado con el Alcalde Figueroa, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos –COPREDEH- y la empresa Trecsa, los cuales a fuerza de bombas lacrimógenas, golpes, violencia, han desalojado a las comunidades que están defendiendo su territorio.
La llegada de las fuerzas especiales de la PNC ha sido con el único fin de proteger la maquinaria para poder realizar la construcción de dicha subestación de energía eléctrica.  Durante la represión ejercida al libre derecho que tienen las comunidades de protestar y rechazar este tipo de proyectos. Los comunitarios fueron objeto de amenazas, de violencia y ataques, utilizando una fuerza desproporcionada.
En entrevista con Magdalena Sarat miembro del Consejo de Pueblos de Uspantan, nos relata los hechos ocurridos durante la jornada de violencia y represión, en la que golpearon y detuvieron a varios comunitarios, dentro de ellos se encuentra el dirigente Máximo Aguilar quien es Guía Espiritual y que cuenta con un gran reconocimiento por parte de las comunidades por su entrega a la defensa de su territorio,  así mismo  informa que,  posterior a la agresión cometida por las fuerzas de seguridad nacional, no se les brindo atención médica sino hasta un día después  que los ingresarana la cárcel de Nebaj.
Según estadísticas de La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala -UDEFEGUA-,  el incremento de agresiones contra defensores/as de derechos humanos a junio de este año ya ha superado por mucho los resultados del año pasado.
La tarde del viernes 23 de agosto un sicario que trabajaba como guardia de seguridad en la Empresa Santa Rita, la cual pretende instalar una Hidroeléctrica en el Río Dolores en la Comunidad de Monte Olivo,  desfundo un arma y atacó a los niños Daniel Estuardo Pacay y Hageo Guitz de 11 y 13 años de edad respectivamente, los cuales fallecieron a principios de esta semana.
Durante la lucha que el pueblo Q’ajobal de Santa Cruz Barillas ha mantenido por la defensa de su territorio de la instalación de la hidroeléctrica propiedad de la empresa española Hidralia S.A.,  este pueblo ha sido criminalizado  y reprimido, violentándole sus derechos humanos.
El mismo 27 de agosto 8 líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, se presentaron a la Torre de tribunales para presentarse a su audiencia donde se pretendía poder cerrar el caso del que se les acusa y por el cual estuvieron presos injustamente por 8 meses. Sin embargo, cuando ingresaban a la Torre de Tribunales fueron detenidos Rogelio Velásquez y Saúl Méndez por agentes de la Unidad de Capturas de la división Especializada en investigación Criminal (DEIC) quienes llevaban una orden de aprehensión firmada por el Juez de Primera instancia penal de Sana Eulalia, Huehuetenango, con fecha 30 de mayo acusándolos de aparentemente de un asesinato ocurrido en el año 2011.

Condena moral. El PDH en su resolución formula una serie de señalamientos .

Opinión: elPeriódico, 29 de agosto de 2013
Miguel Ángel Albizures

El presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, ha recibido del Procurador de los Derechos Humanos una justa condena moral por incitar al odio y denigrar a defensores de derechos humanos, a quienes el PDH hace un reconocimiento por su labor en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Según el informe, Méndez Ruiz procedió de manera irrespetuosa contra ellos, lo cual no es de extrañar, pues es parte de su comportamiento normal, demostrado en diferentes artículos y publicaciones en las que se ataca a defensores, jueces, instituciones públicas y países que aportan recursos a las organizaciones y al Estado.

El documentado informe del Procurador “Resuelve, declarar la violación de los derechos a la dignidad, a la integridad, a la seguridad, que constituyen una amenaza al derecho a la vida, a la igualdad, la libertad de acción y asociación de los defensores de derechos humanos y los miembros de organizaciones no gubernamentales”, al mismo tiempo que declara como responsable de dicha violación “al señor Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, quien realizó las publicaciones objeto de denuncia y que motivaron la presente investigación”; deja a salvo a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y a la Asociación de Familiares de Militares y Amigos de Militares (Familia), sin tomar en cuenta que ellos, a nivel personal y colectivo, militan activamente en la Fundación Contra el Terrorismo, lo cual se puede constatar en las lista de miembros que participan hasta en puestos directivos.

El Procurador, en su informe recomienda a Méndez Ruiz “abstenerse de realizar señalamientos para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala y que reflexione acerca del daño que representa difundir masivamente el tipo de contenidos analizados en la presente resolución, en las cuales no solo se agrede a personas, movimientos, representantes diplomáticos y misiones internacionales, sino también se fomenta el odio y la confrontación social”.

En otras palabras, el Procurador, a quien también ha señalado Méndez Ruiz y ha pedido su destitución, le dice que no hay que confundir el sebo con la manteca, que una cosa es la libertad de expresión y otra el insulto, la acusación sin fundamento y la incitación al odio y a la acción violenta contra defensores, lo cual es un delito por el que tendrá que responder en tribunales, como tuvieron que hacerlo periodistas y religiosos por el genocidio en Ruanda. Uno de ellos, Bernard Hategekimana, editor de un periódico, fue condenado a cadena perpetua.

Todo el dolor (y la rabia transformadora) de Monte Olivo


Foto: Marcha Indígena, Campesina y Popular

Por Andrés Cabanas

La indiferencia de medios de 
comunicación y actores político-económicos
 ante el asesinato de dos niños en Monte Olivo, 
Alta Verapaz, revela la estrecha connivencia 
entre poderes empresariales, gobernantes y
 mediadores de opinión, tanto nacionales
 como internacionales. Al mismo tiempo,
 los silencios institucionales alientan 
la impunidad y facilitan que hechos similares,
 incluso de mayor gravedad, vuelvan a repetirse.

En el análisis de los asesinatos de Monte Olivo 
es necesario tener en cuenta al menos 
cuatro elementos estructurales,
querebasan una visión local e 
individualizada (agresor en estado ebrio quien, de forma casual, comete 
un hecho condenable, sin que la empresa y gobernantes
tengan responsabilidades).

El primer elemento contextual ubica los asesinatos como consecuencia de 
una permanente y cada vez más agresiva campaña de persecución de las 
luchas y de los movimientos en defensa del territorio (en general, de todos 
los movimientos sociales), a los que sistemáticamente se acusa de 
criminales, terroristas, aliados con actores espurios (narcotráfico y otros), 
o se deslegitima al pretender que actúan con desinformación y están 
cooptados, manipulados, asesorados y financiados por organizaciones 
de fuera (de la capital e internacionales). En el marco de una dictadura 
de facto (hipercentralización del poder y gobierno sin apoyo de la ley) 
se niegan derechos reconocidos constitucionalmente, entre otros la libertad 
de acción (hacer lo que la ley no prohíbe, artículo 5); los derechos de
 reunión y manifestación, que no pueden ser restringidos, disminuidos o 
coartados (artículo 33); el derecho de asociación (artículo 34); el derecho 
de libre emisión del pensamiento (artículo 35); la legitimidad de la resistencia 
para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados por 
la Constitución (artículo 45); el derecho a la consulta.  

Al estar alentada desde el gobierno y las empresas, al ser replicada por 
importantes columnistas y medios de comunicación, la campaña genera 
un ambiente favorable a la persecución (física) de líderes comunitarios. 
Si en algunos momentos de los muy violentos pronunciamientos promovidos 
entre otros por la Fundación contra el Terrorismo (nunca rebatidos por 
autoridades) nos preguntamos cuándo se pasaría de las declaraciones a
 los hechos, la respuesta es que ya estamos en esa fase, y que parecen 
no existir límites en la espiral de agresión.

El segundo elemento analiza los asesinatos en el marco de la violencia 
estructural utilizada por las empresas para la implantación de su modelo. 
Este modelo, construido al margen de las voluntades comunitarias, de su
 identidad, historia y cultura, de su comprensión de la naturaleza como ser 
vivo y por tanto sujeto (no objeto a explotar), rompe dinámicas históricas 
y resquebraja las cohesiones (ya de por sí amenazadas) comunitarias y 
territoriales, así como lleva al límite la capacidad de sobrevivencia de la 
naturaleza. 

A pesar de que empresas y gobierno insisten en que este modelo 
supone desarrollo para todos, se convierte en la práctica en impositivo, 
excluyente y violento. Al operar en contextos comunitarios muy adversos, 
hace imprescindible el uso de la fuerza, al tiempo que utiliza el diálogo de 
forma táctica y complementaria.

El Estado neoliberal extractivista, oligarca, racista, 
patriarcal y militar, presente en Monte Olivo
Tercer elemento: la democracia guatemalteca (siempre en construcción) 
y la lógica de la paz (debilitada-extenuada) se resienten ante el empuje 
de las empresas, especialmente desde la llegada al poder de los 
operadores del proyecto oligárquico-militarista: el equipo de 
Otto Pérez Molina y el Partido Patriota.

Las dinámicas colectivas se pliegan ante la pulsión de intereses 
individuales y mercantiles, tanto de empresas extranjeras como de 
negocios nacionales o, en la mayoría de los casos, interconectados.
 Los derechos individuales, sobre todo la propiedad privada y la libre 
locomoción (en general todos los derechos y leyes favorables a la 
inversión privada inconsulta) dominan sobre los derechos sociales y 
colectivos.

Sobre este esquema neoliberal extractivista se superponen en 
Monte Olivo (y en la mayoría de los conflictos alrededor de empresas 
extractivas) las agendas oligarca y racista con sus correspondientes 
Estados (Estado neoliberal extractivista, Estado oligarca y Estado 
racista, siguiendo al intelectual ecuatoriano Alberto Acosta).

El Estado neoliberal promueve la mercantilización incondicional de los 
territorios. El Estado oligarca considera Guatemala su finca, por lo que 
no necesita disponer de permisos para actuar en ella. El Estado 
racista acepta, asume y relativiza la agresión sobre poblaciones 
indígenas (a las que apenas se otorga actoría social y política). 
Añadimos que el Estado patriarcal legitima las violencias sobre 
los cuerpos de las personas (como instrumento de dominación) y, 
en la Guatemala de hoy, se fortalece el componente militarista como 
medio y como espacio de acumulación y poder en sí mismo.

¿Y la indignación?
En este clima de mercantilización versus derechos sociales y de los 
pueblos no tiene cabida la indignación colectiva. “La lógica de mercado 
y la política extractivista que se aplica en Guatemala, llevan implícita 
la naturalización de una cultura de muerte. Como sociedad estamos 
insensibles ante los asesinatos de Hageo Isaac de 13 años y 
David Estuardo de 1 años”, afirma la escritora feminista Paula Irene del Cid Vargas.

Se pregunta el periodista y escritor Miguel Ángel Sandoval: “la muerte 
por asesinato de dos niños de la comunidad Monte Olivo, hijos 
de un líder comunitario, debería ser motivo para un duelo nacional. 
Pero también, para ver con lupa el trabajo de las empresas privadas
 de seguridad en los llamados mega-proyectos. ¿Es el reino de la 
impunidad tolerado?”

Aparente contradicción: el Estado que busca homogeneizarnos, que 
nos recuerda que todas y todos somos guatemaltecos y nos cobija 
bajo una misma bandera, se olvida en Monte Olivo de plegar esta 
bandera en señal de duelo, como mínimo gesto simbólico. 
Lo visible es la indiferencia institucional y de todos los actores de poder.

Sin esperar otras respuestas oficiales, el reto debe ser la deducción 
de responsabilidades en los asesinatos, las materiales 
y las estructurales-intelectuales, independientemente de si se puede 
demostrar o no que la empresa dio la orden de disparar. Sobre esta 
cadena de responsabilidades (unas directas, otras indirectas, unas
 presentes en el momento de los hechos, otras latentes) debe ejercerse 
el seguimiento político y jurídico a los asesinatos de Monte Olivo, 
al tiempo que se fortalece la solidaridad entre personas y comunidades,
 la exigencia de justicia y la solicitud de resarcimiento a las familias afectadas.

Además, es fundamental convertir el dolor y la indignación en 
unidad de las luchas”, como propone el dirigente q´eqchi´Melvin Picón, 
lo que implica la incorporación de ciudadanía pasiva sin derechos a los 
procesos de concientización y movilización.

La lectura final (cuarto elemento) de lo sucedido en Monte Olivo debe 
tomar en cuenta la extrema polarización social (manifestada también en el 
ejercicio de la justicia por mano propia contra el agresor). La polarización 
deriva de la ofensiva económica violenta de las empresas (falsamente 
denominada desarrollo y apoyada en los poderes del estado), que no 
guarda relación con los intereses y demandas de las comunidades.

La reconstrucción, construcción y fortalecimiento de articulaciones 
entre organizaciones, comunidades, pueblos y personas en lo individual, 
alrededor de la defensa del territorio, la naturaleza y las personas; la 
defensa en definitiva de la vida contra todas las formas de violencia 
y agresiones (sobre la tierra, los cuerpos, la cultura, la memoria, la historia…)
 es la garantía para detener esta ofensiva depredadora y evitar que la 
conflictividad –y la historia- se desborden de nuevo.

Nota
El título del articulo se inspira en el documental Todo el dolor de Monte Olivo, 
elaborado por Marcha Indigena, Campesina y Popular. 

Relato del asesinato
El día 14 de agosto tres personas particulares, identificándose como supuestos 
Policías, llegan al local donde trabaja el líder comunitario David Chen, 
indicándole que tienen que capturarlo para presentarlo en el juzgado de Cobán. 
Sin embargo, al requerirles la orden judicial, no la muestran e ingresan a la fuerza 
al local para someter al líder comunitario y llevárselo secuestrado. Por la intervención 
de líderes que en ese momento se percatan de la presencia de dichas personas no logran
 su cometido y huyen del lugar.

El viernes 23 de agosto el señor Guillermo Pacay Bol llega a la casa de habitación 
del líder comunitario David Chen preguntando por él. Al darse cuenta que no se 
encuentra, intimida al padre y hermano de David Chen con el arma de fuego, luego
 acciona el arma y en ese momento causa heridas de gravedad a los niños Hageo
 Isaac Maas Guitz quien sufre una herida de bala en la tráquea y al niño 
David Estuardo Pacay Maas herido en el cráneo, en estado grave, es 
trasladado a la capital al hospital San Juan de Dios. Fallecen los días 27 y 26 de
 agosto, respectivamente.

Referencias
Todo el dolor de Monte Olivo: http://www.youtube.com/watch?v=aS0depYI7oc
Historia de Monte Olivo, elaborada por organizaciones sociales: 
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej:
Marcha Indígena Campesina y Popular: 

La PDH presento públicamente la condena moral por violación de los Derechos Humanos en contra del presidente de la Fundación Contra el Terrorismo.

La PDH presento públicamente la condena moral por violación de los Derechos Humanos en contra del presidente de la Fundación Contra el Terrorismo. Esta resolución es el resultado de la investigación iniciada por la PDH tras una seria de denuncias presentadas por agresiones y amenazas a defensores y defensoras de DDHH en Guatemala.
La investigación responde a las denuncias interpuestas por 6 instituciones: La Convergencia de los Derechos Humanos, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala -CALAS, Solidaridad de Austria con Guatemala, la Asociación Pluricultural Jurídica de Guatemala y otras organizaciones no gubernamentales.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque en un rueda de prensa en en horas de la mañana del lunes 27 de agosto, hizo publica la sanción moral en contra de Mendez Ruiz y la fundación que él mismo preside, responsabilizándolo de violar los Derechos Humanos, al mismo tiempo el procurador hizo un llamado al Ministerio Publico para iniciar con la investigación de oficio para establecer si hay delitos penales en contra de esta persona.
En la presentación publica estuvieron presentes defensores de los Derechos Humanos en el país, también representantes del cuerpo diplomático que han sufrido agresiones en varias de las publicaciones hechas por la fundación y el mismo Méndez Ruiz, entre los asistentes estuvo presente Alberto Brunori representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala -OACNUDH.
Méndez Ruiz hizo publicas varias agresiones a través de su columna de opinión en elPeriodico, mismo medio utilizado para la difusión impresa de varios pasquines que son considerados prueba de los serios señalamientos que criminalizan la labor de defensores y defensoras de los DDHH, estos fueron publicados durante el año 2013 en el marco del juicio por Genocidio en contra de los ex generales Jose Efraín Rios Montt y Héctor Mario López Fuentes.
Jorge De León Duque en conferencia de prensa manifestó: “Se declara como responsable al presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdéz, quien hizo las publicaciones denunciadas”. El procurador recomendó: “a Méndez Ruiz abstenerse de hacer señalamientos que criminalicen la labor de los defensores de derechos humanos.”1
La resolución que ha hecho pública el procurador de los derechos humanos hoy día con respecto a la violación de los derechos humanos de defensores y defensoras por agresiones desarrolladas por medio de publicaciones desarrolladas por la Fundación Contra el Terrorismo, es un primer paso. En el esfuerzo por promover que el Estado de Guatemala respete el derecho de defender los derechos humanos…todas estas agresiones de orden verbal y escrito, pasquines, columnas de opinión  entrevistas y programas de televisión desarrolladas a partir de la influencia y la acción directa del señor Mendez Ruiz Valdez, la fundación contra el terrorismo y otras organizaciones asociaciones asociadas a esto, que en el fondo tienen como propósito ademas obviamente criminalización, la deslegitimación del trabajo de las y los defensores que les pone en alto riesgo a su integridad, persigue poner un colchón social de respaldo a la impunidad por los crímenes cometidos por los mismos militares integrantes de estas agrupaciones o el caso de Ricardo Méndez Ruiz con su propio padre que resultaría responsable en ultima instancia por los hechos acaecidos en la zona militar de Cobán Alta Verapaz en donde ya se han rescatado mas de mil cuerpos…” Iduvina Hernández.
El procurador dio lectura a varios de las conclusiones de esta investigación entre los puntos importantes menciono:
“En el caso puntual de este expediente, el señor Ricardo Rafael Mendez Ruiz Valdez y la denominada fundación contra el terrorismos están obligadas a respetar el trabajo que realizan los defensores de derechos, las evidencia recabadas en las investigaciones realizadas dentro del conjunto de los expedientes permite establecer lo siguiente
a. Que los materiales difundidos masivamente constituyen ataques a los defensores de los derechos humanos, sus libertades y sus derechos fundamentales, tales como la vida, la dignidad, integridad personal, seguridad, igualdad, libertad de acción y asociación. 
b. Del análisis de los contenidos en los materiales difundidos se establece la clara intención de legitimaros, desprestigiar la promoción, defensa y protección delos derechos humanos y poner en en una situación de alto riesgo a las y los denunciantes. 
c. Todo ello es contrario a las normas y principios consagrados en la convención para la eliminación de toas la formas de discriminación racial, pacto internacional de los derechos civiles y políticos y la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ratificados pro el Estado de Guatemala y la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones  Unidas el 9 de marzo de 1999 relacionada con el trabajo de las y los defensores de los derechos humanos.”  
1PDH. Comunicado: PDH resuelve violación de derechos a defensores de derechos humanos. Guatemala 27 de agosto 2013.