Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL
Decididamente, el asco, la indignación y la impotencia que las actuaciones recientes del sistema de justicia le causan a esta sociedad, no tienen parangón en la historia política de esta especie de país. Hemos tocado fondo; el Estado se acerca a pasos agigantados a su desaparición, abriendo cada vez con mayor vehemencia el indeseable camino hacia una república corporativa. A una vulgar S.A. donde los mafiosos son los accionistas mayoritarios.
Es decir, el panorama de la justicia en Guatemala no es solamente jurídico o político. Es de tipo financiero.
Para empezar, ¿cómo se puede interpretar la vergonzosa decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de avalar la abusiva maniobra del usurpador Walter Mazariegos para cercenar la trayectoria estudiantil del estudiante Camilo García Flores, rompiendo dicha corte con su mandato natural de ente protector de los derechos fundamentales? ¿El delito de Camilo? Tener voz, exigir transparencia y recordar lo que solía ser la autonomía universitaria.
Al respaldar la cancelación de su matrícula en la USAC, la CC demostró que la educación superior dejó de ser un derecho. Ahora es el producto de un club privado con derecho de admisión reservado para los sumisos. La disidencia se paga con el despido académico. Y semejante atrocidad solamente puede ser producto de una mentalidad medieval, aderezada por alguna transacción sospechosa.
Al castigar la disidencia y criminalizar la defensa de la autonomía universitaria, como lo hizo García Flores, el tribunal constitucional actúa como el brazo ejecutor y disciplinario de una red mafiosa-empresarial y envía un mensaje contundente de silenciamiento a la juventud.
¿Y cómo entender la decisión, a todas luces delictiva, de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, de ordenarle a la Contraloría extender el finiquito a favor de Mazariegos, pese a múltiples denuncias, incluso de índole penal, que se le imputan al presunto rector? En otras palabras: el encargado de impartir justicia se colocó del lado del criminal, ordenando que se le favoreciera con la emisión de un documento ilegítimo.
Esta barrabasada constituye una afrenta directa a la moral pública; una de tantas, de las perpetradas por Mazariegos. Ante ello, el ciudadano común no puede sino preguntarse, legítimamente, qué concesiones oscuras hizo el usurpador para obtener este beneficio ilegal. Es evidente que las instituciones fiscalizadoras y judiciales ya no evalúan la probidad; antes bien, validan la impunidad bajo arreglos de conveniencia.
Tales hechos, de suyo repugnantes, se agregan a múltiples maniobras recientes que han puesto en evidencia el grave deterioro de la señorita Justicia y sus cien amantes, al configurar un sistema donde los delincuentes obtienen toda la protección imaginable, de parte de un organismo estatal contaminado por la perversión de sus funciones.
No puede hablarse de justicia independiente, cuando a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, heroicos líderes de los 48 cantones, se les ha dictado arresto domiciliario después de más de un año de guardar prisión; castigo por demás injusto para quienes asumieron la defensa del voto de toda la ciudadanía y que las fuerzas más oscurantistas de Guatemala pretendían mancillar durante las elecciones de 2023.
Tampoco es para sentir tranquilidad, cuando la solicitud del Ministerio Público de emitir órdenes de aprehensión en contra de los repudiables exfiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, es rechazada por la jueza Benilda Sandoval, decisión que se percibe como acto de impunidad disfrazado de tecnicismos legales.
En este simulacro de república, los fallos judiciales no responden al régimen de legalidad sino a agendas particulares, a transacciones de impunidad y a perversas cuotas de poder. La certeza jurídica se ha convertido en activo transable a los mejores postores de siempre.
Pero no solo el organismo judicial es culpable de la debacle institucional que estamos padeciendo. ¿Dónde estaba el Estado protector cuando la Policía Nacional Civil desplegó un uso desproporcionado y brutal de la fuerza en Nebaj, Quiché, para desalojar a Juana Santiago Chel, una anciana de 72 años? Las desgarradoras imágenes de la violencia estatal contra una adulta mayor evidenciaron un sistema desprovisto de empatía y proporcionalidad.
Inexcusablemente, los recursos y la fuerza pública, ausentes para combatir las grandes estructuras criminales, se activan con rigidez absoluta para cumplir órdenes judiciales inhumanas.
Con todos estos antecedentes nefastos, es lógico plantearnos una interrogante: ¿Todavía existe el Estado de Guatemala? Es un cuestionamiento que asalta la conciencia ciudadana frente a una sucesión de hechos que quiebran cualquier noción elemental de justicia y dignidad humanas.
Lo cierto es que la indefensión de la población es total. ¿Quién protege al ciudadano común, cuando los órganos encargados de impartir justicia cometen las peores atrocidades institucionales posibles? Un país no puede avanzar ni prosperar democráticamente, si sus tribunales actúan como instrumentos veleidosos y sus fuerzas de seguridad operan como guardianes de intereses mezquinos.
Y si las leyes solo sirven para perseguir al estudiante, para limpiar al corrupto y golpear a la anciana, la República ha dejado de existir. El habitante de este territorio solo puede revisar su saldo y preguntarse: ¿quién me protege si los jueces actúan como los cobradores de la mafia?
Así que, a la ciudadanía no le queda más remedio que resistir y denunciar infatigablemente el secuestro de su propia nación, porque el Estado de Guatemala ya no le pertenece. Hoy, aquel ente romántico e ideal, opera bajo la lógica de una fría, corrupta y corporativa sociedad anónima de capital mafioso.
