Por Grahame Russell
A las últimas horas del 2 de marzo de 2016, un escuadrón de la muerte irrumpió en la casa de Berta Cáceres en Honduras y la mató a tiros en su recámara.
Su asesinato estuvo directamente relacionado con una lucha global sobre quiénes controlan la tierra, los territorios, los bosques y los ríos, y a qué intereses sirven las inversiones económicas. Su asesinato también estuvo relacionado con la participación de un grupo de «consultores» con base en Canadá que, presuntamente, ayudó a canalizar fondos hacia un proyecto de presa hidroeléctrica y hacia los asesinos.
Esa misma noche, Gustavo Castro —amigo y colega mexicano de Berta— se alojaba en la habitación de huespedes. Se encontraba en Honduras para colaborar con Berta y su organizacion COPINH. Durante el mismo ataque, un miembro del escuadrón de la muerte le disparó dos veces contra Gustavo y luego huyó en la oscuridad con los demas, creyendo que Gustavo también había muerto. Gustavo sobrevivió. Este artículo no detallará su increíble y valerosa supervivencia, pero el intento de asesinato de Gustavo forma parte integral del mismo crimen que constituyó el asesinato de Berta.
En enero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó un informe detallado sobre el asesinato de Berta. Como parte de su análisis profundo sobre quiénes fueron los autores intelectuales y los financiadores del crimen, el GIEI prestó atención especifico al papel que desempeñó Monkey Forest Consulting Limited (MFC).
En colaboración con financiadores internacionales, apoyamos proyectos en sectores clave:
agricultura y silvicultura, petróleo y gas, energía, y recursos terrestres y minerales
(Captura de pantalla, sitio web de MFC: https://consultmfc.com/)
¿Por qué enfocarse en MFC diez años después del asesinato de Berta?
No fue sino hasta la publicación del informe del GIEI que me enteré de que MFC había trabajado con los inversionistas y las empresas implicadas en el asesinato de Berta.
Del mismo modo, no supe de la participación de MFC en la notoria mina Fénix, ubicada en los territorios mayas q’eqchi’ de Guatemala, hasta las revelaciones hechas once años después durante los juicios civiles contra Hudbay Minerals en Canadá. En esa situación de muerte y violencia vinculadas a las empresas, la participación de MFC, como explico brevemente a continuación, coincidió con las violaciones en grupo de once mujeres mayas q’eqchi’ en 2007, quienes más tarde se convirtieron en demandantes en los juicios contra Hudbay.
Como mínimo, se deben investigar y sacar a la luz las declaraciones y acciones de las empresas de «consultoría corporativa», como MFC, especialmente cuando la violencia y la destrucción están vinculadas a las decisiones y acciones de las empresas e inversionistas que las contratan.
A partir de ahí, dependiendo de las circunstancias, se debe cuestionar si pueden —y deben— ser consideradas legalmente responsables por complicidad en esa violencia y destrucción en particular.
Como se resume a continuación, el informe de la GIEI plantea preguntas directas sobre lo que los empleados o consultores de MFC podrían haber sabido acerca del complot para asesinar a Berta Cáceres; qué papel pudo haber desempeñado MFC para facilitar el complot; y si MFC obtuvo beneficios económicos.
Berta Cáceres
Berta fue una muy respetada defensora de los derechos indígenas, la tierra y el medio ambiente. Fue una líder en los movimientos hondureños y regionales de resistencia contra intervenciones imperialistas y contra la corrupción, la explotación y la violencia de las empresas, los bancos y los inversionistas globales.
Después de que el golpe de Estado de 2009, respaldado por Estados Unidos y Canadá, llevara al poder a los gobiernos de los presidentes Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández —apoyados por los militares y vinculados al narcotráfico—, Berta se convirtió en una voz destacada en la oposición a la represión, la corrupción y la impunidad posteriores al golpe, así como a su agenda de «apertura a los negocios globales».
Berta era una amiga muy querida de nosotros en Rights Action. Desde 1998, Rights Action apoyó el trabajo encabezado por Berta y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una organización de la que fue cofundadora.
Presa hidroelectrica Agua Zarca
Uno de los proyectos de inversión iniciados con socios internacionales, en el contexto posterior al golpe de Estado de 2009, fue la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, que se estaba construyendo a la fuerza a lo largo del río Gualcarque. Este proyecto tendría impactos negativos en materia ambiental, de derechos humanos, sociales y económicos en las comunidades indígenas lenca y en las tierras donde COPINH lleva a cabo su trabajo de educación comunitaria, organización y defensa de la tierra.
Berta y el COPINH asumieron un papel de liderazgo en esta lucha por la defensa de la tierra, los derechos y el medio ambiente, lo que los llevó a un conflicto directo con la familia oligárquica Atala Zablah, la fuerza impulsora hondureña detrás del proyecto.
De «material» a «autores intelectuales»
Por más horrible que haya sido su asesinato, a nadie le sorprendió que los hijos de Berta, sus familiares y el COPINH se lanzaran de inmediato a la peligrosa tarea de sacar a la luz la verdad sobre lo ocurrido y exigir que se hiciera justicia con todas las personas e instituciones involucradas.
A pesar de la violencia, la corrupción y la impunidad que caracterizaron a los gobiernos y al poder judicial posteriores al golpe de Estado de 2009, la familia de Berta, el COPINH y sus simpatizantes lograron avances significativos en la lucha por la verdad y la justicia. Diez años después, ocho autores materiales de su asesinato —coordinadores y miembros del escuadrón de la muerte— habían sido juzgados, declarados culpables y encarcelados.
Con el paso de los años también quedó claro que miembros de la poderosa y acaudalada familia Atala Zablah fueron algunos de los principales «autores intelectuales» — las personas que decidieron que Berta debía ser eliminada y obtuvieron el dinero para ello.
Cuanto más se acercaban la familia de Berta, el COPINH y sus simpatizantes a los autores intelectuales, más difícil se volvía la lucha.
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| Daniel Atala, de la familia Atala Zablah, actualmente prófugo de la justicia Imagen: 21 de agosto de 2024, criterio.hn. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Al GIEI se le encargó investigar todos los hechos relacionados con el asesinato de Berta y brindar apoyo al Estado hondureño para investigar a los autores materiales y, en particular, a los autores intelectuales del homicidio de Berta, así como de otros delitos relacionados. El «informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, los delitos relacionados y las medidas integrales de reparación» del GIEI, de 524 páginas, se publicó el 12 de enero de 2026. Monkey Forest Consulting Limited DESA estaba controlada por la familia Atala Zablah y el exoficial militar hondureño David Castillo (quien había prestado servicio en el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Armadas y se había capacitado en la Academia Militar de West Point de Estados Unidos). MFC es una empresa privada de «especialistas en desempeño social y ambiental» contratada por corporaciones globales para ayudarlas a «preparar a las comunidades para cambios complejos». Como parte de este trabajo, MFC también ofrece servicios de «asesoramiento en seguridad».  ESPECIALISTAS EN DESEMPEÑO SOCIAL Y AMBIENTAL Preparando a las comunidades para cambios complejos (Captura de pantalla del sitio web de MFC: https://consultmfc.com/) MFC y las violaciones en grupo vinculadas a Skye Resources (Hudbay Minerals) Ver informe de Rights Action: Cómo ganamos los históricos juicios contra Hudbay Minerals en Canadá y el juicio penal contra Mynor Padilla en Guatemala, y a qué costo MFC trabajó para Skye Resources en el período previo a los desalojos forzados ilegales —con incendios y destrucción— de seis aldeas mayas q’eqchi’ a finales de 2006 y principios de 2007. Durante el incendio y la destrucción de la aldea Lote Ocho, el 17 de enero de 2007, guardias de seguridad de la empresa, soldados guatemaltecos y policías violaron en grupo a once mujeres q’eqchi’ de la aldea, quienes más tarde se unieron a German Chub y Angélica Choc como demandantes en los juicios contra Hudbay. Si bien el «cambio complejo» para el que se le pagó a MFC a fin de preparar a las comunidades q’eqchi’ no pudo haber sido peor —y solo por eso el trabajo de MFC debería investigarse más a fondo y sacarse a la luz—, de la escasa cantidad de documentos que se hicieron públicos durante los juicios, se desprende que el papel de MFC fue de asesoría y que nada de lo que hizo tuvo una influencia directa en el financiamiento de las operaciones de la mina Fénix. MFC y el asesinato de Berta Lo que sigue es un intento, basado principalmente en el informe del GIEI, de resumir el papel de MFC, que abarca tareas de verificación y funciones de certificación, estrategia de comunicación, actividades de asesoría en materia de seguridad y contacto directo con personas posteriormente condenadas como coordinadores y autores materiales del complot de asesinato. ¿Certificaciones deliberadamente falsas? Tres meses antes del asesinato de Berta, el presidente y fundador de MFC, Gary MacDonald, emitió un certificado el 4 de diciembre de 2015, allanando el camino para el tercer desembolso de fondos (2,6 millones de dólares), en el que afirmaba que, en la medida de lo aplicable, DESA (el prestatario) y el proyecto Agua Zarca estaban «implementando todas las acciones descritas en el Plan de Acción Ambiental y Social y cumpliendo con sus acciones prioritarias». El mismo documento de certificación reconocía que DESA no había completado las acciones requeridas y que los riesgos identificados en el informe de monitoreo de septiembre de 2015 de MFC «siguen vigentes». El informe del GIEI califica esto como una «falsedad deliberada». MFC certificó el cumplimiento de un proyecto que nunca había llevado a cabo una consulta libre, previa e informada con las comunidades lencas afectadas — un hecho que MFC habría sabido, dada su labor de monitoreo y su conocimiento del conflicto entre DESA y las comunidades. Además, el MFC sostuvo que no existían disputas legales sobre las tierras ancestrales de los lencas donde se iba a construir la presa. El MFC tenía conocimiento de una denuncia de derechos humanos presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y conocía las objeciones bien documentadas del COPINH al proyecto. Y MFC habría sabido que ya se habían producido asesinatos de miembros de COPINH en Río Blanco. Por ejemplo, Tomás García fue asesinado el 15 de julio de 2013 por militares hondureños que custodiaban la sede de DESA en territorios lencas donde se iba a construir la presa de Agua Zarca. Su hijo, Allan, resultó herido en el mismo ataque. Sigue el rastro del dinero Según el informe, aproximadamente el 67 % de los 18,5 millones de dólares desembolsados a lo largo de la vigencia del financiamiento internacional fue desviado o manejado de manera irregular. MFC «ocupó una posición clave» como una de las vías por las que pasó este dinero. Por sus servicios, MFC recibió al menos 72,752 dólares y 32,454 euros en múltiples pagos, entre julio de 2014 y enero de 2016. Servicios de seguridad Un memorándum recuperado de una computadora incautada durante la redada de mayo de 2016 en las oficinas de DESA —una computadora que se presume fue utilizada por Daniel Atala, miembro de la familia Atala Zablah y gerente financiero de DESA— documenta un programa de «desarrollo de capacidades de seguridad» impartido a DESA por representantes de MFC durante tres días (del 14 al 16 de abril de 2015). Exmilitares hondureños y estadounidenses contratados por MFC El memorándum recuperado indica que la capacitación abarcó: el uso de «fuerza moderada antes, durante y después de una posible confrontación, incluyendo las armas con las que estará equipado el personal de seguridad»; la coordinación con la Policía Nacional tanto a nivel de alta dirección como operativo, incluyendo «las condiciones que DESA debe proporcionarles, el tipo y la frecuencia de la comunicación que DESA mantendrá con ellos, el apoyo logístico y la capacitación que deben recibir de DESA»; la evaluación del desempeño del proveedor de seguridad contratado; «posibles tácticas de ataque que podría emplear la oposición, su manejo y respuesta»; y «posibles escenarios de ataque en las instalaciones y cómo reaccionar ante ellos». Las comunidades lenca como una amenaza Comunicaciones con los autores materiales del asesinato de Berta Es importante destacar el momento en que se produjeron estas comunicaciones de MFC con estos directivos de DESA, ya que el 20 de abril de 2015, Berta recibió el Premio Goldman del Medio Ambiente, lo que atrajo una mayor atención mediática hacia los conflictos de derechos humanos, ambientales y territoriales en los que Berta estaba involucrada, en particular el proyecto de Agua Zarca. Más allá de estos registros de llamadas, el GIEI documentó intercambios por WhatsApp entre Jorge Acosta y Sergio Rodríguez. El 16 de septiembre de 2015, Acosta le pidió a Rodríguez el número de teléfono de Jorge Ávila, especificando que era «para la capacitación». El 5 de febrero de 2016, veintiséis días antes del asesinato de Berta, Acosta le escribió a Rodríguez indicando que él (Jorge Acosta) estaba esperando «el informe de crisis del día 27». Deslegitimación del COPINH y de Berta La evaluación inicial del sitio realizada por MFC (27 de junio de 2014) advertía que DESA había permitido que el COPINH y sus aliados «controlara casi por completo la narrativa pública» y recomendaba que DESA recuperara el control de la narrativa mediante una presencia activa en los medios de comunicación, las redes sociales y las plataformas digitales. MFC recomendó la creación de un sitio web bilingüe que presentara «la realidad del proyecto desde la perspectiva de la empresa», el desarrollo de mensajes para «contrarrestar la desinformación» sobre el impacto del proyecto en los derechos indígenas y el fortalecimiento de las campañas de información para neutralizar las acusaciones de violaciones de derechos humanos. MFC señaló que las reclamaciones territoriales de las comunidades lencas eran «débiles» y «oportunistas», y calificó las preocupaciones sobre los derechos indígenas relacionadas con el proyecto como cuestiones de «riesgo reputacional» para DESA que «podrían mitigarse mediante una estrategia eficaz de comunicación internacional». La oposición al proyecto se caracterizó como basada en «narrativas emocionales y simplistas». El informe de la GIEI concluye que MFC fomentó la difusión de mensajes que desacreditaban al COPINH y su representatividad, y presentaba su labor en defensa del territorio lenca como una amenaza para el progreso — mensajes que posteriormente se replicaron en los medios nacionales, anuncios pagados y declaraciones gubernamentales. Conclusiones e investigaciones recomendadas A pesar de saber todo esto, los dirigentes de MFC emitieron los certificados necesarios para permitir la liberación de fondos. El GIEI califica el trabajo de MFC como diseñado para conferirle a DESA una «apariencia de legalidad» y cumplimiento ante los actores institucionales, financieros y reguladores. A su vez, esta apariencia de legalidad y cumplimiento permitió la continuación del financiamiento que fue desviado para financiar la vigilancia, la represión y, en última instancia, el asesinato de Berta. El GIEI recomienda que los investigadores determinen si los montos pagados a MFC se ajustaban a las tarifas de mercado por los servicios prestados, y que MFC ponga a disposición todos los correos electrónicos corporativos y las comunicaciones de los empleados de MFC que participaron y fueron responsables del trabajo con DESA entre 2012 y 2016, junto con cualquier investigación interna de MFC sobre su propia conducta. Además, considerando las tareas de seguridad realizadas por el personal de MFC, el GIEI recomienda que se lleve a cabo una investigación más a fondo sobre las actividades específicas realizadas en relación con la capacitación en seguridad brindada al personal de DESA. ¿Se enfrentará MFC a la justicia en los tribunales canadienses? Aunque la propia MFC y otros actores involucrados -DESA, inversionistas internacionales, etc.- seguramente cuentan con mucho más información sobre el papel desempenado por MFC en el proyecto Agua Zarca culminando en el asesinato de la Berta y al atentado contra Gustavo Castro, con solo lo que el GIEI ha revelado, ¿es legítimo preguntarse si MFC y su personal podrían —y deberían— ser procesados legalmente ante los tribunales canadienses, como empresa y/o a título individual, por actuar de manera deliberadamente ciega, negligente o incluso con negligencia criminal? https://mailchi.mp/rightsaction/monkey-forest-consultants-limited-de-canada-estaba-enterado-del-plan-para-asesinar-a-berta-cceres
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