Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL
De cuando en cuando, a los guatemaltecos nos ha dado por hacer derroche de creatividad para buscar fórmulas que nos lleven a superar nuestros serios problemas sociales, económicos y políticos, tan arraigados en esta sociedad de altos contrastes.
Así, nos inspiramos para aferrarnos al carro de la democratización propuesta por los militares a principios de los años 80 y creímos que la fórmula descansaba en el proceso de promulgación de una Constitución Política que reemplazara los vicios de su predecesora, también impulsada desde lo castrense en 1965.
Se logró elegir una Asamblea Nacional Constituyente de corte pluralista, con influencia de diversas corrientes sociales. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y de los hechos políticos, fuimos cayendo en la cuenta que aquel hermoso texto no era suficiente para asegurar la consolidación de un proceso que realmente nos llevara a la democracia.
Otros intentos, igualmente creativos, tampoco causaron los efectos larga y ansiosamente esperados: el proceso de Paz Firme y Duradera quedó muy lejos de ser la hoja de ruta esperanzadora, porque no se pudo conquistar por la vía de la democratización antes mencionada, gracias a que las élites derechistas se confabularon para propiciar su empantanamiento.
En lugar de sentar las bases de una democracia «Firme y Duradera», lo que se fue edificando fue un enclave de nuevos y más severos problemas, como la entronización del crimen organizado y la normalización de la corrupción como elementos inherentes al Estado guatemalteco. Cooptación del Estado le denominó la extinta Cicig, un proceso que se fue apuntalando gracias a una entente perversa, conformada por organizaciones políticas, empresarios, entidades neoparamilitares y, sobre todo, un aparato de justicia rendido incondicionalmente ante esta nueva versión del deterioro institucional. Pacto de Corruptos fue y es conocido coloquialmente.
Dentro de esa dinámica perversa, observamos que Guatemala se asoma a un precipicio histórico donde las certezas institucionales, antes bien, se desmoronan. En los últimos años, aquel relato de la transición democrática se sostuvo sobre la prioridad de depurar el sistema de justicia, como prerrequisito para rescatar al Estado del secuestro en que lo mantienen las mafias corporativas y políticas.
Lejos de ello, poco a poco esa ilusión va careciendo de sustento. El optimismo popular va siendo sepultado por una terca realidad: cada intento de reacción desde la ciudadanía, es asimilado y neutralizado por un sistema diseñado expresamente para preservarse a sí mismo, obligándonos a plantear una pregunta incómoda pero ineludible: ¿Se han agotado los caminos civilizados para rescatar nuestra democracia? ¿Acaso quedan opciones institucionales para recuperar el rumbo del país?
El mayor síntoma de este agotamiento se evidencia en la parálisis de las altas cortes. La expectativa de reestructurar la Corte de Constitucionalidad (CC) con magistrados probos, tropezó ante la implacable matemática del poder fáctico que representa Roberto Molina Barreto. La sistemática reiteración disfrazada de razonamiento jurídico, en los fallos divididos por 3 votos contra 2 no es una coincidencia legal; es la constatación de un bloque monolítico que opera como dique de contención contra la legalidad independiente. Esta correlación de fuerzas ha convertido la deliberación constitucional en un mero simulacro, un trámite donde la justicia ya ha sido sentenciada de antemano. Y así, cuando el máximo tribunal actúa como blindaje legal del statu quo, la ciudadanía queda en la total indefensión.
Este patrón de captura se replica en el ámbito académico. Sin la menor duda, el asalto a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) representa el capítulo más vergonzoso del desmantelamiento cívico. A pesar de las voces que se alzaron en resistencia contra el fraude que impuso al rector usurpador, la maquinaria judicial ha convalidado, hasta hoy, tan aberrante ilegalidad. Con un abierto menosprecio hacia quienes han denunciado las maniobras que convirtieron a la universidad nacional, de centro de excelencia académica en un santuario del crimen, las autoridades han legitimado el atropello. El mensaje es devastador: la verdad, la ciencia y el derecho carecen de valor ante la fuerza bruta de las alianzas delictivas.
Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) permanece sumido en un letargo que poco a poco pierde justificación. Lejos de actuar como el órgano independiente que devuelva la confianza ciudadana por medio del aporte de resultados tangibles, la institución opera bajo una lógica de inacción que parece calculada. Esta parálisis consolida una impunidad estructural donde los arquitectos del retroceso político actúan sin consecuencias. Sin una fiscalía dispuesta a romper el cerco, el marco legal se vacía por completo y el descontento social se incrementa ante la falta de justicia.
Este oscuro horizonte proyecta su sombra más larga sobre el 2027, año en que se llevarán a cabo las próximas elecciones generales. En cualquier otra latitud, el llamado a las urnas representaría una válvula de escape democrática, una promesa de renovación y la esperanza de vislumbrar una luz al final del túnel.
En Guatemala, sin embargo, el proceso electoral se perfila más bien como la consumación de una trampa perfecta. Lejos de ser un espacio de corrección ciudadana, el engranaje institucional actual parece estar abonando de manera minuciosa el camino para un retorno definitivo y legitimado del Pacto de Corruptos al poder.
Con un árbitro electoral impredecible, con partidos políticos convertidos en franquicias de la impunidad y la disidencia criminalizada desde las cortes, los comicios del año entrante amenazan con no ser más que un simulacro democrático diseñado para sellar, por la vía del voto capturado, el secuestro permanente de la nación.
La salida tampoco parece descansar en una reforma constitucional. Y es que el diseño vigente no permite sino algunas modificaciones a ciertos artículos, pero ello significará únicamente darle oxígeno a un sistema desfalleciente y que demanda una cirugía mayor.
Ante este panorama, las rutas tradicionales para una transición democrática y pacífica parecen estar selladas. Cuando las urnas, los tribunales y las aulas son capturadas, el espacio para el disenso civilizado se reduce a cero. Históricamente, el cierre sistemático de las vías legales no conduce a la sumisión perpetua, sino a la acumulación de un resentimiento social profundo. Al clausurar las salidas institucionales a la crisis, las élites no garantizan su estabilidad; por el contrario, están pavimentando de forma peligrosa la ruta hacia un hecho que muchos prefieren evadir del análisis realista.
Sí, ese hecho está contenido en la palabra revolución. No una violenta como la francesa; tampoco ideológica como en la Guerra Fría. Simplemente, una revolución ciudadana motivada por la desesperación, la falta de respuesta del Estado y la terrible pérdida de confianza en las instituciones.
Y es que la paciencia popular tiene límites… aunque el sistema se empeñe en ignorarlos.
