LA VERDADERA DEMOCRACIA SE CONSTRUYE DESDE LOS TERRITORIOS

Por: Juan José Hurtado Paz y Paz

En Guatemala se habla con frecuencia de fortalecer la democracia. Se insiste en mejorar las instituciones, transparentar el Estado, fortalecer los partidos políticos o incrementar la participación ciudadana. Todo ello es necesario, pero la discusión no aborda una pregunta fundamental: ¿qué democracia queremos construir y desde dónde debe construirse? La discusión suele concentrarse en cómo mejorar las instituciones existentes, pero casi nunca cuestiona si esas instituciones fueron concebidas para representar la realidad plurinacional de Guatemala o, por el contrario, para consolidar un Estado construido desde el colonialismo y la exclusión de los pueblos originarios.

Durante décadas se nos ha hecho creer que la democracia nace en la ciudad de Guatemala y desciende hacia los municipios y las comunidades mediante leyes, políticas públicas o programas gubernamentales. Desde esa lógica, los territorios aparecen únicamente como receptores de decisiones tomadas desde el poder central.

La historia del país demuestra exactamente lo contrario. Mucho antes de la invasión española y de la formación del Estado guatemalteco, los pueblos originarios ya contaban con formas propias de organización política, espacios de deliberación colectiva, sistemas de autoridad, mecanismos para resolver conflictos y normas para el cuidado de los bienes comunes que ahora se llamarían democracia. La democracia, entendida como la capacidad de una sociedad para decidir colectivamente sobre su presente y su futuro tiene raíces mucho más profundas.

La gran contradicción de Guatemala es que las comunidades continúan sosteniendo buena parte de la vida democrática del país, mientras el Estado sigue siendo profundamente centralizado y el sistema de partidos políticos continúa sin representar la diversidad política, cultural y territorial de la nación, ni los intereses de los pueblos. Los partidos aparecen cada cuatro años prometiendo desarrollo, pero, por lo general, terminan dividiendo a las comunidades, enfrentando vecinos contra vecinos y debilitando las formas de organización que durante generaciones han permitido resolver los problemas colectivos.

Reconocer esta realidad no significa renunciar a la participación dentro del Estado existente. Lamentablemente, es el Estado que hoy tenemos y es el sistema político vigente. Los pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes y las organizaciones territoriales no pueden ignorar esos espacios; deben disputarlos democráticamente y procurar transformarlos desde dentro. Sin embargo, reducir la discusión únicamente a una mayor representación indígena dentro del sistema de partidos constituye una visión limitada del problema.

Es fundamental que haya mayor número de personas indígenas, mujeres y jóvenes en cargos públicos, sí. Pero además debemos avanzar en el reconocimiento de que existen pueblos con formas propias de organizar la vida comunitaria, construir consensos, ejercer autoridad, administrar justicia y definir sus prioridades para alcanzar Buen Vivir. Esas formas de organización no son expresiones folclóricas ni sobrevivencias del pasado; son instituciones políticas vivas.

Los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá y otras autoridades indígenas de vieja data, así como las numerosas autoridades ancestrales que han venido reconstruyéndose en distintos municipios del país constituyen ejemplos de gobiernos territoriales con amplia legitimidad social. Su autoridad no proviene de campañas millonarias ni de estructuras partidarias, sino del acuerdo y reconocimiento de las propias comunidades. Su fortaleza radica en la honorabilidad, el servicio, la rendición permanente de cuentas, la búsqueda del consenso y la defensa del bien común.

Mientras buena parte de la política nacional gira alrededor de la competencia por el poder, muchas comunidades siguen demostrando que gobernar significa, ante todo, cuidar la vida colectiva.

No se trata de idealizar las formas comunitarias de organización. Como toda construcción humana, tienen falencias y aspectos cuestionables, enfrentan desafíos y contradicciones. Sin embargo, sería un grave error ignorar que contienen principios democráticos y una ética que hoy escasea en las instituciones del Estado y en los partidos politiqueros. La deliberación colectiva, la búsqueda de acuerdos antes que la imposición de mayorías, el ejercicio de la autoridad como servicio y la prioridad del interés común sobre las ambiciones individuales son prácticas políticas que Guatemala necesita recuperar.

Durante el proceso de paz se dio un paso importante con la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). Desde el inicio reconoce oficialmente que Guatemala está integrada por cuatro pueblos: Maya, Xinka, Garífuna y Ladino o Mestizo, así como acepta que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que el Estado está obligado a respetar. Sin embargo, ese acuerdo también dejó una deuda histórica. Avanzó en el reconocimiento de derechos culturales y políticos, pero no abordó los aspectos socioeconómicos que sostienen la desigualdad estructural vista desde los Pueblos Indígenas. El acceso a la tierra, el reconocimiento de los territorios indígenas, el control de los bienes naturales y la redistribución del poder quedaron fuera de la discusión pues se postergó para hacerlo en otro acuerdo. Pero, sin transformar esas relaciones de poder, el reconocimiento cultural resulta insuficiente. No fue una omisión casual. Las negociaciones de paz permitieron reconocer parcialmente los derechos culturales, pero evitaron transformar la estructura económica y territorial que históricamente ha sostenido el poder de las élites.

En esa misma dirección, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no puede reducirse al derecho de consulta previa. Su alcance es mucho mayor. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus instituciones, decidir sus propias prioridades de desarrollo entendidas desde la cosmovisión de cada pueblo y no necesariamente desde el concepto occidental del crecimiento económico, y participar en todas aquellas decisiones que afecten sus territorios. No puede hablarse seriamente de democracia mientras los territorios indígenas continúen siendo desconocidos o subordinados a intereses económicos y políticos ajenos a las comunidades.

Por ello, el debate sobre la democracia conduce inevitablemente a otro debate: el del Estado que Guatemala necesita construir.

Cada vez más las organizaciones indígenas plantean la construcción de un Estado plurinacional. No se trata de dividir el país ni de crear varios Estados dentro de uno solo, como algunos pretenden hacer creer. Se trata de reconocer una realidad histórica: Guatemala está conformada por varios pueblos que poseen identidades, cultura, idiomas, instituciones, sistemas normativos y formas propias de organización política. Un Estado verdaderamente democrático debe reconocer esa diversidad no únicamente en el plano cultural, sino también en la distribución del poder político, económico, social y territorial.

La plurinacionalidad supone avanzar hacia formas efectivas de autonomía territorial, fortalecer las autoridades propias de los pueblos indígenas, reconocer jurídicamente sus territorios, respetar sus sistemas de gobierno y construir nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos que lo conforman.

Significa pasar de un Estado que administra la diversidad a uno construido con la diversidad. En ese camino también resulta indispensable impulsar el Buen Vivir desde los pueblos y comunidades.

Durante siglos las decisiones económicas se han tomado lejos de los territorios y con escasa participación de quienes viven en ellos. Las comunidades no pueden seguir siendo vistas solo como “beneficiarias” de proyectos diseñados desde los centros de poder. Deben ser los verdaderos protagonistas de las decisiones sobre su propia vida.

La cooperación internacional tiene igualmente una responsabilidad en este proceso. Durante demasiado tiempo los recursos destinados al desarrollo han fortalecido principalmente estructuras intermedias, mientras las organizaciones comunitarias reciben apenas una parte limitada del apoyo disponible. Fortalecer directamente las capacidades organizativas de los territorios, sus autoridades y sus procesos constituye una apuesta estratégica para democratizar el país desde abajo.

Las mujeres indígenas y las juventudes organizadas representan hoy una de las mayores esperanzas para esa transformación. Constituyen una fuerza política que ya está transformando las formas de organización y participación, ampliando las agendas históricas de los pueblos y cuestionando las estructuras tradicionales del Estado y del sistema de partidos. Como ellas y ellos mismos dicen: son presente y futuro.

La discusión de fondo, entonces, no consiste únicamente en fortalecer la incipiente democracia que tanto ha costado alcanzar. Consiste en redistribuir el poder. Mientras las decisiones fundamentales continúen concentradas en una pequeña élite política y económica asentada principalmente en la ciudad capital, la mayoría de la población seguirá participando únicamente como espectadora de decisiones que otros toman sobre su vida y sus territorios.

Redistribuir el poder significa democratizar las decisiones políticas. Los pueblos originarios, las comunidades y los territorios no pueden limitarse a elegir representantes cada cuatro años. Deben participar de manera permanente en las decisiones que afectan su presente y su futuro, fortaleciendo sus propias formas de organización y de gobierno. La democracia representativa debe complementarse con una democracia comunitaria y participativa que reconozca a los pueblos como sujetos políticos colectivos.

También significa redistribuir el poder económico. Guatemala no podrá superar sus profundas desigualdades mientras continúe concentrando la riqueza, la tierra, el crédito, la inversión pública y las oportunidades de desarrollo en unos pocos sectores y territorios. Hablar de democracia sin cuestionar esa concentración conduce a una democracia limitada, incapaz de garantizar condiciones dignas para la mayoría de la población.

Supone, además, redistribuir el poder sobre los territorios. Las comunidades deben tener capacidad efectiva para decidir qué proyectos se corresponden a su visión de Buen Vivir, cómo proteger sus bienes naturales y cuáles son las prioridades para su futuro. Ello exige avanzar hacia el reconocimiento y ejercicio efectivo de las autonomías territoriales.

Democratizar el país exige redistribuir también el poder de definir qué conocimientos cuentan y cuáles son ignorados. Durante siglos el Estado ha considerado válidas casi exclusivamente las formas occidentales de comprender la política, la economía, el derecho y la relación entre las personas y con la Madre Tierra, relegando los conocimientos y las instituciones construidas por los pueblos indígenas. Un Estado plurinacional supone reconocer que existen diversas maneras legítimas de entender el mundo, organizar la vida colectiva, impartir justicia y construir el Buen Vivir. Sin ese reconocimiento, la igualdad entre los pueblos seguirá siendo únicamente formal.

Mientras Guatemala continúe siendo un Estado que reconoce parcialmente la diversidad cultural, pero concentra las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales y medioambientales en unas pocas manos, seguirá reproduciendo el racismo, la exclusión, la explotación y profundas desigualdades. La democratización del país exige reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos colectivos, garantizar sus territorios, respetar sus formas propias de gobierno y avanzar hacia un Estado plurinacional construido desde los territorios.

La democracia que Guatemala necesita no puede seguir edificándose de espaldas a quienes han sostenido históricamente la organización comunitaria. Debe construirse desde los territorios, reconociendo que allí no sólo habita una parte mayoritaria de la población, sino que también sobreviven las experiencias políticas profundas y legítimas que se han conservado y hay que potenciar. Tenemos que unirnos en un proyecto de nación en que quepamos todas y todos.

https://prensacomunitaria.org/2026/08/la-verdadera-democracia-se-construye-desde-los-territorios/

9 DE AGOSTO DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Se celebra en todo el mundo y marca la fecha de la sesión inaugural del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en las Naciones Unidas en 1982.

Les compartimos el documental

IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

https://youtu.be/2UivfSi3nhE?si=kCdIaPK9vtpkTZSD

EL ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

25 minutos   -     Año 1997

Documental realizado en 1997 basado en los  Acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas.

El Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas fue el quinto de los doce Acuerdos de Paz suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el Conflicto Armado Interno. Este enfrentamiento duró más de treinta años y dejó un saldo en muertos y desaparecidos que supera las 200 000 personas. El Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas fue firmado el 31 de marzo de 1995, en México, D. F., y forma parte del Acuerdo de paz firme y duradera, el cual concluyó el proceso de negociaciones de paz que duró alrededor de una década y fue suscrito el 29 de diciembre de 1996.

ESTADO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Decididamente, el asco, la indignación y la impotencia que las actuaciones recientes del sistema de justicia le causan a esta sociedad, no tienen parangón en la historia política de esta especie de país. Hemos tocado fondo; el Estado se acerca a pasos agigantados a su desaparición, abriendo cada vez con mayor vehemencia el indeseable camino hacia una república corporativa. A una vulgar S.A. donde los mafiosos son los accionistas mayoritarios.

Es decir, el panorama de la justicia en Guatemala no es solamente jurídico o político. Es de tipo financiero.

Para empezar, ¿cómo se puede interpretar la vergonzosa decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de avalar la abusiva maniobra del usurpador Walter Mazariegos para cercenar la trayectoria estudiantil del estudiante Camilo García Flores, rompiendo dicha corte con su mandato natural de ente protector de los derechos fundamentales? ¿El delito de Camilo? Tener voz, exigir transparencia y recordar lo que solía ser la autonomía universitaria. 

Al respaldar la cancelación de su matrícula en la USAC, la CC demostró que la educación superior dejó de ser un derecho. Ahora es el producto de un club privado con derecho de admisión reservado para los sumisos. La disidencia se paga con el despido académico. Y semejante atrocidad solamente puede ser producto de una mentalidad medieval, aderezada por alguna transacción sospechosa.

Al castigar la disidencia y criminalizar la defensa de la autonomía universitaria, como lo hizo García Flores, el tribunal constitucional actúa como el brazo ejecutor y disciplinario de una red mafiosa-empresarial y envía un mensaje contundente de silenciamiento a la juventud.

¿Y cómo entender la decisión, a todas luces delictiva, de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, de ordenarle a la Contraloría extender el finiquito a favor de Mazariegos, pese a múltiples denuncias, incluso de índole penal, que se le imputan al presunto rector? En otras palabras: el encargado de impartir justicia se colocó del lado del criminal, ordenando que se le favoreciera con la emisión de un documento ilegítimo.

Esta barrabasada constituye una afrenta directa a la moral pública; una de tantas, de las perpetradas por Mazariegos. Ante ello, el ciudadano común no puede sino preguntarse, legítimamente, qué concesiones oscuras hizo el usurpador para obtener este beneficio ilegal. Es evidente que las instituciones fiscalizadoras y judiciales ya no evalúan la probidad; antes bien, validan la impunidad bajo arreglos de conveniencia.

Tales hechos, de suyo repugnantes, se agregan a múltiples maniobras recientes que han puesto en evidencia el grave deterioro de la señorita Justicia y sus cien amantes, al configurar un sistema donde los delincuentes obtienen toda la protección imaginable, de parte de un organismo estatal contaminado por la perversión de sus funciones.

No puede hablarse de justicia independiente, cuando a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, heroicos líderes de los 48 cantones, se les ha dictado arresto domiciliario después de más de un año de guardar prisión; castigo por demás injusto para quienes asumieron la defensa del voto de toda la ciudadanía y que las fuerzas más oscurantistas de Guatemala pretendían mancillar durante las elecciones de 2023.

Tampoco es para sentir tranquilidad, cuando la solicitud del Ministerio Público de emitir órdenes de aprehensión en contra de los repudiables exfiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, es rechazada por la jueza Benilda Sandoval, decisión que se percibe como acto de impunidad disfrazado de tecnicismos legales.

En este simulacro de república, los fallos judiciales no responden al régimen de legalidad sino a agendas particulares, a transacciones de impunidad y a perversas cuotas de poder. La certeza jurídica se ha convertido en activo transable a los mejores postores de siempre.

Pero no solo el organismo judicial es culpable de la debacle institucional que estamos padeciendo. ¿Dónde estaba el Estado protector cuando la Policía Nacional Civil desplegó un uso desproporcionado y brutal de la fuerza en Nebaj, Quiché, para desalojar a Juana Santiago Chel, una anciana de 72 años? Las desgarradoras imágenes de la violencia estatal contra una adulta mayor evidenciaron un sistema desprovisto de empatía y proporcionalidad. 

Inexcusablemente, los recursos y la fuerza pública, ausentes para combatir las grandes estructuras criminales, se activan con rigidez absoluta para cumplir órdenes judiciales inhumanas. 

Con todos estos antecedentes nefastos, es lógico plantearnos una interrogante: ¿Todavía existe el Estado de Guatemala? Es un cuestionamiento que asalta la conciencia ciudadana frente a una sucesión de hechos que quiebran cualquier noción elemental de justicia y dignidad humanas. 

Lo cierto es que la indefensión de la población es total. ¿Quién protege al ciudadano común, cuando los órganos encargados de impartir justicia cometen las peores atrocidades institucionales posibles? Un país no puede avanzar ni prosperar democráticamente, si sus tribunales actúan como instrumentos veleidosos y sus fuerzas de seguridad operan como guardianes de intereses mezquinos. 

Y si las leyes solo sirven para perseguir al estudiante, para limpiar al corrupto y golpear a la anciana, la República ha dejado de existir. El habitante de este territorio solo puede revisar su saldo y preguntarse: ¿quién me protege si los jueces actúan como los cobradores de la mafia? 

Así que, a la ciudadanía no le queda más remedio que resistir y denunciar infatigablemente el secuestro de su propia nación, porque el Estado de Guatemala ya no le pertenece. Hoy, aquel ente romántico e ideal, opera bajo la lógica de una fría, corrupta y corporativa sociedad anónima de capital mafioso.

https://www.gazeta.gt/95604/

DEGRADACIÓN DE LA USAC: AFRENTA QUE NOS CUESTA A TODOS

Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

He llegado a la conclusión de que hemos subestimado a Walter Mazariegos, el usurpador con ínfulas de rector de la Universidad de San Carlos. Está claro que no ha sido un peón de las mafias más oscuras del país: es un bandido declarado, un rufián con todos los agravantes propios de semejante condición de vileza.

A golpes demoledores nos ha demostrado, desde 2022, que su ambición desmedida, instrumentalizada como actor titular del poder fáctico, ha sido el catalizador de una de las peores tragedias institucionales observadas en Guatemala. La obsesión de Walter Mazariegos de retener una rectoría nacida del fraude y la imposición, ha sumido a la tricentenaria casa de estudios en una crisis ética y jurídica, sin precedentes en la historia de la academia, a nivel mundial. 

Lo que en su génesis fue señalado como un fraude electoral flagrante, se ha transformado en un régimen de impunidad estructural, apañado por el entramado judicial guatemalteco que, en lugar de aparato procurador de justicia, ha operado como el cómplice perfecto de la usurpación. La supervivencia de Mazariegos en el cargo no se explica jamás por su legitimidad interna —inexistente en las aulas─, sino por la deliberada tolerancia de un sistema de justicia que ha validado sus maniobras abiertamente ilegales, con argumentos jurídicos insostenibles.

Creímos que el límite de este absurdo legal se rebasó cuando las cortes consintieron que Mazariegos asumiera un nuevo período rectoral ─pese a las innegables evidencias de fraude─ sin presentar el finiquito de ley, escudándose en el argumento de la «autonomía universitaria». 

Este pretexto, que validó una atroz omisión, es tan falaz como peligroso: sostener que la USAC, como institución autónoma está exenta de controles, es una interpretación que tergiversa la doctrina constitucional. La autonomía universitaria fue concebida para proteger la libertad de cátedra y de autogobierno frente a los poderes políticos, nunca para utilizarla como una patente de corso para la opacidad y la falta de rendición de cuentas. No solo es un insulto a la inteligencia ciudadana; es un precedente nefasto que destruye el Estado de derecho.

Sin embargo, todavía quedaban atrocidades por venir. Mazariegos cruzó por completo el umbral de la degradación. La gota que derramó el vaso —y que marcó la caída de la universidad nacional a los niveles más increíbles de decadencia—, es la criminal alteración y borrado de registros académicos de estudiantes, cuyo terrible «delito» fue manifestarse como adversarios de la usurpación. 

Desde una perspectiva académica y deontológica, el historial educativo de un estudiante es un registro sagrado e inviolable, que certifica su esfuerzo intelectual y su trayecto formativo. Borrar estos datos por venganza política trasciende la simple falta administrativa o el abuso de autoridad, para erigirse en un acto de terrorismo institucional y una vulneración grave al derecho humano a la educación. Al despojar a los disidentes de sus méritos académicos, la administración de factodespoja a la USAC de su carácter científico, pone en evidencia ante el mundo su descomposición moral y reduce a la rectoría a una mera oficina de control político, equiparable a los aparatos propios del oscuro fascismo.

Ante la gravedad de estas atrocidades, la sociedad civil no puede permitirse el lujo de la neutralidad ni la fatiga de sus justas demandas. La complicidad de los órganos del Estado obliga a articular una respuesta ciudadana, fundamentada en dos líneas de acción urgentes, pragmáticas y en la línea del derecho constitucional:

En primer lugar -ya lo he mencionado en varias ocasiones- es imperativo asumir que la resistencia contra la usurpación de la USAC no es una disputa corporativista ni un problema exclusivo de la comunidad sancarlista. Se trata de una causa nacional que concierne a toda la sociedad guatemalteca, a landivarianos, a marianistas, a empresarios, trabajadores, profesionales, mujeres y pueblos indígenas. 

Recordemos que la universidad nacional se financia mediante el erario. Cada aula, cada estudio de investigación y cada salario que se paga a docentes y empleados, se sostiene con los impuestos directos e indirectos de la población. Por ende, la dilapidación de esos recursos financieros y el secuestro de su institucionalidad representan un desfalco directo al bolsillo del ciudadano, el cual debe reaccionar como corresponde, en defensa de sus derechos escamoteados.

En segundo lugar, la coyuntura exige un escalonamiento estratégico de las acciones de rechazo civil y académico hacia la figura de Mazariegos. Urge un boicot institucional de carácter permanente, sistemático y sin cuartel, orientado a generar una presión que haga insostenible el ejercicio cotidiano de la rectoría espuria. 

El repudio ético, además, debe mantenerse en cada espacio académico, tanto nacional como internacional, hasta que el costo político de sostener al gánster usurpador sea intolerable para las propias redes de impunidad que lo protegen. Solo mediante una fiscalización social activa e intransigente, se forzará al sistema legal a corregir el rumbo y retomar el curso de excelencia que históricamente le compete a la USAC. 

La indiferencia solo alimenta las obscenas acciones ilegales del usurpador y por ello, rescatar a la Universidad de San Carlos no es una mera demanda política. Es un deber patriótico.

https://www.gazeta.gt/95467/

REFLEXIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y REALIDAD NACIONAL

Por: Factor Méndez

El primer encuentro de defensoras y defensores de derechos humanos de la Madre tierra y territorio Q’eqchi’, se realizó esta semana en la cabecera departamental de Cobán, Alta Verapaz en las instalaciones de la Instancia del Pueblo Maya Q’eqchi’ Poqomchí. Los objetivos fueron: a) Converger con defensoras y defensores comunitarios del pueblo Q’eqchi’, para fortalecer la solidaridad, intercambiar experiencias de resistencia pacífica, visibilizar la criminalización, crear alianzas estratégicas para la defensa de los derechos territoriales, desde una lógica organizativa e identitaria Q’eqchi’, b) Posicionar las demandas de los defensores y defensoras indígenas del pueblo Q’eqchi’ en la agenda pública, denunciar la violencia sistemática y exigir a las autoridades el cumplimiento de las garantías de protección estatal. c) exigir la implementación de la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035 (PPPDH).

En el evento participaron representantes de los territorios Q’eqchi’ de Alta Verapaz, Petén, Izabal y Quiché, todos defensores de la tierra, el agua, los bosques y el trabajo, también autoridades indígenas que han sido y son criminalizados.

El programa se inició con una reflexión espiritual sobre el día (7 Toj). Los representantes presentaron la situación de sus territorios, hicieron un breve relato sobre el contexto territorial enfocado en la violencia estatal, los desalojos promovidos por la fiscalía de usurpación del Ministerio Público (MP), la criminalización y privación de libertad de algunos dirigentes, la violencia ambiental, la imposición/expansión de monocultivos. Acto seguido, se presentó un video sobre el origen y antecedentes de la PPPDH. Se habló sobre los retos y recomendaciones para implementar dicha política.

En la parte de conclusiones, se planteó la pregunta ¿Qué debemos hacer las y los defensores de derechos humanos y de la Madre tierra desde nuestra posición de Aj Ral Choc’h del pueblo Q’eqchi’, frente a la violencia sistemática del Estado? Se elaboró un pliego de peticiones al Gobierno, dirigido específicamente a la Comisión Presidencial Asesora en Derechos Humanos (Copadeh) y Ministerio de Gobernación (Mingob), así mismo, se planteó exigir la libertad de defensores y defensoras encarcelados, en particular las mujeres de Semuy.

Se aprobó un pronunciamiento que expresa preocupación por las diferentes formas de despojo y acaparamiento de “nuestras tierras y territorios”, afirmaron que el despojo responde a un “pseudo modelo” económico impulsado por la industria extractiva y los agronegocios como la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos y monocultivo de palma aceitera. Expresaron que, de manera constante han alzado su voz denunciando dichos atropellos, pero reclaman que, en lugar de conseguir las garantías de protección estatal, “las autoridades de los 3 organismos del Estado nos responden encarcelándonos y judicializándonos, situación que atenta contra nuestros derechos de autonomía y libre determinación como pueblos indígenas”.

En tal sentido, exigen al Estado de Guatemala: a) La implementación y presupuesto adecuado para la PPPDH, al fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público Dr. Gabriel García Luna, disolver o suprimir la fiscalía especializada contra los delitos de usurpación, considerando que es una entidad creada para responder a intereses de actores económicos y políticos, su fin, es criminalizar y judicializar a defensores y defensoras de Derechos Humanos y del territorio.

Acotan que, la máxima expresión y evidencia de posesión y tenencia de las tierras y territorios son “nuestros apellidos, nuestro idioma y nuestra entidad cultural. No somos invasores en nuestros territorios ancestrales”. Sostienen que esa fiscalía, contradice el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y otros instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). c) En el marco del 9 de diciembre, Día Internacional de las personas defensoras de Derechos Humanos, exigen que el Estado reconozca y pida perdón a las personas encarceladas por defender derechos humanos. d) La traducción, publicación y difusión de la PPPDH en idioma Q’eqchi’.

Suscriben el Consejo de tierras ancestrales de Panzós, Alta Verapaz, la resistencia de comunidades de Cahabón, representantes del pueblo maya Q’eqchi’ ante el Codede de Petén, Consejo de autoridades originarias maya Q’eqchi’ región Nimla Hacoc de Cobán, Consejo de autoridades ancestrales Resistencia Río Dolores, Cobán; de comunidad Sa’Carila, El Estor, Izabal; de Franja transversal del Norte, Ral Ch’och’ Aj Q’eqchi’, la Alcaldía indígena Waqib Kej de San Fernando Chaal, Movimiento de comunidades en defensa del agua Qana’Ch’och’, el colectivo Mamá Maquin, Fundación Guillermo Toriello, Comité Campesino del Altiplano CCA, y Coordinación de ONG y cooperativas CONGCOOP.

Por otra parte, en Asunción Mita, Jutiapa continúa la lucha de la población en contra de las operaciones ilegales de la empresa minera transnacional “Cerro Blanco”, a pesar que los vecinos de esa población mediante una consulta autorizada por la municipalidad local, rechazaron por mayoría absoluta dichas operaciones por el daño ambiental y la violación de derechos humanos que dicha operación provoca en la población.

Con respecto a la desprotección social de la clase trabajadora, una reciente investigación del Observatorio DESCA y Políticas Públicas de la Universidad Rafael Landívar (URL), destaca que la población económicamente activa (PEA) en Guatemala, se estima en 8.2 millones de trabajadores, de estos 5.7 millones trabajan en la informalidad (70% de la PEA), mientras 1.7 millones tienen empleo en el sector formal que representan el 30% de la PEA.

Según esta investigación, a diciembre del 2025 el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) registra la inscripción de 1.7 millones de trabajadores afiliados al régimen de seguridad social, lo que significa una brecha de 6.5 millones de la PEA que no tiene acceso ni está cubierta por los programas EMA e IVS del régimen de protección.

La relación entre economía formal e informal se vincula a través de la subcontratación, por ello se estima que en Guatemala la economía informal podría alcanzar el 70% de la economía nacional, lo cual significa que 7 empleos de cada 10, se ubican en la informalidad sin la protección mínima del Estado y sin acceso a los beneficios del seguro social. Triste realidad nacional.

https://lahora.gt/opinion/fmendez/2026/07/31/reflexiones-sobre-derechos-humanos-y-realidad-nacional/

GUATEMALA: EL FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA (FAD) EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LAS CRECIENTES AMENAZAS QUE HOY ENFRENTA LA DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA.

“El Frente Amplio por la Democracia (FAD) expresa su profunda preocupación por las crecientes amenazas que hoy enfrenta la democracia en Centroamérica. Diversos acontecimientos registrados durante las últimas semanas revelan una preocupante convergencia de tendencias

autoritarias, concentración del poder, debilitamiento de las instituciones republicanas, polarización ideológica e injerencias geopolíticas que ponen en riesgo los avances alcanzados por nuestros pueblos desde la firma de los acuerdos de paz y la recuperación de los regímenes democráticos hace más de cuatro décadas.”

BORRADOS DEL SISTEMA: CUATRO POSIBLES DELITOS QUE LA JUSTICIA DEBE INVESTIGAR O CONVERTIR EN IMPUNIDAD

Por: Factor Méndez

A propósito de la denuncia de más de 50 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), que este viernes 24 de julio se presentaron al Ministerio Público (MP) para exigir justicia por el borrado de sus expedientes académicos y para que inicie la investigación penal correspondiente. 

A primera vista se identifican al menos cuatro delitos de acción pública: 1. Discriminación por razones políticas; 2. Destrucción de información en archivos; 3. Abuso de autoridad y 4. Incumplimiento de deberes. Además, vulneración de derechos constitucionales, artículos 71. Derecho a la educación. 107. Trabajadores del Estado. 113.  Derecho a optar a empleos o cargos públicos.Violación de Derechos Humanos. He afirmado en ocasiones anteriores que los funcionarios y siervos usurpadores de la Usac son trabajadores del Estado, es decir, servidores públicos, sujetos a las normas constitucionales contenidas en los artículos 107 y 113 respectivamente, o sea, agentes del Estado y, como tales, también responsables de delitos de derechos humanos sancionados a nivel nacional, regional y universal, como es el derecho a la educación, vulnerado según los artículos 71 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 13 del Protocolo de San Salvador y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Son principios del derecho a la educación: Desarrollo integral: La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Participación democrática: Debe capacitar a las personas para participar de manera efectiva en una sociedad libre, democrática y pluralista. Igualdad y acceso: Prohíbe cualquier forma de discriminación en el acceso al sistema educativo.

Destrucción de información. En Guatemala, la alteración o destrucción de información en archivos y registros se castiga como delito informático o documental, abarcando sanciones de prisión y multas económicas. Las normativas clave se encuentran en el Código Penal de Guatemala (Decreto 17-73 del Congreso de la República). Sobre la destrucción y alteración de registros informáticos, el Artículo 274 «A» (Destrucción de registros informáticos): Sanciona con prisión de 6 meses a 4 años y multa de Q2,000 a Q10,000 a quien destruya, borre, inutilice, altere o dañe registros informáticos. La pena se eleva en un tercio si la información es vital para un servicio público o registro oficial. Si se busca obstaculizar una investigación penal, se aplica el Artículo 458 Bis. Artículo 274 «B» (Alteración de programas): Aplica la misma pena anterior (6 meses a 4 años de prisión) a quien altere, borre o inutilice las instrucciones o programas de computadora.

Respecto a la supresión o destrucción de documentos físicos, el Artículo 327 (Supresión, ocultación o destrucción de documentos): Sanciona a quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero. La pena se equipara a la de falsificación de documentos y aplica también si se hace con el ánimo de evadir la acción de la justicia sobre objetos o documentos que sirvan como prueba.

Si en los hechos se involucra a un empleado o funcionario público, la situación se agrava, incrementándose la gravedad del delito mediante figuras como el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes y agravantes especiales. El Código Penal de Guatemala y la Ley Contra la Corrupción regulan este escenario de la siguiente manera: El Agravante General para Empleados Públicos. Aumento de la pena en una cuarta parte: El Artículo 26 del Código Penal (reformado por la Ley Contra la Corrupción) establece que, si un funcionario o empleado público comete cualquier delito abusando de su cargo, la pena correspondiente se aumentará en una cuarta parte.

Si la alteración o destrucción es de archivos digitales. Aumento de un tercio (Artículo 274 «A»): Si el registro alterado o borrado era necesario para la prestación de un servicio público o formaba parte de un registro oficial, la pena original de 6 meses a 4 años de prisión se eleva automáticamente en un tercio. 

Abuso de Autoridad (Artículo 418): Al destruir o alterar sistemas informáticos del Estado, el empleado también incurre en este delito por realizar actos arbitrarios e ilegales en perjuicio de la administración pública, con penas de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación especial.

Si la alteración o destrucción es de documentos o archivos físicos, se comete el delito de Infidelidad en la custodia de documentos (Artículo 434): Este delito es específico para el empleado público que destruya, oculte o suprima documentos que le hubieren sido confiados por razón de su cargo. Se sanciona con prisión de 1 a 3 años y multa. 

Si se buscaba ocultar un delito o corrupción, cometen el delito de Obstaculización de la acción de la justicia (Artículo 458 Bis): Si el funcionario borra o destruye la información para impedir que el Ministerio Público investigue un hecho delictivo, la pena asciende a prisión de 3 a 6 años, más la inhabilitación del cargo.

Así o más claro, los hechos y los delitos saltan a la vista, ahora le corresponde al MP investigar y aplicar la ley o seguir estimulando la impunidad como en la pasada administración. La ciudadanía quiere resultados concretos. https://lahora.gt/opinion/fmendez/2026/07/24/borrados-del-sistema-cuatro-posibles-delitos-que-la-justicia-debe-investigar-o-convertir-en-impunidad/