A continuación se presentan cuestiones (expuestas en el informe) que siguen sin resolverse; asuntos que competen a los comités de supervisión parlamentaria en Ottawa, Canada, a los fiscales canadienses, y al periodismo de investigación.
Los Orígenes: INCO y la Violencia de Estado (1954–1981)
La historia de la mina Fénix es inseparable del golpe de Estado de 1954, respaldado por Estados Unidos, y de los regímenes militares que le siguieron. Canadá estableció relaciones diplomáticas con esos regímenes y, poco después, brindó apoyo político y económico para la entrada de INCO en Guatemala.
En la década de 1960, INCO desarrolló la ahora tristemente célebre mina Fénix en tierras efectivamente robadas al pueblo Q'eqchi'.
Durante dos décadas, INCO operó la mina junto con regímenes militares que llevaban a cabo desapariciones, masacres y genocidios (en cuatro regiones específicas) contra poblaciones principalmente mayas.
El Ejército guatemalteco mantenía un puesto militar en terrenos de la compañía y utilizaba la pista de aterrizaje de INCO. El personal y los vehículos de INCO transportaban soldados a través de la región Q'eqchi' mientras cometían actos de represión, hechos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1999.
Supuestamente, personal y vehículos de la compañía INCO desempeñaron un papel en la masacre de Panzós del 29 de mayo de 1978, en la que unos 140 aldeanos q'eqchi' fueron masacrados a 30 minutos de la planta procesadora de la mina.
Tanto el gobierno canadiense como INCO tendrían extensos registros de este período. Ninguno de estos asuntos ha sido examinado.
Si hubiera habido rendición de cuentas por todo esto —en Ottawa, en los tribunales canadienses— es improbable que Skye Resources y Hudbay Minerals hubieran podido establecerse en Guatemala en la década de 2000 y operar como lo hicieron.
La repetición: Skye Resources, Hudbay y la mina Fenix (2004-2011)
A principios de la década de 2000, antiguos directores de INCO incorporaron a Skye Resources para luego reactivar la operación minera paralizada en 2004. Skye se fusionó con Hudbay en 2008.
Entre 2004 y 2011, el gobierno canadiense hizo la vista gorda e incluso mintió sobre las violaciones de derechos humanos vinculadas a la actividad minera.
La empresa contrató fuerzas de seguridad —incluida la de Mynor Padilla— que nunca estuvieron registradas legalmente. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, las clasificó como organizaciones ilegales y clandestinas.
En enero de 2007, estas fuerzas de seguridad, junto con soldados y policías guatemaltecos, llevaron a cabo el desalojo forzoso de la aldea de Lote Ocho, incendiándola por completo. Durante la operación, once mujeres fueron violadas en grupo por miembros de las fuerzas de seguridad de la compañía, soldados y policías que patrullaban la zona. Nunca se ha investigado si esto constituyó una estrategia deliberada de aterrorizar a la comunidad. Estas mujeres se convirtieron en las once demandantes en los juicios presentados en Canadá.
Cinco de los demandantes de Lote Ocho
Tal y como se revelo en las demandas, durante este período la empresa realizó pagos en efectivo no facturados ni contractuales a militares y policías por la planificación y participación en los desalojos forzosos, sobrevoló las aldeas en helicóptero a baja altura para aterrorizar a los pobladores y obligarlos a marcharse (una táctica deliberadamente adoptada de la conducta del ejército durante los años del genocidio), y mantuvo una política explícita de retrasar los procesos legales y negarse a cualquier negociación con las comunidades Q'eqchi' en relación con los problemas subyacentes y no resueltos de las reclamaciones de tierras.
Nada de esto fue investigado adecuadamente, ni siquiera por los fiscales canadienses por posibles violaciones del derecho penal en materia de corrupción de funcionarios públicos extranjeros.
En septiembre de 2009, German Chub, un joven campesino, fue baleado y quedó paralizado por Mynor Padilla. Ese mismo día, Adolfo Ich, maestro y defensor de la tierra y los derechos, fue asesinado por Padilla. German y Angélica Choc, la viuda de Adolfo, se unieron a las once mujeres de Lote Ocho como demandantes en los juicios.
Nunca se ha examinado adecuadamente si el asesinato de Adolfo fue premeditado y dirigido, en lugar de un acto espontáneo. Como se reveló en el juicio penal, soldados de las Fuerzas Especiales Kaibiles estuvieron presentes y colaboraron con personal de la empresa antes, durante y después del asesinato de Adolfo. Esta irregularidad fue tal que la Fiscalía General de Guatemala abrió una investigación penal sobre esta colaboración militar-empresarial; la investigación fue archivada durante la corrupta administración del presidente Morales (2016-2020) y no se ha reabierto.
Las luchas legales y sus repercusiones (2010-2024)
Lo que la mayoría de los comentarios sobre las demandas en contra de Hudbay pasan por alto es la profunda interconexión entre los casos civiles canadienses y el juicio penal guatemalteco. De los 13 demandantes, dos —Angélica y Germán— también fueron testigos y participaron en el juicio penal contra Mynor Padilla por asesinato y agresión con agravantes.
Es de conocimiento general que Hudbay costeó la defensa completa de Padilla; existen claros indicios de que Hudbay y sus abogados en Canadá y Guatemala manipulaban ambos procesos legales para perjudicar al otro. En definitiva, esto solo sirvió para prolongar ambos procesos durante años, aumentando el sufrimiento y el riesgo de violencia para los demandantes.
Poco después del asesinato de Adolfo y el tiroteo contra Germán en septiembre 2009, se emitió una orden de arresto contra Padilla en Guatemala. Las demandas civiles se presentaron en Canadá a finales de 2010 y principios de 2011. Sin embargo, Padilla continuó trabajando abiertamente como jefe de seguridad, con sueldo de la empresa, durante años después de que se emitiera la orden de arresto. Nunca se investigó si Hudbay y su filial CGN tuvieron algún papel en ayudar a Padilla a evadir el arresto.
La naturaleza del equipo de defensa de Padilla suscita muchas dudas. Uno de los abogados, Francisco Palomo, fue asesinado en pleno juicio en 2015 en un tiroteo desde un vehículo en movimiento a plena luz del día en Ciudad de Guatemala, un acto que posteriormente se vinculó con su trabajo para un importante narcotraficante. Otro, Frank Trujillo, fue acusado en 2016 de soborno, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión en una red de corrupción que derrocó a un expresidente y a un exvicepresidente. Aún no se ha investigado a quién pagaba Hudbay ni qué sabían sobre estas personas.
La jueza del tribunal de primera instancia que absolvió a Padilla de todos los cargos en abril de 2017 dictó una sentencia tan erronea que un tribunal de apelaciones la revocó y ordenó un nuevo juicio. En virtud de dicha sentencia, la Suprema Corte de Justicia de Guatemala dictaminó en 2018 levantar la inmunidad de la jueza para investigar si cometió algún delito al emitir su absolución. Esta investigación penal también quedó archivada durante el gobierno de Morales.
En medio de las dos batallas legales, la casa de Angélica Choc fue atacada a tiros en septiembre de 2016 mientras dormía con sus dos hijos menores. En marzo de 2018, el cuerpo de su sobrino, con signos de haber sido golpeado, fue hallado sin vida en las afueras de El Estor. Se abrieron investigaciones policiales sobre ambos incidentes, pero posteriormente se archivaron. Estos actos violentos contra una demandante en los litigios y testigo en el juicio nunca fueron debidamente examinados.
En 2020, los problemas subyacentes de las reclamaciones de tierras volvieron a cobrar protagonismo cuando la Corte Constitucional de Guatemala dictaminó que la licencia minera original otorgada a Skye en 2004 nunca debió haberse concedido. Nunca se ha examinado adecuadamente que, mientras las empresas llevaban a cabo desalojos violentos, violaciones, actos de violencia y asesinatos, ni siquiera tenían derecho a estar allí.
Lo que queda
No se trata ahora de meras curiosidades históricas. Los registros de INCO existen. Los registros de Hudbay y CGN existen. Las investigaciones archivadas en Guatemala podrían reabrirse. El papel del gobierno canadiense —desde 1954 hasta la década de 2000— nunca ha sido objeto de escrutinio parlamentario, ni en la prensa.
Los patrones de comportamiento del gobierno, las empresas y las fuerzas armadas se mantienen constantes a lo largo de seis décadas de la mina Fénix: una empresa canadiense opera en paralelo a la violencia estatal en Guatemala, Canadá mira hacia otro lado y nadie en Ottawa rinde cuentas.
El arreglo puso fin a estas demandas que sentaron precedente. Sin embargo, no resolvió estas cuestiones.
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Podcast: Entrevista de Blueprints of Disruption con Grahame Russell
Imperialismo minero canadiense, demandas contra Hudbay Minerals y los 13 Brave Giants de Guatemala.
Archivo de Rights Action: https://rightsaction.org/hudbay-minerals-lawsuits
Más información
· Grahame Russell, info@rightsaction.org
· Cory Wanless, cory@phillipsbarristers.ca
· Murray Klippenstein, murray.klippenstein@klippensteins.ca
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