Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL
He llegado a la conclusión de que hemos subestimado a Walter Mazariegos, el usurpador con ínfulas de rector de la Universidad de San Carlos. Está claro que no ha sido un peón de las mafias más oscuras del país: es un bandido declarado, un rufián con todos los agravantes propios de semejante condición de vileza.
A golpes demoledores nos ha demostrado, desde 2022, que su ambición desmedida, instrumentalizada como actor titular del poder fáctico, ha sido el catalizador de una de las peores tragedias institucionales observadas en Guatemala. La obsesión de Walter Mazariegos de retener una rectoría nacida del fraude y la imposición, ha sumido a la tricentenaria casa de estudios en una crisis ética y jurídica, sin precedentes en la historia de la academia, a nivel mundial.
Lo que en su génesis fue señalado como un fraude electoral flagrante, se ha transformado en un régimen de impunidad estructural, apañado por el entramado judicial guatemalteco que, en lugar de aparato procurador de justicia, ha operado como el cómplice perfecto de la usurpación. La supervivencia de Mazariegos en el cargo no se explica jamás por su legitimidad interna —inexistente en las aulas─, sino por la deliberada tolerancia de un sistema de justicia que ha validado sus maniobras abiertamente ilegales, con argumentos jurídicos insostenibles.
Creímos que el límite de este absurdo legal se rebasó cuando las cortes consintieron que Mazariegos asumiera un nuevo período rectoral ─pese a las innegables evidencias de fraude─ sin presentar el finiquito de ley, escudándose en el argumento de la «autonomía universitaria».
Este pretexto, que validó una atroz omisión, es tan falaz como peligroso: sostener que la USAC, como institución autónoma está exenta de controles, es una interpretación que tergiversa la doctrina constitucional. La autonomía universitaria fue concebida para proteger la libertad de cátedra y de autogobierno frente a los poderes políticos, nunca para utilizarla como una patente de corso para la opacidad y la falta de rendición de cuentas. No solo es un insulto a la inteligencia ciudadana; es un precedente nefasto que destruye el Estado de derecho.
Sin embargo, todavía quedaban atrocidades por venir. Mazariegos cruzó por completo el umbral de la degradación. La gota que derramó el vaso —y que marcó la caída de la universidad nacional a los niveles más increíbles de decadencia—, es la criminal alteración y borrado de registros académicos de estudiantes, cuyo terrible «delito» fue manifestarse como adversarios de la usurpación.
Desde una perspectiva académica y deontológica, el historial educativo de un estudiante es un registro sagrado e inviolable, que certifica su esfuerzo intelectual y su trayecto formativo. Borrar estos datos por venganza política trasciende la simple falta administrativa o el abuso de autoridad, para erigirse en un acto de terrorismo institucional y una vulneración grave al derecho humano a la educación. Al despojar a los disidentes de sus méritos académicos, la administración de factodespoja a la USAC de su carácter científico, pone en evidencia ante el mundo su descomposición moral y reduce a la rectoría a una mera oficina de control político, equiparable a los aparatos propios del oscuro fascismo.
Ante la gravedad de estas atrocidades, la sociedad civil no puede permitirse el lujo de la neutralidad ni la fatiga de sus justas demandas. La complicidad de los órganos del Estado obliga a articular una respuesta ciudadana, fundamentada en dos líneas de acción urgentes, pragmáticas y en la línea del derecho constitucional:
En primer lugar -ya lo he mencionado en varias ocasiones- es imperativo asumir que la resistencia contra la usurpación de la USAC no es una disputa corporativista ni un problema exclusivo de la comunidad sancarlista. Se trata de una causa nacional que concierne a toda la sociedad guatemalteca, a landivarianos, a marianistas, a empresarios, trabajadores, profesionales, mujeres y pueblos indígenas.
Recordemos que la universidad nacional se financia mediante el erario. Cada aula, cada estudio de investigación y cada salario que se paga a docentes y empleados, se sostiene con los impuestos directos e indirectos de la población. Por ende, la dilapidación de esos recursos financieros y el secuestro de su institucionalidad representan un desfalco directo al bolsillo del ciudadano, el cual debe reaccionar como corresponde, en defensa de sus derechos escamoteados.
En segundo lugar, la coyuntura exige un escalonamiento estratégico de las acciones de rechazo civil y académico hacia la figura de Mazariegos. Urge un boicot institucional de carácter permanente, sistemático y sin cuartel, orientado a generar una presión que haga insostenible el ejercicio cotidiano de la rectoría espuria.
El repudio ético, además, debe mantenerse en cada espacio académico, tanto nacional como internacional, hasta que el costo político de sostener al gánster usurpador sea intolerable para las propias redes de impunidad que lo protegen. Solo mediante una fiscalización social activa e intransigente, se forzará al sistema legal a corregir el rumbo y retomar el curso de excelencia que históricamente le compete a la USAC.
La indiferencia solo alimenta las obscenas acciones ilegales del usurpador y por ello, rescatar a la Universidad de San Carlos no es una mera demanda política. Es un deber patriótico.
