jueves, 1 de agosto de 2019
DESPERTEMOS, MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE.
No dejemos que “se nos arrugue el alma”, levantemos el espíritu y junto a él la bandera de la dignidad, si no lo hacemos hoy, mañana será muy tarde.
Por: Miguel Ángel Albizures
Me gustaría retomar una sabia frase de Facundo Cabral, que leí en un mensaje que me enviaron, “No envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma”, de forma que podamos reflexionar y ver si, además de nosotros, nuestra juventud está envejeciendo o si, por el contrario, al fin el miedo se ha vencido, y los sancarlistas, además de tomar el Musac y exigir la no privatización de la Usac, retoman las calles y hacen suyo el sentir de la mayor parte de la población que no quiere más a Jimmy en la Presidencia. Sabemos que pueden reprimir y que son capaces de todo, pues si pisotean la Constitución y les vale un pepino lo que dicen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o el Magistrado de Conciencia, qué podemos esperar.
Ya escuchamos el discurso amenazante del Ministro de Gobernación, el peón servil que firmó el acuerdo y que no duda en reprimir las protestas que se den contra una decisión a todas luces lesiva al país, pues dicho acuerdo implica, entre otras muchas cosas, una cesión de soberanía al ser utilizado nuestro territorio por el gobierno de Estados Unidos, para albergar a los peticionarios de asilo en su país, no es un simple acuerdo de cooperación técnica que conlleva más apoyo económico, ni más visas para guatemaltecos. Es un acuerdo hecho a espaldas del pueblo, que no conoció el Congreso y sin tener en cuenta las opiniones de diversos sectores e instituciones. Lo único cierto es que el Presidente, el Ministro de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, se cobijan y arrodillan ante el imperio sin importarles un comino la
soberanía nacional.
El discurso sobre la soberanía, reiterado hasta la saciedad por el Gobierno y utilizado contra la CICIG, a la que se le acusó de injerencia extranjera, parece haber sido olvidado y se plegaron ante los intereses de Estados Unidos. Las amenazas de Trump de gravar las remesas y quitar apoyo financiero no son excusa para firmar el acuerdo, pues un gobierno comprometido con el país se enfocaría en disminuir los niveles de desigualdad y generar riqueza y fuentes de empleo dignas sin entregar el país, y sus riquezas, a intereses transnacionales, la solución no está en conseguir visas, sino en crear las condiciones para que miles de guatemaltecos no tengan que huir de su país.
Pero detrás de todo hay una trinca infernal que se siente bien representada por Jimmy y que cránea dar el moralazo para mantener el sistema y servirse de los recursos del Estado: El poder económico, aglutinado en el CACIF, la rosca de los militares y el crimen organizado y narcotráfico. Jimmy no va a renunciar sin la presión social y los ministros seguirán tolerando lo que hace el gobierno con tal de compartir las migas del poder, igualmente los diputados seguirán haciendo lo que les venga en gana, si no se tiende un cerco contra ellos y no vean al pueblo en las calles. No dejemos que “se nos arrugue el alma”, levantemos el espíritu y junto a él la bandera de la dignidad, si no lo hacemos hoy, mañana será muy tarde, el pacto de corruptos habrá logrado su propósito y el fascismo terminará de instalarse y con ello digamos adiós a nuestros derechos ciudadanos.
https://elperiodico.com.gt/opinion/2019/08/01/despertemos-manana-sera-demasiado-tarde/
Por: Miguel Ángel Albizures
Me gustaría retomar una sabia frase de Facundo Cabral, que leí en un mensaje que me enviaron, “No envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma”, de forma que podamos reflexionar y ver si, además de nosotros, nuestra juventud está envejeciendo o si, por el contrario, al fin el miedo se ha vencido, y los sancarlistas, además de tomar el Musac y exigir la no privatización de la Usac, retoman las calles y hacen suyo el sentir de la mayor parte de la población que no quiere más a Jimmy en la Presidencia. Sabemos que pueden reprimir y que son capaces de todo, pues si pisotean la Constitución y les vale un pepino lo que dicen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o el Magistrado de Conciencia, qué podemos esperar.
Ya escuchamos el discurso amenazante del Ministro de Gobernación, el peón servil que firmó el acuerdo y que no duda en reprimir las protestas que se den contra una decisión a todas luces lesiva al país, pues dicho acuerdo implica, entre otras muchas cosas, una cesión de soberanía al ser utilizado nuestro territorio por el gobierno de Estados Unidos, para albergar a los peticionarios de asilo en su país, no es un simple acuerdo de cooperación técnica que conlleva más apoyo económico, ni más visas para guatemaltecos. Es un acuerdo hecho a espaldas del pueblo, que no conoció el Congreso y sin tener en cuenta las opiniones de diversos sectores e instituciones. Lo único cierto es que el Presidente, el Ministro de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, se cobijan y arrodillan ante el imperio sin importarles un comino la
soberanía nacional.
El discurso sobre la soberanía, reiterado hasta la saciedad por el Gobierno y utilizado contra la CICIG, a la que se le acusó de injerencia extranjera, parece haber sido olvidado y se plegaron ante los intereses de Estados Unidos. Las amenazas de Trump de gravar las remesas y quitar apoyo financiero no son excusa para firmar el acuerdo, pues un gobierno comprometido con el país se enfocaría en disminuir los niveles de desigualdad y generar riqueza y fuentes de empleo dignas sin entregar el país, y sus riquezas, a intereses transnacionales, la solución no está en conseguir visas, sino en crear las condiciones para que miles de guatemaltecos no tengan que huir de su país.
Pero detrás de todo hay una trinca infernal que se siente bien representada por Jimmy y que cránea dar el moralazo para mantener el sistema y servirse de los recursos del Estado: El poder económico, aglutinado en el CACIF, la rosca de los militares y el crimen organizado y narcotráfico. Jimmy no va a renunciar sin la presión social y los ministros seguirán tolerando lo que hace el gobierno con tal de compartir las migas del poder, igualmente los diputados seguirán haciendo lo que les venga en gana, si no se tiende un cerco contra ellos y no vean al pueblo en las calles. No dejemos que “se nos arrugue el alma”, levantemos el espíritu y junto a él la bandera de la dignidad, si no lo hacemos hoy, mañana será muy tarde, el pacto de corruptos habrá logrado su propósito y el fascismo terminará de instalarse y con ello digamos adiós a nuestros derechos ciudadanos.
https://elperiodico.com.gt/opinion/2019/08/01/despertemos-manana-sera-demasiado-tarde/
jueves, 4 de julio de 2019
LOS JÓVENES DE HACE 20 AÑOS
Los jóvenes de hace veinte años
Este año, los hijos y las hijas, han salido otra vez por las calles del centro de la ciudad para recordar sus veinte años de lucha.
Por: Miguel Ángel Albizures
El 30 de junio, fue el día de los mártires y héroes porque fue la fecha en que cayó asesinado en 1978, el sacerdote Hermógenes López, en San José Pinula. Hermógenes, había enviado una carta al presidente Kjell Laugerud, en la cual le pedía suprimir al Ejército Nacional y se oponía al servicio militar obligatorio, reivindicaciones que muchos años después, en 1999, levantó con fuerza la Asociación Hijos, pero además exigiendo el aparecimiento con vida de sus seres queridos que habían sido desaparecidos o asesinados por el Ejército.
Los motivó organizarse, la situación que vivía Guatemala después de la firma de la paz en que nada había cambiado, pues la justicia seguía brillando por su ausencia y en abril de 1998 fue asesinado Monseñor Juan Gerardi, a escasas horas de haber entregado el informe Remhi que sigue siendo parte importante de la recuperación de la memoria histórica. Este año, los hijos y las hijas, han salido otra vez por las calles del centro de la ciudad para recordar sus veinte años de lucha, de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cuando intentaban cerrarles el paso. Menos mal que el Ejército tomó otro rumbo, pues de lo contrario se hubieran encontrado con ellos y conociendo el repudio que mantienen a los miembros de la institución que desapareció a sus padres, algo hubiera sucedido. Para ellos, los del Ejército, es un día festivo, mientras que los hijos y nosotros, recordamos a quienes cayeron ametrallados en los años ochenta en que el Ejército se ensañó con todo aquel que levantaba su voz de protesta y condenaba el arrasamiento de aldeas.
Ahora volvieron a las calles con el lema: “Ofensiva de la memoria 2019”, “Nos vamos a las armas”, frase que asusta a la oligarquía del país, pero los hijos dejan claro que “Nuestra arma es la memoria” y tienen razón, la mejor arma que puede tener este pueblo para que nunca más el Ejército lo masacre, es la memoria, es el rechazo al olvido, es el recuerdo de sus mártires y la exigencia de la verdad y la justicia. Ahí encontramos, dicen ellos, “en la memoria, el origen, nuestra identidad. Pero está en disputa, la están tratando de desaparecer porque de la memoria no se puede sacar plusvalía”.
Recuerdo la vez que en la esquina de la sexta avenida y octava calle se dio el enfrentamiento. Alfonso Bauer y yo, estábamos tan cerca que corríamos peligro de ser agredidos, miembros de Brigadas de Paz, nos sacaron casi a empujones, pues nos resistíamos a abandonar el lugar de la batalla. Eran los hijos que valientemente se enfrentaban, tiraban pintura roja a los soldados, recordando al pueblo la sangre que ellos, los militares, hicieron correr en los pueblos. Por eso Julia Esquivel tiene razón al decir “Podrán cortar todas las flores pero siempre volverá la primavera. Florecerá Guatemala. Cada gota de sangre, cada lágrima, cada sollozo apagado por las balas, cada grito de dolor cada pedazo de piel arrancado por el odio de los antihombres, florecerán. El sudor que brotaba de nuestra angustia huyendo de la Policía, y el suspiro escondido en lo más secreto de nuestro miedo florecerán. Hemos vivido mil años de muerte en una patria que será toda una eterna primavera”
https://elperiodico.com.gt/opinion/2019/07/04/los-jovenes-de-hace-veinte-anos/
Este año, los hijos y las hijas, han salido otra vez por las calles del centro de la ciudad para recordar sus veinte años de lucha.
Por: Miguel Ángel Albizures
El 30 de junio, fue el día de los mártires y héroes porque fue la fecha en que cayó asesinado en 1978, el sacerdote Hermógenes López, en San José Pinula. Hermógenes, había enviado una carta al presidente Kjell Laugerud, en la cual le pedía suprimir al Ejército Nacional y se oponía al servicio militar obligatorio, reivindicaciones que muchos años después, en 1999, levantó con fuerza la Asociación Hijos, pero además exigiendo el aparecimiento con vida de sus seres queridos que habían sido desaparecidos o asesinados por el Ejército.
Los motivó organizarse, la situación que vivía Guatemala después de la firma de la paz en que nada había cambiado, pues la justicia seguía brillando por su ausencia y en abril de 1998 fue asesinado Monseñor Juan Gerardi, a escasas horas de haber entregado el informe Remhi que sigue siendo parte importante de la recuperación de la memoria histórica. Este año, los hijos y las hijas, han salido otra vez por las calles del centro de la ciudad para recordar sus veinte años de lucha, de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cuando intentaban cerrarles el paso. Menos mal que el Ejército tomó otro rumbo, pues de lo contrario se hubieran encontrado con ellos y conociendo el repudio que mantienen a los miembros de la institución que desapareció a sus padres, algo hubiera sucedido. Para ellos, los del Ejército, es un día festivo, mientras que los hijos y nosotros, recordamos a quienes cayeron ametrallados en los años ochenta en que el Ejército se ensañó con todo aquel que levantaba su voz de protesta y condenaba el arrasamiento de aldeas.
Ahora volvieron a las calles con el lema: “Ofensiva de la memoria 2019”, “Nos vamos a las armas”, frase que asusta a la oligarquía del país, pero los hijos dejan claro que “Nuestra arma es la memoria” y tienen razón, la mejor arma que puede tener este pueblo para que nunca más el Ejército lo masacre, es la memoria, es el rechazo al olvido, es el recuerdo de sus mártires y la exigencia de la verdad y la justicia. Ahí encontramos, dicen ellos, “en la memoria, el origen, nuestra identidad. Pero está en disputa, la están tratando de desaparecer porque de la memoria no se puede sacar plusvalía”.
Recuerdo la vez que en la esquina de la sexta avenida y octava calle se dio el enfrentamiento. Alfonso Bauer y yo, estábamos tan cerca que corríamos peligro de ser agredidos, miembros de Brigadas de Paz, nos sacaron casi a empujones, pues nos resistíamos a abandonar el lugar de la batalla. Eran los hijos que valientemente se enfrentaban, tiraban pintura roja a los soldados, recordando al pueblo la sangre que ellos, los militares, hicieron correr en los pueblos. Por eso Julia Esquivel tiene razón al decir “Podrán cortar todas las flores pero siempre volverá la primavera. Florecerá Guatemala. Cada gota de sangre, cada lágrima, cada sollozo apagado por las balas, cada grito de dolor cada pedazo de piel arrancado por el odio de los antihombres, florecerán. El sudor que brotaba de nuestra angustia huyendo de la Policía, y el suspiro escondido en lo más secreto de nuestro miedo florecerán. Hemos vivido mil años de muerte en una patria que será toda una eterna primavera”
https://elperiodico.com.gt/opinion/2019/07/04/los-jovenes-de-hace-veinte-anos/
jueves, 20 de junio de 2019
GUATEMALA: "DÍA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA"
El 21 de junio de 1980, 27 líderes sindicales y estudiantiles se encontraban reunidos en la CNT, en el centro de la capital guatemalteca, cuando fueron capturados y desaparecidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
Después de la realización de muchas movilizaciones y actividades para llamar la atención del poder público, en junio de 2004, el Congreso guatemalteco decretó el 21 de junio como ‘Día Nacional contra la Desaparición Forzada’
En 1990, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) impulsó la demarcación de un día especial en el que se pudiera demandar el fin de las desapariciones forzadas, esclarecimientos, juzgamientos, castigos a los responsables y el resarcimiento a los familiares de las víctimas.
LA CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES -CNT-
En 1968 se fundó la CNT mediante la unión de tres federaciones sindicales: la Federación Central de Trabajadores de Guatemala (FECETRAG),3 la Federación Nacional de los Obreros del Transporte (FENOT) y la Federación Campesina de Guatemala (FCG).4 La CNT nunca contó con personalidad jurídica, pero se afilió a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), de orientación socialcristiana. Desde su origen estuvo integrada por sindicatos industriales, ligas campesinas y cooperativas.
La CNT era el núcleo de la actividad sindical y la organización mayoritaria durante la década de los setenta. En 1974 contaba con siete sindicatos adheridos. En 1979 sumaban 69 sindicatos. Dado su importante rol en la organización social la CNT se convirtió en un espacio de influencia no sólo notable entre las distintas corrientes sindicales existentes en el momento, sino también entre las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que tenían influencia política en el sector. En 1978, después de mucho debate, la CNT rompió con la CLAT, lo que la dejó carente de vínculos internacionales. En 1980 la CNT contaba con una estructura integrada por diferentes secciones que a su vez se interrelacionaban: organización, propaganda y asuntos jurídicos, que apoyaban a los sindicatos en sus reivindicaciones.
En su aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) el Estado consideraba al movimiento sindical como parte de la insurgencia. Un ex sindicalista, que fuera detenido y torturado en un cuartel militar, cuenta que agentes de seguridad le mostraron un organigrama detallado del CNT-FAR donde se identificaba a una organización con la otra.
Los agentes del Estado y los empresarios tenían información sobre las actividades de los sindicatos, obtenida mediante acciones de infiltración en la CNT realizados por los aparatos de seguridad del Estado. Esta había sido la razón por la cual la CNT había expulsado con anterioridad a varios de sus miembros. Un declarante recuerda que uno de los porteros de la sede pertenecía a "la judicial".6 También las patronales, en varias empresas, dificultaron la acción sindical, como por ejemplo, al asignar turnos de noche a ciertos trabajadores comprometidos con el movimiento sindical, con el fin de que no pudieran desarrollar activismo con las bases de las fábricas.
Los miembros de la CNT fueron objeto de diferentes acciones de hostigamiento. Por ejemplo, en enero de 1979 se hizo estallar una bomba en su sede. En el mismo año se produjeron varios allanamientos: en uno golpearon al guardián y en otro se llevaron los archivos de la CNT. El 22 de febrero de 1980 siete líderes fueron arrestados por la Policía Nacional.7 Se encontraron amenazas anónimas en los casilleros, en los baños, y hasta se difundió una lista de "condenados a muerte" en la que se incluían a asesores y dirigentes de la CNT.
Los seguían a la salida del trabajo. Un declarante recuerda los vehículos "Toyotas beiges" en que viajaban hasta cuatro sujetos desde donde, con pistolas en las manos, los amenazaban.
Ante este acoso creciente los sindicalistas sintieron temor, algunos hasta pensaron retirarse, y tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, Ismael Vásquez -que después fue desaparecido- sabía que su vida corría peligro, por lo que desde tiempo atrás había puesto sobreaviso a su familia. Solía cambiar su ruta de entrada y salida de la casa todos los días. A pesar de todos los dirigentes de la CNT trataron de preservar su espacio y el funcionamiento de la sede.
La reunión del 21 de junio de 1980
La cúpula dirigente había convocado a una reunión extraordinaria, fijada para el 21 de junio de 1980, porque había problemas internos en la organización. En esa reunión se quería resolver las divergencias ideológicas sobre la dirección del movimiento sindical,11 las estrategias para la sobrevivencia del movimiento sindical, el asunto de la expulsión de tres miembros de la CNT y el apoyo al sindicato de Coca-Cola, que era objeto de intensa represión.
En la madrugada del sábado 21 de junio es asesinado Edgar Aldana Ruano, miembro de este último sindicato.12 Unido este asesinato a los problemas de seguridad ya existentes en la sede de la CNT, hacia las once de la mañana los responsables de la convocatoria decidieron cancelar la reunión prevista para esa tarde en la CNT. Sin embargo, no todos los delegados pudieron ser informados a tiempo y algunos empezaron a llegar a partir de las dos de la tarde.13 En palabras de un sobreviviente: "A las tres menos diez yo pasé a una tienda [cercana al local de la CNT] y vi que habían unas personas armadas, y no eran pistolas sino que eran metralletas (...) todos tenían sus pañuelos puestos y estaban de particular, habían como tres oficiales uniformados y eran de alto rango por las insignias que tenían". El grupo estaba formado por más de sesenta hombres armados, pertenecientes a la Policía Judicial, a la Policía Nacional y al Ejército.
El testigo "sentía que iban a allanar ahí. Yo llegué a la CNT y estaba abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas y les dije a los compañeros: 'Vámonos, vámonos porque esto lo van a allanar'. Sólo terminado de decir estas palabras estaba cuando tocaron el timbre. Uno de los compañeros abrió y entonces empujaron la puerta, y ya estaba un jeep frente a la puerta estacionado, para que nadie pudiéramos salir". En ese momento había unas 30 personas en el local.
La 9a. y 10a. avenidas estaban rodeadas por las tropas que habían interrumpido el tráfico vehicular y apuntaban hacia arriba con sus armas de fuego. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos de civil y enmascarados, pero había tres o cuatro que eran militares, a quienes se pudo identificar por las insignias, las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y las voces de mando. También había un jeep Toyota color gris. Fueron tres las personas que lograron escapar. Uno de ellos contaba: "(...) Oíamos los gritos de los compañeros y sólo oía que los maltrataban y como que les tiraban contra la pared". No se escucharon disparos, sólo golpes. Se retiraron los militares y ellos lograron salvarse. La operación duró entre tres y cinco minutos; fue una "operación relámpago".
Otro testigo recuerda la escena cuando llegó tarde a la reunión, pasados unos 10 minutos del operativo militar. La cuadra estaba vacía. No estaba el portero del sindicato en la calle. Pensó: "Qué descuido". Empujó la puerta y entró. No había nadie en el local. Había manchas de sangre en el corredor y los archivos estaban abiertos. De pronto alguien entró y lo sacaron. Al salir a la calle, unas seis personas lo rodearon y le contaron lo sucedido, mientras dos compañeros sindicalistas lloraban. Estuvo allí cinco minutos y cuando se dieron cuenta que venían dos judiciales decidieron retirarse. Un familiar de una de las víctimas, que llegó luego a la sede con otros que se hallaban en la misma situación, relató que lo que presenciaron fue horrible pues había pozas de sangre por todas partes y las instalaciones estaban hechas un desastre.
Hay dudas sobre el número total de víctimas. Un testigo de los hechos indica que el número de 27 personas se refiere al quórum que se había alcanzado en el momento de la reunión: "Eran los que ya estaban sentados para empezar la reunión y por eso a ellos no les dio tiempo de salir, porque estaban dentro (...)". La CEH logró identificar a 27 personas.
DETENIDOS DESAPARECIDOS 21 DE JUNIO DE 1980 CNT
1. Orlando Antonio García Rodríguez del sindicato de la empresa
TURSA.
2. Irma Candelaria Pérez Osorio del sindicato de ININUPLASTIC.
3. Rafael Antonio Aguilar Pérez del sindicato de la empresa SERMACO
4. Edwin René Hernández Paiz del sindicato de la empresa SERMACO
5. Selvin Arnoldo García López del sindicato de la empresa SERMACO
6. Alvaro Orlando Estrada del sindicato de la empresa SERMACO
7. Bernardo Marroquín Salazar del sindicato de la empresa KERNS
8. Florencia Xocop Chavez directivo de la CNT
9. Mario Campos Valladares directivo de la CNT
10. Oscar Armando Salazar directivo de la CNT.
11. Jorge Luis Serrano del sindicato de la empresa ENLOZADOS NACIONALES.
12. Florentino Gomez López del sindicato de la COCA COLA.
13. Ismael Vásquez Ortiz del sindicato de la COCA COLA.
14. Manuel Antonio Rodríguez Ramos del sindicato de la empresa FOREMOST.
15. Mario Martínez del sindicato de la empresa FOREMOST.
16. Sara Cabrera Flores del sindicato de la empresa ACRICASA.
17. Hilda Carlota Pérez Menéndez del sindicato de la empresa ACRICASA.
18. Sonia Elizabeth Alecio del sindicato de la empresa RICHARDSON VICKS.
19. Crecencio Coronel Ordóñez del sindicato de la empresa ENLOZADOS
NACIONALES.
20. Cristina Yolanda Carrera Cabrera del sindicato de la empresa SISTEMAS
ELÉCTRICOS.
21. Manuel René Polanco Salguero del sindicato del diario PRENSA LIBRE.
22. Agustin Chitay Chapetón del sindicato de la empresa INDUPLASTIC.
23. Rafael Estrada del sindicato de la empresa ACRICASA.
24. Oscar Augusto Pérez del sindicato de la empresa ACRICASA.
25. Luis Roberto Bonilla de la CNT.
26. Celso Santos Huaz de la CNT.
27. Roberto López de la CNT.
https://www.aaas.org/program/scientific-responsibility-human-rights-law#Note20
Después de la realización de muchas movilizaciones y actividades para llamar la atención del poder público, en junio de 2004, el Congreso guatemalteco decretó el 21 de junio como ‘Día Nacional contra la Desaparición Forzada’
En 1990, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) impulsó la demarcación de un día especial en el que se pudiera demandar el fin de las desapariciones forzadas, esclarecimientos, juzgamientos, castigos a los responsables y el resarcimiento a los familiares de las víctimas.
LA CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES -CNT-
En 1968 se fundó la CNT mediante la unión de tres federaciones sindicales: la Federación Central de Trabajadores de Guatemala (FECETRAG),3 la Federación Nacional de los Obreros del Transporte (FENOT) y la Federación Campesina de Guatemala (FCG).4 La CNT nunca contó con personalidad jurídica, pero se afilió a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), de orientación socialcristiana. Desde su origen estuvo integrada por sindicatos industriales, ligas campesinas y cooperativas.
La CNT era el núcleo de la actividad sindical y la organización mayoritaria durante la década de los setenta. En 1974 contaba con siete sindicatos adheridos. En 1979 sumaban 69 sindicatos. Dado su importante rol en la organización social la CNT se convirtió en un espacio de influencia no sólo notable entre las distintas corrientes sindicales existentes en el momento, sino también entre las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que tenían influencia política en el sector. En 1978, después de mucho debate, la CNT rompió con la CLAT, lo que la dejó carente de vínculos internacionales. En 1980 la CNT contaba con una estructura integrada por diferentes secciones que a su vez se interrelacionaban: organización, propaganda y asuntos jurídicos, que apoyaban a los sindicatos en sus reivindicaciones.
En su aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) el Estado consideraba al movimiento sindical como parte de la insurgencia. Un ex sindicalista, que fuera detenido y torturado en un cuartel militar, cuenta que agentes de seguridad le mostraron un organigrama detallado del CNT-FAR donde se identificaba a una organización con la otra.
Los agentes del Estado y los empresarios tenían información sobre las actividades de los sindicatos, obtenida mediante acciones de infiltración en la CNT realizados por los aparatos de seguridad del Estado. Esta había sido la razón por la cual la CNT había expulsado con anterioridad a varios de sus miembros. Un declarante recuerda que uno de los porteros de la sede pertenecía a "la judicial".6 También las patronales, en varias empresas, dificultaron la acción sindical, como por ejemplo, al asignar turnos de noche a ciertos trabajadores comprometidos con el movimiento sindical, con el fin de que no pudieran desarrollar activismo con las bases de las fábricas.
Los miembros de la CNT fueron objeto de diferentes acciones de hostigamiento. Por ejemplo, en enero de 1979 se hizo estallar una bomba en su sede. En el mismo año se produjeron varios allanamientos: en uno golpearon al guardián y en otro se llevaron los archivos de la CNT. El 22 de febrero de 1980 siete líderes fueron arrestados por la Policía Nacional.7 Se encontraron amenazas anónimas en los casilleros, en los baños, y hasta se difundió una lista de "condenados a muerte" en la que se incluían a asesores y dirigentes de la CNT.
Los seguían a la salida del trabajo. Un declarante recuerda los vehículos "Toyotas beiges" en que viajaban hasta cuatro sujetos desde donde, con pistolas en las manos, los amenazaban.
Ante este acoso creciente los sindicalistas sintieron temor, algunos hasta pensaron retirarse, y tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, Ismael Vásquez -que después fue desaparecido- sabía que su vida corría peligro, por lo que desde tiempo atrás había puesto sobreaviso a su familia. Solía cambiar su ruta de entrada y salida de la casa todos los días. A pesar de todos los dirigentes de la CNT trataron de preservar su espacio y el funcionamiento de la sede.
La reunión del 21 de junio de 1980
La cúpula dirigente había convocado a una reunión extraordinaria, fijada para el 21 de junio de 1980, porque había problemas internos en la organización. En esa reunión se quería resolver las divergencias ideológicas sobre la dirección del movimiento sindical,11 las estrategias para la sobrevivencia del movimiento sindical, el asunto de la expulsión de tres miembros de la CNT y el apoyo al sindicato de Coca-Cola, que era objeto de intensa represión.
En la madrugada del sábado 21 de junio es asesinado Edgar Aldana Ruano, miembro de este último sindicato.12 Unido este asesinato a los problemas de seguridad ya existentes en la sede de la CNT, hacia las once de la mañana los responsables de la convocatoria decidieron cancelar la reunión prevista para esa tarde en la CNT. Sin embargo, no todos los delegados pudieron ser informados a tiempo y algunos empezaron a llegar a partir de las dos de la tarde.13 En palabras de un sobreviviente: "A las tres menos diez yo pasé a una tienda [cercana al local de la CNT] y vi que habían unas personas armadas, y no eran pistolas sino que eran metralletas (...) todos tenían sus pañuelos puestos y estaban de particular, habían como tres oficiales uniformados y eran de alto rango por las insignias que tenían". El grupo estaba formado por más de sesenta hombres armados, pertenecientes a la Policía Judicial, a la Policía Nacional y al Ejército.
El testigo "sentía que iban a allanar ahí. Yo llegué a la CNT y estaba abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas y les dije a los compañeros: 'Vámonos, vámonos porque esto lo van a allanar'. Sólo terminado de decir estas palabras estaba cuando tocaron el timbre. Uno de los compañeros abrió y entonces empujaron la puerta, y ya estaba un jeep frente a la puerta estacionado, para que nadie pudiéramos salir". En ese momento había unas 30 personas en el local.
La 9a. y 10a. avenidas estaban rodeadas por las tropas que habían interrumpido el tráfico vehicular y apuntaban hacia arriba con sus armas de fuego. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos de civil y enmascarados, pero había tres o cuatro que eran militares, a quienes se pudo identificar por las insignias, las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y las voces de mando. También había un jeep Toyota color gris. Fueron tres las personas que lograron escapar. Uno de ellos contaba: "(...) Oíamos los gritos de los compañeros y sólo oía que los maltrataban y como que les tiraban contra la pared". No se escucharon disparos, sólo golpes. Se retiraron los militares y ellos lograron salvarse. La operación duró entre tres y cinco minutos; fue una "operación relámpago".
Otro testigo recuerda la escena cuando llegó tarde a la reunión, pasados unos 10 minutos del operativo militar. La cuadra estaba vacía. No estaba el portero del sindicato en la calle. Pensó: "Qué descuido". Empujó la puerta y entró. No había nadie en el local. Había manchas de sangre en el corredor y los archivos estaban abiertos. De pronto alguien entró y lo sacaron. Al salir a la calle, unas seis personas lo rodearon y le contaron lo sucedido, mientras dos compañeros sindicalistas lloraban. Estuvo allí cinco minutos y cuando se dieron cuenta que venían dos judiciales decidieron retirarse. Un familiar de una de las víctimas, que llegó luego a la sede con otros que se hallaban en la misma situación, relató que lo que presenciaron fue horrible pues había pozas de sangre por todas partes y las instalaciones estaban hechas un desastre.
Hay dudas sobre el número total de víctimas. Un testigo de los hechos indica que el número de 27 personas se refiere al quórum que se había alcanzado en el momento de la reunión: "Eran los que ya estaban sentados para empezar la reunión y por eso a ellos no les dio tiempo de salir, porque estaban dentro (...)". La CEH logró identificar a 27 personas.
DETENIDOS DESAPARECIDOS 21 DE JUNIO DE 1980 CNT
1. Orlando Antonio García Rodríguez del sindicato de la empresa
TURSA.
2. Irma Candelaria Pérez Osorio del sindicato de ININUPLASTIC.
3. Rafael Antonio Aguilar Pérez del sindicato de la empresa SERMACO
4. Edwin René Hernández Paiz del sindicato de la empresa SERMACO
5. Selvin Arnoldo García López del sindicato de la empresa SERMACO
6. Alvaro Orlando Estrada del sindicato de la empresa SERMACO
7. Bernardo Marroquín Salazar del sindicato de la empresa KERNS
8. Florencia Xocop Chavez directivo de la CNT
9. Mario Campos Valladares directivo de la CNT
10. Oscar Armando Salazar directivo de la CNT.
11. Jorge Luis Serrano del sindicato de la empresa ENLOZADOS NACIONALES.
12. Florentino Gomez López del sindicato de la COCA COLA.
13. Ismael Vásquez Ortiz del sindicato de la COCA COLA.
14. Manuel Antonio Rodríguez Ramos del sindicato de la empresa FOREMOST.
15. Mario Martínez del sindicato de la empresa FOREMOST.
16. Sara Cabrera Flores del sindicato de la empresa ACRICASA.
17. Hilda Carlota Pérez Menéndez del sindicato de la empresa ACRICASA.
18. Sonia Elizabeth Alecio del sindicato de la empresa RICHARDSON VICKS.
19. Crecencio Coronel Ordóñez del sindicato de la empresa ENLOZADOS
NACIONALES.
20. Cristina Yolanda Carrera Cabrera del sindicato de la empresa SISTEMAS
ELÉCTRICOS.
21. Manuel René Polanco Salguero del sindicato del diario PRENSA LIBRE.
22. Agustin Chitay Chapetón del sindicato de la empresa INDUPLASTIC.
23. Rafael Estrada del sindicato de la empresa ACRICASA.
24. Oscar Augusto Pérez del sindicato de la empresa ACRICASA.
25. Luis Roberto Bonilla de la CNT.
26. Celso Santos Huaz de la CNT.
27. Roberto López de la CNT.
https://www.aaas.org/program/scientific-responsibility-human-rights-law#Note20
jueves, 13 de junio de 2019
GUATEMALA: EL DOMINGO, PENSEMOS EN EL FUTURO
En estas elecciones nos jugamos el futuro, pero tenemos la posibilidad de revertir la cruda realidad que vivimos votando por los candidatos de partidos democráticos.
Por: Miguel Ángel Albizures
Si durante esta campaña electoral, usted puso atención a la propaganda de los partidos políticos y al discurso de los candidatos, se habrá dado cuenta que aquellos que personifican el atraso y retroceso del país, y que ofrecen soluciones de corte fascista o totalitario, se desgañitaban en los mítines o en las entrevistas, ofreciendo de todo para resolver los añejos problemas del país, y vertiendo serias acusaciones contra los contrincantes democráticos, a quienes catalogaron de izquierdistas o de querer convertir a Guatemala en otra Venezuela.Los candidatos de los partidos democráticos, se presentaron más serenos, reflexivos y propositivos, dando las pautas del país que debemos construir todos juntos, aunque debería decir reconstruir porque en estos últimos cuatro años hemos tocado fondo y se necesita mucho esfuerzo y tiempo para sacarlo del abismo, donde nos encontramos, y eso es algo que solo un equipo de personas democráticas, capaces y honradas podrá hacer. Pues la derecha y la extrema derecha solo ofrecen más de lo mismo e incluso representan el peligro de un retroceso represivo y con ello, la negación de los más elementales derechos ciudadanos. A ellos, no es necesario mencionarlos por los nombres, se conocen por la boina que llevan o por las botas que están atrás de ellos e incluso como candidatos a puestos de elección.
Por ello este domingo hay que ir a votar por aquellos que representan un mejor futuro o votar nulo si nadie nos parece, especialmente por los candidatos al Parlacen que es la carabina de Ambrosio y el refugio de quienes han defraudado los bienes del Estado. Votar nulo por el Parlacen, es economizar recursos del Estado que hoy se desperdician.
No podemos continuar con un desarrollo económico que agrava los niveles de desigualdad, ya de por sí escandalosos, basado en la depredación de los recursos naturales y en la generación de empleo de baja calidad y peor remunerado, junto a un modelo de seguridad basado en la represión y en el recorte de derechos y libertades, que han costado años de lucha y que ahora se pretenden tirar por la borda, porque no hay ningún interés en revertir la violencia estructural que padecemos desde hace años.
Los mediocres, convirtieron la campaña electoral en un mercado de votos, donde se generalizó la compra de los mismos con láminas, entrega de productos de primera necesidad o bonos y, en los casos más descarados, concediendo pagos por los “servicios” prestados durante el conflicto armado interno. Así de superficiales han sido los candidatos de la derecha, que siguen pensando que la voluntad popular se puede canjear por limosnas, pero esperamos que el pueblo comprenda que no hay regalo que compense comprometer el futuro del país poniéndolo en manos de los corruptos de siempre. En estas elecciones nos jugamos el futuro, pero tenemos la posibilidad de revertir la cruda realidad que vivimos votando por los candidatos de partidos democráticos que es votar en pro de los derechos ciudadanos y derechos humanos, en pro de la democracia, la paz y la justicia. Es votar por un nuevo Estado, incluyente, no racista ni discriminatorio.
https://elperiodico.com.gt/cartas/2019/06/13/elecciones-2019-3/
sábado, 11 de mayo de 2019
LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS CAMPESINOS EN LA ONU
Artículo publicado en la Revista
América Latina en Movimiento No. 541 (mayo):
Por la tierra y derechos campesinos: CLOC 25 años
ALAI AMLATINA, 10/05/2019.- La aprobación y adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un hecho histórico para el propio sistema internacional de derechos humanos, así como para las comunidades campesinas del mundo. Ha sido una lucha de más de 17 años de La Vía Campesina que, junto con aliados, logró impulsar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el debate sobre el rol y situación del campesinado.
En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.
Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.
En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.
La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.
En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.
Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.
A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.
Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.
En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH
En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.
Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.
En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.
Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.
Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.
El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.
Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.
El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.
Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.
Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.
La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.
Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.
Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.
Derechos campesinos y obligaciones de los Estados
La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.
Algunos elementos para destacar:
El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.
El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.
El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (...) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.
Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).
En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.
La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.
En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.
Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.
En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.
La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.
Nuevos desafíos
Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.
En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.
Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.
- Diego Montón, Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina.
URL de este artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/199781
América Latina en Movimiento No. 541 (mayo):
Por la tierra y derechos campesinos: CLOC 25 años
ALAI AMLATINA, 10/05/2019.- La aprobación y adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un hecho histórico para el propio sistema internacional de derechos humanos, así como para las comunidades campesinas del mundo. Ha sido una lucha de más de 17 años de La Vía Campesina que, junto con aliados, logró impulsar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el debate sobre el rol y situación del campesinado.
En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.
Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.
En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.
La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.
En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.
Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.
A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.
Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.
En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH
En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.
Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.
En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.
Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.
Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.
El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.
Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.
El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.
Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.
Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.
La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.
Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.
Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.
Derechos campesinos y obligaciones de los Estados
La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.
Algunos elementos para destacar:
El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.
El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.
El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (...) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.
Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).
En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.
La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.
En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.
Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.
En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.
La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.
Nuevos desafíos
Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.
En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.
Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.
- Diego Montón, Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina.
URL de este artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/199781
jueves, 2 de mayo de 2019
EL PRIMERO DE MAYO, ES EL PRIMERO DE MAYO
Miguel Ángel Albizures
Eran un puñito, van a decir los empresarios, los de extrema derecha, los diputados y el gobierno porque jamás van aceptar la presencia combativa de la clase obrera en las calles, pues con permiso o sin permiso, bajo las amenazas, las balas, las bombas lacrimógenas y falsas acusaciones, siempre ha dicho presente en esta fecha histórica reivindicando sus legítimos derechos. Las columnas de trabajadores, hombres mujeres, niños y ancianos se extendieron a lo largo de la 6a. avenida y cuando quienes encabezaban la marcha ya estaban en el Parque Central, los últimos estaban dejando atrás la zona cuatro. Vimos el día de ayer a los sindicatos históricos y a los que han surgido en medio de la represión levantando sus mantas y pancartas así como a la dirigencia de diversas federaciones y centrales que hicieron caso omiso del oprobioso decreto del Congreso.
Contra todos los pronósticos de quienes atacan al movimiento sindical y su dirigencia, este Primero de Mayo también es histórico porque sienta un precedente contra quienes quieren silenciar y sujetar a los trabajadores a través de decretos e impedir que las calles sean de ellos el día que históricamente corresponde, por eso, este Primero de Mayo también los quetzaltecos, al igual que lo hicieron los mineros de Ixtahuacán que realizaron la marcha de la dignidad en noviembre de 1977, partieron este Primero de Mayo de la ciudad de la Luna de Xelajú, rumbo a la capital, a donde llegarán el miércoles 8 de mayo en la mañana y serán recibidos por otros cuantos miles de trabajadores de diversos sectores que aspiran a vivir en un país libre de ataduras y corruptos.
El Primero de Mayo es parte de la lucha constante de los trabajadores por la construcción de una Guatemala en donde impere la justicia, la paz y la democracia, pues como bien lo señala Unsitragua en su comunicado: “Ratificamos públicamente que la clase trabajadora jamás podrá ser silenciada, doblegada o comprada como si lo han sido algunos políticos y autoridades de gobierno… Los sindicatos seguiremos avanzando y luchando aun estando esas mafias y su sistema podrido, que ha generado un 60 por ciento de pobreza en general, 89 por ciento en el área rural, 53 por ciento de desnutrición crónica en la niñez de 0 a 5 años, salarios de hambre, altos índices de desempleo y subempleo, pésima calidad y poca cobertura en el sistema de salud y educación pública, las pésimas condiciones de vivienda popular, el pésimo servicio de transporte público urbano y extraurbano etcétera”.
Pues como lo señaló la CGTG en su comunicado: “EL PRIMERO DE MAYO, ES EL PRIMERO DE MAYO, condenamos y rechazamos la decisión del gobierno de cambiar la fecha que viene desde 1886”. El día de ayer, miles de trabajadores volvieron a las calles enarbolando las banderas de justicia social, paz, libertad, democracia y cese a la explotación despiadada que hombres, mujeres y niños sufren en las fábricas y en el agro guatemalteco.
https://elperiodico.com.gt/opinion/2019/05/02/el-primero-de-mayo-es-el-primero-de-mayo/
Contra todos los pronósticos de quienes atacan al movimiento sindical y su dirigencia, este Primero de Mayo también es histórico porque sienta un precedente contra quienes quieren silenciar y sujetar a los trabajadores a través de decretos e impedir que las calles sean de ellos el día que históricamente corresponde, por eso, este Primero de Mayo también los quetzaltecos, al igual que lo hicieron los mineros de Ixtahuacán que realizaron la marcha de la dignidad en noviembre de 1977, partieron este Primero de Mayo de la ciudad de la Luna de Xelajú, rumbo a la capital, a donde llegarán el miércoles 8 de mayo en la mañana y serán recibidos por otros cuantos miles de trabajadores de diversos sectores que aspiran a vivir en un país libre de ataduras y corruptos.
El Primero de Mayo es parte de la lucha constante de los trabajadores por la construcción de una Guatemala en donde impere la justicia, la paz y la democracia, pues como bien lo señala Unsitragua en su comunicado: “Ratificamos públicamente que la clase trabajadora jamás podrá ser silenciada, doblegada o comprada como si lo han sido algunos políticos y autoridades de gobierno… Los sindicatos seguiremos avanzando y luchando aun estando esas mafias y su sistema podrido, que ha generado un 60 por ciento de pobreza en general, 89 por ciento en el área rural, 53 por ciento de desnutrición crónica en la niñez de 0 a 5 años, salarios de hambre, altos índices de desempleo y subempleo, pésima calidad y poca cobertura en el sistema de salud y educación pública, las pésimas condiciones de vivienda popular, el pésimo servicio de transporte público urbano y extraurbano etcétera”.
Pues como lo señaló la CGTG en su comunicado: “EL PRIMERO DE MAYO, ES EL PRIMERO DE MAYO, condenamos y rechazamos la decisión del gobierno de cambiar la fecha que viene desde 1886”. El día de ayer, miles de trabajadores volvieron a las calles enarbolando las banderas de justicia social, paz, libertad, democracia y cese a la explotación despiadada que hombres, mujeres y niños sufren en las fábricas y en el agro guatemalteco.
https://elperiodico.com.gt/opinion/2019/05/02/el-primero-de-mayo-es-el-primero-de-mayo/
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