ESTADO DE SITIO O ESTADO DE PREVENCIÓN: CARA O ESCUDO

Por: Ramón Cadena

“Si alguien puede coordinar apoyo, compañeros. Mándennos refuerzos, estamos retenidos. Compañeros, nos están atacando, manden apoyo, manden apoyo. Si es que hay jefes aquí, manden apoyo, por favor”, exclamaba un agente de la PNC durante un operativo militar en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán el 7 de enero de 2022, según reporta un medio de comunicación virtual. El pedido fue más bien un clamor de rescate y ayuda. Otro audio mostró cómo un agente de la PNC imploró para que enviaran a las Fuerzas Especiales (FEP) o al Grupo de Acción Rápida (GAR); con voz entrecortada, reiteró dramáticamente que no los dejaban salir y que habían muchos agentes atrapados en el lugar. Impresionantes palabras en medio de la violencia y el caos. 

Las y los ciudadanos nos preguntamos qué hay detrás de este nuevo estado de sitio establecido en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Un problema limítrofe no puede ser el causante de tanta violencia y destrucción. Deben haber otros intereses de gente muy poderosa en la región. Tres estados de sitio han afectado a ambas comunidades en el período de casi dos años: el primero impuesto por el ex Presidente Jimmy Morales el 30 de septiembre de 2019 (Decreto Gubernativo 3-2019). Y dos establecidos por Giammattei: el 29 de mayo de 2020 (Decreto Gubernativo 10-2020) y el 20 de diciembre de 2021 (Decreto Gubernativo 11-2021). 

Hay varias premisas que se deben tomar en cuenta: a) el Estado de Sitio no resuelve la violencia del lugar; b) no es correcto hacer una acusación general a comunidades enteras, de tener vínculos con el narcotráfico; c) si hay narcotráficantes en el lugar, hay que combatirlos con otros métodos que no sea el estado de sitio; d) el fracaso de la Comisión Gubernamental de Diálogo es evidente; e) incluso en los estados de excepción, hay que luchar contra la corrupción e impunidad; f) el subsuelo de la región de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán es rico en recursos naturales, hay agua abundante y la tierra es fértil; y g) en dicha región, hay un camino seguro para el tráfico de droga. A estas, hay que agregar una fundamental: que los Pueblos Indígenas tienen conocimientos suficientes, muchos mecanismos pacíficos de resolución de conflictos; bastante gente experimentada para mediar y sabiduría abundante, como para saber como resolver sus diferencias. 

Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán han sufrido los efectos del estado de sitio desde que el ex Presidente Jimmy Morales estableció el primero el 30 de septiembre de 2019. Los tres estados de sitio (uno de Jimmy Morales y dos de Giammattei) sólo han provocado más violencia e impunidad, más persecución y criminalización, sin resolver el problema. Nunca se ha podido (ni se puede, ni se podrá) restaurar la seguridad en un territorio, por medio de un estado de sitio; aunque Giammattei ha insistido en hacerlo de esa manera. No se puede devolver la tranquilidad a los habitantes del lugar, por medio de un estado de sitio, aplicando una Ley de Orden Público que facilita la represión en contra de las personas; ley que, según los Acuerdos de Paz, debería hace rato haberse reformado para ponerla en sintonía con la teoría de los derechos humanos. 

Todos los estados de excepción (casi veinte o más), impuestos por el Gobierno de Alejandro Giammattei en diferentes zonas conflictivas del país desde que inició su mandato en enero de 2020 , han tenido siempre un objetivo oculto: atemorizar, militarizar, provocar violencia, imponer a la fuerza una decisión gubernamental. En el pasado, los sectores más extremistas del sector privado, han exigido a los diferentes gobiernos de turno gobernar por medio de los estados de excepción. Con Alejandro Giammattei como Presidente de la República y Gendri Reyes como Ministro del Interior, lo lograron. 

Los dos funcionarios públicos son responsables de los daños y perjuicios causados por el actual estado de sitio a los agentes de la PNC y sus familias, a las comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán y a la sociedad en general. Sin embargo, en este país de la impunidad total, no pueden haber funcionarios responsables. La Fiscal General prefiere guardar silencio. Según la versión oficial, falleció un Inspector de la Policía Nacional Civil, nueve agentes sufrieron heridas por arma de fuego y un grupo considerable de agentes fueron heridos con otros objetos. Según dicha versión, hay un grupo ilegal armado que opera en el área entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del Departamento de Sololá. El gobierno de Giammattei debe explicar a qué grupo armado se refiere y no simplemente lanzar una moneda al aire y esperar que la moneda marque cara o escudo, para definir el rumbo. 

Después del estado de sitio que estableció Giammattei el veintinueve de mayo de 2020, nombró al Vicepresidente, Guillermo Castillo, para presidir una mesa de diálogo. Tal parece que dicha mesa fue un rotundo fracaso, ya que fue necesario otro estado de sitio en diciembre de 2021 para nuevamente tratar de solucionar el conflicto. Recientemente, el 9 de enero de 2022, el Presidente Giammattei, en su mensaje a la población, en lugar de autoevaluar los fracasos de sus medidas y de explicarlos, arremetió en contra del Procurador de los Derechos Humanos, quien ha hecho lo necesario para proteger los derechos de los habitantes de Nahualá y de Santa Catarina Ixtahuacán. Todo este cuadro lleno de misterios, fracasos y contradicciones, demuestra que detrás de los hechos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, hay intereses de gente muy poderosa, capaz de influir en las autoridades, para que distorcionen u oculten la verdad. 

El Presidente afirmó que las acciones del 7 de enero iban dirigidas a practicar allanamientos y órdenes de captura en contra de los presuntos responsables de la masacre del 17 de diciembre pasado; con sus declaraciones, demostró que sabe más acerca de lo que sucede en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, pero que no quiere revelar la verdad. Lamentablemente, ningún funcionario de Gobierno quiere hablar con claridad. Ni el Presidente, ni el Vicepresidente, ni el Ministro de Gobernación, ni la Fiscal General. Saben quienes son las personas que generan confrontación e inestabilidad en dicho lugar. Sin embargo, no quieren denunciarlos. 

El 9 de enero, Giammattei dio otro paso en falso: ofreció maliciosamente una recompensa pecuniaria a las y los comunitarios, a cambio de información. Una nueva forma de provocar más conflicto entre las comunidades afectadas. La verdad es conocida por las autoridades de este Gobierno. No es necesario ofrecer recompensas o pedir información. Dos casos nos pueden ayudar a entender el secretismo de las autoridades: el caso del estado de sitio impuesto en Huehuetenango hace años y el que fuera impuesto recientemente por Giammattei en el Estor, Izabal. Los partidos políticos de URNG y Semilla votaron en el Congreso de la República a favor del estado de sitio. Ninguna de sus explicaciones aclaró satisfactoriamente la razón de su voto. Mientras tanto, la ruta del gobierno ha sido definida: imponer la fuerza del conquistador.

Ramón Cadena 12 de enero de 2022

GUATEMALA: LA MASACRE DE 8 DE ENERO DE 1982 EN LA ALDEA CHICHUPAC, RABINAL

INFORME No. 6/14 CASO 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Fotos: Archivo COMUNICARTE

De acuerdo a la información de los familiares de las presuntas víctimas, el 8 de enero de 1982 miembros del Ejército de Guatemala convocaron a los vecinos de la aldea Chichupac a una reunión en la clínica de salud de dicha localidad a fin de repartirles medicinas y regalos. Una testigo sostuvo que la orden era “que nadie quedara en la casa”.

Los comisionados militares obligaron a los miembros de las PAC a adornar la entrada de la comunidad y “crear un ambiente de fiesta”. Los habitantes de la aldea que se encontraban en sus casas fueron llevados a la clínica por parte de los miembros del Ejército. De esta forma, alrededor de 300 habitantes de la aldea se encontraban en la clínica. 

Alrededor de las 9:00 a.m., llegaron en un camión cien soldados del Ejército Nacional, los cuales vestían uniformes verdes camuflados y llevaban armas largas. Los soldados iban acompañados de un grupo de ‘judiciales’. 

Una vez que ingresaron a la clínica, los militares empezaron a repartir juguetes a los niños y las niñas. Una testigo indicó que les dieron pelotas de plástico, un carro de plástico y pedazos de muñecos. Posteriormente, el oficial de la tropa ordenó a las mujeres regresar a sus viviendas. 

De acuerdo al REMHI, los soldados ordenaron a los hombres formar varias filas y mostrar su cédula de identificación. Conforme a un listado que “los judiciales” tenían, seleccionaron a 32 hombres, entre los que se encontraban catequistas, promotores de salud y líderes comunitarios de las aldeas Chichupac, Xeabaj, Coyojá, El Tablón y Chijom. 

Los soldados ordenaron al resto de hombres que regresaran a sus viviendas bajo la prohibición de “no meterse en nada” en tanto les podía suceder lo mismo que al grupo de hombres seleccionados.

 Dos testigos indicaron que los militares les dijeron que “no se metieran a nada porque si no les iban a quebrar el culo de igual manera que lo harían con las personas que quedaron encerradas”.

 También informaron que obligaron a las PAC de Chichupac a ir a sus casas a recoger sus “chamarras y garrotes” y que volvieran en tanto les correspondía “realizar patrullajes por el perímetro de la clínica, situación que tuvieron de obedecer”. 

De conformidad con el REHMI “los soldados habían colocado un tanque por si alguien se huía”. 

Los hombres que quedaron en la clínica fueron acusados de ser miembros de las guerrillas por lo que fueron torturados por varias horas. Una testigo señaló que “a los hombres de Chichupac los torturaron en la clínica (…) les oíamos gritar”. Alrededor de las 4:00 p.m., las PAC de la aldea Chichupac vieron cómo los militares del Ejército Nacional salieron con las presuntas víctimas, quienes estaban con las manos amarradas. 

Los miembros del Ejército Nacional obligaron a las presuntas víctimas a caminar hacia la cumbre de la aldea. Una persona, Félix Alvarado Xitumul, se desmayó mientras caminaba y falleció. Una vez que llegaron a la cumbre, todas las personas fueron asesinadas.

 Algunos fueron estrangulados mientras que otros murieron disparados. Los soldados cavaron dos fosas donde enterraron a las personas. Debido a que las fosas no eran lo suficientemente profundas, algunos restos humanos quedaron expuestos en la superficie. 

Inhumación cementerio Rabinal

Estos hechos fueron documentados por la CEH quien sostuvo que “se puede afirmar con toda certeza que las personas asesinadas en la[…] masacre[…] ejecutada[…] el 8 de enero de 1982 en la comunidad de Chichupac […] no murieron combatiendo, sino que, según las evidencias forenses, fueron brutalmente eliminadas sin que tuvieran opción de defenderse”. 

La CEH documentó lo sucedido como “la masacre de Chichupac”. Asimismo, el REMHI identificó a lo sucedido el 8 de enero de 1982 como una masacre en la que participó el Ejército Nacional y colaboradores. Los nombres de las personas son las siguientes: 

1) Víctor Juárez Pangan (o Víctor Juárez Pancan), 2) Clemente Juárez Ixpancoc, 3) Cruz Sic Cuxum (o Cruz Sic Cuxún), 4) Pedro Sic Jerónimo, 5) Gregorio Valey, 6) Timoteo Sic Cujá, 7) Roberto Galiego Chén, 8) Antonio Alvarado González, 9) Alfonso Crúz Juárez, 10) Domingo Cahuec Sic, 11) Santiago Alvarado Xitumul, 12) Agustín Juárez Ixpancoc, 13) Teodoro González Xitumul, 14) Eulogio Morales Alvarado, 15) Luciano González (o Luciano Gonzalez Sis o Lucio Gonzalez Sis), 16) Apolinario Juárez Pérez, 17) Alberto Juarez Perez, 18) Evaristo Siana, 19) Pedro Tum (o Pedro Pérez Ampérez), 20) Emigdio Siana Ixtecoc, 21) Pedro Galiego López, 22) Demetrio Chen Alvarado, 23) Pedro Galiego Mendoza, 24) Camilo Juárez Valey, 25) Julián Garniga López, 26) Benito Juárez Ixpancoc, 27) Francisco Depaz, 28) Maximiliano Sis Valey, 29) Vicente Sic Osorio, 30) Patrocinio Galiego, 31) Félix Alvarado Xitumul, y 32) José Demetrio Cahuec Jerónimo

Al día siguiente de la masacre, las PAC fueron obligados por los miembros del Ejército Nacional a lavar la clínica, la cual estaba llena de sangre y con restos de carne humana. Asimismo, los hombres de la aldea Chichupac se dirigieron a la cumbre, encontraron las fosas y procedieron a cavar una tercera donde depositaron los restos mortales que se encontraban en la intemperie. 

Una testigo manifestó que vio “gran montón de garrotes y (…) señas de que no los mataron con balas sino que los ahorcaron con torniquete”. Otra testigo sostuvo que “se veían las manos y se veían las partes del costado de ellos”. De acuerdo con los peticionarios, los familiares tenían miedo de hacer algo por lo que no se animaron a hacer la sepultura para que “estén bien enterrados” 

Situación posterior de los habitantes de la aldea Chichupac. 

Testigos indican que con posterioridad a la masacre, los miembros del Ejército Nacional iban casi a diario a la aldea Chichupac con el objeto de perseguir, violar a las mujeres y dar muerte a sus habitantes. 

Asimismo, las declaraciones refieren a que los miembros del Ejército Nacional quemaron viviendas, destruyeron cultivos y robaron animales domésticos y objetos de valor. Al respecto, el REMHI documentó declaraciones de sobrevivientes: 

Se llevaron nuestras cosas, gallinas, reses. A los ocho días de haberse ido, sacaron sus cosas y le echaron fuego. Sacaron café, dulce, cama, amueblados, tenía bestias, no dejaron ni un santo parado. A mi hija que mataron ya no tenía ropa. 

Se llevaron doce vacas paridas, mi perol lo destruyeron, mi máquina de caña, a tres casas les echaron fuego. Empezaron a llevar nuestras ropas nuevas, gallinas, vacas, lo comieron cerca de la clínica, se llevaron una mi vaca gorda, pelaron mi vaca, se la comieron los soldados y civiles. Cortaron nuestra milpa, guineos, caña; se llevaron cortes, fajas, azadones, machetes. 

Igualmente, la CEH sostuvo que luego de la masacre en Chichupac, “el Ejército volvía para continuar con la destrucción”. Indicó que un miembro de las PAC manifestó que: 

La segunda comisión fue para botar la milpa y las cañas de la gente que se iba a la montaña, Chichupac (…). El Ejército decía que sacaran todo, que era para ellos; había gentes aprovechadas; y otros decían: 'pobrecita la gente'. Si encontraban gente los dejaban allí muertos. 

Los sobrevivientes de la aldea tuvieron que huir hacia las montañas a fin de refugiarse. Otro grupo de personas se desplazó hacia distintas ciudades. 

Una pobladora de la aldea sostuvo que “la aldea quedó casi destruida y la gente que se iba de Chichupac no quería dejar sus casas y sus tierras pero se fueron (…) en la época de la violencia se les acabó todo hasta sus casas quedaron destruidas”. 

MAS INFORMACIÓN: 

https://summa.cejil.org/es/entity/2fsvrylm97ohxjsf67stja714i?page=20

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12788FondoEs.pdfhttps://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12788FondoEs.pdf

INFORME No. 6/14 CASO 12.788 FONDO MIEMBROS DE LA ALDEA DE CHICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO DE RABINAL GUATEMALA

Foto: Dramatización de una masacre, Rabinal

Inhumación cementerio Rabinal

"ME ENCERRARON EN UN DESTACAMENTO MILITAR Y ME VIOLARON DURANTE 25 NOCHES"

Paulina Ixtapá, una de las 36 mujeres achí de Rabinal.

Por: Rafael Abuchaib, BBC News Mundo

Era un domingo cualquiera para Paulina Ixtapá.

Tenía 19 años y estaba caminando con su madre hacia la cabecera municipal de Rabinal, una población localizada en el centro de Guatemala, a unos 100 km de la capital.

"Se acercaron unas personas a mi mamá y le dijeron 'queremos platicar con tu hija'", le cuenta Paulina a BBC Mundo, recordando aquella fatídica tarde de 1983 en la que le cambió la vida.

Los hombres que se les habían acercado eran miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC): grupos paramilitares creados por el entonces gobierno militar de Guatemala con el argumento de querer involucrar a la población civil en la protección de los municipios del país frente a la aparente amenaza de grupos guerrilleros de izquierda.

Hoy, casi 40 años después de ese episodio, cinco exmiembros de las PAC de Rabinal se enfrentan a un proceso judicial histórico por presuntas violaciones sistemáticas a 36 mujeres achí de aquel municipio maya. Paulina es una de las presuntas víctimas.

"Vas a conocer a tu esposo más tarde"

La premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú acompañó a las mujeres achí de Rabinal al inicio de su juicio.

Esa tarde de domingo, los patrulleros, que no vestían uniforme, condujeron a Paulina hasta el destacamento militar de la región. No era la única mujer que estaba allí.

"Ya llegando al destacamento me preguntaron, '¿dónde está tu esposo?' Yo les dije que yo no tenía esposo y me respondieron: 'Vas a conocer a tu esposo más tarde'".

Según cuenta la mujer, los patrulleros la interrogaron sobre una presunta relación que ella llevaba "con un tal Juan", pero ella les explicó que él la había dejado hace un tiempo atrás.

La respuesta no parecía ser la que los patrulleros querían escuchar.

Paulina cuenta que uno de los hombres la agarró por el cuello y le dijo: "Ahora nos vas a contar quiénes son las personas que están llegando contigo en las noches".

Violencia sexual como arma de guerra

Las mujeres achí de Rabinal a la espera de que se iniciara la audiencia pública.

Según le explica a BBC Mundo Lucía Xiloj, abogada de 29 de las víctimas del caso de las mujeres achí de Rabinal, los casos de violencia sexual se registraron entre 1981 y 1985, en el marco del conflicto armado interno de Guatemala.

"Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas", cuenta Xiloj.

Los PAC fueron parte integral de los esfuerzos del gobierno militar de la época para acabar con las guerrillas de izquierda, y la violencia sexual era empleada como arma de guerra para establecer quiénes de la población pertenecían a qué bando.

Esto ha llevado a los abogados de las víctimas a responsabilizar al estado de Guatemala por "incumplir su compromiso de garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia sexual".

Sin embargo, aún no está claro si el estado será incluido en el caso como parte responsable.

Violaciones y exilio

"Llevamos 40 años esperando justicia", dicen las mujeres achí de Rabinal.

Paulina cuenta que a partir de esa fatídica noche de 1983, y por las siguientes 24, fue forzada a permanecer en el destacamento militar. Y añade que durante cada una de esas noches, fue víctima de desgarradores actos de violencia sexual.

"Los 25 días en el destacamento, me violaron todas las noches. Y cuando salí, salí enferma y siempre, siempre perseguida [...] me dijeron que si me veían en la comunidad, de una vez me iban a matar".

Dada la situación, Paulina partió hacia la capital para escapar de la comunidad. Y aunque volvió un tiempo después, cuenta que su recuperación fue un proceso lento y tortuoso.

"Para mí fue muy dura. Fue muy dura porque no solo hicieron la violación sexual. También mataron varios niños. Robaron nuestros animales. Quemaron nuestra casa. Y cuando yo me quedé, me quedé solo con un cambio de ropa".

Por eso es que el juicio que empezó el 5 de enero, significa tanto para las mujeres achí de Rabinal.

A través de un comunicado de septiembre de 2021, las mujeres dijeron: "Llevamos 40 años esperando que se haga justicia por la violencia sexual y los horrores que sufrimos durante el conflicto armado interno en Rabinal, Baja Verapaz".

Un nuevo retraso

Al atrasarse de nuevo el juicio, las mujeres Achí de Rabinal llevaron a cabo una ceremonia maya frente a la Corte Suprema de Justicia.

Como si 40 años de espera no fueran suficientes, la audiencia programada para comenzar el 4 de enero se retrasó 24 horas más.

Ante la nueva demora, algunas de las mujeres achí llevaron a cabo una ceremonia maya frente a la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la espera terminó el miércoles 5 de enero con declaraciones de la fiscalía y de la defensa, y con los acusados siguiendo el proceso a través de teleconferencia.

Ahora, las víctimas esperan que su historia se conozca y se haga justicia. Por lo menos eso es lo que espera Paulina.

"Estoy buscando la justicia, ya todo lo que robaron ya no lo vamos a recuperar. Pero a mí si me duele lo que hicieron".

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59903703?fbclid=IwAR1Sas9OC7rNf-egTC1r83am-wSLz8_DutiepYiRxxxPN5s2-2rsqxRoIyA

EL ANTEPASADO MÁS ANTIGUO, CANCIONES NUEVAS PARA EL AÑO NUEVO, CANTA RAÚL LÓPEZ COLIBRÍ

CANCIONES NUEVAS PARA EL AÑO NUEVO

Canción que abrió el concierto virtual PARA CELEBRAR A LA NIÑEZ el pasado 21 de noviembre de 2021 y a la vez festejar la trayectoria de Raúl López Colibrí en sus "40 AÑOS DE CANTAR A LOS NIÑOS" 

GUATEMALA: LAS MUJERES ACHI ESPERAN JUSTICIA

RECORDEMOS QUE SIN JUSTICIA NO HAY DEMOCRACIA.

POR: MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES 

Este año se inicia con la esperanza de que las 36 mujeres achi que han esperado diez años después de presentar formal denuncia contra patrulleros civiles sean escuchadas y se les haga justicia por la violencia sexual, torturas y muerte de mujeres de Rabinal, Baja Verapaz. Los hechos acontecieron hace 40 años en esa región que fue asolada por el Ejército y patrulleros y esperan pacientemente que pueda reiniciarse el juicio que fue suspendido el pasado 4 de enero por la falta de presencia del abogado que defiende a los responsables de esos crímenes de lesa humanidad.

Como lo señalan ellas en su comunicado: “Somos 36 mujeres maya achi de Rabinal, Baja Verapaz, que denunciamos la violencia sexual de que fuimos víctimas por parte del Ejército y de los patrulleros de Autodefensa Civil. Desde hace diez años iniciamos un largo camino para exigir justicia, en el que hemos enfrentado racismo, discriminación y revictimización”. Es importante este juicio para que no olvidemos y para que todos aquellos incrédulos o admiradores de los militares, pero a su vez las nuevas generaciones que integran las fuerzas de seguridad, sepan lo que sucedió, la bestialidad con la que actuaron los militares que otrora estuvieron en activo, pues lo que ellas denuncian es una mínima muestra del genocidio que cometieron quienes hoy dicen que defendieron la patria, exterminando poblaciones enteras, sin respetar mujeres embarazadas, niños inocentes y ancianos enfermos, que murieron calcinados cuando le prendieron fuego a sus casas o fueron ametrallados y torturados sin compasión alguna. Por ello decimos que es un buen inicio de año, a pesar de que también se inicia con los hechos trágicos en Nahualá, que nos demuestra la incompetencia del Gobierno para tratar de resolver un conflicto histórico a través del diálogo y no con la implantación de un estado de sitio que llevó también a un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, porque la población rechaza la suspensión de garantías, pues permite toda clase de abusos y provoca el temor y la zozobra en la población”.

El año se ha iniciado también sin un programa de gobierno que permita superar la crisis alimentaria en el país. El precio de los productos de la canasta básica se ha disparado tremendamente y, al agravarse la situación de las familias de escasos recursos, surgirán otros conflictos económicos y sociales que pueden llevar a una ingobernabilidad, de la cual el gobernante no saldrá bien parado. Pareciera que la única reactivación económica que han hecho es la de los grandes empresarios.

Ojalá y nos equivoquemos con relación a que este año puede ser más descarada la represión y que el Gobierno no utilice la fuerza para silenciar al pueblo. No perdemos la esperanza de que la situación general del país mejore y que el pueblo tome en sus manos su propio destino. Y ojalá que la justicia se imponga y condene a los responsables de crímenes de lesa humanidad y, por supuesto, a quienes se siguen enriqueciendo con los recursos del Estado. Recordemos que sin justicia no hay democracia.

https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2022/01/06/las-mujeres-achi-esperan-justicia/

GUATEMALA: LA VERDAD BAJO LA TIERRA

LA VERDAD BAJO LA TIERRA                  

 23 minutos español 1995

Documental que refleja la represión del ejercito de Guatemala en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, con testimonios de sobrevivientes de las Aldeas Río Negro, Chichupac y Plan de Sánchez.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, en su informe “Guatemala: Memoria del Silencio” EN RABINAL:

CEH concluyó que “los principales blancos de las acciones de represión selectiva fueron los líderes comunitarios [y] en Rabinal fueron ejecutados catequistas, promotores de salud y alcaldes auxiliares”. En ese sentido, la CEH consideró que “al convertir en blancos específicos de la represión a los líderes de diversos sectores del grupo, se aumentó su vulnerabilidad y se amenazó la continuidad de la existencia del grupo, ya que los líderes eran los encargados de dirigir, conducir y resolver los conflictos en el seno del mismo”

De esta forma, según las fuentes de la CEH, en el municipio de Rabinal se registraron altos niveles de violencia durante el conflicto armado interno. 

La CEH acreditó que en la región de Rabinal “operaba un destacamento, cuyos responsables dirigieron la casi totalidad de violaciones de derechos humanos atribuibles a agentes del Estado”. Asimismo, de acuerdo a testimonios de pobladores de la zona desde 1981 los miembros de la aldea Chichupac y de las comunidades vecinas fueron obligados por militares a participar en las PAC. 

En la región de Rabinal, la CEH registró 20 masacres. Sin perjuicio de ello, sostuvo que según un testigo, "no hubo ninguna aldea donde no hubiera una masacre". Asimismo, la CEH documentó que en el período comprendido entre 1981 y 1983, 4.411 personas del municipio de Rabinal fueron asesinadas, de las cuales todas eran población civil y el 99.8% de éstas eran miembros del pueblo maya-achí. 

La CEH concluyó que “el ensañamiento con que fue atacada el área, apoya la tesis de que era considerada como estratégica por el Ejército y que éste, en un momento del conflicto, identificó a la población de la región como enemigo interno”.

Información obtenida de:

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12788FondoEs.pdf

GUATEMALA: SE ATRASA EL COMIENZO DEL JUICIO VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE 36 MUJERES MAYA ACHI

El primer debate que iniciaba hoy 4 de enero se atraso porque no se presento al tribunal el abogado defensor de los ex patrulleros acusados de violencia sexual en contra 36 mujeres Maya Achi. 

El tribunal reprogramo para mañana 5 de enero a las 8:30 a.m.

Las sobrevivientes del caso #MujeresAchi llevan mas de 40 años esperando que se haga justicia por las graves violaciones que sufrieron durante el conflicto armado interno.

Fotos: Arturo Albizures