CIDH: amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización contra defensores de DD. HH.

Por: Víctor Ferrigno F.

A Pablo González Casanova, auténtico intelectual latinoamericano, in memoriam.

Tristemente, Guatemala vuelve a ser noticia internacional por el incumplimiento de la obligación del Estado de garantizarle a la ciudadanía el pleno goce de sus derechos fundamentales. En su recién publicado Informe 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que “la situación identificada en el 2021 relacionada con la obligación del Estado de combatir la impunidad, y respetar y garantizar la independencia judicial, se habría agravado”.

Como es sabido, el denominado Pacto de Corruptos, integrado por políticos deshonestos, empresarios venales y militares masacradores, han cooptado todas las instituciones del Estado, imponiendo un régimen de impunidad, en el cual los delincuentes son protegidos y los ciudadanos honrados son perseguidos.

Como señala la CIDH en su Informe 2022, se ha registrado una “intensificación de la persecución judicial y criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar de su cargo a personas operadoras de justicia”. El uso punitivo e indebido del Derecho penal se ha dirigido en contra de personas “encargadas de la investigación y juzgamiento de casos vinculados con el Conflicto Armado Interno (CAI), incluyendo casos que cuentan con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y con hechos de corrupción de alto impacto o gran escala”.

La CIDH identifica a las víctimas de esta criminal política represiva del Estado, señalando que fiscales, exfiscales, jueces y juezas con competencia penal de Mayor Riesgo “tienen como común denominador haber seguido causas por delitos como genocidio, desaparición forzada, tortura, delincuencia organizada y lavado de dinero”. La referida persecución se realizó en contra de funcionarios del Organismo Judicial (OJ) y del Ministerio Público (MP) que participaron en casos e investigaciones del CAI y de hechos de corrupción.

Además, la CIDH también advirtió sobre la persistencia de “un grave contexto de riesgo a la labor periodística debido a la continuación de actos de violencia y procesos de criminalización y persecución judicial”. La Comisión concluye que esta estrategia se desarrolló “con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad”, confirmando que en Guatemala vivimos en un Estado de hecho, no de Derecho.

La CIDH también identificó a los principales operadores de estas violaciones de los DD. HH., señalando que estos hechos de persecución ocurren en un contexto de “señalamientos sobre la falta de independencia del MP y su fiscal general por su rol en la persecución judicial”.

La CIDH destaca que recibió información sobre el debilitamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y otras unidades del MP encargadas de la investigación de casos de corrupción y justicia transicional, mediante el traslado, criminalización o remoción arbitraria de sus funcionarios, incluyendo a fiscales de carrera.

En su memorial de agravios la CIDH indica que en 2022, por lo menos, once integrantes y exmiembros de la FECI fueron privados arbitrariamente de su libertad; funcionarios de esa Fiscalía fueron trasladados a otras dependencias, y despidieron a por lo menos 14 auxiliares o agentes fiscales.

Con acierto y pruebas, la CIDH señala como un destacado operador político de esta persecución a Ricardo Méndez Ruiz, resaltando el papel preponderante de la “Fundación contra el Terrorismo”, en la estrategia de “criminalización mediante la presentación de un alto número de denuncias penales, solicitudes de retiro de antejuicio y en la perpetración de un contexto de hechos de amenazas”. […] “La intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización promovidas e impulsadas por integrantes de la misma Fundación, cuenta con la aquiescencia y tolerancia del MP”, resaltó el informe. Además, la Comisión indicó que la “Fundación ha promovido denuncias contra 24 exintegrantes de la FECI, tres abogadas de la extinta CICIG, seis jueces y dos exfiscales generales”.

La CIDH registra que en ese contexto varios victimarios, incluida la Fiscal General, han sido señalados internacionalmente de atentar contra la democracia, recordando que el 20 de julio del año pasado, el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, fue sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos “por su papel para obstruir investigaciones de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno”.

La CIDH señala que las acciones penales en contra de personas operadoras de justicia se enmarcan en un clima de “amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización en su contra”.

El Informe 2022 de la CIDH se presentó justo en el inicio de la campaña electoral, ratificando los vicios que los actores políticos han señalado en relación con la falta de independencia judicial para resolver los contenciosos electorales. En ese orden de ideas, ayer la Corte de Constitucionalidad le dio trámite a un amparo promovido por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, reclamando su derecho a elegir y ser electos, pues todo el sistema político conspira para dejarlos fuera de la contienda electoral.

El panorama político no es alentador, pero hay que recordar el aserto de A. Philip Randolph, activista afroamericano de los derechos civiles, “La libertad nunca se concede sin más; hay que luchar por ella. La justicia nunca se recibe sin más; hay que exigirla.”

https://lahora.gt/opinion/vferrigno/2023/04/19/cidh-amenazas-intimidacion-hostigamiento-y-campanas-de-estigmatizacion-contra-defensores-de-dd-hh/

Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

GUATEMALA: REVIVAMOS MARZO Y ABRIL

Por: Miguel Ángel Albizures

Las jornadas de marzo y abril de 1962 deben repetirse, no importa el mes, sino el objetivo. Revivir esas luchas por la democracia y contra el despilfarro de los recursos del pueblo, es hoy un imperativo en el que tendrían que participar estudiantes de educación media, universitarios, profesionales, obreros, campesinos, pobladores que rechazan el avasallamiento y deben pensar en el futuro de las nuevas generaciones.

Ya hace sesenta y un años que el pueblo se levantó contra Ydígoras Fuentes, sentando un precedente más de lucha en defensa de los derechos del pueblo, pues nadie puede negar que, a pesar de la paciencia y tolerancia que han caracterizado al pueblo, llega el momento de poner punto final a quien le oprime y ha tomado las calles y levantado las banderas exigiendo los derechos que le conculcan. Así su sucedió en 1920 contra Estrada Cabrera, el dictador de los veintidós años, y contra el ubiquismo representado por Ponce Vaídes contra quien los maestros, especialmente las mujeres, iniciaron la lucha e hicieron posible los diez años de primavera.

 Lo que tenemos hoy en día, no es una dictadura en todo el sentido de la palabra, dirían los académicos de las ciencias políticas, pero no cabe duda que va en ese camino y, a todas luces, se ve que conculca, poco a poco, los principales derechos humanos. Es evidente que Giammattei es un peón de la oligarquía, del ejército y de gente comprometida con los carteles de la droga y otro crimen organizado, a quienes les interesa se restrinjan derechos ciudadanos para tener carta blanca de continuar aumentando sus ganancias; son ellos los que dictan las leyes e imponen funcionarios a su servicio.

 Hoy en día hay periodistas amenazados y encarcelados, hay jueces y fiscales en el exilio y se han querido imponer leyes que restringen derechos;, por ello, tiempo es ya de hacer algo, de demostrar la fuerza del pueblo en las calles, de unificar esfuerzos por la salida de todos los corruptos del poder y por evitar otros cuatro años más de un gobierno servil o genocida que continúe la persecución, la cárcel o el asesinato de opositores. Los hechos están a la vista, Giammattei, no es el que gobierna, pero síi el que cumple al pie de la letra las órdenes de la mafia organizada.

 Ha pasado marzo, estamos finalizando abril, pero se avecina el 1o de mayo, ese día de lucha de las y los trabajadores. Hay que volver unitariamente a las luchas de aquellos tiempos, antes de que sea demasiado tarde y nos cueste la vida de personajes que son parte de la dignidad del pueblo. No son tiempos de volver a las armas, pero sí de volver a la lucha en las calles para evitar las imposiciones y garantizar la paz, la justicia y un auténtico estado de derecho. La democracia se conquista y se mantiene con la lucha del pueblo,

Recuerdo con nostalgia, el heroísmo de las mujeres casi niñas de Belén y el Inca o de los jóvenes estudiantes, que hicieron posible las Jornadas Patrióticas de Marzo y Abril de 1962. Tiempo es ya de devolver la dignidad al pueblo

GUATEMALA: SEMANA SANTA Y ELECCIONES

 Por: Miguel Ángel Albizures

La Semana Santa fue una semana trágica, con un aumento considerable de crímenes y asaltos. Pareciera que la delincuencia se preparó para el ataque, mientras las fuerzas de seguridad se prepararon para hacer retenes y registro de vehículos o ver pasar las procesiones y dejar hacer a la delincuencia lo que le viniera en gana. La complicidad es evidente, pues muchos han de haber sacado una buena tajada para los gastos de la Semana Santa.

El pueblo, especialmente la población católica, se volcó a las calles a ver las alfombras y procesiones, olvidándose por esos días del acontecer político y económico del país, mientras los mercaderes hacían su agosto y seguían enriqueciéndose a costa del pueblo.

Así son las cosas en Guatemala, es una semana en la que muchas familias están más preocupadas por conseguir el pescado y hacer las torrejas que complementan el banquete de esos días y no por lo que se nos viene encima, que son las "elecciones" para "seleccionar" a quien dirigirá los destinos del país los próximos cuatro años a partir del 14 de enero del 2024.

Se puede decir que las elecciones están a la vuelta de la esquina y más de dos docenas de jinetes están montados en su macho o en su mula, según sean los gustos y las posibilidades, listos para el último trecho de la carrera después de haber embadurnado calles, avenidas, postes o parques con sus fotos o los slogans de los partidos que los postulan. Muchos de los candidatos no son ampliamente conocidos, pues ni siquiera han participado en actividades o realizado obras que el pueblo reconozca, pero no debe extrañarnos que gente con cuentas pendientes con la justicia, sean hoy candidatos a la presidencia, a las diputaciones o a las alcaldías y que, desde el momento de su inscripción, gozan de inmunidad y siguen actuando impunemente como es su costumbre, especialmente quienes tienen el reconocimiento de los tres poderes: Gobierno, ejército y Cacif, pues  la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad y Congreso, con raras excepciones de personajes que nadan contra corriente, están, hoy en día, al servicio del mejor postor.

Y, desgraciadamente, en el horizonte no se vislumbra una alternativa con posibilidad de disputar el poder a la extrema derecha. Además de los diez meses que faltan para que entreguen el poder, nos esperarían otros cuatro años de criminalización y agresiones contra los sectores populares y sus dirigentes que levantan la bandera de la dignidad y la justicia social, oponiéndose a las erradas políticas de quienes nos gobiernen.

Aunque el panorama es desalentador, insistimos en la unidad, la denuncia, la presencia activa en contra de los desmanes gubernamentales y, si fuera posible, la construcción de un frente amplio que luche por la paz, la justicia y la democracia, para evitar más retrocesos al pasado.

https://elperiodico.com.gt/opiniones/opinion/2023/04/13/semana-santa-y-elecciones/

Europa entre la guerra, el vasallaje y la soberanía

Por: Víctor Ferrigno F.

En el corazón de Europa se libra una guerra de quinta generación, dirigida por la OTAN, en la que los muertos, heridos y refugiados los ponen los ucranianos, tanto los que luchan contra Rusia, como los independistas que se defienden de Kiev y sus fuerzas neonazis, como el diezmado batallón Azov, que fue asimilado a las fuerzas regulares de Ucrania.

Como ya he planteado en anteriores columnas, en Ucrania se está librando una guerra de quinta generación; se trata de una guerra que se enfoca particularmente en la lucha en el escenario cognitivo de las masas. De esta manera, las redes sociales, el internet y el ciberespacio han generado un nuevo escenario de combate, en el que no necesariamente interesa ganar o perder, sino demoler la fuerza intelectual del enemigo, obligándolo a buscar un compromiso, valiéndose de cualquier medio, incluso sin uso de las armas. Se trata de una manipulación directa del ciudadano, para preparar el ánimo de la humanidad ante una conflagración de gran escala, con combates reales y miles de muertos.

En ese contexto, la confrontación bélica se ha complicado y alargado en el tiempo, afectando al conjunto de la población europea, por la falta de combustibles que, además del frío invernal, ha provocado una recesión con inflación. Según los expertos, la estanflación surge cuando la economía de un país, de una región o del orbe, se encuentra estancada, y a la vez se encarece el costo de vida, motivado por una elevada inflación, que implica hambruna. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población y el desempleo, situación que ha generado los recientes levantamientos sociales en Francia, Alemania, Italia, Portugal y España.

La Primera Ministra de Finlandia recién logró la incorporación de ese país a la OTAN, pero la decisión le costó las elecciones y tuvo que ceder el Gobierno, frente a una población que no quiere guerra.

Por encima de las realidades y necesidades nacionales, la política geoestratégica de la Unión Europea (UE) la dicta la OTAN, bajo la conducción de EE. UU. En junio pasado, la Alianza celebró en Madrid su 32ª Cumbre, marcada por la invasión rusa a Ucrania. Según el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltemberg, «La Cumbre de Madrid es esencial de cara a un mundo más peligroso e impredecible».

En Madrid se firmó un nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, que es una hoja de ruta para una conflagración mundial con Rusia o con China, o con ambos. El nuevo Concepto Estratégico antlantista, en su numeral 8, sostiene que “La Federación Rusa es la amenaza más importante y directa para la seguridad de los Aliados y para la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica. Procura establecer esferas de influencia y control directo mediante la coacción, la subversión, la agresión y la anexión”.

Por si fuera poco, en Madrid la OTAN definió que “Las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China (RPC) ponen en peligro nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores. La República Popular China emplea una amplia gama de instrumentos políticos, económicos y militares para ampliar su presencia en el mundo y proyectar poder, al tiempo que mantiene la opacidad sobre su estrategia, sus intenciones y su rearme militar”.

Inmediatamente China arremetió contra el nuevo Concepto Estratégico atlantista, al que calificó de estar «sesgado ideológicamente» y de «ser propio de la Guerra Fría», y prometió «respuestas firmes y enérgicas» a todo acto que, a su criterio, «socave» sus intereses.

A un año de iniciadas las hostilidades en Ucrania, China irrumpió en el escenario geoestratégico europeo con un plan de paz de doce (12) puntos, que impacta en todos los actores del conflicto. Más allá de la viabilidad del plan de paz, lo más relevante es que China, como potencia económica y militar, decide tomar acción directa en un conflicto en el que se gesta la desintegración del orden internacional creado al final de la Guerra Fría, con un alto costo en los ámbitos político, de seguridad y defensa mundiales.

Como las medidas económicas, comerciales, financieras y diplomáticas contra Rusia no han surtido los efectos esperados, y todos los analistas militares serios consideran que Ucrania ya perdió la guerra, varios gobiernos europeos están cuestionando su sumisión a la OTAN, por los altos costos económicos, políticos, militares y sociales que conlleva, incluyendo acciones terroristas como el sabotaje de los gasoductos Nord Stream.

Un escándalo mayúsculo sobre este tema es el reciente informe del legendario periodista de investigación Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, que apunta a la Marina de Estados Unidos como responsable del sabotaje de los gasoductos Nord Stream, con la colaboración de la Marina noruega, y afirma que la planificación de la misión comenzó en diciembre de 2021; la Casa Blanca y el Gobierno noruego han negado estas acusaciones. Según Hersh, Estados Unidos decidió sabotear los gasoductos con la intención de asegurarse que sus aliados siguieran apoyando a Ucrania, en un momento en que algunos vacilaban, y evaluaban volver a surtirse de gas ruso.

Ante este panorama, tres dirigentes europeos han visitado Beijing para buscar acuerdos con el gobierno de la República Popular China. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, es el segundo dirigente europeo que viaja a China –tras el español Pedro Sánchez– desde que Xi Jinping se reunió en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, para exponerle sus planteamientos de paz para la guerra de Ucrania y mostrar la solidez de su relación. A la visita a Beijing también asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo que realza la importancia que le dan a la relación con la potencia asiática.

El periplo diplomático de Macron a China generó fuertes polémicas, que se agravaron con las declaraciones del presidente galo durante la visita de Estado que realizó a los Países Bajos, donde presentó su propuesta para que Europa sea independiente y se vuelva a posicionar como un bloque relevante en materia económica, de defensa y de energía, aspectos en los que se ha convertido en “cliente” de potencias geopolíticas como Estados Unidos, China y –antes de la guerra– Rusia.

«La identidad y la soberanía están entrelazadas», dijo. «Si aceptamos perder la soberanía, si aceptamos depender de otras potencias, nos colocaremos en una situación en la que no decidiremos por nosotros mismos, ni estaremos a cargo de justamente seguir preservando y desarrollando nuestra propia identidad».

Esto significa que «debemos poder elegir a nuestros socios y dar forma a nuestro propio destino en lugar de ser, yo diría, meros testigos de la dramática evolución de este mundo», indicó.

«La pandemia y la guerra nos han llevado a descubrir que tenemos que reducir nuestra dependencia si deseamos conservar nuestra identidad europea», añadió.

https://lahora.gt/opinion/vferrigno/2023/04/12/europa-entre-la-guerra-el-vasallaje-y-la-soberania/

Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

GUATEMALA: LA CRIMINALIZACIÓN Y LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

Por:  Ramón Cadena

A pesar de que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas (artículo 3) y que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado (artículo 9); que todas las personas deben estar libres de ataques a su honra y a su reputación y tienen derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques (artículo 12). A pesar de que la misma Declaración establece que con el objeto de garantizarlos, toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal (artículo 10); a pesar entonces, de toda la protección que el Derecho brinda a la persona por medio de leyes y convenciones, en Guatemala persiste la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos y la violación de sus derechos más elementales.

No se puede considerar nunca como un “error” de las y los funcionarios públicos el cometer todas estas violaciones. Menos cuando las realizan de manera sistemática y generalizada. Se trata de la comisión deliberada y voluntaria de delitos que, con dolo y conocimiento previo, cometen las y los jueces del Poder Judicial (delito de prevaricato y delito de denegación de justicia, entre otros) o bien que los cometen las autoridades administrativas (delito de abuso de autoridad y delito de incumplimiento de deberes, entre otros). Delitos contra la administración de justicia o delitos contra la administración pública, tal y como los clasifica nuestro Código Penal. En la comisión de estos delitos, resulta clave el papel que juegan jueces, juezas y fiscales.

Claro que para materializarlos, siempre se necesita de la intervención o del apoyo de diferentes funcionarios públicos como policías, miembros del Ejército, o de profesionales como abogados o abogadas; también se requiere de la anomia estatal, es decir, que todos los y las funcionarias mantengan una actitud pasiva, que no hagan nada por detener o combatir las agresiones y los delitos que se cometen.

Por ejemplo, el caso de Virginia Laparra, detenida arbitrariamente por una denuncia que en su contra presentó el juez Lesther Castellanos, debido a que en cumplimiento de sus funciones como abogada, como exfiscal del Ministerio Público y exjefa Regional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con sede en Quetzaltenango (región noroccidental), denunció e investigó a varios jueces corruptos, llevó a cabo acciones en contra de la impunidad y de las mafias guatemaltecas.

En otras palabras, ha sido víctima de la venganza y, por luchar en contra de un fenómeno tan destructivo como lo es la corrupción, ahora la persigue el Estado por medio de la nueva cara de la FECI, la que promueve y defiende la corrupción y la impunidad bajo la dirección del Fiscal Curruchiche. El Poder Judicial y el Ministerio Público están afectando la honra y la reputación de Virginia Laparra; están limitando su vida y afectando seriamente su libertad, su seguridad y en general, la están privando de los derechos esenciales antes señalados.

La persecución que sufrió Virginia Laparra, se manifestó no solo en su detención arbitraria el 23 de febrero de 2022, gracias a una denuncia que contra ella presentara el Juez Lesther Castellanos, quien hoy es Relator de la Oficina de Prevención contra la Tortura, sino que también se manifestó en el juicio injusto y sin garantías procesales, que se le siguió en su contra desde noviembre 2022 y se hizo patente una vez más en la sentencia dictada por la Jueza Oly González en diciembre de 2022, quien consideró que Virginia Laparra no tenía autorización para presentar denuncias administrativas en contra del Juez Castellanos y que cometió el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Ahora sólo queda que la sala correspondiente revoque dicha sentencia, mediante el recurso de apelación especial, presentado por abogados de la defensa de Virginia.

Se trata de una clara expresión del juicio injusto. Juicio que se llevó a cabo sin garantías procesales, con una tipificación deliberadamente equivocada del delito, ya que su acción de lucha contra la corrupción no constituye ningún delito. La persecución se extendió al dictar sentencia. Con ella, se está violando el principio de legalidad contenido en el artículo 11 numeral 2. de la Declaración Universal, 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este principio es uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática.

Existen otros casos en los que la violación se materializa en el momento de la detención. Se trata de una detención injusta, que puede provenir de una autoridad judicial o administrativa. Por ejemplo, el caso de la detención de Mauro Vay de CODECA, hace ya algunos años. El Juicio fue injusto claro, porque no había delito y el juez debió resolver en ese sentido desde el inicio del proceso. La violación a los derechos del Señor Mauro Vay se inició con su detención, ya que se llevó a cabo por una autoridad que no era competente para detenerlo y lo hizo sin orden judicial. Un Juez de Huehuetenango a cargo del caso, resolvió abrir a juicio el proceso en lugar de dejarlo libre. En ese momento, la violación se extendió gracias a la resolución de dicho juez.

Vemos pues que tanto en el momento de la detención (caso Mauro Vay), como posteriormente durante el proceso (caso Virginia Laparra), se pudo materializar la violación y el ánimo de afectar la honra, la dignidad, la vida, la libertad y la seguridad de las personas y sus familiares. A esta forma de persecución la llamamos “criminalización” y se ha expresado ya desde hace más de una década en Guatemala.

Las y los diputados de las bancadas oficialistas, acaban de aprobar una ley, el Decreto 8-2023, que facilitará la persecución de la resistencia pacífica que llevan a cabo las comunidades ante el deficiente servicio de energía eléctrica. Y el Presidente Giammattei, en lugar de vetarla, la sancionó; en lugar de buscar una solución al pésimo servicio de energía eléctrica, sancionó una ley que sólo provocará más y más y más criminalización, ya que convierte un hecho lícito como lo es el derecho a la resistencia, en un delito. El Legislativo emitió la ley y el Ejecutivo la sancionó y permitió que cobrara vigencia. Esto sólo se puede lograr en una Dictadura y en un sistema de impunidad total, ya que los pesos y contrapesos de la democracia no funcionan y los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) están alineados para promover la impunidad y la corrupción.

Ahora bien, en los casos de criminalización que nos ocupan y en cualquier caso de persecución la pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede reparar el daño que se le causó a Mauro Vay por esa detención arbitraria o el que se le causó a Virginia Laparra por ese juicio injusto que se le siguió y por esa sentencia condenatoria que se dictó en su contra? ¿Cómo se puede reparar el daño en cualquier caso de criminalización? La respuesta es triste y muy desalentadora ya que no hay ninguna vía procesal para hacerlo. La nuestra es una sociedad marcada por la impunidad. La reparación del daño causado por estas persecuciones en contra de las y los defensores de derechos humanos, simplemente no existe, es imposible lograrlo. Si debiéramos seguir la vía civil, el juicio tardaría tanto que sería imposible lograr una reparación integral.

El Organismo Legislativo y los partidos oficialistas en lugar de sentarse y perder el tiempo en aprobar el decreto 8-2023 por medio del cual se efectuaron reformas al Código Penal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, debieron poner todo el empeño posible y centrar sus energías para crear una vía procesal que permitiera la reparación de los daños causados por la persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Ese es un asunto verdaderamente importante para nuestra democracia. Sin embargo, como ésta no les importa, ni tampoco les importa mejorar la protección que la ley debe brindar a las personas, hacen lo contrario y legislan para afectar más los derechos de la gente.

El sujeto perseguido actúa en el legítimo ejercicio de un derecho. Se trata, en la mayoría de los casos, del ejercicio del derecho a la resistencia para la defensa de otros derechos como la propiedad, el desarrollo, el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a la justicia, la lucha contra la impunidad y la corrupción y, en última instancia, el derecho a la vida.

La resistencia pacífica es un derecho constitucional regulado en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala; también se recoge en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y fue reconocido como un derecho del pueblo frente al poder del monarca durante la Revolución Francesa. Es muy efectivo para la defensa de los derechos humanos en casos de graves violaciones a los mismos. Por ello, aquellas personas que hacen uso de él para defender sus derechos, no son delincuentes, ni deben ser perseguidos por sus opiniones y deben quedar exentos de toda responsabilidad. Al ejercitar un derecho, su conducta está libre de todo reproche penal o ético.

En el futuro, una de las tareas fundamentales de la reconstrucción será la de restablecer el imperio de la ley y la justicia, para lo cual será necesario la reparación de los daños causados en este tipo de persecución y la creación de una vía procesal para lograr la reparación de los daños materiales e inmateriales (rehabilitación de la memoria de la víctima –si ya ha fallecido–, así como la reparación de los perjuicios pecuniarios derivados de la privación de libertad, el daño a su fama o prestigio, los riesgos materiales y morales y el dolor subjetivo del encierro en una cárcel o presidio.) Habrá que reivindicar la tarea reparadora de las y los jueces, pero también deducir la responsabilidad penal de las o los funcionarios involucrados que implementaron los actos de persecución.

En fin, habrá que cumplir fielmente con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 155. Existe responsabilidad solidaria entre el Estado y las y los funcionarios públicos, responsabilidad derivada de sus actos violatorios y de los daños y perjuicios que causan con dicha violación. Por otro lado, deben aplicar correctamente el Derecho Penal y hacer responsables penalmente a las y los funcionarios que cometen estos actos criminales.

https://lahora.gt/opinion/ramon-cadena/2023/04/10/la-criminalizacion-y-la-obligacion-de-indemnizar-los-danos-y-perjuicios/

Muestra de Cine Afro sobre los Pueblos Afro descendientes de Centroaméri...

Muestra de Cine Afro sobre los Pueblos Afro-descendientes de Centroamérica y Cuba

La Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico y Audiovisual (Red CCAPFA), conformada por: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y Panamá. En colaboración con el GECU de la Universidad de Panamá y la Sala virtual del Cine Universitario. Presentarán del 10 al 19 de abril de 2023 la “Muestra de Cine sobre los Pueblos Afro- descendientes de Centroamérica y Cuba”, de forma virtual con acceso libre (gratuito), a través del sitio www.gecupanama.org/cu-en-linea. En donde se resaltará y compartirá todo el aporte social, cultural y étnico de nuestros pueblos multi-culturales. Presentando, largo y corto metrajes, ficción, documentales y cine foros, En conmemoración a nuestra herencia afro en la región.

GUATEMALA: EL VIACRUCIS DEL MIGRANTE

 

A los hombres y mujeres quemados en Ciudad Juárez, quienes buscaban el sueño americano, víctimas de la indolencia de los países de origen, tránsito y destino.

Por: Víctor Ferrigno F.

Esta Semana Mayor es una época propicia y obligada para reflexionar sobre la ingratitud que, como sociedad, tenemos hacia nuestros hermanos migrantes, quienes sostienen la economía nacional, levantan las cosechas en el norte, y ni siquiera se les permite ejercer su voto en el sistema sociopolítico que les expulsó de su terruño.

Quienes hemos sufrido el exilio forzado, sabemos el dolor que entraña dejar a la familia, la comunidad y la patria. A unos nos tocó emigrar por razones políticas, mientras que la gran mayoría lo hace por hambre y, sobre todo, por la carencia de un futuro con justicia y desarrollo.

El migrante –niño, mujer u hombre– es tratado como delincuente o terrorista en su trayecto. Ahora, diputados racistas republicanos acusan a los migrantes mexicanos de ser quienes introducen el fentanilo a Estados Unidos (EE. UU.), pero no hacen nada para que los jóvenes pobres de su país dejen de consumirlo como maná del cielo, y no se ocupan de los 34 millones de estadounidenses que sufren hambre y desamparo.

Desde que salen de Guatemala, niños, hombres y mujeres sufren un desarraigo brutal, pues además de separarse de su familia y de su comunidad, dejan su idioma, su cultura (gastronomía, música, rituales sociales y religiosos) y, lo más grave para la población campesina e indígena, es despojarse de la tierra, que venden o hipotecan para pagarle al coyote o pollero, cantidades desorbitantes por mal guiarlos hacia el norte.

Lo que más me impresiona son las niñas y los niños sin acompañante que, como los argonautas de antaño, se aventuran a una travesía que les depara sed, hambre, explotación, represión policial y abusos sexuales. Cada uno de estos infantes se gradúa de guerrero antes de llegar a la adultez. Después de ese viaje, de ese viacrucis, nada le puede asustar. Esos son los ciudadanos de primera que perdemos, debido a un sistema clasista, racista y discriminador, que les niega patria, vida y futuro. El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reportó que en 2022 unos 15, 775 infantes fueron repatriados; más del 40% viajaban solos.

Decenas de compatriotas han muerto de sed en el desierto, han sido secuestrados y asesinados por el narco, y ahora les tocó morir abrasados en un refugio provisional en Ciudad Juárez. Sin embargo, nada, absolutamente nada frena el flujo migratorio, pues el infierno del que salen es mucho peor.

En su obra clásica, la “Divina Comedia”, Dante Alighieri plasmó una obra compasiva, que refleja el peregrinaje del ser humano en busca de “la Luz”; es el descubrimiento del hombre hacia Dios, con la ayuda de la razón y de la fe. El poema es una epopeya religiosa que narra con realismo un viaje, es un canto a la humanidad. Guiado por su maestro, el poeta Virgilio, Alighieri recorre los nueve círculos del infierno, y relata los horrores que allí sufren los pecadores. Como ese viaje concéntrico al centro del hades es el viacrucis de los migrantes, con la diferencia que ellos no son pecadores, sino víctimas de nuestra falta de humanismo, de nuestra carencia de solidaridad, de nuestra ingratitud.

Guatemala es el quinto país más pobre de América Latina y el Caribe, el quinto con mayor inseguridad alimentaria a nivel mundial y acusa la tasa de desigualdad de tenencia de la tierra más alta del mundo. Esta dantesca realidad estructural, sumada a la cooptación del Estado por el Pacto de Corruptos, el latrocinio y la impunidad sin límites han agravado la migración. Se estima que había 1.3 millones de inmigrantes guatemaltecos viviendo en Estados Unidos en 2020, un 44 por ciento más que en 2013, y más de la mitad de ellos vivían irregularmente en el país del norte, sin ningún apoyo del Gobierno guatemalteco.

Solamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha propuesto “cortinas de desarrollo”, para que las carencias no fuercen la emigración. Ha propuesto y financiado dos programas emblemáticos para el sureste de México y el triángulo Norte de Centroamérica: Sembrando vida y jóvenes construyendo futuro. El primero les paga a los campesinos por sembrar árboles frutales y maderables en su parcela, y el segundo les da a los jóvenes un recurso para que se sostengan mientras un tutor les enseña algún oficio o destreza. Ambos programas se desarrollan exitosamente en tres países, salvo Guatemala, pues el corrupto gobierno de Giammattei pretende manejar los fondos, lo cual no es permitido por la cooperación mexicana.

En el transcurso del año 2022, Guatemala registró una cifra histórica de remesas familiares, las cuales alcanzaron US$18 mil 040 millones, lo cual equivale a un crecimiento interanual del 18%, según informó el Banco de Guatemala. De acuerdo con las autoridades monetarias, el ingreso de estas divisas equivale al 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, el Estado de Guatemala ni siquiera promueve el derecho de los migrantes a elegir y ser electos.

“Es probable que ninguna combinación de intervenciones de desarrollo o aplicación de la ley de inmigración reduzca significativamente la migración irregular a corto plazo, por lo que brindar opciones de migración legal ayudaría a garantizar que una mayor parte de este movimiento ocurra de manera segura, ordenada y regular”, propone un estudio de Pop Noj y el Migration Policy Institute (MPI). “Este puede ser el tema más importante a abordar en el corto plazo cuando se trata de gestionar la migración irregular desde Guatemala”, sostiene el documento.

Para que la migración se reduzca, debe haber desarrollo y paz en Guatemala, lo cual implica frenar la corrupción y la impunidad, o sea, promover un cambio cualitativo en el gobierno, en el Congreso y en la administración de justicia. En conclusión, necesitamos un milagro descomunal esta Semana Santa.

https://lahora.gt/opinion/vferrigno/2023/04/05/el-viacrucis-del-migrante/

Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.