La
sociedad guatemalteca y el mundo entero, nuevamente son testigos de la impunidad
en el país. Los magistrados Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez
Aguilera y Roberto Molina Barreto, resolvieron con lugar un ocurso en queja
presentado por un abogado del general condenado por genocidio y delitos contra
los deberes de humanidad.
No
es legal conforme a la legislación guatemalteca, que los magistrados antes
mencionados, hayan resuelto en base a un ocurso de queja, ya que mediante ese recurso no pueden variar el
fondo de las decisiones judiciales que ya han emitido, contradiciendo lo
establecido en la ley y la jurisprudencia en el sentido de que no se puede
regresar el proceso a fases ya concluidas, y hacen una tardía y extemporánea
interpretación de lo actuado por el Tribunal.
La
estrategia de la defensa del militar fue notoria, al presentar el día del inicio
del debate un abogado que, de entrada, recusó al tribunal, conociendo de
antemano la integración del mismo, por lo que el acto reclamado no conlleva
agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el
abogado patrocinante del ocurso, al conocer de antemano la integración del
Tribunal a cargo del debate oral y público debió conforme a la ley inhibirse de
ejercer la defensa del acusado.
Es
importante resaltar que los dos magistrados que firmaron su voto disidente al no
estar de acuerdo con la resolución, advierten de las graves consecuencias de
esta ilegalidad para el sistema de justicia. Consideramos además que las
consecuencias afectan el Estado de Derecho y el cumplimiento de las obligaciones
del país a nivel internacional.
¿Qué
miedo le tienen al sistema judicial ordinario que cuenta con los recursos para
resolver sobre las anomalías de forma o de fondo en cualquier proceso penal, que
lleva a los magistrados mencionados a resolver contra derecho?
Con
esta decisión se produce un gigantesco agravio a las víctimas y sobrevivientes
que han creído en el sistema de justicia y han luchado por encontrar una
respuesta contundente que hoy perversamente les niegan dichos magistrados de la
Corte de Constitucionalidad.
Esta
resolución tiene un solo nombre: IMPUNIDAD. La misma, ratifica lo que hemos
denunciado sobre la injerencia de grupos de poder que ponen e imponen sus
intereses particulares por sobre los intereses nacionales.
Con
su actuar ilegal y malicioso, estos magistrados generan un efecto devastador
para el sistema de justicia. El genocidio contra el pueblo Ixil ha sido
reconocido y condenado por un Tribunal Nacional que merece nuestro respeto. La
historia se ha escrito, la verdad no podrá ser borrada, los nombres de la
vergüenza que dieron cabida a la impunidad quedarán en la memoria del pueblo de
Guatemala y, por generaciones, serán recordados los actos ilegales que
permitieron la negación de Justicia.
SEGUIREMOS EXIGIENDO
JUSTICIA A
TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE LA
LEY NOS PERMITE
Guatemala, 22 de mayo
2013
Asociación para la Justicia y Reconciliación AJR;
Autoridades Ancestrales Maya de la Región Ixil; Asociación Movimiento de
Víctimas para el Desarrollo Integral Norte del Quiché; Asociación de Mujeres
Indígenas Voz de la Resistencia, AMIVIR; Asociación Departamental de Jóvenes de
Sololá Kaji Batz; Asociación para el Desarrollo y Rescate de Alta Verapaz,
AJODER; Asociación Caja Lúdica;
Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA;
Asociación de Estudiantes la Escuela de Historia de la USAC; Asociación DARE; Asociación
de Cristiana Jóvenes de Guatemala, ACJYMCA; Asociación CEIBA; Asociación Maya
Ukux' b'e; Asociación Expresión Juvenil,
Quetzaltenango; Asociación Qanil de Quiché; Estudiantes Universitarios San
Carlistas, Asamblea Estudiantil por la Reforma Universitaria; Equipo de Estudios
Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP; Asociación Grupo Integral de Mujeres
San Juaneras, AGIMS; Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala; Asamblea Departamental de Huehuetenango;
Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG; Carolina Escobar Sarti;
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH; Centro de Análisis
Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA; Centro Internacional para Investigaciones
en Derechos Humanos, CIIDH; Colectivo Nosotras las Mujeres; Coordinadora
Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA; Centro Q'anil; Coordinadora de Mujeres Ixiles
“Baxil B´atz”; Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda; Comisión de
Derechos Humanos de Guatemala en Madrid; Comité Campesino del Altiplano, CCDA;
Comité de Víctimas del Ixcán;
Coordinadora Departamental de Juventud de Huehuetenango; Coordinadora
Juventud por Guatemala, CJG; Coordinación Genocidio Nunca Más; Coordinación y
Convergencia Nacional Maya Waqib Kej; Comité de Unidad Campesina, CUC;
Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala, CONFREGUA; Familiares en Búsqueda de la Verdad y
Justicia por las Víctimas del Diario Militar; Fundación Guillermo Toriello;
Fundación Nueva Esperanza-Rio Negro; Foro de ONGS Internacionales FONGI;
Fundación Rigoberta Menchú; Guatemala Human Rights Commission, GHRC; Hijos
Guatemala; IBIS en Guatemala; Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG; Instituto Centroamericano de Estudios para
la Democracia Social, DEMOS; Instituto de Enseñanza para el Desarrollo
Sostenible, IEPADES; Irma Alicia Velásquez; Julio Solorzano Fopa; Mujeres
Transformando el Mundo, MTM;
Movimiento de Jóvenes Mayas, MOJOMAYAS; Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala, ODHAG; Puente de
Paz; Pastoral Juvenil Diócesis de San
Marcos; Proyecto de Desarrollo Santiago, PRODESSA; Red Alternativa de Intercambio Solidario, RAIS; Red de la
No Violencia contra las Mujeres, REDNOVI; Red Guatemalteca de
Mujeres Positivas en Acción; Red de Organizaciones de Víctimas; Red de Jóvenes
Ixiles “Chemol Txumb´al”; Seguridad en Democracia, SEDEM; Sector de
Mujeres; Sociedad Civil para el
Desarrollo de la Juventud/ Fundación para la Juventud; Unión Nacional de Mujeres
de Guatemala, UNAMG; Úrsula Roldan; Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala,
UNSITRAGUA; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Guatemala, UDEFEGUA; Unión Verapacense
de Organizaciones Campesinas, UVOC; Voz e Identidad Joven San Raymundo.
El
pasado Domingo el Centro de Acción Legal
Ambiental y Social -CALAS- y la Asociación Pluriculturalidad Judicial
-PLURIJUR- denunciaron que existen por lo menos 100 casos documentados
de personas que padecen hidroarsenicismo y arsenicosis "enfermedades
ambientales de intoxicación lenta y de larga Duración" producto de la
actividad en San Marcos de la Mina Marlin. 
