Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, centro, entra a Las Chinamas, El Salvador, sábado 24 de julio de 2021 por la madrugada. Sandoval, quien fue destituido en la víspera por la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, ingresó a territorio salvadoreño para resguardar su seguridad, sin dar detalles de cuál será su destino final. (AP Foto/Sonia Pérez Díaz)
Por SONIA PÉREZ D.
Las Chinamas, El Salvador (AP) — Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) reconocido nacional e internacionalmente por su labor anticorrupción, ha abandonado el país por temor a su integridad.
Sandoval, quien fue destituido en la víspera por la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, ingresó a territorio salvadoreño para resguardar su seguridad el vienes a medianoche, sin dar detalles de cuál será su destino final.
Sandoval es el quinto operador de justicia en menos de tres años que ha abandonado el país a causa de las investigaciones que realizó.
Acompañado por el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, el embajador de Suecia en Guatemala, Hans Magnusson, activistas de derechos humanos y un equipo de The Associated Press, Sandoval llegó a la frontera de Las Chinamas entre Guatemala y El Salvador, ubicada a 120 kilómetros de la capital guatemalteca.
Sandoval dijo a The Associated Press que “tristemente se convierte en una dinámica que tenemos que vivir muchos servidores públicos en Guatemala simplemente por no ser útiles para un régimen”.
“Desde donde esté voy a seguir trabajando por el pueblo de Guatemala, más que por seguridad me voy para no darle gusto a quienes hacen de la supervivencia de un régimen de expoliación de los recursos del estado su modo vivendi”, dijo Sandoval.
Miles de personas externaron su rechazo en redes sociales por la decisión de Porras, otro grupo salió a las calles. Organizaciones campesinas, indígenas y sociedad civil llamaron a manifestar el sábado contra la decisión de la fiscal general.
Tras su destitución, Sandoval reveló en conferencia de prensa que creía que una de las razones por las que se le destituía del cargo era por los avances que realizó en una investigación que involucra a altos funcionarios del actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei quién ha dicho públicamente que Porras es su amiga, y a quienes la fiscal estaría protegiendo.
Porras señaló en un comunicado de prensa que la remoción se debía a “constantes abusos y frecuentes atropellos a la institucionalidad del Ministerio Público”. También dijo que hubo un “irrespeto” hacia ella, aunque no explicó a qué se refería ni presentó evidencias.
Sandoval es considerado una de las personas clave que ha permitido desbaratar más de 60 estructuras criminales y contribuir, junto con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un organismo de las Naciones Unidas, para llevar a la justicia al expresidente Otto Pérez Molina y miembros de su gabinete por actos de corrupción.
En un mensaje a la prensa, Sandoval aseguró que la fiscal se habría interpuesto en varios casos que investigaba su oficina, al no autorizar las acciones penales necesarias para avanzar.
“Nunca nos arrepintamos de haber visto al crimen a los ojos”, dijo en un mensaje a la prensa. “La justicia, aunque tarde, prevalecerá”.
https://apnews.com/article/noticias-71dcae5126a9e4541880d882c1d5b4cb?fbclid=IwAR2ccSa2F6u6DPC7EJrSmzvzY1pphB0pwTInAMPgJR6saBTe8dGx-7rEsCw
Por: Miguel Ángel Albizures
En 2011 iniciaron las discusiones en el gremio, y en 2012, el gobierno de turno se comprometió frente al mundo, en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, a crear un programa de protección a los periodistas. Esto debería hacerse sobre la base de la reflexión y discusión entre periodistas. En ese momento se llegó a contar con una propuesta redactada por una consultoría. Pasaron los años, se sucedieron gobiernos; todos han prometido y no han cumplido absolutamente nada; la propuesta ha pasado de mano en mano, de una gaveta a otra, y ha quedado archivada. En la práctica, a nadie le interesa la protección de quienes critican sus funciones y destapan la corrupción.
Todos los gobernantes dicen defender y respetar la libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa, así como garantizar el derecho de acceso a la información pública, pero todos pasan sobre esos derechos. La intolerancia se pone de manifiesto cuando se hacen preguntas incómodas. Afortunadamente, ya no escuchamos las nefastas frases de Álvaro Arzú, cuando en julio de 2016, en el foro regional de Esquipulas, dijo: “Había un presidente mexicano que decía que a la prensa se le paga o se le pega; yo me quedo con lo segundo”, aunque no estamos exentos de actitudes que deslegitiman al gremio. Basta recordar la expresión del actual presidente Giammattei cuando roció su “espray contra periodistas”.
Mientras tanto, las agresiones continúan y empeoran; muchas de ellas provienen de funcionarios y sus círculos cercanos, quienes vedan el acceso a la información, inventan agresiones y manipulan la ley contra periodistas que les critican. El control de sus actividades es más común de lo que imaginamos y no es raro que les sigan los pasos para atentar en su contra y silenciar las voces que no han logrado callar a través de mecanismos como la criminalización de su labor, llevando a los tribunales a periodistas como Sonny Figueroa y Marvin del Cid por la publicación de diversas investigaciones.
No podemos esperar “peras del olmo”, pues los hechos demuestran la intolerancia y desprecio gubernamental contra los periodistas; sin embargo, es menester continuar exigiendo la aprobación de un programa de protección para el gremio, construido con amplia participación de todo tipo de personas que ejercen el periodismo, tal como lo reconocen los estándares internacionales de protección a periodistas (Naciones Unidas y la OEA).
Ojalá los vientos que se escuchan sobre que el gobierno está retomando el proceso de elaboración de este programa no sean lo mismo que los anteriores, “llamarada de tuzas”, y logre concretarse de una vez por todas.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/07/22/la-necesidad-de-proteger-a-los-periodistas/
Por: Jaime Barrios Carrillo
Ana Lucía Cuevas Molina desde hace casi tres décadas vive en Londres. Es cineasta y artista plástica. Su padre, Rafael Cuevas del Cid, fue rector de la Universidad de San Carlos y le tocó un periodo de agresiones contra la universidad, incluyendo la toma de la misma por fuerzas militares que no respetaron la autonomía universitaria. El doctor Cuevas afrontó la toma de la universidad con mucha valentía. Se plantó frente a los comandantes de la operación y pidió ver las órdenes y los objetivos. Los coroneles incrédulos de que alguien se atreviera a oponerse a sus tropas y tanques le dieron una vaga explicación y continuaron con el cateo del campus. Destruyeron laboratorios y confiscaron libros y documentos pero no encontraron las armas que creían escondidas en el recinto universitario.
Rosario Godoy y su hermano Mynor iniciaron de inmediato la búsqueda por las comisarías y después en la morgue. En los juzgados nada progresó. A Carlos simplemente se lo había tragado la tierra.
Ana Lucía ha vivido con el suceso trágico en su memoria. Me dice que era muy apegada a su hermano Carlos y que fue devastador saber que había sido secuestrado. “Es un luto extendido que nunca termina”, afirmó su hermana Rosario Cuevas en una entrevista reciente que le hizo el Semanario de la Universidad de Costa Rica. Ana Lucía piensa lo mismo.
Para reelaborar el suceso traumático y solidarizarse con todas las víctimas y familiares, Ana Lucía ha realizado un documental que lleva el título de El dolor de muchos. Le interesa difundir lo que pasó. Que no se olvide y sobre todo que se comprenda el dolor de los familiares.
El documental hace un recorrido por el suceso y en 91 minutos se relatan aspectos esenciales del conflicto armado interno y sus consecuencias. Se trata de una narrativa reveladora de cómo operaba el aparato militar del Estado contra los ciudadanos.
De Carlos Cuevas Molina no se supo nada hasta la aparición del Diario Militar en 1999. Es decir, 15 años de incertidumbre. Carlos no aparecía, pero la familia no quería perder la esperanza, aunque esta se fuera reduciendo hasta llegar casi al límite del cero. Cero esperanza. Como una pesadilla de la cual no se despierta.
Calos Ernesto aparece con el código 300, que significa ejecutado, y la fecha de la ejecución: 1 de agosto de 1984. Tres meses de cautiverio clandestino, de torturas, de dolor. El descubrimiento del Diario Militar fue a pesar de todo un alivio. La verdad por dura que sea es preferible a la duda angustiante.
La historia de la familia Cuevas es de exilios y acosos. En Costa Rica los llamaban por teléfono para hostigarlos. Rosario Cuevas cuenta: “La familia fue sometida a persecución aquí en Costa Rica, con enviados del gobierno militar, que venían a decirnos que en la medida en que guardáramos silencio estarían dispuestos a devolver a mi hermano”.
María del Rosario Godoy no se dio por vencida. Decidió que buscaría a Carlos hasta encontrarlo. Con apoyo de su hermano Mynor y de familiares de otros desaparecidos, entre ellos Nineth Montenegro, que buscaba a su esposo, Fernando García, fundaron el Grupo de Apoyo Mutuo. La organización recibió solidaridad y atención no solo en Guatemala, sino en muchas partes del mundo. Un grupo de ciudadanos templados puso en aprietos al duro gobierno militar encabezado por el general Óscar Mejía Víctores.
En el documental de Ana Lucía se resalta la importancia del Diario Militar como elemento de prueba. Kate Doyle, su descubridora, enfatiza en su autenticidad, comprobada científicamente. Ana Lucía me explica que la foto de su hermano que aparece en el Diario Militar es la de la cédula.
En abril del 2021, se abrió por fin el juicio contra exmilitares acusados de haber cometido las desapariciones forzadas y los asesinatos de los capturados. A un detenido/desaparecido se le niegan todos los derechos, incluyendo la vida. Se le entierra en la nada. Como que nunca hubiera existido. Como que no hubiera sido un ser humano. Condenado a muerte sin juicio. Sin defensa posible. Los muy pocos sobrevivientes dan cuenta de las horrorosas torturas recibidas, físicas y sicológicas. ¿Cómo pudo ocurrir tanto salvajismo? ¿Cómo pudo el Estado guatemalteco hacerlo y a la vez negarlo?
A los ahora enjuiciados exmilitares se les han respetado sus derechos y tienen posibilidad a la defensa. La condena o absolución se hará con base en el material probatorio, no por el capricho de un torturador anónimo que decide quién vive y quién muere en un oscuro sótano, inaccesible para el resto del mundo, donde las víctimas, los detenidos/desparecidos, se hunden en el desasosiego. En el dolor físico de las torturas. En la impotencia. Mientras los familiares sufren su ausencia, imaginando lo peor, aunque no quieran perder la esperanza. El sufrimiento no desaparece con los años. Solo la justicia puede aliviar ese dolor. Se abre por eso ahora con el juicio del Diario Militar el capítulo de la sanación emocional. La verdad libera.
“Hemos esperado 37 años para que esto suceda”, me dice. Le pregunto qué cree del futuro. Sin dudarlo me asegura que este es un gran paso para la justicia en Guatemala.
El dolor de mucha gente es un documental conmovedor porque se basa en un dolor real y múltiple. Cuando los poderes ocultos del fascismo guatemalteco niegan los crímenes cometidos pretendiendo borrar la memoria histórica, dándole la espalda al mundo civilizado, resulta preciso recordarlo. Más ahora que intentan desprestigiar los procesos judiciales que han logrado enjuiciar a militares y policías asesinos durante el conflicto armado. Los apologistas de estos delitos de lesa humanidad quieren confundir a la ciudadanía inventando que los familiares solo van en busca de un resarcimiento económico. Por otro lado, los expatrulleros que organizó el ejército durante el conflicto armado hacen ahora bloqueos y amenazan con paralizar el país si no les pagan los resarcimientos desproporcionados que demandan. Guatemala y sus contradicciones, el país de las injusticias.
Las víctimas deben ser honradas y, si es posible, sus restos localizados para darles una sepultura digna. Debe aplicarse una justicia cumplida, la “justicia justa”. Y que se asegure la no repetición. A la pareja formada por Rosario Godoy y Carlos Cuevas ya la muerte no los separa, están unidos en el misterio más profundo de la existencia y solo queda la esperanza de que estarán juntos con su hijito en otro tiempo y en algún lugar, ¿el cielo?
https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/07/17/el-dolor-de-mucha-gente/?fbclid=IwAR1XT_HxD4weNnLgQEqyY-1b0zNEB3S331oWNJGhDzr6Seb6kC6IHzqY__8
